DE INJURIAS Y RAZONAMIENTOS

LEONARDO VALDÉS ZURITA

“Las injurias tienen una gran ventaja sobre los razonamientos: la de ser admitidas sin pruebas por una multitud de lectores”: Alessandro Manzoni (1785-1873) Las primeras han circulado en diversos medios de comunicación. Algunos, sólo algunos medios impresos, han otorgado al Instituto Federal Electoral (IFE) la posibilidad de replicar, aunque sea parcialmente. En los electrónicos, en cambio, esa oportunidad ha sido realmente excepcional. Por tal motivo, fue necesario publicar en inserción pagada (no faltará quien diga que es un gasto inútil y que el IFE no debió hacerlo) la información básica sobre los ahorros presupuestales de 2010 y el Proyecto Inmobiliario que se deberá aplicar los próximos años. Permítame, lector, exponer aquí los segundos: los razonamientos, apelando a su paciencia y sano juicio. Mucho agradezco, evidentemente, a El Gran Diario de México esta oportunidad. A 20 años de existencia, el IFE ocupa 655 inmuebles, de los cuales 575 son arrendados. Leyó usted bien: el 87% de los inmuebles en los que el Instituto cumple su mandato legal son rentados. La dispersión de instalaciones, que abarca todo el territorio nacional, es así por disposición legal. En efecto, la legislación establece la existencia permanente de oficinas del Instituto en cada uno de los 300 distritos electorales, en las 31 capitales estatales y en el Distrito Federal. Además, para atender la demanda ciudadana de inscripción en el padrón electoral, así como para administrar esa enorme base de datos, producir y expedir las credenciales respectivas, resguardar archivos y documentos y desplegar todas sus atribuciones de ley (la educación cívica, la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en el ámbito político y electoral, la fiscalización de los recursos que reciben y aplican los partidos y asociaciones políticas y un largo etcétera), el IFE se ha visto obligado a participar en mercados inmobiliarios de alto costo, ya sea por la escasez de oficinas en las comunidades o bien por las altas rentas que pagan las empresas y las instituciones públicas. De ahí que en 2009 el IFE tuvo que pagar 254 millones de pesos en arrendamientos; en 2010 se ejercieron más de 233 millones, y se estima erogar por este concepto 266 millones durante 2011. Supongo que no se requiere de mayor explicación para entender que la administración del IFE se encuentra frente a un problema como el que padece cualquier familia que paga rentas. Sin embargo, el problema no es nuevo. Tampoco es novedad que implica gastos crecientes y que solamente se podrá resolver en el mediano y largo plazos si se inicia, desde ahora, un programa de inversiones inmobiliarias que permita reducir significativamente los recursos que anualmente se destinan a rentas. Lo que sí es novedad es la convicción de los integrantes del Consejo General y del cuerpo ejecutivo del Instituto para enfrentar este lastre financiero. Con esta convicción, en el proyecto de presupuesto 2011 del IFE se incluyó la modernización inmobiliaria y de infraestructura como uno de los cuatro programas estratégicos para el año que recién comienza. Como parte de este programa y para darle la máxima transparencia financiera a los recursos utilizados, se concibió el Fondo de Modernización Inmobiliaria. De este fondo quiero subrayar tres aspectos: 1) fue aprobado por la Junta General Ejecutiva el 20 de diciembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Reglamento Interior y en cumplimiento del acuerdo del Consejo General del 29 de enero de 2010 (Acuerdo CG27/2010); 2) para dicho Fondo los diputados aprobaron 173 millones en el presupuesto autorizado al IFE para el 2011, y 3) el informe que el 31 de enero de 2011 se rindió a la Junta General Ejecutiva, en cumplimiento del acuerdo del 27 de septiembre del año pasado, emitido por el mismo órgano colegiado, dio cuenta del destino definitivo de los ahorros y economías presupuestarias y de los que se canalizarían al Fondo de Modernización Inmobiliaria. Es importante subrayar que la decisión de la Junta General Ejecutiva está completamente apegada a la ley y a la normatividad aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral. Enfatizar lo anterior adquiere relevancia porque lo expresado en diferentes medios de comunicación ubica la decisión como consecuencia de una supuesta “sobrepresupuestación” o como un acto de irresponsabilidad por parte del IFE. No es así. Incluso debe decirse que nadie en el Instituto Federal Electoral podría llamarse a sorpresa por tal decisión y menos pensar que fue un acto improvisado. La problemática inmobiliaria se ha discutido ampliamente en el Consejo General y en las sesiones de la Junta General Ejecutiva, y sus documentos son públicos. Si el alto costo del arrendamiento de inmuebles es conocido por todos en el Consejo General del IFE desde 2009, si se ratifica la problemática en enero de 2010, si se presupuesta en agosto de ese año para ejercer en 2011, si se toman decisiones en septiembre y diciembre también del año pasado, si los legisladores aprueban recursos para la modernización inmobiliaria, coincidiendo con la importancia estratégica que se dio en el Instituto, y, finalmente, si el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 31 de enero de 2011 es tomar decisiones para dar cumplimiento a las prioridades aprobadas en el Consejo General, entonces, ¿por qué se afirma sin fundamento que el Fondo de Modernización Inmobiliaria no es una prioridad? ¿Por qué se quieren provocar interpretaciones en la opinión pública sobre un manejo no transparente o no fundamentado del Instituto Federal Electoral? El tiempo dará las respuestas. Por ahora, no nos queda más que recordar la añeja ventaja de las injurias sobre los razonamientos. Quizá en el siglo XXI algo podamos hacer para equilibrar esa poca equitativa competencia entre las injurias y los razonamientos.