LEGISLAR A LA 'MODE'

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Al iniciarse el pasado día 1 de este mes los trabajos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, se ha venido fijando la agenda que los legisladores federales comienzan a cumplir. De manera prioritaria se han iniciado los trabajos para discutir, y en su caso aprobar, las propuestas en materia de transparencia y de relaciones laborales.

De alguna manera pareciera que, al menos de inicio, los trabajos estarán marcados por ambas iniciativas. Por haber sido presentados, respectivamente, por los presidentes electo y en funciones han tenido la capacidad de ocupar buena parte del discurso político-legislativo. Igualmente, muestran la capacidad de constituir el campo en el cual se están tratando de entender los días finales del período del presidente Calderón y, en alguna medida, se está tratando de inferir lo que podría ser el "estilo personal de gobernar" de Peña Nieto. No entro a discutir aquí la viabilidad de las reformas, ni su importancia, ni su constitucionalidad, ni el hecho de que hayan sido presentadas bajo la figura de iniciativa preferente. Mi preocupación es otra.

El cambio de legislatura, por obvio que parezca decirlo, no implica un borrón y cuenta nueva. Tampoco --y también es obvio decirlo-- la renovación de los poderes surgida de la elección del pasado mes de julio no puede implicar la sobrevaloración de unas iniciativas sobre otras ni, mucho menos, el desplazamiento de unas por otras.

Si el trabajo del Congreso es un continuo, es preciso ir aprobando las iniciativas que se encuentran pendientes. Sin embargo, ante la acumulación de propuestas y la necesidad de no proceder mediante criterios puramente cuantitativos, ¿qué iniciativas deben privilegiarse para ser discutidas y, en su caso, aprobadas? Desde luego es posible asumir un criterio de "importancia". Sin embargo, ello pareciera ser un poco redundante, pues de inmediato se plantea la pregunta de lo importante para quién. Desde luego puede responderse que para los integrantes de los propios órganos legislativos, lo cual sería correcto, pero autorreferente y, por lo mismo, poco abierto a la participación extracongresional, democrática, pues.

Otra manera de constituir prioridades es asumiendo, por una parte, la idea misma de continuidad legislativa y, a partir de ella, la existencia de obligaciones legislativas contraídas por legislaturas anteriores. Me explico. A lo largo de los años, legislaturas distintas a la actual han generado una diversidad de normas en las que se autoimpusieron tareas legislativas nuevas.

Al actuar en un primer momento, afectaron el orden jurídico al incorporar diversos supuestos de conducta para personas y autoridades. Sin embargo, en ocasiones ha sucedido que parte del cumplimiento de esos supuestos originarios quedó sujeto a la emisión de nuevas normas por esos mismos órganos. Sin embargo, es importante señalar que de no existir estas últimas normas la voluntad del órgano legislativo quedará anulada o, al menos, gravemente comprometida.

Si nos preguntamos qué leyes o normas están pendientes de emitirse para completar otras ya emitidas o, de plano, pendientes de crear ante un mandato jurídico, tal vez encontremos un criterio de importancia no sólo político sino, más relevante aún, jurídico-político.

Se habla de la necesidad de constituir o reconstituir el Estado de derecho. Parece buena idea enfrentar tan grande tarea mediante la expedición de las leyes o normas de las que, precisamente, depende la aplicación de otras normas o leyes ya en vigor pero no plenamente eficaces.

Puestos a mencionar algunos de los faltantes más destacados, desde luego encuentro la nueva Ley de Amparo. Debió haber quedado aprobada desde octubre del año pasado y, como es evidente, no lo está.

También debiera ya haberse emitido la legislación que permita transitar adecuadamente hacia el nuevo modelo penal acusatorio; sin embargo, una vez lograda la reforma constitucional, impulsores y detractores no han logrado darle mayores avances.

Tampoco existe la ley que permita reparar los daños por violación a los derechos humanos, ni el proceso relacionado con la competencia económica, ni el estatus competencial de los jueces de ejecución y de medidas cautelares (cateos, arraigos, intervención de comunicaciones, etcétera) todo ellos centrales en la lucha contra la delincuencia organizada que vive el país.

Tampoco se vislumbra una solución normativa en materia de fuero militar que haga compatible la legislación con lo que la Suprema Corte acaba de resolver en cuanto a su inconstitucionalidad.

No sigo en mi enumeración, pues no creo que sea necesario poner más ejemplos para demostrar mi argumento. Si la nueva legislatura quiere cumplir con los compromisos legislativos generados por sus antecesoras, es preciso que lleve a cabo la puntual identificación de las leyes y normas pendientes para complementar lo ya hecho. Que de manera adicional se hagan otras tareas y se aprueben nuevas iniciativas es, desde luego, el ejercicio más completo de actuación de los órganos legislativos.

Sin embargo, todavía más relevante es, me parece, actuar de manera tal que se concluya con los elementos normativos que, si bien se encuentran establecidos, su condición parcial genera diversos y, en algunos casos, complejos inconvenientes sociales. No cabe duda de que puede y debe legislarse conforme a los compromisos de campaña, o a lo que los representantes populares estimen que es el "mandato de las urnas". Sin embargo, también parece correcto hacerlo para complementar los compromisos normativos que ya se adquirieron y que tanta falta hace concluir.