MÉXICO ENFERMO

DIEGO VALADÉS

Leslie Karina Díaz Zamora es una joven de 20 años que ha sufrido un doble infortunio: perder a su hijo y vivir bajo un régimen confesional. Las autoridades de Baja California, después de mantenerla en reclusión dos años, la sentenciaron a 23 años de prisión a causa de un aborto. Leslie es una víctima más de las reformas constitucionales adoptadas a instancias del alto clero mexicano. Entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, las constituciones de 18 estados fueron modificadas para incorporar, con muy ligeras variantes, que la vida queda protegida desde la fecundación y hasta su terminación natural. En los 18 estados la reforma fue aprobada por el PAN y el PRI; además, el PRD la apoyó en Campeche, Chiapas, Durango, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí; el PT en Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora; Convergencia en Chiapas, Morelos y Querétaro; el PVEM en Nayarit, Querétaro y Quintana Roo, y el Panal en Durango, Nayarit, Puebla y Querétaro. En esos 18 estados el aborto es ahora un homicidio calificado; también lo son la disposición de óvulos fecundados pero no utilizados en los procesos de inseminación extrauterina y la supresión de tratamiento médico a las personas en condición terminal. Los casos de enjuiciamiento ya se han dado en varias entidades del país. El más reciente es el de Leslie, pero seguirán muchos más, porque no se advierte una intención de cambio en los dirigentes nacionales de los partidos, los gobernadores entrantes ni en los nuevos legisladores locales. Es un hecho que 18 estados viven en condiciones de rezago jurídico en materia de derechos reproductivos y de eutanasia pasiva ,que resultan incompatibles con un Estado laico. En la encíclica El evangelio de la vida, Juan Pablo II expresó: “Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover ese derecho (a la vida)”. Esta norma moral es muy respetable y los integrantes de la grey católica están en su derecho de decidir en qué términos la aceptan; lo inadmisible es que las indicaciones papales hayan sido trasformadas en norma penal y que ahora se impongan a 55 millones de mexicanos, católicos o no, y con un nivel punitivo que no tiene paralelo en el mundo. La reclusión de Leslie y de otras muchas es asunto de extrema gravedad, porque vulnera los derechos de las mujeres y agrava la erosión de la secularidad del Estado mexicano. ¿Cómo explicar que un mismo partido en algunos lugares del país se declare laico mientras en otros vote en favor de las posiciones del clero más radical? Llama la atención que este tipo de incongruencias, en cuanto a los principios, no haya tenido costos políticos para ningún partido. El aturdimiento generado por la pobreza y por la violencia hace que todo lo demás se pase por alto. Este fenómeno facilita que la atención social se desvíe de continuo; los pesares de un día son desplazados por los del siguiente. La suma de todos esos episodios va perfilando un cuadro enfermizo que se traduce en resignación ante el infortunio. La resignación es un acto de sumisión y renuncia; por siglos el clero la ha proclamado virtud beatífica, pero en la práctica la mansedumbre social ha sido aprovechada por regímenes autoritarios. Desprendernos de la proclividad a la resignación es prioritario para construir una vigorosa cultura democrática. A ella no contribuyen las concesiones de los partidos en perjuicio de la secularidad. Los partidos tienen que asumir el papel que la Constitución les asigna: entidades de interés público. Cuando actúan como entidades de interés particular, acomodándose (resignadamente) ante la curia o pactando para el exclusivo provecho de sus dirigentes, profundizan la postración que nos afecta. El caso de una elección reciente donde el PAN declinó en favor del PRD para que ganara un candidato del PRI sería pintoresco como asunto aislado, pero como fenómeno recurrente denota una situación patológica. Lo que enferma a la nación es un presidencialismo arcaico, que hoy se ha trasvasado a todas las entidades federativas. Nuestro viejo presidencialismo se ha transformado en 33 presidencialismos: el federal y los locales. Cuando un régimen así entra en descomposición, corrompe la política y puede corromper a la sociedad. Entre la indiferencia y el cinismo el tramo es breve. La condena de Leslie también condena a sus victimarios. La tradición que contempla al poder como patrimonio de sus detentadores está desviando a los partidos de su función democrática. La historia demuestra que para ascender al poder sin límites todos los peldaños son buenos. Así lo exhibe la actitud de que todo se pacta, incluso las convicciones seculares que se postulan en el discurso. Pero estoy seguro de que en el interior de los partidos hay demócratas congruentes; habrá que esperar para ver si optan por la acción o por la resignación.