CARMEN ARISTEGUIGanó la sensatez en el Senado de la República. Se aprobó ayer, por unanimidad, la nueva Ley de Migración que reconoce la personalidad jurídica de los migrantes, eliminando las partes que hubieran hecho pasar a México como un país esquizofrénico que exige en Estados Unidos lo que aquí -en un descuido- hubieran podido aprobar. Un conjunto de voces críticas y algunas, incluso, alarmadas tuvo impacto de forma definitiva en el debate parlamentario de los últimas días.
El padre Alejandro Solalinde, coordinador Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Oaxaca, por ejemplo, se apersonó en el Senado para decir que "el gobierno se quejaba de la Ley Arizona y está haciendo lo mismo... con un recalentado de la Ley SB1070...". Una doble moral, como dijera el sacerdote. Acertadamente, los senadores rechazaron los artículos más inquietantes de la iniciativa, que finalmente se aprobó sin ellos. Se excluyó prácticamente el artículo 26 que autorizaba a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Federal vigilar la entrada y la salida de personas al país y a realizar visitas de verificación en territorio nacional para comprobar el cumplimiento de la Ley Migratoria. Darle manga ancha para actuar contra los migrantes a los policías, simplemente, horrorizaba. Sólo podrán actuar a petición del Instituto Nacional de Migración, y después de algún fallo judicial. Retiraron el artículo 94, que hubiera permitido a las autoridades migratorias recibir denuncias, incluso anónimas, para actuar en contra de extranjeros. Eliminaron las sanciones económicas a quienes contrataran a personas indocumentadas (de 500 a mil días de salario mínimo) y el artículo 103 que penalizaba a quienes brindan ayuda humanitaria a víctimas y testigos de los abusos contra los migrantes.
De no haber prosperado lo que frenaron los senadores, hubiéramos visto el absurdo de ver penalizada la actuación de defensores de migrantes y de sus derechos humanos. En lugar de ayudar a los albergues que brindan asistencia humanitaria, como el de Solalinde, se pretendía hacerlos corresponsables si el migrante no se quedaba para ser procesado. La criminalización hubiera alcanzado para todos. Lo que aprobaron los senadores es diametralmente distinto a lo que se contemplaba originalmente en la ley: se reconoce a los migrantes como sujetos jurídicos con derecho a la educación, al servicio médico de urgencia, a ser registrados en el ámbito civil y a la impartición de justicia, independientemente de su estatus migratorio. Se estableció también que debe privilegiarse durante los procesos administrativos migratorios el interés de infantes, adolescentes y de la unidad familiar. La nueva ley, que ha sido remitida a la Cámara de Diputados, aumenta las penas a los polleros y a las autoridades corruptas que cometan abusos contra los migrantes.
Vamos a ver cómo es recibida esta nueva Ley Migratoria por los países expulsores y qué tipo de fenómenos se dan, en caso de ser aprobada, por la otra Cámara.
A la luz del monstruoso fenómeno criminal que se ha cebado contra los migrantes e indocumentados en los últimos años (retratado en el último informe especial de la CNDH que da cuenta de 11 mil secuestros y extorsiones en apenas un periodo de seis meses), el presidente Álvaro Colom de Guatemala, por ejemplo, había propuesto a México que se otorguen visas de carácter temporal a los migrantes, de tal suerte que puedan contar con un documento que permita su tránsito por el territorio nacional, esto ya fue aprobado por el Senado. Si México entrega a los migrantes un papel que les permita pasar, decía Colom, muchas vidas serían salvadas. Estados Unidos pondrá el grito en el cielo, por supuesto, pero algo tiene que hacer México -por esa vía o por otras-, y pronto, frente a un fenómeno que ha tomado dimensiones apocalípticas. Ahí están los testimonios desgarradores recabados por la CNDH presentados esta semana; el asesinato masivo en San Fernando, Tamaulipas, el año pasado; el secuestro de 50 centroamericanos en Chahuites, Oaxaca, en diciembre pasado; o la denuncia del secuestro masivo de esta semana en Tenosique, Tabasco; por hablar de los casos que han sido conocidos por la sociedad mexicana, sólo en los últimos meses. Por lo pronto, en el Senado se impidió que avanzará la propuesta original que criminalizaba al fenómeno con una iniciativa que parecía concebida, más bien, por algún recalcitrante de Arizona.
El padre Alejandro Solalinde, coordinador Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Oaxaca, por ejemplo, se apersonó en el Senado para decir que "el gobierno se quejaba de la Ley Arizona y está haciendo lo mismo... con un recalentado de la Ley SB1070...". Una doble moral, como dijera el sacerdote. Acertadamente, los senadores rechazaron los artículos más inquietantes de la iniciativa, que finalmente se aprobó sin ellos. Se excluyó prácticamente el artículo 26 que autorizaba a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Federal vigilar la entrada y la salida de personas al país y a realizar visitas de verificación en territorio nacional para comprobar el cumplimiento de la Ley Migratoria. Darle manga ancha para actuar contra los migrantes a los policías, simplemente, horrorizaba. Sólo podrán actuar a petición del Instituto Nacional de Migración, y después de algún fallo judicial. Retiraron el artículo 94, que hubiera permitido a las autoridades migratorias recibir denuncias, incluso anónimas, para actuar en contra de extranjeros. Eliminaron las sanciones económicas a quienes contrataran a personas indocumentadas (de 500 a mil días de salario mínimo) y el artículo 103 que penalizaba a quienes brindan ayuda humanitaria a víctimas y testigos de los abusos contra los migrantes.
De no haber prosperado lo que frenaron los senadores, hubiéramos visto el absurdo de ver penalizada la actuación de defensores de migrantes y de sus derechos humanos. En lugar de ayudar a los albergues que brindan asistencia humanitaria, como el de Solalinde, se pretendía hacerlos corresponsables si el migrante no se quedaba para ser procesado. La criminalización hubiera alcanzado para todos. Lo que aprobaron los senadores es diametralmente distinto a lo que se contemplaba originalmente en la ley: se reconoce a los migrantes como sujetos jurídicos con derecho a la educación, al servicio médico de urgencia, a ser registrados en el ámbito civil y a la impartición de justicia, independientemente de su estatus migratorio. Se estableció también que debe privilegiarse durante los procesos administrativos migratorios el interés de infantes, adolescentes y de la unidad familiar. La nueva ley, que ha sido remitida a la Cámara de Diputados, aumenta las penas a los polleros y a las autoridades corruptas que cometan abusos contra los migrantes.
Vamos a ver cómo es recibida esta nueva Ley Migratoria por los países expulsores y qué tipo de fenómenos se dan, en caso de ser aprobada, por la otra Cámara.
A la luz del monstruoso fenómeno criminal que se ha cebado contra los migrantes e indocumentados en los últimos años (retratado en el último informe especial de la CNDH que da cuenta de 11 mil secuestros y extorsiones en apenas un periodo de seis meses), el presidente Álvaro Colom de Guatemala, por ejemplo, había propuesto a México que se otorguen visas de carácter temporal a los migrantes, de tal suerte que puedan contar con un documento que permita su tránsito por el territorio nacional, esto ya fue aprobado por el Senado. Si México entrega a los migrantes un papel que les permita pasar, decía Colom, muchas vidas serían salvadas. Estados Unidos pondrá el grito en el cielo, por supuesto, pero algo tiene que hacer México -por esa vía o por otras-, y pronto, frente a un fenómeno que ha tomado dimensiones apocalípticas. Ahí están los testimonios desgarradores recabados por la CNDH presentados esta semana; el asesinato masivo en San Fernando, Tamaulipas, el año pasado; el secuestro de 50 centroamericanos en Chahuites, Oaxaca, en diciembre pasado; o la denuncia del secuestro masivo de esta semana en Tenosique, Tabasco; por hablar de los casos que han sido conocidos por la sociedad mexicana, sólo en los últimos meses. Por lo pronto, en el Senado se impidió que avanzará la propuesta original que criminalizaba al fenómeno con una iniciativa que parecía concebida, más bien, por algún recalcitrante de Arizona.
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