MÉXICO Y FRENCIA: PENAS INFAMES

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

De eso deberían preocuparse México y Francia en vez de lastimar sus relaciones diplomáticas por asuntos exclusivamente propios de la justicia y que son los de las penas de larga duración carcelaria que ambos tienen. En efecto, de Francia heredamos o adoptamos en gran parte sanciones tan severas. Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que no le concedieron el amparo a Christiane Casses, aunque modificaron a 60 años de prisión la pena de 96 impuesta por el juez acogiéndose en estricto derecho a la legislación penal mexicana (reforma absurda en materia constitucional de 2008), contraria en todo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución que consagra el principio de la readaptación social del delincuente (¿cuál readaptación con esa cantidad impresionante de años?), no tuvieron otro camino. Pero Francia sabe bien de esto, repito, por las penas tan duras que maneja. Y la posibilidad de reducirle la sanción a Cassez en Francia, lo mismo que indultarla, se opone radicalmente a nuestro sistema constitucional y legal. Aceptarlo equivaldría a que México renunciara a su soberanía jurisdiccional para someterse a un sistema por demás cuestionable. Me remito, por ejemplo (botón de muestra), a la novela de Henri Charrière, conocido como "Papillón" -nombre también de la novela-, y que fue sentenciado a trabajos a perpetuidad en la tristemente célebre colonia penitenciaria francesa "ILe du Diable". Allí sufrió lo indecible para que al final de cuentas se lo declarara inocente. No sé si Francia conserva en la actualidad esa clase de penas infamantes que nuestra Constitución califica de inusitadas y trascendentales, prohibiéndola en su artículo 22. Pero basta y sobra con que la haya aplicado en el pasado no muy lejano para que el país del Siglo de las Luces, de la Enciclopedia, del Iluminismo, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde brilla como estrella refulgente el acatamiento a la ley escrita junto a la presunción de inocencia, caiga en una terrible contradicción. En este orden de ideas me parece un error la sugerencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso Cassez. Nada, absolutamente nada lo justificaría. Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal sentenciaron con impecable apego a la ley. Y allí está la sentencia a la vista de quien la quiera leer.
Ahora bien, lo que deberían hacer Francia y México -y pienso que es increíble que a ningún político o diplomático se le haya ocurrido- es proponer que los sistemas legales y judiciales de Francia y México, a propósito del caso Cassez, sean revisados y cambiados en lo que atañe a las penas tan altas que no van de acuerdo con lo más avanzado de la doctrina jurídico penal. Y otra cosa también increíble es que a nuestros conspicuos políticos y diplomáticos tampoco se les haya ocurrido que si hubiera un cambio de esa naturaleza, ello beneficiaría automáticamente a la mujer a la que el Presidente Sarkosy en un gesto inusitado y absurdo dedicó el "Año de México en Francia". ¿Han olvidado acaso -¡qué falta de elemental conocimiento jurídico!- que el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Mexicana prescribe que: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna"? Lo que interpretado a contrario sensu significa que en beneficio sí. He allí una solución que tal vez ni siquiera se ha vislumbrado por la enorme influencia del pragmatismo penal norteamericano, que embriaga cerebros propios y ajenos, y que tan perniciosos efectos ha tenido en México a partir de la reforma constitucional de 2008. No hay que olvidar que una de las consecuencias directas del conflicto que hoy tenemos con Francia halla su origen en las imperfecciones que esa reforma pasó por alto, como la conservación y el acrecentamiento de las penas extremadamente altas. El hecho es que dos grandes países como México y Francia, al margen de las vicisitudes históricas que hemos compartido, deberíamos dar un ejemplo de constante respeto y obediencia al Derecho, a la ley y al orden jurídico universal. Francia ha escrito páginas de relevancia universal en el Derecho, y ni qué decir México. Algún historiador ha observado que dentro de las leyes intangibles de la propia historia, la intervención francesa y la heroica defensa que de la soberanía del país hizo Juárez fueron el motor que impulsó al pensamiento liberal mexicano. ¿Entonces por qué dejar eso a un lado, sacrificar la exhibición de una enorme riqueza cultural -el "Año de México en Francia"- y desunirse en el preciso momento en que la unión sería el punto de arranque de un gran ejemplo para el mundo? Lo que ha pasado es que una mala percepción política, de aquí y de allá, un terco manejo de la ya muy manoseada retórica diplomática, una cortedad de miras, han enturbiado las relaciones con la patria de Voltaire y Montesquieu. ¿Y quién ha quedado en el centro de la escena? Un personaje de dudosa calidad moral, una mujer cuya responsabilidad es evidente en un crimen nefando. ¿Es esto justo, razonable?
Y menos razonable y justo es que dejemos, que permitamos, que la frivolidad política enrarezca las relaciones entre ambos países. Es que posiblemente el Presidente Sarkozy, parafraseando "El Burgués Gentilhombre" de Molière, no sepa que durante toda su vida ha hablado, y sigue hablando...en prosa.