JAVIER CORRAL JURADOConforme el acuerdo del Consejo General del IFE por el que se establecieron los criterios relativos al inicio de las precampañas, éstas deberán concluir el 11 de marzo, y en donde los partidos abrieron auténticos procesos de elección internos los resultados se conocerán hasta el 29 de marzo. Dice el Cofipe que durante los procesos electorales federales en que se renueve sólo la Cámara de Diputados las precampañas darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección y no durarán más de 40 días.
En este periodo han tenido presencia dos fenómenos de honda preocupación justificados en nombre de la nueva legalidad electoral, pero que constituyen pasos atrás en la construcción democrática y en la apertura que los medios electrónicos venían ofreciendo a la pluralidad política de México.
Primer fenómeno. Los tres principales partidos restringieron lo más posible la participación directa de militantes y adherentes en la selección de sus candidatos y se excedieron en las designaciones directas. Entre los motivos que fundan la sustitución de la democracia interna por decisiones centrales en manos de las dirigencias nacionales, uno de ellos es que la nueva legislación electoral lo hizo necesario, atendiendo a los límites impuestos al financiamiento privado y a que el gasto de las precampañas podría poner en riesgo los topes a las erogaciones totales del proceso constitucional.
Acción Nacional fue el partido que convocó en mayor porcentaje, 36%, a elecciones mediante el voto de sus miembros activos y adherentes en 105 distritos. El PRD sólo en 24% de los distritos. El PRI no le entró a la democracia: designó en los 300 distritos candidatos únicos y ratificó una de las tradiciones más antiguas y de mayor fidelidad en ese partido: el dedazo.
Segundo fenómeno. Diversos concesionarios de la radio emulan al duopolio televisivo en su resistencia a la nueva ley electoral. Retroceden de manera vergonzosa en lo que habían logrado y a donde habían llevado incluso a la tv en este país: a abrirse. Hay una burda operación antirreforma, embustera, mal intencionada. Tratando de desprestigiar las recientes reformas electorales que afectaron sus ingresos por la prohibición de la contratación comercial de publicidad política en radio y tv, propalan a través de sus conductores comentarios absurdos, advirtiendo de sanciones inexistentes por parte del IFE si dicen esto o hacen aquello.
Lo más preocupante es que están restringiendo o de plano negando el acceso a programas informativos; la cobertura informativa sobre las precampañas se redujo casi para todos los partidos; se niegan las entrevistas: “Aquí que ni se pare”, me mandó decir la gerente de una estación. Podré volver a la cabina hasta que la reforma electoral que “atropelló la libertad de expresión” caiga. La regresión es brutal.
Otras estaciones son más comprensivas de las necesidades de información que tienen los precandidatos, pero también ellas tienen necesidades que afrontar, por lo que proponen entrevistas, pero pagadas. Es posible que en mi caso algunas de estas medidas se recrudezcan, por mis posiciones históricas en el tema, pero tengo conocimiento de que a otros compañeros y a algunos competidores internos les ha pasado, e incluso a adversarios de otros partidos.
Otro caso es que quienes dicen encontrar en la nueva legislación electoral fundamento a su negativa no quieren problemas con el IFE y, como nadie les ha explicado bien el alcance del artículo 211 del Cofipe, ellos no lo harán por su cuenta. Ese artículo dice en su numeral 4: “Los partidos harán uso del tiempo en radio y tv que conforme a este código les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular (...) Los precandidatos registrados podrán acceder a radio y tv exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido por el que pretenden ser postulados”. Obviamente se refiere a los tiempos de la propaganda en radio y tv, pero en una lectura parcial y mal intencionada extienden su significado a cualquier tipo de acceso, así sea la información.
La experiencia de esta etapa previa del proceso electoral mexicano —reglamentada por primera vez— requiere una profunda reflexión de la clase política del país y de nuestros dirigentes. ¿A dónde vamos si los partidos le echan la culpa a la reforma electoral para abusar de las designaciones directas, y si la radio regresa a los tiempos de la censura en nombre de la misma maléfica ley? ¿A dónde vamos así?
En este periodo han tenido presencia dos fenómenos de honda preocupación justificados en nombre de la nueva legalidad electoral, pero que constituyen pasos atrás en la construcción democrática y en la apertura que los medios electrónicos venían ofreciendo a la pluralidad política de México.
Primer fenómeno. Los tres principales partidos restringieron lo más posible la participación directa de militantes y adherentes en la selección de sus candidatos y se excedieron en las designaciones directas. Entre los motivos que fundan la sustitución de la democracia interna por decisiones centrales en manos de las dirigencias nacionales, uno de ellos es que la nueva legislación electoral lo hizo necesario, atendiendo a los límites impuestos al financiamiento privado y a que el gasto de las precampañas podría poner en riesgo los topes a las erogaciones totales del proceso constitucional.
Acción Nacional fue el partido que convocó en mayor porcentaje, 36%, a elecciones mediante el voto de sus miembros activos y adherentes en 105 distritos. El PRD sólo en 24% de los distritos. El PRI no le entró a la democracia: designó en los 300 distritos candidatos únicos y ratificó una de las tradiciones más antiguas y de mayor fidelidad en ese partido: el dedazo.
Segundo fenómeno. Diversos concesionarios de la radio emulan al duopolio televisivo en su resistencia a la nueva ley electoral. Retroceden de manera vergonzosa en lo que habían logrado y a donde habían llevado incluso a la tv en este país: a abrirse. Hay una burda operación antirreforma, embustera, mal intencionada. Tratando de desprestigiar las recientes reformas electorales que afectaron sus ingresos por la prohibición de la contratación comercial de publicidad política en radio y tv, propalan a través de sus conductores comentarios absurdos, advirtiendo de sanciones inexistentes por parte del IFE si dicen esto o hacen aquello.
Lo más preocupante es que están restringiendo o de plano negando el acceso a programas informativos; la cobertura informativa sobre las precampañas se redujo casi para todos los partidos; se niegan las entrevistas: “Aquí que ni se pare”, me mandó decir la gerente de una estación. Podré volver a la cabina hasta que la reforma electoral que “atropelló la libertad de expresión” caiga. La regresión es brutal.
Otras estaciones son más comprensivas de las necesidades de información que tienen los precandidatos, pero también ellas tienen necesidades que afrontar, por lo que proponen entrevistas, pero pagadas. Es posible que en mi caso algunas de estas medidas se recrudezcan, por mis posiciones históricas en el tema, pero tengo conocimiento de que a otros compañeros y a algunos competidores internos les ha pasado, e incluso a adversarios de otros partidos.
Otro caso es que quienes dicen encontrar en la nueva legislación electoral fundamento a su negativa no quieren problemas con el IFE y, como nadie les ha explicado bien el alcance del artículo 211 del Cofipe, ellos no lo harán por su cuenta. Ese artículo dice en su numeral 4: “Los partidos harán uso del tiempo en radio y tv que conforme a este código les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular (...) Los precandidatos registrados podrán acceder a radio y tv exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido por el que pretenden ser postulados”. Obviamente se refiere a los tiempos de la propaganda en radio y tv, pero en una lectura parcial y mal intencionada extienden su significado a cualquier tipo de acceso, así sea la información.
La experiencia de esta etapa previa del proceso electoral mexicano —reglamentada por primera vez— requiere una profunda reflexión de la clase política del país y de nuestros dirigentes. ¿A dónde vamos si los partidos le echan la culpa a la reforma electoral para abusar de las designaciones directas, y si la radio regresa a los tiempos de la censura en nombre de la misma maléfica ley? ¿A dónde vamos así?
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