jueves, 26 de febrero de 2009

SATÉLITES Y SEGURIDAD NACIONAL

ERNESTO VILLANUEVA

Los servicios de seguridad nacional pueden ser de ayuda significativa para recuperar la paz perdida durante los últimos años en el país. Ello, por supuesto, siempre y cuando la seguridad nacional esté debidamente regulada para servir el interés público y no, como ha sucedido, sea usada como un instrumento de espionaje al servicio del gobierno para combatir a los enemigos políticos y reprimir movimientos sociales. En esta ruta se han iniciado algunos cambios, pero falta mucho por hacer. Veamos.Primero. No fue sino hasta el 31 de enero del 2005 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional. La expedición de esa normatividad tuvo el mérito de que, por primera vez, se estableció al respecto una base legal. Pero si uno observa cuáles son los propósitos de dicha legislación debe concluir que los servicios de seguridad nacional han fallado hasta hoy. En efecto, el artículo 5 de la citada ley define como amenazas a la seguridad nacional actos tendentes a “consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del territorio nacional”; a “obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; a “consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva”; a “obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”; a “destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”; así como aquellos actos de “interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”; que “impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; actos en contra de “la seguridad de la aviación” y “la navegación marítima”, y todo acto de “financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”. Además, puesto que se trata de funciones estratégicas para la preservación del Estado, los servicios de seguridad nacional en las democracias tienen una vigilancia parlamentaria para evitar abusos en sus funciones. No ocurre así en México. Si bien es verdad que la ley prevé la existencia de una Comisión Bicamaral de “control legislativo”, también lo es que esa comisión sólo puede conocer información pública, pues la ley dispone que “se omitirá cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del Centro (Cisen) o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”. Por lo anterior, las posibilidades de escrutinio, vigilancia y control del Congreso sobre los servicios de seguridad nacional son en los hechos inexistentes.Segundo. En este contexto, hoy uno de los temas de la agenda de este sector reside en dotar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de un servicio satelital adecuado para complementar sus tareas. No es un asunto menor. A través del sistema satelital es posible prácticamente todo si se tiene tecnología óptica y de radar. Parcialmente se cumplen esas funciones a través del satélite Solidaridad 2, el cual inició sus operaciones en diciembre de 1994; mas como su vida útil es de 14 años, en noviembre de 2008 debió ser reemplazado. No fue el caso. Lo que la empresa de participación estatal hizo fue colocarlo en “órbita inclinada para continuar proveyendo servicios en banda a las instituciones de seguridad nacional mexicanas”. (Información presentada por Satmex a la Securities Exchange Commission de EU). En otras palabras, es como si a una bolsita de té pensada para una taza se le pone más agua para salir del paso. De acuerdo con un documento clasificado como reservado por la SCT sobre Satmex, el 28.3% de la reserva del Estado está destinado a los servicios de Seguridad Nacional-Secretaría de Gobernación. Según este reporte, México está obligado a “operar un transpondedor de la banda L propiedad del gobierno de México (…) en el Solidaridad 2. (…) Ni el Satmex 6, ni el Satmex 5 tienen transpondedores en la banda L. Como nuestro Solidaridad 2 es nuestro único satélite con capacidades en banda L, nuestro sistema en banda L dejaría de existir el 30 de septiembre de 2008, cuando el satélite alcance el final de su vida operativa en una órbita geoestacionaria. (…) El Solidaridad 2 ha estado operando en órbita inclinada desde el 1 de marzo de 2008 con la finalidad de ampliar la vida del transpondedor de la banda L. (…) A esta fecha, el gobierno mexicano no ha hecho las gestiones para reemplazar el satélite…”. La ausencia de una política satelital hizo que, en marzo del 2008, el país perdiera el derecho de ocupar la posición orbital 109.2° oeste. Quizá aquí haya una pista para explicar por qué la guerra contra el crimen organizado la está perdiendo el gobierno federal. Tercero. Hoy, paradójicamente, por la irresponsabilidad del gobierno, se corre un riesgo grave para la seguridad nacional. Ante la pérdida del derecho de México a ocupar una posición orbital que sólo otorga la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el gobierno deberá adoptar un plan de emergencia para cambiar a satélites de otros proveedores, que muy probablemente serán extranjeros. ¿Se imagina usted que los servicios satelitales de seguridad nacional sean operados por extranjeros? Además de perder soberanía, ¿no se abre con esta medida un flanco al crimen organizado? Es el mundo del absurdo. Más lo es que no pocos funcionarios vean esta posibilidad como la mejor solución. En cualquier caso, debe reformarse la Ley de Seguridad Nacional para dotar al Congreso de verdaderas atribuciones de control y adoptar todas las medidas necesarias para que los servicios de seguridad nacional sean seguros y efectivos, porque ahora no lo son.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXIC

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Hace ya muchas décadas que Eugenio Sue volvió sobre los pasos de uno de los mitos occidentales más antiguos: el judío errante, encarnación de Caín que, luego de su crimen es marcado para que nadie pudiera matarlo; es también Samar, el orfebre del Becerro de Oro; Catáfito, el romano que empujó a Cristo a su salida del pretorio y, desde luego, Ahasverus, el judío que se mofó de Cristo en su camino al Calvario. Una vieja leyenda que tiene mucho de moraleja y de antisemitismo pero, con Sue, se vuelve un signo moderno para mostrar, a los individuos y a los pueblos que carecen de paz y descanso, de un lugar para vivir, crecer, e incluso para morir en tranquilidad y dignidad. Sucesivas experiencias en la historia nos enseñaron, dolorosa y penosamente, que cualquier pueblo puede hoy encarnar a ese personaje que no encontrará paz sino hasta el final de los tiempos.
Hay muchas razones por las que México ha sido, durante siglos, lugar de refugio para perseguidos de las más lejanas latitudes y de todas las tonalidades del espectro ideológico. Su posición geográfica, la disposición de los mexicanos hacia el encuentro y el diálogo, nuestra apertura a establecer relaciones humanas y afectivas por encima de las diferencias y, sobre todo, una indeclinable vocación hacia la solidaridad por el que sufre persecución e injusticia. Si esta vocación está presente en México desde que podemos reconocer un rostro al cual dar su nombre, se ha acentuado con mayor fortaleza desde la Revolución. Hoy, en buena parte gracias a esa vocación, somos un país más rico en fisonomías, lenguas, cocinas, ideas y literaturas, todos en este barco, a veces golpeado por la tempestad y no menos por timones poco avezados, pero dirigiéndonos juntos hacia un puerto que queremos creer siempre mejor.
Hoy, cuando el país parece golpeado en toda su geografía —y no en dos o cuatro entidades y tampoco en episodios aislados—, tendemos a olvidar la generosidad de esta tierra, la paz que ha significado para muchos durante generaciones y su apertura en lo relativo a convertirse en patria de muchos quienes la habían perdido. Ha sido ahora la candidatura de la Universidad Nacional Autónoma de México al Premio Príncipe de Asturias, anunciada el 20 de febrero por el embajador de España en nuestro país, don Carmelo Angulo, la que nos hace volver la mirada sobre la casa que ha sido cuna de la cultura nacional durante toda su historia.
Es verdad que los méritos que el embajador de España ha reconocido a la UNAM son más que suficientes en cuanto a merecer el reconocimiento para el que ha sido propuesta. Sólo durante los últimos veinticinco años, sus premios Nobel, sus 60 mil artículos de investigación arbitrados y publicados, sus cinco mil 600 premios nacionales e internacionales, parecen ser un termómetro de la calidad de su trabajo. Pero habría que decir algo más: la maestra de la cultura nacional, la universidad de todos los mexicanos, ha sido también lugar de acogida y refugio para muchas mujeres y muchos hombres que, con su esfuerzo, han enriquecido la cultura mexicana y la iberoamericana.
No puede entenderse la historia del asilo y el refugio en México, sin la UNAM. Son muchos los valores que primero fueron ensayados en la universidad y luego migraron a las conductas sociales y culturales de nuestro país. El primer ombudsman, las elecciones libres, la equidad de género, los derechos de las minorías o la irrestricta libertad de expresión son temas que bordó primero la UNAM y sobre los que todavía trabaja, consciente de su propio perfeccionamiento, por eso, no es de extrañarse que desde su fundación, en el siglo XVI, al terminar la Conquista, fuera toda puertas abiertas cuando ese fenómeno todavía causaba temor y estupor en la mayoría.
Una mirada a la universidad puede descubrir al observador atento toda la geografía de la riqueza humana: científicos, artistas y humanistas venidos de todos los continentes, muchos de ellos en condiciones que pueden inspirar larguísimas novelas y, sobre todo, despertar los más profundos sentimientos de humanidad y solidaridad; haitianos y judíos, guineanos y armenios, españoles y argentinos, estadunidenses y vietnamitas, todos los que, en su oportunidad, temieron por su vida y sus derechos y encontraron aquí más que un aula, un laboratorio y una biblioteca, un hogar, amistades y comprensión para volver a echar adelante su vida y las de sus familiares.
Pocos fenómenos de la vida política causan tanto miedo como el hecho de que un Estado, que por principio debe cuidar la seguridad del individuo, se vuelva el más encarnizado de sus perseguidores. Porque, en ese caso, como sucede con el judío errante de Sue, no hay lugar ni momento de reposo. Todo lugar es peligroso, todo momento puede ser el último y toda esperanza se reduce a la posibilidad de escapar y dejar atrás cuanto se tiene, se desea y se recuerda.
Hoy, son muchas las generaciones de universitarios que reconocen que parte de su formación se debe a maestros con apellidos y acentos que, de extraños, se vuelven afectuosamente habituales a fuerza de escucharse. Muchos son también quienes han aprendido, más que las lecciones cotidianas de sus programas de estudio, los ejemplos vitales de los que no se rindieron ante el miedo, tanto por la fuerza de su voluntad como por la oportunidad de seguir pensando y hablando en un régimen de libertades.
La candidatura al Premio Príncipe de Asturias es, por sí misma, un gran logro, un profundo reconocimiento a la fuerza de la UNAM que representa la fuerza de nuestra cultura. La celebramos con la esperanza de que de propuesta se vuelva un honor más para todos los mexicanos pero, sobre todo, es una llamada a nuestra esperanza a veces perdida, que es por la cultura y no la fuerza, por la educación y no el miedo, como los mexicanos hemos construido esta cultura que nos identifica, nos enorgullece y nos presenta al mundo.
Hay pocos espectáculos tan bellos en nuestra ciudad como ver florecer las jacarandas en la Ciudad Universitaria. Es un fenómeno natural que, de tan habitual, pasa desapercibido, pero se presenta cada año durante unos pocos días. En ese tiempo, uno puede pensar en la compensación que representan para quienes, por muchos años y quizás para siempre, no pudieron verlas florecer en el jardín de su casa.
Eso también es lo que habrá de reconocerse a través del Premio Príncipe de Asturias.

LA DECADENCIA DE LA VIDA POLÍTICA

LORENZO MEYER

Un pensador como Huntington, quien tanto estudió a México, podría encuadrar al país como un caso de gobierno que no gobierna por el decaimiento del poderConceptoPara explicar la tragedia política de muchas sociedades postcoloniales -guerra civil, golpes militares, dictaduras, cleptocracia, etcétera-, el politólogo norteamericano Samuel Huntington recurrió hace 40 años al viejo concepto de "decaimiento político", usado por los griegos. Con el correr del tiempo, decían los clásicos, cualquier tipo de régimen político exitoso pierde su esencia y se corrompe hasta convertirse en una versión perversa del original.Algo relacionado con esta concepción clásica del proceso político pareciera estar sucediendo en México: en vez de superar el autoritarismo mediante la instauración de la democracia, como se supuso en el 2000, lo que estamos experimentando es un descenso a un tipo de vida pública aún por definir pero caracterizado por un espectacular colapso de la estructura de autoridad, por el predominio ilegítimo de ciertos intereses particulares -los de las grandes concentraciones de capital o los del narco, por ejemplo- por sobre los de la comunidad.Huntington explicó la decadencia de un sistema político como resultado de la debilidad institucional -producto de la corrupción- frente al aumento en la movilización social y en el número de actores significativos y sus demandas. En estas condiciones, las fuerzas disruptivas -de nuevo, los monopolios o el narcotráfico, por ejemplo- terminan por imponerse y el resultado final es el envilecimiento e ineficacia de la vida pública.En su propio terrenoEl desastre en que se ha convertido el proceso político mexicano actual puede examinarse desde varias perspectivas, pero una por demás interesante es la elaborada por la derecha inteligente. Dentro de esta categoría, uno de los enfoques más sugestivos es el propuesto por Huntington, el famoso profesor de Harvard que murió el año pasado. Fue éste un politólogo tan conservador como brillante que no se conformó con dominar y moverse dentro de la ciencia política sino que para su análisis del fenómeno del poder no tuvo empacho en tomar ideas y conceptos de la historia, la sociología, la economía, la antropología, el derecho e incluso la literatura.Los trabajos más conocidos y controvertidos de Huntington fueron los últimos: El choque de civilizaciones de 1996, donde reemplazó al conflicto ideológico de la Guerra Fría con otro que estaba naciendo entre Estados Unidos y el Islam. En ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad estadounidense (2004), el politólogo harvardiano vio en la falta de asimilación de los latinos en Estados Unidos, en particular de los mexicanos, un peligro para el mantenimiento de la ética puritana que, según él, es el corazón del éxito norteamericano. En un notable artículo de Jane S. Jaquette y Abraham F. Lowenthal sobre este académico y que será publicado por Política Externa en Brasil, se señala y con razón que fue el segundo libro del autor en cuestión y que apareció en el emblemático 1968, El orden político en las sociedades en cambio (New Haven: Yale University Press), su trabajo teórico más original y el que más influencia y permanencia ha tenido.Es ahí donde se encuentra el núcleo de una explicación de lo que hoy más nos preocupa y nos afecta directa y negativamente a los mexicanos: el fracaso de las estructuras institucionales del Estado y la involución de nuestro desarrollo político, económico e incluso cultural.Orden y cambioNo obstante la atmósfera dominante de Guerra Fría, Huntington propuso que la mayor diferencia entre las naciones no era su estructura económica -capitalista o socialista- o su forma de gobierno -democracia o dictadura- sino su "grado de gobierno". Desde esta perspectiva, el conjunto de los países puede dividirse siempre en dos categorías. Por un lado, están aquellos cuyas políticas se caracterizan por el consenso, sentido de comunidad, legitimidad, organización, eficacia y estabilidad; por otro, los que fallan en esas áreas. Desde esta perspectiva, los países líderes de dos bloques entonces antagónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en la misma categoría vis ˆ vis la mayoría de los países de Asia, África y América Latina, que correspondían a otra. Para Huntington lo que unía a sistemas políticos antagónicos como el norteamericano y el soviético era que en ambos "el gobierno gobierna". En los dos, sus estructuras de gobierno contaban con la lealtad de sus ciudadanos, tenían la capacidad de imponerles y recabar impuestos, de reclutarlos y de llevar a cabo las decisiones políticas tomadas. En contraste, en la mayoría de los países en desarrollo -casi todos afectados por sus experiencias coloniales- sucedía lo contrario.En los países periféricos, lo prevalente era que el cambio social rápido desembocase en la movilización de nuevos actores y que el resultado final fuera la emergencia de un tipo de demandas que por su forma, contenido y volumen, convertían a las instituciones en incapaces de procesarlas de manera eficiente. El resultado era la "decadencia política". Sin embargo, Huntington vio en ese mundo periférico excepciones y una de ellas fue precisamente México.En las 461 páginas de la edición original de El orden político, México viene citado 29 veces; la Revolución Mexicana, 22, y el PRI, 6. En realidad, salvo por Estados Unidos y Gran Bretaña, México es el país más citado en el índice analítico. En el capítulo cinco se aborda el tema de las revoluciones, y no obstante su orientación ideológica, Huntington hace aparecer a la mexicana bajo muy buena luz al compararla con otras. En el caso de México, dice "su revolución fue muy exitosa por lo que al desarrollo político se refiere porque fue capaz de dar forma a organizaciones y procedimientos complejos, autónomos, coherentes y adaptables, y tuvo un éxito razonable en su modernización política, es decir, en la centralización del poder necesario para llevar a cabo la reforma social y la expansión de poder necesaria para la asimilación de los grupos". La estabilidad que la Revolución dio a México era excepcional. En un libro que Huntington editó poco después -Política autoritaria en las sociedades modernas (1970)- México fue puesto como un modelo a seguir por los autoritarismos socialistas de Europa del Este, que al autor le parecieron menos avanzados que el mexicano.La gran fallaSi Huntington, un conservador -no hay que olvidar que en 1968, justo cuando salió El orden político, fungió como consejero de su gobierno, y entre lo que aconsejó fue el bombardeo de las zonas rurales de Vietnam del Sur para forzar a las masas de campesinos a emigrar a las ciudades, donde se les podía controlar y alejar del Vietcong-, vio con buenos ojos a la Revolución Mexicana fue precisamente por su autoritarismo eficiente, por su capacidad de crear poder político, afirmar la estructura de autoridad y producir estabilidad. Y es que, según él, la democracia -la limitación institucional del ejercicio de la autoridad por la vía de la división de poderes- sólo podía intentarse con seriedad después de que se hubiesen creado y estuviesen funcionando aceptablemente las instituciones del Estado. Lo que la teoría de Huntington ya no previó fue que el Estado autoritario mexicano, aparentemente tan fuerte, simplemente empezara a desmoronarse en cuanto intentó cambiar su naturaleza antidemocrática pero sin llevar a cabo un pacto explícito entre los grandes actores políticos para intentar una necesaria e indispensable reforma de su Estado.En realidad, tanto en la Unión Soviética -otro Estado no democrático pero que había pasado la prueba huntingtoniana del orden- como en México, el alto grado de autoridad no democrática estaba limitado por el control de todos los actores aceptados por el pequeño grupo en posesión del aparato estatal, pero al intentarse el paso al pluralismo democrático todo se desmadejó. Y es que las instituciones políticas, legales, económicas y culturales estaban carcomidas por una corrupción endémica y en la coyuntura crítica, quienes encabezaron el cambio no se atrevieron a llevar a cabo la tarea de reformarlas y lo que parecía tan fuerte no supo, no pudo y no quiso ponerse al día.El acuerdo implícito PRI-PAN, que surgió tras el fraude de 1988, se fincó en el compromiso de no interferir con los intereses creados. Sin embargo, al ocurrir el cambio del 2000, un entramado institucional no reformado simplemente fue incapaz de resistir las presiones. El choque directo de los intereses viejos y los nuevos, de los legítimos y los ilegítimos, desembocó en lo que temía Huntington: en un gobierno que no gobierna, en la fragmentación del poder y en su decaimiento.

LA FRONTERA EN LLAMAS

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Lo que está pasando en la frontera de México con los Estados Unidos es de la mayor trascendencia. Los muertos, los heridos, los individuos que protestan (incluso niños) con la cabeza y el rostro cubiertos con capuchas, entre los cuales yo creo que hay de todo; gente coludida con el narcotráfico o el crimen organizado y ciudadanos comunes y corrientes, hartos, hastiados de la tragedia que se vive allí. La frontera en llamas. Se ha dicho hasta el cansancio, pero la verdad es que el crimen y la violencia aumentan. Las explicaciones que oficialmente se dan al respecto no satisfacen. Por ejemplo, aunque se trate de enfrentamientos sangrientos de grupos de narcotraficantes, de cárteles, esto no le quita al hecho la gravedad ni tampoco su alarmante proliferación. La realidad es casi siniestra y las palabras optimistas del gobierno suenan huecas. Las "fuerzas del mal" aumentan y van ganando la batalla. Lo mejor es reconocerlo y llegado el caso cambiar de estrategia en la lucha contra ellas. Y agréguese el atentado a la escolta del gobernador de Chihuahua. Pero por si fuera poco lo anterior hay algo más grave todavía: el Estado norteamericano de Texas ha dispuesto que haya tanques y aviones en la frontera con México. La vocera del gobernador de Texas precisó sobre el particular que sólo en el caso de que sus agentes de seguridad llegaran a ser atacados por traficantes de drogas y de personas. Así mismo se habla de la participación de la Guardia Nacional. Ya el gobernador de Texas recomendó a la Casa Blanca que algunos de los recursos destinados para la guerra de Irak y Afganistán se usen en la frontera; el objetivo es, se añade, evitar que la lucha entre los cárteles mexicanos llegue a territorio estadounidense. Medidas que abarcan igualmente el posible éxodo de mexicanos. No nos engañemos, por supuesto es entendible que los norteamericanos y en concreto Texas cuiden y vigilen sus fronteras y sus intereses, pero en el fondo se oculta algo de mayores proporciones y que se reduce a cinco palabras: poner la mira en México. Nuestro país hoy por hoy es un caos. Aquí obviamente el gobierno no lo acepta ya que el decirlo se califica de "catastrofismo"; y si abundamos en la palabra se nos tildará seguramente de poco patriotas, como si el verdadero patriota fuera un avestruz...Ahora bien, la presencia en la frontera de tanques, aviones y Guardia Nacional, provenientes de los Estados Unidos, no sería nunca estática, meramente preventiva. Desde luego harían operaciones e incursiones, correrías de guerra, de naturaleza militar. Al efecto es ingenuo pensar que no penetrarían (incluido el espacio aéreo) ni un palmo, ni un centímetro en el territorio mexicano. ¿Se ha pensado en las consecuencias? Que me equivoco, que no tocarían siquiera con la punta de un dedo o con el vuelo de un avión lo que es México, o sea, que no violarían nuestra soberanía. Me parece absurdo, pero tal vez. Sin embargo la mirada feroz de ciertos intereses norteamericanos cruzaría la atmósfera nacional, como ya la ha cruzado. ¿Se ha pensado en esto, en las consecuencias de esto? El gobierno actual poco puede hablar y decir al respecto. Aunque lo aplaudan acaloradamente y lo feliciten por el valor y energía desplegados en la batalla (¿qué otro nombre hay?) contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, está maniatado pues la sangría es impresionante. Además, hay una serie de acuerdos, convenios, tratados, que taparían el sol con un dedo diplomático. Y ni quién dude de ellos. ¿Cómo no va a ser importante acordar lo conveniente en materia de venta de armas, que van y vienen cruzando la frontera con, digamos, absoluta impunidad? ¿O lo que atañe al tránsito fronterizo de drogas, o de personas indocumentadas y que son carne de cañón de los narcotraficantes? El dedo diplomático se pone o pondrá en la llaga. No obstante la frontera arde y los Estados Unidos se aprestan a tomar medidas defensivas. ¿Nada más defensivas o preventivas? Por eso yo sostengo que los paliativos son insuficientes, engañosos e improcedentes. Me refiero a paliativos legales que ni siquiera mitigan, suavizan o atenúan los terribles efectos de la criminalidad; que no atemorizan al delincuente y por lo tanto no son útiles. En las condiciones actuales yo pienso que son una especie de cortina de humo. No niego la importancia del derecho positivo y de los cambios en la ley a los que se ha dado y se da tanta relevancia, que deben ser oportunos y hechos por conocedores del asunto, por especialistas de verdad. Pero en los momentos por los que atraviesa México no mellan en lo más mínimo la ferocidad ni la actualidad de la delincuencia.

REFORMAR LOS SINDICATOS

MIGUEL CARBONELL

Todo parece indicar que, aunque sea con evidente retraso, el gobierno del presidente Calderón finalmente aportará su parte en el esfuerzo por lograr una reforma laboral. Conviene, sin embargo, insistir en la idea de que la iniciativa en cuestión no puede dejar de tener en cuenta la necesidad de modificar profundamente el mundo sindical que rige el destino de millones de trabajadores en México.
Podría afirmarse que si el gobierno mantiene su connivencia con los sindicatos, ninguna iniciativa de reforma laboral será creíble. O se aborda el tema de los sindicatos a fondo o no habrá ninguna reforma que merezca ese nombre.
¿Qué tiene que hacerse con los sindicatos mexicanos? La cuestión es sencilla, si todos los implicados tuvieran las agallas y la decisión política que se requieren: la reforma sindical pasa por dos cuestiones tan elementales como la rendición de cuentas y la democracia interna en las organizaciones gremiales. Nada más, pero nada menos.
¿Qué significan esos temas? El primero exige que los líderes sindicales estén sujetos a todo tipo de controles y auditorías (externas e internas). Ninguna clase de autonomía justifica la impunidad con que se mueven algunos dirigentes, de quienes no sabemos siquiera si han pagado los impuestos por las riquezas que ostentan sin recato frente a los miembros de sus sindicatos, que suelen percibir bajísimos salarios, casi miserables. Los sindicatos deben ser sujetos obligados directos (al menos los que tengan determinado número de trabajadores) de las leyes de transparencia, para que cualquier persona pueda informarse sobre si están haciendo lo que deben con los recursos que reciben, con independencia de la fuente de la que provengan tales recursos.
Respecto de la democracia interna, la cuestión es aún más elemental: se deben prever mecanismos legales para asegurar una participación libre y resultados electorales confiables, sin que las mafias del poder sindical se adueñen a perpetuidad de los cargos representativos, realizando simulacros periódicos de elecciones internas.
¿Podrá el gobierno de Calderón con el paquete o veremos otra vez una minirreforma para poderle poner palomita al tema y seguir navegando por las mismas aguas turbias del sindicalismo mexicano y su capacidad de chantaje político? ¿Se atreverá la clase política a poner en su sitio a tantos dinosaurios y vividores del sindicalismo? ¿Tendrá Hacienda el arrojo de hacer cumplir las disposiciones fiscales a los dirigentes sindicales, a través de un régimen tributario transparente y confiable? ¿Nos enteraremos algún día de cómo es posible que una humilde profesora atesore cientos de millones de pesos y tenga un nivel de vida parecido al de cualquier dueño de empresas transnacionales, si toda la vida se ha entregado a la docencia en escuelas públicas? ¿Podremos saber cómo hacen los esforzados sindicalistas para comprar relojes de muchos diamantes cuando sus percepciones salariares apenas rebasan los pocos miles de pesos al mes?
La hora de la verdad ha llegado para el gobierno y para los legisladores: deben optar entre la complicidad y la emancipación del poder corrupto de la mafia sindical. Deben optar entre rescatar al país o ceder una vez más frente a los poderes fácticos. Deben optar entre la gerontocracia o el nuevo sistema democrático que aún no hemos sabido alumbrar. No hay término medio: o se da la batalla o de plano se renuncia a cualquier principio democrático. La pelota está en la cancha del secretario Javier Lozano. Veamos si la sabe jugar.

miércoles, 25 de febrero de 2009

EL DEDO MODERNO

SERGIO AGUAYO QUESADA

Si deseamos enfrentar las nuevas formas de autoritarismo debemos alejarnos del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas
A la memoria de la Beba Pecanins El presidencialismo autoritario fue heredado por las televisoras que se empeñan en modernizar el "dedazo". No basta con reconocerlo y lamentarlo; mejor reflexionemos sobre la forma de frenar esta amenaza al interés general. ¿Qué tanto influyen las televisoras en las elecciones mexicanas? Esa pregunta estuvo tras una investigación realizada con Miguel Acosta Valverde y Javier Treviño Rangel. El resultado es un libro, Democracia: medios de comunicación y elecciones en México (disponible en www.sergioaguayo.org), que revisa la forma en que transmitieron las televisoras privadas y públicas la presidencial de 2006, 13 elecciones estatales realizadas en 2007 y 2008, y la discusión en la Suprema Corte de la Ley Televisa. A continuación presento las principales conclusiones centradas en las televisoras privadas (en otra ocasión hablaré de las públicas). Las televisoras como instrumento. A los medios no puede responsabilizárseles por los spots de los partidos, ni por las campañas negativas desencadenadas por Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional en marzo de 2006. La promoción del miedo fue la principal novedad de aquella campaña, el factor más determinante en los resultados electorales, y un claro retroceso en la calidad de la democracia. No fue un hecho aislado; enlodar al adversario fue imitado por los otros partidos en los comicios locales del 2007 y 2008. Las televisoras como protagonistas. Huele a naftalina aquella frase de Emilio Azcárraga Milmo presentándose como "soldado del PRI". Las televisoras privadas ya alcanzaron la mayoría de edad y no obedecen los dictados de Gobernación o Los Pinos; actúan en defensa de sus intereses. Por esa autonomía tendieron a la inequidad en los tiempos y a la parcialidad en el contenido de los noticiarios dedicado a partidos y candidatos entre el 2006 y el 2008. Dado que su futuro depende en buena medida de quién será el próximo presidente, resulta totalmente lógico que estén intentando convertirse en el factor decisivo en el 2012. El "dedazo" se moderniza. Honor a quien honor merece. Jesús Reyes Heroles utilizaba su prosa como plastilina para capturar la esencia de la política nacional. En abril de 1977 se fue al agitado Guerrero para advertir sobre los riesgos de "volver al México bronco y violento". En agosto del mismo año propuso como alternativa una limitada pero importante reforma electoral. Reconocía que pecaba de "gradualismo", pero lo asumía sin timideces porque estaba convencido de que "este método nos ha permitido alcanzar metas firmes y no exponer al país a fuertes retrocesos por avances deslumbrantes". México no estaba para esos "avances súbitos, progresos casi instantaneos" que encandilaban a una parte de la juventud de aquellos años. De entonces a la fecha nos hemos doctorado varias veces en gradualismo, y algunos de los avances que hemos tenido están como atrapados en arenas movedizas. Tomemos, a manera de ejemplo, el "dedazo", ese orgasmo de autoritarismo durante el cual los presidentes llevaban a su expresión más pura su omnipotencia para, en un elaborado ritual, entregar el cargo a quien habían elegido. La tentación de nombrar al sucesor es irresistible y poseyó a Vicente Fox, quien todavía se vanagloria de haber llevado a la victoria a Felipe Calderón. Ahora bien, si uno obseva con atención lo acontecido en el recambio presidencial del 2006, Fox compartió el "dedazo" con otros integrantes de la élite gobernante pública y privada. Y en el Olimpo del poder mexicano relumbran las televisoras. Desde que llegó la alternancia es notable la audacia de las televisoras, quienes han incrementado exponencialmente su fuerza. Resulta lógico suponer que harán lo posible para convertirse en el factor principal tras la selección del sucesor de Felipe Calderón. Es posible que tengan éxito porque la mayor parte de los árbitros electorales, los partidos y los políticos han hecho hasta lo imposible por congraciarse con las televisoras. Sin embargo, se han dado excepciones. Vale la pena revisar los casos exitosos de resistencia al autoritarismo de nuevo cuño. Durante el sexenio de Vicente Fox las televisoras recibieron beneficios enormes. Si fuera una telenovela podríamos agruparla en cuatro grandes partes: el "decretazo" del 10 de octubre de 2002; la "Toma del Chiquihuite" por TV Azteca en diciembre del mismo año; los permisos para 139 casas de juego concedidos a una filial de Televisa en mayo de 2005; y, finalmente, la Ley Televisa. La más importante es, sin duda alguna, esta última. En diciembre de 2005 los diputados de todos los partidos aprobaron por unanimidad la mentada ley demostrando que ellos también levantaban el dedo cuando se los ordenaba el patrón. Meses después, 47 senadores presentaron un recurso de inconstitucionalidad que llevó a uno de los momentos más gloriosos de la Suprema Corte. Fue un grito de independencia inútil porque el legislativo no ha seguido la instrucción de la Corte. El servilismo fue reeditado por cinco consejeros del Instituto Federal Electoral, quienes perdonaron, el 13 de febrero de este año, una multa a las televisoras. Una semana después el mismo Consejo decidió, de manera unánime, aplicarles una multa. ¿Por qué cambiaron de opinión los Consejeros? Una razón fue el peso, en sus carreras futuras, de la condena unánime del "círculo rojo" a los cinco consejeros electorales. Lo anterior deja una lección bien elemental. Si deseamos enfrentar las nuevas formas de autoritarismo debemos alejarnos del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas; el cambio se construye respaldando a, y respaldándose en, los funcionarios y políticos dispuestos a tomar en cuenta el interés general. Aun cuando hay a veces la sensación de que no ha cambiado nada, bajo ciertas condiciones la indignación de la opinión pública sí tiene efectos. En la democracia no basta con invocar el bien común; hay que defenderlo con determinación, eficacia e imaginación. La miscelánea Visité el pasado lunes la Cámara de Diputados donde el Tec de Monterrey y la Universidad de Harvard organizaron un foro sobre los vapuleados derechos humanos. Me llamó la atención el descuido del Legislativo hacia el medio ambiente. Mientras que un buen número de instituciones públicas ya proscribieron los nocivos vasos de unicel y de plástico para ingerir líquidos, en la Cámara siguen utilizándolos.

martes, 24 de febrero de 2009

CRISIS Y ELECCIONES

JOHN M. ACKERMAN

De acuerdo con la teoría, la actual crisis económica tendría que desembocarse en una derrota contundente tanto para el PAN como para el PRI en las urnas. La extensa investigación académica sobre el tema del comportamiento de los votantes en un contexto democrático no podría ser más claro: la situación económica es uno de los factores más importantes para determinar el sentido del voto de la población. Cuando la economía crece los ciudadanos tienden a respaldar a los partidos en el poder. En contraste, las crisis económicas son desastrosas para los partidos gobernantes y sus aliados. La victoria de Barack Obama en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido mucho más complicada si no fuera por los evidentes signos de crisis económica que se asomaron en las semanas antes de la elección presidencial.
Sin embargo, actualmente nos encontramos en un escenario inverosímil en que aun con las crisis económica, política, social y de seguridad en que se encuentra el país, Felipe Calderón aparentemente mantiene una tasa de aprobación ciudadana que se aproxima a 66 por ciento y su fiel aliado, el Revolucionario Institucional, cuenta con el primer lugar en intención de voto para las elecciones de julio, casi tres veces más que la que existe actualmente para el PRD (véase Consulta Mitofsky y El Universal, entre otras). ¿Qué explica esta anomalía?
En primer lugar, algunos factores nos obligan a matizar estos datos. Aún no contamos con candidatos formales y el electorado mexicano ha demostrado ser cada día más sofisticado y crítico de las propuestas y los perfiles de los candidatos. Asimismo, los 23 millones de espots que están en proceso de transmisión tienen la potencial intención de reorientar la opinión pública y cambiar la imagen de los partidos políticos durante los próximos meses.
Otro factor es que lo peor de la crisis económica todavía está por manifestarse. Puede ser el caso de que para las elecciones de julio estemos hundidos en la fase más crítica de la crisis, con efectos inesperados sobre los resultados electorales.
No obstante, los niveles tanto de aprobación para Calderón como de intención de voto para el PRI no dejan de llamar la atención. Y lo que realmente preocupa es que se explican por factores estructurales que no se cambiarán de la noche a la mañana y que incluso podrían profundizarse en los próximos meses.
La popularidad del presidente en funciones es el resultado directo de su pacto con los principales medios electrónicos de comunicación. Esta alianza es lo que explica la falta de acción del Congreso en la apertura del mercado de telecomunicaciones, así como exabruptos graves como el perdón otorgado por el Instituto Federal Electoral (IFE) a las televisoras la semana antepasada.
Lamentablemente, conforme se vaya agudizando la crisis económica se fortalecerá este vínculo entre el poder Ejecutivo y los poderes fácticos. Ante la protesta social que se agudizará durante los próximos meses, el presidente estará más desesperado que nunca por contar con los reflectores televisivos. Esta situación lo colocará en una posición aún más debilitada ante los chantajes de Tv Azteca, Televisa y otros medios de comunicación.
Con respecto al tricolor, su fortaleza electoral está íntimamente relacionada con el corporativismo y el clientelismo que predominan en las entidades que gobierna. Este año en lugares como el estado de México, Oaxaca, Veracruz y Sonora, seguramente veremos votaciones en favor de los candidatos del PRI que nos recordarán los peores tiempos del acarreo y la compra y coacción del voto. El IFE tendría la responsabilidad de intervenir para prevenir y castigar estas prácticas, pero sus acciones hasta la fecha no levantan gran esperanza en su voluntad de asegurar el cumplimiento del estado de derecho en la arena electoral.
El viejo partido de Estado también cuenta con un as bajo la manga: la nueva Ley de Emergencia Económica. Esta propuesta de ley busca inyectar cantidades importantes de dinero público a la economía, así como flexibilizar la contratación de obra pública y servicios gubernamentales, justo en un momento en que los gobernadores están buscando todas las vías posibles para comprar votos e influir en la contienda electoral. Todo parece indicar que el PRI podría ser el principal beneficiario de esta nueva discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.
No existe, desde luego, ninguna garantía de que el Revolucionario Institucional vaya a triunfar en las próximas elecciones federales. Todavía quedan muchos meses de campaña y la experiencia nos demuestra que la realidad política puede cambiar de manera rápida y totalmente inesperada. Sin embargo, si el PRD y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad de expandir su presencia en el país, no pueden permitirse el lujo de esperar con los brazos cruzados algún acontecimiento fortuito que cambie el escenario, sino que es urgente actuar desde ahora para transformar los términos del debate político nacional y plantear una visión clara y contrastante de su proyecto alternativo de nación.
P.D Enhorabuena por las reformas en materia electoral realizadas a la Ley Federal de Radio y Televisión en el Senado de la República, así como por las multas impuestas por el IFE a las televisoras. Tanto la reforma como las multas quedan muy cortas y todavía tienen que ser ratificadas por otras instancias. Sin embargo, habría que celebrar estos pequeños pasos por el sendero correcto.

INDOLENCIA Y ESTADO DE DERECHO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Para que el estado de derecho subsista y no sea una mera entelequia, se requiere un convencimiento social en el mismo. Creer en el valor de las normas para la convivencia social es la condición primera para que aquéllas efectivamente subsistan.
El primer paso para socavar el estado de derecho es la tolerancia de las conductas ilícitas, aceptar que una conducta ilícita —aunque deplorable— puede dejarse pasar. La indolencia ciudadana frente a la violación de las leyes significa que el Estado de derecho empieza a ser inviable.
La oleada de violencia que desde hace unos años se ha instalado en el país y la ineficacia de la lucha en su contra por parte del estado, ha empezado a provocar que el incumplimiento de la ley empiece a verse como algo normal, como algo que bien puede sobrellevarse en el contexto de emergencia que estamos atravesando.
Ese hecho se traduce, por una parte, en ver la violencia como algo que forma parte de nuestra cotidianidad, como algo que forma parte del paisaje diario y, por ello, con lo que tenemos que convivir con resignación. Así, a la par de que las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o las sanguinarias ejecuciones parecen volverse parte de la anécdota diaria, la capacidad de asombro e indignación tienden a diluirse.
Pero lo más grave es que la incapacidad del Estado para perseguir esos delitos, para investigar y llevar a juicio a los culpables, también se ha instalado en el imaginario colectivo como algo ordinario, como parte de ese escenario —triste y lamentable— en el que nos tocó vivir.
Perder la sensibilidad y la capacidad de escandalizarnos frente a la rampante impunidad, a la ineficiencia de las autoridades y a la violación de la ley, es sumamente grave. Ver el estado de derecho como una utopía que poco o nada tiene que ver con la realidad, como lo enseña reiteradamente la historia, es la antesala de peligrosas reacciones autoritarias. Frente a ello, es indispensable crear una conciencia crítica y asumir, todos, nuestra responsabilidad. Nos va el futuro de nuestra democracia y de nuestro estado constitucional en ello.

EL NUEVO CONSEJO DEL IFE IGUAL DE INCONSISTENTE Y PUSILÁNIME

JESÚS CANTÚ

El punto primero del acuerdo que firmaron el IFE y la CIRT, que es el que se utilizó para argumentar, que el procedimiento sancionatorio por la manipulación quedaba sin materia
El nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral reprobó la primera prueba importante: seis de sus integrantes cedieron ante el poder del duopolio televisivo y decidieron perdonarle la sanción, argumentando la firma de un convenio, acuerdo de voluntades cuyo cumplimiento no es obligatorio y su compromiso es endeble, pues simplemente los vincula un "procurarán", y el cese de la violación a la ley. Como se comentó en este espacio hace dos semanas, Televisa y TV Azteca manipularon la propaganda ordenada y distribuida por el IFE, con el fin de "provocar malestar social y encauzarlo contra las autoridades y los partidos políticos". La manipulación se concretó en cuatro acciones: la interrupción de las transmisiones de eventos deportivos, partidos de la primera división del fútbol profesional y el Súper Tazón, mientras éstos continuaban con su desarrollo normal para transmitir la propaganda institucional y de los partidos políticos. La introducción de una cortinilla, previa a la transmisión de los mismos, donde responsabilizaban al IFE y las nuevas disposiciones legales en la materia de la molestia e inconvenientes que le causaban a los televidentes. El empaquetamiento de todos los mensajes que se debían transmitir durante ese segmento, incluso acumulando hasta seis minutos consecutivos, cuando lo máximo que deben transmitir en una hora de acuerdo a la norma son tres minutos, precisamente para prolongar más la interrupción. Y, finalmente, la acción concertada de ambas televisoras para dejar sin opción al televidente, es decir, privarlo de la posibilidad de seguir una porción del evento deportivo. Las cuatro acciones violan el inciso "d" del párrafo 1 del artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que textualmente indica que son infracciones al Cofipe: "La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos..." En el presente caso el duopolio manipuló la propaganda electoral para alterar su sentido original y denigrar a las instituciones y a los propios partidos. No hay duda. Y, por lo mismo, al Consejo General le correspondía sin más aplicar alguna de las sanciones establecidas en el inciso "f" del párrafo 1 del artículo 354 del mismo ordenamiento, entre las que se encuentran: La amonestación pública, la multa hasta por cien mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la obligación de subsanar la omisión, en el caso de incumplimiento de pauta, y la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable durante un período que puede oscilar, a criterio del Consejo General de acuerdo a la magnitud de la falta en el caso de venta de tiempo de transmisión o transmisión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, a personas distintas al IFE. entre una y 36 horas. La infracción es clara y la sanción también, por lo mismo, simplemente cabía aplicar la ley. Y si el Consejo General deseaba ser benevolente con el duopolio televisivo, en correspondencia a su manifestación de buena voluntad al firmar un acuerdo y enmendar el rumbo tras ello, debían dejar la sanción en una amonestación pública, pero nunca sobreseer, pues la infracción ya se había cometido. Pero esa no era la única infracción que habían cometido las televisoras: ese mismo fin de semana, 31 de enero y 1 de febrero, TV Azteca había transmitido señales diferentes en televisión abierta y en los servicios de televisión restringida, concretamente en Sky, pues mientras en televisión abierta transmitía los mensajes de los partidos políticos, el IFE y el TEPJF en Sky era publicidad comercial. Lo anterior está claramente prohibido en el párrafo uno del artículo 75 del Cofipe: "Las señales radiodifundidas que se incluyan en los servicios de televisión restringida, deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales a que se refiere el presente capítulo...". Y una semana después Televisa dejó de transmitir 42 promocionales y TV Azteca, 22, lo cual se tipifica en el inciso "c" del mismo párrafo 1 del artículo 350 del Cofipe, que señala como infracción: "El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto". En estos casos los cinco consejeros, Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Arturo Sánchez y Benito Nacif, que votaron por el sobreseimiento y la que se pronunciaba por la no sanción, Macarita Elizondo, consideraron que sí procedía la sanción, porque según argumentó el consejero Baños quedó "totalmente acreditada la falta que implicó la no transmisión" de promocionales. Y aquí no importó que ya se hubieran normalizado las transmisiones, como argumentaron en el otro caso. El punto primero del acuerdo que firmaron el IFE y la CIRT, que es el que se utilizó para argumentar, que el procedimiento sancionatorio por la manipulación quedaba sin materia señala a la letra: "La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión se compromete a respaldar, apoyar y acompañar al Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, así como a generar las condiciones propicias para el adecuado acceso de los partidos políticos y del propio Instituto a los tiempos de radio y televisión. "Los agremiados de la Cámara procurarán no agrupar los promocionales en un solo corte". Por lo que de ser aplicable lo es en ambos casos y no selectivamente: en uno, sí; y en otros, no. La única diferencia entre los tres casos, es que los dos casos que decidieron sancionar se encuadran dentro de lo establecido en el numeral III del inciso "f" del párrafo 1 del artículo 354, que señala: "Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes, a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza". Así que lamentablemente para los consejeros en este caso tenían que aplicar literalmente la ley: multar y ordenar la reposición; además había otro antecedente: la sanción que le impusieron en mayo del año pasado a TV Azteca también por haber incumplido la pauta que le envió el Instituto. Estas circunstancias impidieron que los consejeros también perdonaran estas faltas; pero evidenciaron su inconsistencia y debilidad frente al duopolio televisivo. El Consejo General en su primera prueba mostró los mismos titubeos, inconsistencias y pusilanimidad que el Consejo que dirigió el pasado proceso electoral del 2006, lo cual no es buen augurio, pues si bien en esta ocasión se trata de una elección legislativa, el IFE hoy tiene más responsabilidades y atribuciones de las que tenía en aquel entonces.

CARLOS RAMÍREZ (II)

ERNESTO VILLANUEVA

De nueva cuenta el viernes 20 de febrero pasado, el señor Carlos Ramírez ha dirigido sus misiles contra mí en su columna de El Financiero, reproducida por diversos diarios del país. Agradezco la benevolencia del lector para aprovechar este espacio a fin de responder a sus imputaciones porque el fondo de esta discusión es de interés público. Veamos.Primero. El origen de esta discusión se ubica en los reportajes del reportero Miguel Ángel Ortega publicados en la revista mensual Transparencia y Corrupción (www.revistatransparencia.com) sobre la conducta presuntamente ilegal de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información del DF (InfoDF) María Elena Pérez Zermeño, quien al margen de la ley transformó su identidad, entre otros excesos en que ha incurrido. Paradójicamente, en el InfoDF hay otra comisionada Areli Cano, ejemplo de una persona respetada y respetable quien con diligencia, austeridad y discreción cumple sus funciones con eficacia. Segundo. El señor Ramírez afirma que la ONG que presidí Libertad de Información-México A.C. (LIMAC) estuvo financiada por la "ultra derecha de Estados Unidos" vía el Fondo Nacional de la Democracia (NED). Resulta inverosímil que, aceptando sin conceder, que fuera la "ultraderecha" la que apoyó a la ONG en cuestión lo hubiera hecho para fortalecer al PRD. La NED es un fondo del Congreso de los Estados Unidos de apoyo a la democracia. Curiosamente es hasta 5 años después que Ramírez se duele de la NED cuando no lo hicieron él ni Pérez Zermeño cuando fueron parte de LIMAC precisamente entre 2003 y 2004. LIMAC recibió un donativo de 350 mil dólares de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. ¡Ojalá hubiera sido así!Tercero. El señor Ramírez afirma que integrantes de LIMAC y colaboradores míos ocupan posiciones en el InfoDF. Me otorga un poder que no tengo. Los comisionados del InfoDF fueron nombrados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Quizá la única recomendación activa mía fue curiosamente la de la señora Pérez Zermeño, quien en esa época se dirigía a mí con una prestación de servicios que me sonrojaban y que jamás acepté, como a ella le consta y que el polígrafo pudiera despejar cualquier duda, si insiste. Debo confesar que me equivoqué y jamás pensé que sería mi principal detractora. Es la calidad humana donde la gratitud no tiene memoria.He tenido muchos alumnos, dirigido tesis y colaboradores a lo largo de estos años. Me da gusto que por sus conocimientos y preparación hayan sido convocados para ocupar cargos en el sector público, incluido en el InfoDF. Menciona a mi exesposa como parte de los "incrustados". Ella fue invitada por sus propias credenciales, habida cuenta que cuenta con los grados de licenciatura, maestría y doctorado.Cuarto. Carlos Ramírez recuerda que una parte del consejo consultivo de LIMAC en 2005 decidió renunciar por mi "sometimiento" al jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lo que el lector debe saber fue que en ese momento previo a la elección presidencial del 2006, la existencia de una ley de acceso desafortunada se había convertido en un frente que tenía abierto Andrés Manuel. Lo que hizo LIMAC fue cumplir con sus estatutos. Así se hizo en una amplísima reforma en el DF para bien de la sociedad.Quinto. El señor Ramírez siembra duda sobre mis estudios doctorales señalando la fecha del 2001 como incompletos para infundar dudas en el IIJ de la UNAM. La verdad es que estudié mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y defendí mi tesis en la Universidad del Norte con la que tiene convenio la UCM. La fecha de mi examen de grado fue el 6 de marzo del 2000 donde obtuve la nota sobresaliente "cum laude". La tesis fue publicada como libro por la editorial jurídica Intercontinental Editora con sede en Asunción. Tengo el grado de doctor en ciencias de la información por la Universidad de Navarra, donde presenté mi examen de grado el 5 de abril del 2001 y también obtuve sobresaliente "cum laude". La tesis fue publicada como libro por Miguel Ángel Porrúa. Soy investigador nacional III del Conacyt, que es la máxima distinción que existe. Tengo a la fecha 20 libros publicados como autor, 9 como coautor y 15 como coordinador. Los libros se han editado en México, Colombia, Ecuador, España, Paraguay y Estados Unidos.Sexto. El señor Carlos Ramírez me ataca en lo personal porque carece de argumentos. Acaso el origen de los ataques del señor Ramírez esté en la incomodidad que produce el ejercicio del derecho a la información sobre el quehacer de servidores públicos, como el de la señora Pérez, y la rendición de cuentas de cómo y en qué se gasta el presupuesto público. Ese es un tema de interés público, que el señor Ramírez pretende distorsionar con dolo y que, debo decirle, tiene la guerra pérdida. No hay camino de regreso.

DISCRIMINACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Siendo que la vida real es más abundante en hipótesis que el cerebro más imaginativo de un novelista prolífico, resulta pertinente aludir a situaciones reales de las que han derivado actitudes discriminatorias, en detrimento de nacidos en la capital de la República, lo que ha sucedido, por supuesto, sin la más mínima justificación.Hubo un funcionario federal de alto nivel, experto en materia agropecuaria. Ya terminado su cargo relevante, fue invitado a una entidad federativa de la República, de gran tendencia regionalista, para ocupar el importante cargo de director de una institución de estudios superiores y tuvo un desempeñó brillante. Después, por su prestigio y capacidad, lo nombraron rector. Por ser persona de cierta edad no llevó a su familia y vivía en un hotel de costo mediano. Tres lugareños lo fueron a visitar y le dijeron: "Usted es el rector y vive en este hotel", a lo que contestó: "Así es". Entonces uno de ellos le indicó: "Yo le puedo conseguir una buena casa con renta conveniente"; otro le manifestó que: él podía conseguirle una casa a buen precio y el otro le indicó que podía proporcionarle una casa en comodato. Su respuesta fue: "En ese closet, están hechas mis maletas, porque los trabajos son para durar un minuto o cien años". Persona tan relevante fue sujeto pasivo de muchas críticas infundadas que se inspiraron en el hecho de haber nacido en el Distrito Federal.Otro caso que cabe mencionar: en algún lugar de la provincia mexicana se publicó la noticia de un robo considerable en un supermercado. Algún cliente de la localidad, donde hubo bastante inmigración, hizo el comentario: "Seguramente fue algún "chilango". A ese comentario respondió una señora nativa del Distrito Federal: "¿Qué los de aquí no tienen manos?"Por azares del destino, un joven profesionista, nacido en el Distrito Federal, fue invitado, previa selección muy minuciosa, para desempeñar en provincia un cargo importante, bien remunerado, respecto del cual no se encontraban personas residentes idóneas. Hubo serias oposiciones, sin más argumentos que el lugar de su nacimiento había ocurrido en el Distrito Federal. Frente a eso no eran suficientes sus abundantes méritos y su gran capacidad. Prácticamente, no hubo más camino que contratarlo. En ese cargo, bien remunerado, permaneció diez años, tiempo suficiente para adquirir, por su calidad de mexicano y su domicilio, según la Constitución respectiva del Estado, varias veces la regionalidad, indigenato o ciudadanía provinciana, lo que determinaba una igualdad jurídica absoluta pero, eso no disminuyó la atribución que se le hacia de "chilango" para hacerlo menos. Tampoco fue factor atenuante el nacimiento respectivo de cada uno de sus cuatro hijos en esa provincia, ya no "chilangos" porque, a diferencia de él, no nacieron en el Distrito Federal. Tampoco menguó la actitud discriminatoria hacia el presunto "chilango", su brillante desempeño, ni su acendrado cariño por esa localidad provinciana, ni tampoco se tomaron en cuenta sus conocimientos amplios y profundos sobre la economía, política, historia, derecho y literatura de la entidad federativa que lo recibió.Naturalmente que, partimos de la base, totalmente valedera y cierta, de que, en la provincia mexicana no todo mundo es discriminador pues, hay muchísimas personas hospitalarias, de postura objetivamente válida y que nunca caerían en el garlito de pretender hacer menos a una persona, por la circunstancia de que un acontecimiento fortuito, lo haya ubicado como nativo del Distrito Federal.Los hechos reales relatados inducen, necesariamente, a la reflexión consistente en que, nadie elige su lugar de nacimiento pero, si este ocurrió en el Distrito Federal, con toda razón, y, con todo valor, jamás debe aceptarse ser victima de discriminación, en ningún lugar de la República Mexicana, por lo que no debe de admitirse, de manera alguna, que a un nativo de Distrito Federal se le diga o se le trate como "chilango".

¿EFICACIA PARA QUÉ?

DENISE DRESSER

"Me cae que extraño al PRI", dice Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, ex subsecretario de Agricultura, ex secretario de Energía, ex coordinador de la Oficina de la Presidencia, ex salinista prominente, ahora en el ojo del huracán. Un hombre del sistema en el centro del escándalo. Un producto del priismo que añora porque funcionaba mejor y no de manera pública. Un hombre que sin quererlo siquiera revela cómo ha funcionado y sigue funcionando esa forma tan particular de ejercer el poder que el PRI inauguró y ahora el gobierno de Felipe Calderón -con alarmante frecuencia- mimetiza. Las negociaciones ocultas, las presiones indebidas, las licitaciones amañadas, las alianzas cuestionables, las claudicaciones cuestionables. Todo lo que se desprende de sus conversaciones grabadas y las que faltan por escucharse. Ejemplos de esa "eficacia" priista que Luis Téllez aprendió en su paso por el poder y que ahora se voltea en su contra porque se vuelve del dominio público. Si como lo escribiera el jurista estadounidense Louis Brandeis, "la luz del sol es el mejor desinfectante", el caso de Téllez alumbra una pocilga. Un secretario chantajeado por una amante. Una amante amenazada por un ex Presidente. Un ex Presidente que ordenó la privatización de Teléfonos de México. Un dueño de Telmex enfrascado en una batalla campal para proteger sus privilegios e incursionar en el ámbito de la televisión. Un regulador capturado por Televisa que le entrega grabaciones obtenidas ilegalmente a una subsecretaria. Una subsecretaria peleada con Luis Téllez que se las lleva al Presidente y con ello pierde el puesto. Un Presidente acorralado y de cara a elecciones intermedias que el PRI se posiciona para ganar. Unas elecciones intermedias decisivas para el regreso del tricolor a Los Pinos en el 2012. Una historia confusa donde no queda claro quién mece la cuna, pero es obvio quién se beneficia con su movimiento.El PRI, señalando con el dedo acusador. El PRI, erigido en angel exterminador. El PRI que ante la turbulencia desatada por Luis Téllez se posiciona como el partido "con más sentido del valor del Estado"; "con más capacidad de guiar la vida institucional del país", en palabras de su presidenta nacional. El PRI, que según una encuesta reciente recibe el 39.9 por ciento de la preferencias electorales, seguido por el PAN con 25.1 por ciento y el PRD con 15.4 por ciento. El PRI, beneficiario de la lógica tan arraigada de la opción "menos peor". Ayudado por un panismo al que le falta colmillo político y por un perredismo al que le sobra beligerancia. Impulsado por un gobierno que no ha sabido cómo desmantelar los peores vicios del corporativismo y acaba arrinconado por sus artífices.El partido rechazado de manera contundente en las urnas hace apenas ocho años nunca se fue. Está allí, en la mayoría de los electores que se sienten identificados con una organización que hizo de la corrupción una forma de vida aceptable. Está allí, enquistado dentro de gobiernos panistas que ofrecían el rompimiento con un pasado autoritario, pero emulan sus peores prácticas. Está allí, evidenciado en cada una de las palabras de Luis Téllez. En muchos de sus actos. En muchas de sus omisiones. En muchas de sus conversaciones. En gran parte de lo revelado hasta el momento y en sus secuelas. Luis Téllez pensó que Carlos Salinas se robó la mitad de la partida secreta, pero nunca lo denunció. Luis Téllez supo que Emilio Gamboa regaló estaciones de radio a sus amigos e hizo negocios cuando pasó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero nunca los cuestionó. Luis Téllez creyó que Purificación Carpinteyro había tenido un desempeño cuestionable al frente de Correos de México, pero nunca lo manifestó. Luis Téllez dio instrucciones al empresario Francisco González para ganar una licitación, pero nunca justificó públicamente su decisión. Hoy que Téllez se declara víctima de aquellos cuyos intereses supuestamente perjudicó, habría que preguntarse a quién se refiere. Porque la trayectoria del secretario no arroja una narrativa de firmeza sino de connivencia. A Téllez no lo hunden sus actos valientes sino su boca grande.A lo largo de su paso por la administración pública Luis Téllez simplemente hizo lo que se esperaba de él; lo que el PRI le enseñó a hacer; lo que cualquiera que ha tenido un puesto gubernamental de alto nivel en México asume como normal. Cumplió con la "omertá" exigida, con la consigna requerida: callar para ascender, negociar para permanecer, claudicar para no ofender. Se volvió cómplice de un mundo donde todo es negociado y negociable. Sus flaquezas -ahora públicamente exhibidas- son las de un sistema conocido pero poco revelado. Ese mundo paralelo de la política mexicana construido sobre la palmada en la espalda y el guiño en el ojo. El favor otorgado y la lealtad recíproca. La concesión otorgada y la complicidad que engendra, tanto para quien la da como para quien la recibe. Y hoy Téllez extraña ese universo de reglas claras y predecibles, donde ser respetuoso de la institucionalidad implicaba nunca hacer pública la verdad sobre su funcionamiento."Somos más eficaces para gobernar", declara Beatriz Paredes sin el menor asomo de cinismo. Y quizás partiendo de la definición estricta de la palabra en el diccionario Larousse -donde la eficacia es descrita como "aquello que produce el efecto deseado"- la priista tiene razón. Tantos años de priismo han producido precisamente el efecto deseado. Funcionarios como Téllez, con credenciales impecables, corbatas espléndidas, reputaciones estelares, contactos envidiables, discursos encomiables. Pero detrás de la fachada asoma una persona dispuesta a jugar el juego de la misma manera; dispuesta a cerrar los ojos ante los actos de corrupción más evidentes. Quizás, como argumentan sus defensores, no es un hombre tan deshonesto como sus correligionarios en el gobierno. Pero sin duda ha sido un hombre débil. Con tal de seguir en la palestra fue capaz de tapar, ignorar, ofuscar, callar. Luis Téllez siente nostalgia por el PRI porque sigue siendo uno de los suyos.Ésa es la eficacia priista de la cual tantos se jactan. La eficacia para doblar aun a los mejor intencionados. La eficacia para construir círculos concéntricos de silencio. La eficacia para presentar caras limpias detrás de las cuales se esconden historias sucias. Hoy que los priistas se burlan del gobierno por su ineficiencia y su inexperiencia mandan un mensaje: México necesita un ladrón para atrapar a otro ladrón. Y quizás somos corruptos pero también somos eficaces. Tanto como Luis Téllez.

PREMISA

JORGE ALCOCER

¿Qué hacer para crecer?, preguntó el Congreso a los participantes en el foro cuyas conclusiones fueron hechas públicas la semana pasada. Quizá la primera conclusión de ese evento debió ser el replanteamiento de la pregunta original.En efecto, ante la turbulencia que arrecia y sacude a los mercados -llevando la paridad peso-dólar a un nivel sin precedente- ahora la pregunta es ¿qué hacer para no caer, más? Entonces, las respuestas podrían haber sido más específicas, reconociendo que las medidas a tomar pasan más por el ámbito de competencias del gobierno y muy poco por las acciones legislativas.Con sus altibajos, en ese foro se escucharon ideas dignas de consideración, que no encontraron fiel reflejo en el documento de conclusiones, al parecer limado y mutilado por las expectativas e intereses de corto plazo que imperan entre los grupos parlamentarios, agravadas por la inminente salida de los inquilinos de San Lázaro.Retomo una premisa, planteada, si mal no recuerdo, por el ex presidente español Felipe González, en la que coincidieron otros tres ex mandatarios: la prioridad es proteger la masa salarial global, no el producto interno, cuya caída es inevitable. Para tal objetivo, proteger el nivel de empleo debe ser el eje de las acciones que se emprendan desde el gobierno, con el concurso de la iniciativa privada.La propuesta tiene lógica económica y sentido social porque permitiría mitigar, al menos en parte, la caída de las exportaciones con el mercado interno. Es obvio que nadie podrá evitar la contracción de las actividades ligadas al mercado externo -la industria automotriz y de autopartes ilustra esa fatalidad; pero otras ramas, con bajo contenido importado, pueden ser alentadas con gasto público para compensar la pérdida de empleos. Son los casos de la industria de la construcción y de ciertas áreas de la agricultura, cuya capacidad de rápida reacción y positivos encadenamientos productivos está más que probada. Igual ocurre con las actividades comerciales y de servicios, intensivas en uso de mano de obra.Más que seguir con declaraciones, que repiten las mismas promesas, lo que el gobierno puede hacer es liberar trabas reglamentarias al ejercicio del gasto en infraestructura, quizá contando con la participación de legisladores de todos los partidos, como una especie de testigos sociales para coadyuvar a la eficiente y transparente asignación de contratos y recursos.La mejor voluntad de gastar puede estrellarse ante la carencia de proyectos ejecutivos listos para ser puestos en marcha. Pero la evidencia indica que en los archivos de las dependencias ejecutoras de gasto público se encuentran archivados decenas de proyectos que fueron olvidados o pospuestos por razones presupuestarias. De igual manera, en los ayuntamientos de cientos de municipios existen el conocimiento y la capacidad de administrar pequeñas obras urbanas que, multiplicadas a lo largo y ancho de México, complementen y expandan los efectos esperados de los megaproyectos federales.Hace casi un año que el presidente Felipe Calderón anunció la construcción de dos nuevas refinerías, ¡nada ha ocurrido! Los contratos de exploración y perforación de Pemex, que supuestamente serían liberados gracias a la reciente reforma legal, siguen atorados en un mar de trámites y autorizaciones. Proyectos de inversión en puertos y terminales marítimas, con participación directa de capital privado, están detenidos por intereses burocráticos que nadie logra hacer de lado. Miles de kilómetros de carreteras hace años que requieren mantenimiento mayor, pero nadie destraba las licitaciones para asignar recursos y firmar contratos. En agua y drenaje hay un mundo de necesidades y rezagos.El gobierno repite que destinará miles de millones de pesos para apoyar a las empresas que entren en paro técnico. ¿No es mejor, pregunto, darles apoyo antes de que entren en paro, o de plano cierren sus puertas?En lugar de planear el seguro para los desempleados, es mejor -creo- evitar el desempleo, con subsidios directos a las empresas que mantengan su plantilla laboral, aplicables a través de los impuestos que pagan, que son más efectivos y menos costosos que estar ideando trámites de registro y comprobación para millones de potenciales solicitantes del seguro. En enero se anunció la reducción del 50 por ciento al impuesto sobre nóminas para las empresas con hasta 100 trabajadores, ubicadas en el Distrito Federal, pero hasta hoy nadie sabe cómo obtenerla.Las subastas de dólares del Banco de México, con cargo a las reservas internacionales, han perdido efectividad; pero nadie informa la fuente de las presiones en el mercado cambiario. Si parte de la demanda viene de las necesidades de las empresas, sea por deudas o por compras en el exterior, ¿qué impide al Banco Central la venta directa de la divisa a quienes comprueben de manera fehaciente tales necesidades? Ya sabemos que la especulación mata reservas.Actuar a tiempo en ese ámbito evitará tener que discutir otra nacionalización de los bancos.

ALGO MÁS QUE SILLAS

PEDRO SALAZAR UGARTE

Son muchas las sillas en puestos clave del Estado mexicano que quedarán vacantes y, por consiguiente, que serán ocupadas por nuevos funcionarios en 2009. Los vientos de renovación cimbrarán múltiples instituciones de enorme trascendencia para nuestra democracia constitucional. Por un lado, está en juego la renovación de la Cámara de Diputados y de diversas autoridades en 13 estados y en el DF.
En esos casos la fuente de legitimidad de los nuevos servidores públicos serán las elecciones locales y federales. Por lo mismo, técnicamente, aunque en ciertos casos se trate de funciones administrativas (como, por ejemplo, en el de los gobernadores o los delegados en la ciudad de México), decimos que se trata de cargos de representación popular. De hecho, detrás de los candidatos a ocupar dichas carteras se encuentran, legítimamente, las agendas, intereses y propuestas partidistas. La política democrática, contenciosa e intensa, delinea las coordenadas por las que fluirán estas elecciones. Y está bien que así sea.
Pero en otra olla se cocinarán nombramientos de similar (o, incluso, de mayor) trascendencia. Se trata de dos ministros de la SCJN, cuatro consejeros de la Judicatura, dos comisionados del IFAI, cuatro consejeros de Pemex y de los presidentes del Banco de México y de la CNDH.
En el caso de estas designaciones la fuente de legitimidad no es directamente democrática pero sí es constitucional. Esto es así porque en las nominaciones intervienen, con fórmulas y reglas distintas, el Presidente y el Senado de la República. Ese solo hecho subraya la relevancia de los cargos en juego y anuncia su naturaleza necesariamente no partidista. Sin exageraciones podemos afirmar que se trata de una batería de funcionarios de primera línea para el funcionamiento del Estado. De hecho, en algunos casos, los servidores nombrados tendrán a su cargo la protección y garantía de los derechos fundamentales en el país.
De ahí que las personas seleccionadas deban satisfacer requisitos en dos ámbitos distintos: a) en el terreno de la probidad personal; y b) en la esfera de las capacidades técnicas y profesionales. De no garantizarse un perfil satisfactorio en ambas dimensiones se infringirá un daño mayúsculo a la consolidación del constitucionalismo democrático. Por lo mismo, cada nombramiento debe valorarse y justificarse en sí mismo.
Asumo la cuota de ingenuidad y el tono retórico que la siguiente consigna conlleva: por el bien de México debe evitarse a toda costa un reparto faccioso de estos cargos entre los partidos políticos. La experiencia reciente nos indica que es difícil evitarlo, pero no debemos claudicar ante la voracidad de una parte importante de nuestra clase política.
Hacerlo significaría realizar un abono en el terreno de quienes esperan ansiosos el fracaso de la democracia. Y, en el México de hoy, con mayor o menor conciencia, son muchos los que cultivan en esa ominosa parcela. Precisamente por ello, la aparente candidez debe transformarse en decidida exigencia. Si es verdad que el presidente Calderón y algunos senadores quieren derrotar a los poderes salvajes —legales o ilegales, legítimos o ilegítimos— que intentan colonizar al Estado para doblegarlo ante sus intereses particulares, entonces deben entender este proceso de renovación institucional como una oportunidad estratégica.
La magnitud del recambio en puerta no tiene precedentes en el México contemporáneo. Así como tampoco lo tiene el clima de crisis, inseguridad y fragilidad institucional que nubla el panorama. Por ambas razones el acuerdo detrás de cada designación no puede navegar en las veleidades de la política ordinaria que concibe lo público como un botín para repartir entre los partidos y sus dirigentes. La excepcionalidad que vivimos exige la máxima responsabilidad y una visión de estado.
Si los ciudadanos no somos capaces de crear un contexto de exigencia en esa dirección, asistiremos al hundimiento de la democracia mexicana en las profundidades de nuestra propia indolencia.

¿POR QUÉ EN CHIHUAHUA?

JAVIER CORRAL JURADO

Las circunstancias en las que perdió la vida uno de los escoltas del gobernador de Chihuahua parecen configurar “un aviso”, en términos del modus operandi del narco, pero hasta ahora esa similitud no toma cuerpo completo. Tampoco hay elementos para configurar la hipótesis de un atentado directo a la persona de José Reyes Baeza, según su propio dicho y el parte de la Procuradora estatal. Incluso no se descarta que esos hechos se hayan producido por un error en la actuación del convoy de seguridad, que cerró el paso a sicarios sin darse cuenta que lo eran, y éstos reaccionaron violentamente sin tener conciencia de que balaceaban a custodios del mandatario.
Como sea, el hecho describe la magnitud de la violencia en Chihuahua, el grado de vulnerabilidad y exposición a la que están sometidos los ciudadanos, así como el clima de terror. Lo único cierto ahora es que en Chihuahua ya nadie se libra de una reacción virulenta como la sufrida por el licenciado Reyes Baeza. Se suceden hechos traumáticos: las ejecuciones no paran, este año van 403 en 54 días; febrero de 2009 está por volverse el mes más violento desde que inició la guerra contra el narco. El estado concentra 42% de las ejecuciones de todo el país.
Esta nueva escalada de violencia se enderezó contra policías municipales y ha logrado la renuncia de por lo menos tres jefes policiacos en la última semana; la dimisión que cobró impacto y golpeó el ánimo ciudadano fue la del jefe de policía de Ciudad Juárez, Roberto Orduña; se separó de su cargo después de que aparecieron varios carteles escritos por las bandas de narcotraficantes que exigían su salida y en la que advertían que si no lo hacía asesinarían a un oficial cada 48 horas. Este fin de semana sicarios de las bandas abatieron a dos policías. Sobre sus cadáveres dejaron notas en las que se adjudicaron la amenaza cumplida y anunciaban más muertes.
“No permitiré que hombres que trabajan por defender a la ciudadanía continúen perdiendo su vida”, dijo Orduña al renunciar, un militar retirado que había llegado al puesto hace 11 meses. La amenaza de muerte está ahora enderezada hacia el alcalde fronterizo José Reyes Ferriz, a quien los narcos le mandaron el mensaje en 12 cartulinas que distribuyeron por la ciudad anunciando que “le cortarán la cabeza”, “si sigues ayudando a la gente que tú ya sabes”.
Estos hechos manifiestan la gravedad del problema y colocan de nueva cuenta en el análisis la pregunta obligada: ¿por qué en Chihuahua se ha concentrado así la disputa del crimen? No hay respuesta categórica, ni siquiera aquella que identifica al Estado norteño como la frontera más grande de México y plataforma de exportación más importante de la droga hacia EU.
Lo que hay a la vista es una autoridad estatal que ha permanecido mucho más como espectadora del problema que como partícipe en la solución. En Chihuahua, el operativo conjunto ha visto evadirse de su responsabilidad, no en pocas ocasiones, al gobierno del estado. Aún no se conoce una acción de depuración al interior de la Procuraduría, como la Operación Limpieza que se lleva a cabo en el ámbito federal. En cuanto sucede un hecho de proporciones considerables, el gobernador pide revisar la estrategia gubernamental antinarco, y lanza toda la responsabilidad al nivel federal. Ha sido omiso, jugando un papel más de crítico que de colaborador, y cuando puede saca raja político-partidista del tema.
La semana pasada dio nuevamente un paso: lanzó un exhorto publicado como desplegado en los periódicos del DF, dirigido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para pedirle rectificara su aseveración de que la violencia en el país se concentraba en tres entidades federativas, entre ellas Chihuahua. Fue una acción que pintó de cuerpo entero la política del avestruz. Ello mereció la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Puntual, Gómez Mont puso las cosas en su lugar: “Debemos reconocer que la violencia en Chihuahua y su intensidad no resultan replicadas en la mayoría del territorio nacional, inferir lo contrario es una premisa falsa que no abona en la solución integral de este problema”.
Que el gobernador la haya visto pasar tan cerca debería provocar en él una seria reflexión sobre la postura que ha asumido y las tareas pendientes que su administración tiene con el combate a la corrupción y la procuración de justicia.

jueves, 19 de febrero de 2009

LA REBELIÓN CIVICA

SERGIO AGUAYO

Quienes gobiernan este país siguen luciéndose y engalanan, todavía más, el firmamento de nuestras impunidades.Luis Téllez asegura que Carlos Salinas "se robó la mitad" de los 857 millones de dólares que recibió de la "partida secreta", pero lo dice cuando ya prescribió cualquier posible responsabilidad... cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (Marco Baños, Francisco Guerrero, Marco Antonio Gómez, Benito Nacif y Arturo Sánchez) se lucen con dinero ajeno y se someten, vasallos, ante las televisoras a las cuales ahorran una multa millonaria... la Suprema Corte hilvana un razonamiento jurídico impecable, para dejar sin castigo las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco... Podría continuar enumerando los atropellos a los derechos de víctimas y ciudadanos pero es tan desgastante hacerlo que reoriento la reflexión a lo que podríamos hacer para frenar la rampante degradación de la política.En el venerable Colegio de México soplan vientos de renovación. El miércoles 11 de febrero su presidente, Javier Garcíadiego, inauguró un evento internacional que dedicó la mayor parte de su tiempo a esclarecer por qué no se han castigado, en México, las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Volvió a revisarse la tragedia de los desaparecidos, se hizo una disección de la amnistía de facto concedida en los hechos por el gobierno de Vicente Fox, y se revisó la indiferencia de Felipe Calderón hacia el tema.En el evento de un día se fue más allá de la denuncia y la protesta; se incursionó en la propuesta. Reconocimos, de entrada, la ingenuidad de quienes creímos que bastaba con la alternancia y el federalismo para que la justicia deslumbrara. Sigue sin notarse el arribo de los exopositores al poder. También se aceptó la incapacidad de intelectuales, organizaciones de derechos humanos y víctimas para acordar una agenda mínima contra la impunidad. Influyó la renuencia a asumir a plenitud una de las reglas centrales de la democracia: es inevitable dialogar, interactuar, negociar con la autoridad para empujar una agenda con principios. Y en ello no basta con tener la razón; para tener éxito debe combinarse la determinación con la eficacia y la imaginación. En realidad se trata de construir una verdadera oposición a la corrupción y la impunidad. Y eso requiere avanzar, cuando menos, en cinco frentes.Primero. Individuos, grupos e instituciones necesitan de una agenda mínima que parte del reconocimiento de que nadie tiene la fórmula mágica, o la capacidad para imponerla a quienes toman decisiones. Cualquier consenso requiere de la unidad construida sobre el respeto a las diferencias.Segundo. Huir del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas. Es indudable que existe una línea de continuidad entre pasado y presente, pero sería un error concluir, por ejemplo, que la Suprema Corte no ha evolucionado; basta recordar cómo rechazó, en el 2007, la Ley Televisa. En el caso del IFE cuatro consejeros mantuvieron la dignidad y estuvieron dispuestos a enfrentarse a Televisa y TV Azteca: Virgilio Andrade, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés.Tercero. Generar conocimiento de excelencia. Hace falta entender mejor los patrones de la continuidad entre la impunidad del pasado y el presente, y las diferencias que hay en las posturas de los actores porque el cambio se construye sobre la identificación de aquellos funcionarios dispuestos a tomar en cuenta el interés general. Es también prioritario combatir las nuevas formas de opacidad. Es grotesco que los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), depositados en el Archivo General de la Nación, tengan como cancerbero a un exintegrante de la DFS. Es ofensivo que cuando se pregunte a la Procuraduría General de la República sobre el destino de los expedientes de la fiscalía especial contra delitos del pasado, se haga la desentendida.Cuarto. Faltan nuevos métodos. Por ejemplo, tiene que ampliarse la utilización del litigio estratégico, una herramienta indispensable para defender víctimas y presionar autoridades. Otra innovación supone mejorar la forma en que se acompaña a las ciudadanas y ciudadanos que desean representar la nueva agenda social compitiendo por un cargo de elección popular o por la titularidad de los organismos públicos de derechos humanos (me anticipo a las críticas haciendo dos precisiones: es legítimo buscar cargos públicos pero expresarlo no significa, en mi caso, que los procure o los acepte).Y quinto. La nueva agenda es tan variada que podría extenderse y quedar diluida en la irrelevancia. El hilo conductor que daría coherencia a los múltiples asuntos es seleccionar un ramillete de casos paradigmáticos que confirmen la inexistencia, en México, de un Estado de derecho para dar a conocer, en el exterior, la indefensión en que nos encontramos. Un síntoma de lo que está sucediendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene, según algunas fuentes, alrededor de 400 casos de quienes buscan fuera lo que se les niega dentro.Aunque es imposible hacer pronósticos, se están dando las condiciones, en este país y su entorno exterior, para la formulación de una agenda mínima que aliente a un frente amplio contra la impunidad y la corrupción. Hay hartazgo de los gobernantes, y cansancio por el marasmo ciudadano. Esta rebelión cívica está surgiendo en torno a una idea elemental pero profunda: la verdad y la justicia pertenecen a quienes las conquistan.La misceláneaMi columna de la semana pasada ("Los simuladores", 11 de febrero del 2009) provocó una llamada del ingeniero Raúl Salinas de Gortari, el cual me señaló una imprecisión: en su famoso diálogo con su hermana Adriana, transmitido por Televisa el 10 de octubre del 2000, Raúl dijo, a propósito del trasiego de fondos públicos a cuentas privadas, que iba a "decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan". Mi error consistió en haber desprendido de esas palabras que Raúl "sacó del país" esos fondos... A los interesados en la relación entre las televisoras y la democracia sugiero un par de libros en los cuales soy coautor. El primero es un trabajo agotado hace tiempo Urnas y pantallas. La batalla por la información (Océano, 1997); el segundo acaba de salir, Democracia: medios de comunicación y elecciones en México (Fundar, 2009). Ambos pueden descargarse gratuitamente de www.sergioaguayo.org.

EL IFE Y LAS TELEVISORAS

JOSÉ WOLDENBERG

Cuando las televisoras interrumpieron varios eventos deportivos para transmitir los anuncios del IFE y los partidos políticos manipularon la propaganda electoral para generar entre el auditorio un rechazo hacia esas entidades. Cuando colocaron cortinillas al principio y al final de esos mensajes distorsionaron su sentido original con la intención de predisponer en contra al auditorio. Cuando construyeron un "tamal" de tres minutos en el que se sucedían uno tras otro mensajes de partidos diferentes y de las autoridades electorales alteraron la idea de la propaganda, con lo cual se pretendía mostrar lo absurdo de las nuevas reglas electorales. Cuando se "encadenaron" y en todos y cada uno de los canales de Televisa y TV Azteca transmitieron a la misma hora dichos anuncios maniobraron para hacer odiosa la reforma de 2007.Esos hechos, del tamaño de una Catedral, eran lo que pretendía sancionar el proyecto que el secretario ejecutivo del IFE presentó al Consejo General el viernes 13 de febrero. Su consistencia legal puede ser juzgada por cualquiera. Dice el artículo 350 del Cofipe: "Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión: ... d) la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos...".No obstante, ello no sucedió porque cinco consejeros decidieron sobreseer el caso. No importó que el propio IFE hubiese iniciado el procedimiento, que el consejero presidente llamara a concluir con una obligación establecida en la ley, que todo mundo fuera testigo de las infracciones cometidas, la firma de un convenio entre la CIRT y el IFE que, en buena hora, abre la posibilidad de regularizar el comportamiento de las televisoras, fue utilizado como argumento para cerrar el "juicio" y cancelar cualquier eventual sanción.(Lo único que fue sancionado fue la conducta de TV Azteca que insertó en su señal para Sky propaganda propia, violando el artículo 75 del Cofipe que dice: "Las señales radiodifundidas que se incluyan en los servicios de televisión restringida, deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales...".).El episodio es revelador y preocupa por varias razones. Algunos partidos, corresponsables de la reforma de 2007, han guardado un silencio estridente. Y el propio gobierno navega como si el asunto le resultara ajeno y lejano. Da la impresión que les sucede aquello que le pasa a los boxeadores que reciben un castigo sistemático a la región hepática, que poco a poco van perdiendo vigor y de repente, con un golpe menor, se desploman como si su columna vertebral fuera un castillo de naipes. Amedrentados ante la fuerza de las televisoras proyectan la imagen de que ya se preparan para "rectificar", luego de las elecciones, la reforma que en su momento aprobaron. Por supuesto que toda modificación legal debe ser probada, evaluada y a su vez ajustada. Ello es parte del sentido común. Pero lo que no se debe hacer es dejar de aplicar la legislación vigente.Por otro lado, el episodio devela otra realidad preocupante: la inversión radical de las relaciones entre (algunos) poderes fácticos y los constitucionales o si se quiere entre los poderes privados y el poder público.No se descubre nada al afirmar que durante décadas el poder público subordinó a organizaciones sociales, medios de comunicación, asociaciones civiles, etcétera. La pirámide autoritaria, en cuya cúspide se situaba el Presidente, se edificó con muy variados nutrientes: una ideología revolucionaria omniabarcante, conductos de acuerdo y negociación corporativos, crecimiento económico sostenido, pero exclusión e incluso persecución de voces disidentes. El representante de la nación era uno -el Presidente- y a él debía estar subordinada "la fauna de acompañamiento". En ese espacio, los medios de comunicación eran, en lo fundamental, correas de transmisión de los dichos, hechos, apetitos y ocurrencias del poder público.Por fortuna, México ha vivido un proceso democratizador nada despreciable. Bastaría observar lo que eran las elecciones, los partidos, el mundo de la representación, la relación entre los poderes constitucionales, el ejercicio de los derechos políticos, los márgenes de libertad, hace apenas 30 años y lo que son hoy, para constatar ese profundo y venturoso cambio. Y los medios fueron usufructuarios y motores de esas transformaciones. Todo ello en buena hora.Hoy que en el terreno de los poderes constitucionales vivimos un cierto equilibrio, que en el escenario no existe una sola voz ordenadora de la política, que se reproduce el pluralismo en los más diversos ámbitos, emergen poderes fácticos que deben ser regulados para evitar que se conviertan en los nuevos déspotas de la vida pública. Es el caso de los grandes medios. Por su capacidad de influencia, su fuerza económica, su ramificación en toda la República pueden contribuir al asentamiento de relaciones democráticas o desbordarse y querer imponer sus muy particulares intereses.Si en el pasado vivieron subordinados, ello no debe volver a ocurrir. Pero en el presente no deben pretender subordinar a los poderes constitucionales. Y lo único con lo que se cuenta para contenerlos es la ley y el ejercicio de la autoridad legítima. Por ello el episodio del viernes pasado es tan lamentable.De último momento: tanto el PRD como el PT han interpuesto recursos de apelación ante el Tribunal Electoral para reparar la omisión del IFE. Son buenas noticias.

PARA QUE LA CUÑA APRIETE

LORENZO MEYER

El conocimiento de la vida interna del panismo le permite a Carlos Arriola diagnosticar, con su nuevo libro, la razón del fracaso del partido en el poder: El miedo a gobernarUna explicaciónCuando el régimen político mexicano cambió en el 2000, una buena parte de los ciudadanos y de observadores extranjeros consideraron que se abría una singular oportunidad para poner al día al país en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder público. Suponían que el fin del régimen de partido de Estado y de la Presidencia imperial más el inicio del pluralismo democrático traerían aparejadas una administración y una impartición de justicia menos corruptas y más eficientes, el fin de la legendaria impunidad y un ejercicio responsable de la autoridad. Ese mejor gobierno tendría un efecto positivo en la seguridad pública y mejoraría el clima económico, etcétera.A nueve años del "gran cambio", muy poco si es que algo de lo esperado se ha cumplido. El "no nos falles" que los ciudadanos corearon frente a Vicente Fox la noche de su victoria en el Monumento a la Independencia se convirtió en una falla monumental. Hoy, cuando la economía decrece y el desempleo crece, la impunidad de corruptos e ineficaces se afianza y los asesinatos atribuibles al crimen organizado suman más de 900 en menos de dos meses, el IFE ya no garantiza elecciones creíbles y el viejo PRI prepara su retorno al centro del poder, la gran pregunta es ¿qué fue lo que llevó tan rápido a un fracaso tan estrepitoso?Miedo a gobernarLa interrogante en torno al fracaso del nuevo régimen mexicano casi al momento mismo del arranque puede tener un abanico de respuestas. Desde la izquierda, por ejemplo, el corazón del problema está en el modelo económico neoliberal combinado con la resistencia de sus beneficiarios -la derecha y sus apoyos en el PRI y el PAN- a llevar a cabo un proceso electoral genuino por temor a que desemboque en un gobierno que incline la balanza en favor de las mayorías y abra los clósets donde están los esqueletos del Fobaproa, de las privatizaciones o de la Guerra Sucia. Otra posible respuesta es la que da Carlos Arriola en El miedo a gobernar. La verdadera historia del PAN (México, Océano, 2008). En este libro, la clave del fracaso de la transición está en la naturaleza contradictoria del partido hoy en el poder.Como bien lo señala el refrán: "para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo". Pocos son más duros con un partido o ideología que sus antiguos militantes que, además, tienen una ventaja al elaborar su crítica: conocen bien los entresijos de la criatura a la que hacen la disección. Arriola conoce al PAN desde dentro porque en su juventud fue militante de ese partido pero con el correr del tiempo se alejó de él. También conoce a uno de los aliados del PAN, a los empresarios, pues publicó: Los empresarios y el Estado, 1970-1982 (México, Porrúa, 1988).La tesis central de El miedo a gobernar es clara: si los gobiernos del PAN con los que México inauguró su siglo XXI político no han tenido éxito, la razón básica se encuentra en los orígenes mismos de ese partido que al momento de nacer no se decidió a aceptar lo obvio: que la naturaleza de la tarea política a la que se iban a lanzar es justamente esa que Maquiavelo o Max Weber demostraron que es incompatible con la moral en la tradición cristiano-occidental. Para Arriola, Weber está en lo justo al advertir: "quien busque la salvación de su alma y la redención de las ajenas, no debe de seguir los caminos de la política, cuyas metas son distintas y sus éxitos sólo pueden ser alcanzados por medio de la fuerza". Los panistas buscaron combinar la salvación de su alma con la salvación política del país pero se negaron a emplear los medios moralmente reprobables que requería esto último.Origen es destino, dice Arriola. Sin embargo, el fundador del PAN que retrata nuestro autor no pareciera ser alguien particularmente ajeno al ejercicio del poder en el sentido propuesto por Weber. Justo al inicio del libro hay una cita del joven Manuel Gómez Morin donde en 1919 admite que, por un lado, le tienta el "lanzarme como profeta del nuevo mundo, alumbrado por el sol de la Unión Soviética" pero, por el otro, no descartaba la posibilidad de "dedicarme a ser rico, navegando en los negocios con bandera de pendejo, la única que salva en este oficio". Obviamente, pronto desechó la posibilidad de acompañar a su contemporáneo Vicente Lombardo Toledano en su deslumbramiento por el sol soviético. Su biografía muestra que más bien se decidió por la otra opción: combinar los negocios -el servicio a los grandes empresarios- con la política. Sin embargo, en este campo fue realista: aunque con reticencia, acompañó como tecnócrata al régimen revolucionario en su primer tramo del camino y en una coyuntura clave -1929- optó por no jugársela con José Vasconcelos. Al final del cardenismo, Gómez Morin fundó el PAN, que pese a su nombre más pareció un grupo de presión de la derecha ilustrada que un partido propiamente dicho, pues la esencia del partido es empeñarse en alcanzar el poder en tanto que el segundo sólo pretende influir en las decisiones del poder.Menos ambigua aparece la otra figura fundadora del panismo: la de Efraín González Luna, militante católico de Jalisco cuya visión del mundo le llevó a ver la esencia de su labor y de su partido en el esfuerzo por recristianizar a México, desechando la vulgar búsqueda del poder o de negociar ventajas concretas con quienes efectivamente lo ejercían. La consecuencia final, según Arriola, fue que el PAN resultó bastante irrelevante en el proceso político real del México posrevolucionario. Para el grueso de los mexicanos, que obviamente no pertenecían a las clases medias ilustradas de los Gómez Morin, González Luna et. al. poco o nada significaron las intensas discusiones de panistas ilustres con sus afines -como las que tuvieron lugar en el I Congreso Nacional de Cultura Católica de 1953-, tampoco sus campañas electorales tuvieron mucho que ver con el México real de la época.Claro que lo que el autor de El miedo a gobernar dice del PAN a mediados del siglo pasado también se puede decir de la izquierda, especialmente de la lombardista y de su Partido Popular. PAN y PP sirvieron para dar apariencia de pluralidad a un régimen autoritario y cada vez más alejado de sus orígenes revolucionarios.Arriola encuentra en la negativa del PAN a practicar la política de fondo -la de Maquiavelo o Weber- la razón de su irrelevancia. Habría que añadir a la timidez de los políticos de tiempo parcial del PAN, el elemento de autoritarismo, de represión, del régimen del PRI -ese partido para cuyos líderes la moral, en palabras de Gonzalo N. Santos "es un árbol que da moras y sirve para..."- y que no pararon mientes en diseñar magnos fraudes electorales y en asesinar a vasconcelistas en Topilejo o a sinarquistas y otros disidentes en León. Los panistas estaban, quizá, para la "brega de eternidades" pero no para el martirio.El PAN en el poderFinalmente, ¿cómo explicar que un partido sin vocación de poder haya derrotado en el 2000 a un partido de políticos seguidores de Maquiavelo, con experiencia de casi un siglo en el poder -desde Carranza- como eran los del PRI? Arriola explora dos vías. De un lado, el ascenso a la Presidencia en 1994 de Ernesto Zedillo, un tecnócrata que en los hechos no era priista. Del otro, la toma del PAN por un no panista: Vicente Fox. El primero no consideró perder nada si perdía el PRI, el segundo, con sed de triunfo y apoyado por los empresarios, vio en el PAN un mero instrumento para llegar al poder. Zedillo y Fox resultan complementarios. El uno no se explica sin el otro; fueron dos capitanes dispuestos a abandonar sus respectivas naves partidistas, salvarse con ello y plantar a los demás.¿Por qué los duchos políticos del PRI no reaccionaron a la traición de Zedillo? Arriola no ahonda en ese misterio porque lo que le importa dilucidar es por qué el PAN se dejó utilizar por Fox. La respuesta sucinta: porque el miedo de los panistas a cargar con la responsabilidad del poder les llevó a permitir que otro hiciera por ellos el trabajo sucio, como lograr vía "Amigos de Fox" los recursos económicos ilegales pero necesarios para enfrentar con éxito los recursos, también ilegales ("Pemexgate"), del PRI partido de Estado. El resultado fue un gobierno de irresponsables y fracasó.El enfoque y trabajo de Arriola contribuyen con una pieza importante a la explicación del desastre en que ha desembocado el gran proyecto democrático del 2000. Por otro lado, al examinar al PAN vuelve a plantear un tema de fondo, inquietante y sin respuesta clara: ¿realmente para hacer buena política se tiene que suponer que la moral es sólo un árbol que da moras y nada más?