CIRO MURAYAMA RENDÓNEl presidente Calderón firmó ayer el decreto que permitirá que las colegiaturas pagadas a escuelas particulares, desde nivel preescolar hasta bachillerato, sean deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En términos económicos, de equidad y educativos, ¿qué implica tal decreto?
En primer lugar, es un subsidio público del que se beneficiarán los padres de familia al corriente de sus impuestos que deciden no utilizar la escuela pública sino el colegio la privado, así como los dueños de las escuelas particulares. De hecho, las escuelas privadas podrán seguir cobrando las mismas colegiaturas, pero al final del año los padres recibirán un reembolso del Estado y pagarán menos, ¿quién pone la diferencia entre lo cobrado y lo pagado? Las arcas públicas del país. Por ello, ahora una fracción de la educación privada en México la pagarán todos los contribuyentes, tengan o no hijos en esas escuelas.
Cuando un causante consigue deducciones fiscales y el Estado deja de captar ingresos —pues del ISR que iba a cobrar recibe sólo una parte— el sector público incurre en “gastos fiscales”, que es el nombre técnico al conjunto de excepciones y privilegios fiscales que hacen que México sea un país de muy pobre recaudación. Con el decreto se crea un nuevo “gasto fiscal”.
Como señala el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en su célebre libro La economía del sector público (Antoni Bosch, Barcelona), la deducción fiscal de las colegiaturas equivale a que “el Estado enviara un cheque por cierta cantidad a los que tuvieran hijos matriculados en escuelas privadas” (p. 420). Por lo anterior, se trata de una medida regresiva, que beneficia a quienes más ingreso tienen y lo pueden gastar en educación privada, pues las clases bajas envían a sus hijos a la escuela pública.
En el anuncio del decreto se dijo que la deducción fiscal “tendrá como límite un monto equivalente al costo promedio por alumno del sistema educativo público a nivel nacional en cada uno de sus niveles”. Con esa fórmula, cada niño en la escuela privada le saldrá más caro al sector público que uno en la escuela oficial. Me explico: hoy brindar educación a un niño más en la escuela pública implica un costo adicional (marginal) muy bajo, pues ya existen escuelas, infraestructura y maestros contratados. En cambio, si la exención se hace por el costo promedio —que es superior al costo marginal en la escuela pública—, por cada niño en escuela particular el Estado dejará de recibir más recursos que los que hubiese gastado directamente en educar a ese niño. Es, así, una medida ineficiente desde el punto de vista del sector público.
En términos educativos, la medida ahonda la brecha entre educación pública y privada, pues esta última ahora recibirá subsidio estatal. Stiglitz señala que el siguiente paso a las deducciones fiscales es la entrega de vales para que los padres paguen la escuela de su gusto; esa fue una idea de Ronald Reagan y es una propuesta del Partido Verde en México, que genera inequidad y fracaso escolar donde se ha puesto en práctica. Pero hoy estamos en esa antesala de dicho escenario.
Sin duda, los padres de familia deben tener garantizado que sus hijos puedan acceder a educación de calidad. Pero la responsabilidad del Estado debe ser ofrecer buena educación pública, como ocurre en Alemania y en los países que mejores sistemas educativos y economías más desarrolladas han construido, y no lavarse las manos dando dinero, así sea indirectamente, a las escuelas particulares para que cumplan con esa misión constitucional.
Mientras en México la educación pública se vea sólo como un lugar para los hijos de los pobres —y no como la opción de calidad que sí fue en el pasado—, y desde el Estado se generen incentivos para que los demás vayan a la particular, la educación pública se seguirá deteriorando. Y cabe recordar que la escuela pública es, también y de manera muy importante, un espacio de socialización y construcción de cohesión social, no una función caritativa del Estado.
En términos económicos, de equidad y educativos, ¿qué implica tal decreto?
En primer lugar, es un subsidio público del que se beneficiarán los padres de familia al corriente de sus impuestos que deciden no utilizar la escuela pública sino el colegio la privado, así como los dueños de las escuelas particulares. De hecho, las escuelas privadas podrán seguir cobrando las mismas colegiaturas, pero al final del año los padres recibirán un reembolso del Estado y pagarán menos, ¿quién pone la diferencia entre lo cobrado y lo pagado? Las arcas públicas del país. Por ello, ahora una fracción de la educación privada en México la pagarán todos los contribuyentes, tengan o no hijos en esas escuelas.
Cuando un causante consigue deducciones fiscales y el Estado deja de captar ingresos —pues del ISR que iba a cobrar recibe sólo una parte— el sector público incurre en “gastos fiscales”, que es el nombre técnico al conjunto de excepciones y privilegios fiscales que hacen que México sea un país de muy pobre recaudación. Con el decreto se crea un nuevo “gasto fiscal”.
Como señala el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en su célebre libro La economía del sector público (Antoni Bosch, Barcelona), la deducción fiscal de las colegiaturas equivale a que “el Estado enviara un cheque por cierta cantidad a los que tuvieran hijos matriculados en escuelas privadas” (p. 420). Por lo anterior, se trata de una medida regresiva, que beneficia a quienes más ingreso tienen y lo pueden gastar en educación privada, pues las clases bajas envían a sus hijos a la escuela pública.
En el anuncio del decreto se dijo que la deducción fiscal “tendrá como límite un monto equivalente al costo promedio por alumno del sistema educativo público a nivel nacional en cada uno de sus niveles”. Con esa fórmula, cada niño en la escuela privada le saldrá más caro al sector público que uno en la escuela oficial. Me explico: hoy brindar educación a un niño más en la escuela pública implica un costo adicional (marginal) muy bajo, pues ya existen escuelas, infraestructura y maestros contratados. En cambio, si la exención se hace por el costo promedio —que es superior al costo marginal en la escuela pública—, por cada niño en escuela particular el Estado dejará de recibir más recursos que los que hubiese gastado directamente en educar a ese niño. Es, así, una medida ineficiente desde el punto de vista del sector público.
En términos educativos, la medida ahonda la brecha entre educación pública y privada, pues esta última ahora recibirá subsidio estatal. Stiglitz señala que el siguiente paso a las deducciones fiscales es la entrega de vales para que los padres paguen la escuela de su gusto; esa fue una idea de Ronald Reagan y es una propuesta del Partido Verde en México, que genera inequidad y fracaso escolar donde se ha puesto en práctica. Pero hoy estamos en esa antesala de dicho escenario.
Sin duda, los padres de familia deben tener garantizado que sus hijos puedan acceder a educación de calidad. Pero la responsabilidad del Estado debe ser ofrecer buena educación pública, como ocurre en Alemania y en los países que mejores sistemas educativos y economías más desarrolladas han construido, y no lavarse las manos dando dinero, así sea indirectamente, a las escuelas particulares para que cumplan con esa misión constitucional.
Mientras en México la educación pública se vea sólo como un lugar para los hijos de los pobres —y no como la opción de calidad que sí fue en el pasado—, y desde el Estado se generen incentivos para que los demás vayan a la particular, la educación pública se seguirá deteriorando. Y cabe recordar que la escuela pública es, también y de manera muy importante, un espacio de socialización y construcción de cohesión social, no una función caritativa del Estado.
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