TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Recurrir a la brutalidad es uno de los expedientes habituales de quienes gozan de una cuota de poder fáctico, pero que han perdido sus argumentos. Desde los grupos de presión, desde los beligerantes y aun desde el Estado, la violencia indiscriminada, ciega, resulta un mecanismo que busca quebrantar la convivencia, ofuscar la moral y minar la fuerza social para ceder ante las razones de la fuerza y la violencia. Ya en Roma, en la revuelta de los esclavos liderados por Espartaco, las calzadas de muchas provincias fueron sembradas con crucificados, a Jerusalén la destruyeron sistemáticamente y Cartago no sólo fue derruida sino que su suelo lo regaron con sal para que nada volviera a florecer en su heredad. Durante la Edad Media, el odio racial y religioso fue la norma y no la excepción y, desde entonces, quedó demostrado que el terror es el arma de quienes no tienen calidad de convencimiento. En el siglo XIX, aplicado a la Revolución Francesa, Edmund Burke, un historiador británico, acuñó el termino terrorismo para designar al periodo del terror, es decir, al uso extensivo de la pena de muerte desde el Comité de Salvación Pública de la Revolución. Si bien se han hecho muchos esfuerzos historiográficos para dimensionar correctamente ese periodo histórico, no queda duda de que este fenómeno, como hoy lo conocemos, es producto del uso indiscriminado de la violencia en periodos de crisis política, económica y social. El nazismo y el estalinismo han sido muestras del terror como política de Estado, pero el fundamentalismo musulmán, durante décadas, ha dado muestra de hasta dónde se puede llegar con lo que hoy podemos considerar una amenaza a la seguridad del mundo pero, sobre todo, a los derechos de las personas y las sociedades. Ninguna causa puede ser defendida sobre la muerte de sujetos inocentes, ni desde el gobierno del Estado ni desde la disidencia organizada. Nada tiene que ver, por otra parte, con la capacidad fáctica de los grupos para ejercer violencia, nada tampoco con la libertad de expresión o de resistencia a la opresión y menos con algún recurso político, porque es precisamente la negación de la política. Sin embargo, el terrorismo, hoy, cuyo poder alcanza márgenes superiores a los que podrían alcanzar muchos estados y que se relaciona con otras formas delincuenciales graves y extensivas, necesita un urgente marco jurídico internacional, que evite su prescripción, pero también impida el exceso de los estados en su persecución. Lo mismo, que los grupos terroristas sean usados como ejércitos sucios de gobiernos legítimos que se pueden emplear y abandonar según las necesidades del poder; que movilice a la comunidad internacional, cuando se corra el riesgo de que su actividad alcance a secuestrar a un Estado y someterlo a sus dictados pero, sobre todo, que sea respetuosa de las libertades de los individuos, que sea pues, una legislación universalmente aceptada, hecha para defender a las personas y a sus sociedades y no con miras a convertir a los Estados en monstruos inaccesibles para quien debieran servir