La presentación pública de un proyecto para gobernar a la nación merece celebrarse. Si además proviene de un actor político relevante, y en un contexto de confusión y de desánimo generalizados se propone como un plan alternativo, debe tomarse en serio. O, por lo menos, amerita una lectura atenta y desprejuiciada. Lo contrario supondría darle la espalda a la deliberación democrática y abonar en la cancha de quienes han reducido la política a la ocurrencia estéril. Por eso leí con atención el Proyecto Alternativo de Nación presentado por López Obrador. Su difusión es una invitación programática para el debate que no debe quedar en el vacío. No pretendo realizar un balance general del texto ofreciendo un recuento de sus bondades y defectos. La mezcla de las generalizaciones con la subjetividad podría resultar insoportable. Prefiero centrar mi atención en una propuesta concreta que llamó mi atención desde que leí la reseña periodística del evento: promover una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Corte. Con ello, según advirtió AMLO, ese tribunal recuperaría “su independencia” y se pondría “realmente al servicio del pueblo”. Lo que sucede es que, para él, “la mayoría de los 11 ministros han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Cevallos y Manlio Fabio Beltrones y a ellos obedecen”. En congruencia con esta tesis, en el documento extenso se afirma que la propuesta busca evitar que el nombramiento de los ministros esté “sujeto a los chantajes o caprichos de los gobernantes en turno”. Vayamos por partes. Primero el diagnóstico: ¿los ministros actuales han sido nombrados por esos personajes? No lo creo. Una cosa es que, en su calidad de titulares del Poder Ejecutivo, los dos ex presidentes y el presidente actual, cada uno en su momento, hayan integrado las ternas de las que han provenido las designaciones y otra que ellos hayan hecho los nombramientos. Por el contrario, desde hace años, los ministros han tenido el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República. Incluidas las fuerzas de izquierda. De hecho, en los últimos nombramientos se ha rebasado ampliamente el requisito constitucional de las dos terceras partes de los senadores presentes. Así las cosas podemos estar en desacuerdo con algunas designaciones y/o con el desempeño de los nombrados pero, en definitiva, no podemos secundar la tesis de López Obrador. En segundo lugar, más allá del diagnóstico, la propuesta en sí es errada. Quizá la fórmula de nombramiento actual no sea la ideal. Probablemente sería mejor que el Presidente propusiera sólo un candidato y que el Senado lo aprobara o lo rechazara como sucede en EU; o que la integración de la Corte fuera corresponsabilidad parcial de diversas instituciones, como sucede en muchos países europeos. Pero, en definitiva, los ministros no deben ser electos democráticamente. Eso no sucede en ningún Estado constitucional consolidado. La única excepción que conozco es la del Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano (y francamente no me parece un referente en la materia). Lo que sucede es que la función de los jueces constitucionales es incompatible con esa fórmula de nombramiento. Su tarea no es la de representar a la ciudadanía sino la de proteger los derechos fundamentales de las personas. Y esta delicada labor con frecuencia se contrapone a la lógica de las mayorías democráticas. El mandato de los ministros no es un mandato popular sino constitucional: garantizar que los poderes públicos y privados, democráticos o no, se sometan a los límites que la Constitución les impone. De ahí la importancia de su independencia y de su imparcialidad (políticas e ideológicas). Rasgos esenciales de la función jurisdiccional que son incompatibles con la propuesta de AMLO quien, para colmo, pretende ser presidente de la República. Lo cual, dicho sea de paso, aumenta el despropósito. Al menos para quienes valoramos la división de poderes.
jueves, 31 de marzo de 2011
LOS MISTERIOS DEL NECAXA
¿EL ARCA DE LA ALIZANZA?
ESTADO DE MÉXICO, LA PARADOJA DE PEÑA NIETO
miércoles, 30 de marzo de 2011
EL ESPEJISMO DE MARCELO
martes, 29 de marzo de 2011
EL VIEJO MANUAL
EDOMEX: CONSULTA SIN MANDATO
La consulta ciudadana llevada a cabo el domingo en el Estado de México, en torno a la posibilidad de que el PAN y el PRD se presenten coaligados en los comicios de aquella entidad, fue, al decir de sus organizadores, un éxito. Puede ser. Pero, más que juzgar los méritos logísticos que pudo haber tenido, se trató de un ejercicio político singular. No hubo sorpresas en cuanto al resultado, tampoco respecto de los niveles de participación y, sin embargo, se trató de una consulta que lejos está de resolver el asunto para el que fue convocada. Tampoco ha habido sorpresas en las reacciones de los actores políticos: Encinas, el personaje mejor posicionado de la izquierda, reiteró que no irá en coalición con el PAN; Ebrard, otrora impulsor de la coalición, le ofreció su apoyo a Encinas; Zambrano recuerda que será el Consejo Nacional del PRD el que defina la forma de participar en los comicios del Estado de México; Andrés Manuel insiste en su negativa a las coaliciones con el PAN, y el PAN reitera que la coalición es una buena idea para el caso del Estado de México. En fin, que nadie se salió del guión. Al final del día, la consulta no generó mandato. Quedó claro que la posible coalición no se iba a dirimir en las boletas del domingo pasado. Ciertamente se ha invertido mucha energía política en los próximos comicios del Estado de México. Algunos actores han insistido en presentar esa elección como una aduana definitiva de cara a 2012, como si lo que ocurra ahí, el próximo mes de julio, fuera a marcar fatalmente lo que pueda suceder un año después. Sin embargo, el intento de replicar la fórmula de la coalición en el Estado de México se topó con una realidad difícil de contravenir: no existe al día de hoy una figura que pueda articular una alianza. A diferencia de lo que ocurrió en otras entidades en las que había, o bien personajes con una larga trayectoria o bien escisiones en el PRI, en el Estado de México no parecen cumplirse ninguna de esas condiciones. La consulta fue en torno a una idea política que aún no tiene quién la encarne. Me temo que, en esas circunstancias, es difícil que se genere mandato. Las confrontaciones previas a la consulta no se iban a resolver mediante ese ejercicio ciudadano. En torno al Estado de México hay una discrepancia real, muy visible en el caso del PRD, en torno a la conveniencia estratégica de seguir en la ruta de las coaliciones con Acción Nacional. Reitero: la consulta estaba divorciada del debate real. Si bien a la mayoría de quienes acudieron les parece conveniente la idea de la coalición, esa resolución tiene lugar en otro lado. Y, por lo visto, las posibilidades son cada día más lejanas. No parece haber manera de que Encinas no aparezca en la boleta, para el PRD será en extremo difícil ir por una opción distinta, y el PAN tendrá que culminar su proceso de selección interna. Sin duda, la coalición se aleja
ENDEBLE UNIDAD PERREDISTA
LAS LECCIONES DE UNA CRISIS
CONSULTA EN EDOMEX: PROEZA CÍVICA Y MANDATO POPULAR
La consulta ciudadana realizada en el Estado de México el domingo pasado, para conocer la opinión de la gente sobre una eventual alianza electoral entre el PAN y el PRD para la gubernatura del estado, ha resultado un éxito rotundo. El triunfo del “Sí” es una muestra contundente del ánimo aliancista que domina muy claramente entre los simpatizantes de los partidos opositores al PRI en esa entidad. Sería un despropósito político, y una enorme inconsecuencia democrática, no atender la voz de las urnas que, como en pocas circunstancias, configura los elementos genuinos de lo que se llama “mandato popular”. Conviene destacar algunos aspectos que muestran este ejercicio como el más importante de cuantos hasta ahora se han convocado por los partidos para tomar decisiones trascendentales. El primero y muy importante es el nivel de participación ciudadana, que por la proyección de los datos preliminares hacia su cierre final rondará la cifra de 260 mil votantes. Casi 100 mil ciudadanos más de los que los propios organizadores preveían. Con el 83% del total de las casillas instaladas, Alianza Cívica contabilizó en su reporte del domingo hasta las diez de la noche 225 mil 296 votos. Tal como la mayoría de las encuestas más serias y confiables lo advertían, la consulta arrojó datos absolutamente consonantes con éstas en el sentido de la clara tendencia a favor de una alianza electoral entre PRD y PAN: del número de votos dados a conocer por AC, 170 mil 669 votaron por el “Sí”, es decir, 76%, y 43 mil 088 votaron por el “No”, que representa el 19.13%. Seis mil 343 marcaron “No sé”, que es 2.82%, y 2.81 % fueron nulos, es decir, 5 mil 196 votantes. Lo anterior golpea con toda claridad los manoseos, chantajes y pretextos ideológicos con los que el lopezobradorismo ha convertido la elección del Estado de México y la idea de la coalición: en una coartada para sus estrictos intereses personales por encima de lo que la gente quiere. Los militantes, adherentes y simpatizantes tanto de PAN como de PRD, y en mayor proporción en este último, así como los ciudadanos independientes, tienen claro que sólo mediante la construcción de un amplio frente opositor es posible derrotar a la maquinaria priísta en el Estado de México, porque más allá del candidato que en el sprint final decidió Peña Nieto —ya girando en torno de la órbita de una eventual coalición—, es evidente que nos enfrentaremos a un entramado de operación política que ha perdido cualquier línea divisoria entre gobierno y partido. La gente en el Edomex sí tiene claro quién es el verdadero adversario, y lo ha manifestado en una proporción de cuatro a uno. Pero resulta que quienes eran los plebiscitarios de ayer prefieren hoy que una sola persona decida por todos. Es los termina no sólo asemejando al método Peña Nieto, el “dedazo”, sino convirtiéndolos paradójicamente en sus apoyadores. No obstante que hubo retraso en la instalación de las mesas receptoras de opinión, y que algunas no se pudieron instalar —lo que evidentemente hizo perder votos a la consulta—, la organización independiente de los partidos y el despliegue logístico de este proceso es otro dato incuestionable y esperanzador, pues se trata de un esfuerzo autenticamente ciudadanizado, a partir de un reclutamiento, capacitación y funcionamiento mucho más en la línea del trabajo cívico que en la del servicio profesional. Sin la estructura material y logística, con recursos económicos limitados, Alianza Cívica reiteró su compromiso con la democracia participativa y el potencial ciudadano para conducir por sí mismo ejercicios de esta magnitud. Ha contado, por supuesto, con el consejo y orientación de Propuesta Cívica que funge como autoridad electoral a partir de un grupo de mexicanos excepcionales en sús ámbitos de desempeño profesional. Un comparativo con lo que sucedió el mismo domingo, pero en el Distrito Federal, pone de relieve la proeza cívica llevada acabo por Alianza y Propuesta en el Estado de México: el gobierno de la ciudad organizó —con los recursos técnicos, logísticos y materiales que ello supone—, una consulta bajo la ley de participación ciudadana para definir los proyectos vecinales, que entraña ni más ni menos que la distribución de recursos públicos a través del llamado “presupuesto participativo”, cuyo monto asciende a 706 millones de pesos. No fue desairada, pero para su relevancia sólo contó con la asistencia de 191 mil 692 ciudadanos. No nos regodeamos de que así haya sido, pero ese hecho marca un contraste significativo con lo acontecido en Edomex, y de paso demuestra la doble vara con la que algunos medios de comunicación asentaron la información en uno y otro caso. Es grotesco y ridículo que, mientras a la proeza cívica cívica mexiquense con una diferencia de casi 70 mil votos arriba la calificaron de “magra”, “poquitera”, a la del DF se le reconozca como “representativa”. No hay duda, la elección del Edomex va decantando posiciones democráticas y exhibiendo con toda crudeza los intereses que están en juego.
domingo, 27 de marzo de 2011
EL PRI CONTRA LOS TRABAJADORES
obreroprotestara por la imposición ni, tampoco, que la opinión pública se le echara encima por su villanía. Se dice que no es más que un gato de Salinas. Sí es cierto, pues Salinas es el verdadero promotor de esta infame reforma laboral que trastoca todos los principios de justicia social que informan al derecho del trabajo. Eso, en realidad, ya no puede extrañar a nadie. También es ya harto sabido que la iniciativa reaccionaria del PRI es casi una copia de la que presentó en su momento el gorila que despacha en la Secretaría del Trabajo. No hay, luego entonces, misterio alguno en la intención de los priístas de obsequiar las exigencias de los patrones en materia laboral. Se les está haciendo la faena y preparando la mortaja de los trabajadores de México que, de aprobarse esta reforma, quedarán, sin medios términos, en la más completa indefensión. El PRI ha echado marcha atrás del modo más ignominioso y desvergonzado que pueda imaginarse respecto de su propuesta de diciembre pasado. Tres son los pilares de la propuesta priísta: uno, la legalización para todos los efectos de la terciarización, subcontratación, intermediación o outsourcing, como se le prefiera llamar, que consiste en contratar mano de obra que se vende a un tercero, llamado beneficiario. Eso es una vieja práctica laboral en Estados Unidos, pero en México nunca existió hasta que, por la vía de los hechos, empezó a darse, precisamente, desde la época de Salinas. El nuevo artículo 15 bis que propone el PRI define y legitima legalmente esa forma de obtención de mano de obra. Establece, desde luego, que deberá formalizarse por escrito, estableciendo
la manera en que se garantizarán los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados. El problema es que, en la práctica, no hay modo de constatar que esos derechos quedarán garantizados, porque la relación se reduce a un vínculo puramente personal del trabajador con su intermediario y no puede constar en un contrato formal de trabajo. Además, existe ya una práctica muy amplia en la que la informalidad de las relaciones de trabajo intermediado domina en todos los aspectos. Es ahí donde podemos ver la importancia que reviste la contratación colectiva, vale decir, el acuerdo que se establece entre un patrón y un representante legal y reconocido de los trabajadores, o sea, el sindicato. En la intermediación el trabajador queda totalmente desamparado, no sólo porque carece de instrumentos eficaces para su defensa, sino porque no puede contratar sobre sus derechos, puestos en la inopia total. Mediante la intermediación, el trabajador es convertido en una miserable carne de cañón que es vendida no por el trabajador poseedor de su fuerza de trabajo, sino por uno que se sustituye a su voluntad y que es el intermediario. El que contrata es éste y no el trabajador. El que decide del destino de la relación laboral es el intermediario, no el trabajador. Mediante ese modo de contratación, el trabajador es despojado de todos sus derechos y sólo puede reclamarlos ante uno que no puede darle ninguna satisfacción, vale decir, de nuevo, el intermediario. Que el PRI, partido al que todavía pertenece la mayoría de los sindicatos del viejo movimiento obrero presente esa iniciativa, está aceptando que los sindicatos, incluidos los suyos, ya no sirven absolutamente para nada. El segundo pilar de la iniciativa priísta radica en la anulación de los derechos de defensa de los trabajadores en los conflictos laborales y en la limitación de la representatividad de las organizaciones de los trabajadores. Sin presentar propuestas que fijen la obligatoriedad de acortar el tiempo en que los juicios laborales deben ser resueltos, la iniciativa priísta acorta a un año (la propuesta panista fijaba el término en seis meses) el pago de salarios caídos. Como se ha comentado, sobre todo por parte de abogados laboralistas, el término de duración de un juicio va siempre en torno de los cinco años. Ello significa despojar a los trabajadores de todo medio de resistencia. La iniciativa priísta va contra la representación sindical efectiva en más de un sentido, pero, en particular, contra los sindicatos gremiales que, como todo mundo sabe, son la inmensa mayoría de los sindicatos, sobre todo del PRI. El artículo 388 establece que un contrato colectivo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores de las empresas o establecimientos no podrá dividirse para cada gremio. Basta que los empresarios decidan con quienes quieren contratar para que su voluntad se haga ley. En Monterrey, el reino de los sindicatos blancos, eso es el verdadero orden del trabajo. Y hoy los priístas nos lo proponen como la regla general de la contratación colectiva del trabajo. El tercer pilar de la iniciativa priísta de reforma laboral es la preservación del régimen sindical que es propio del PRI y que, en otras épocas, hizo la clave de su sistema de dominación de masas. La propuesta panista, por lo menos, esbozaba unos cuantos lineamientos de democratización de la vida sindical. Desaparecían, por ejemplo, las votaciones abiertas que se prestaban a la manipulación de la voluntad de los trabajadores y se establecían diversos mecanismos de control de la vida sindical que, en apariencia, tendían a democratizar y transparentar la vida sindical. A los priístas, muy naturalmente, les parece que debe preservarse el viejo aparato sindical con todos sus vicios y su modo arbitrario y autoritario de funcionamiento. Se podrían citar muchos otros detalles de la propuesta priísta de reforma laboral que provocarían náuseas. Cuando se denuncia la derechización del PRI, sobre todo, desde la época de Salinas, nada viene a reforzar esa idea como esta iniciativa que a los mismos priístas pone los pelos de punta. Aunque a ellos no les debe importar mayormente, acciones como la que da lugar a esta iniciativa y, en particular, los entretelones en medio de los que se cocinó, demuestra palmariamente que los priístas son tan reaccionarios y derechistas como los mismos panistas y, muchas veces, como en su línea sindical, peores que ellos. Cuando decimos que el PRI y el PAN son lo mismo, estamos en lo cierto. El único problema es saber, en cada caso, cuál de ellos es el peor.
REFORMA SÍ, PERO, ¿PARA QUÉ?
reformas que tanto necesitamos, como suena la cantinela convertida en una suerte de mantra por servidores de oficio de las cúpulas empresariales y súbitos conversos al credo liberista, como lo llamara Norberto Bobbio, para diferenciarlo del liberalismo político al que todos nos debemos. En realidad, habría más bien que decir que las reformas que Calderón busca no servirán a ningún propósito genuino de mejoramiento del quehacer político, ni le darán al sistema heredado de la transición oxígeno alguno para irla pasando, mientras estalla el volcán. Más bien, habría que decir que en algunos de sus capítulos la reforma presidencial es portadora de panoramas ominosos, de divorcio total del sistema político de los ciudadanos, y de confusión todavía mayor y más grave que el actual sobre el papel que el Estado y sus servidores debe jugar en la actual y difícil etapa de la evolución del pueblo mexicano, como diría don Justo Sierra. Para quien lo dudara, los famosos
poderes fácticosno sólo existen sino que se han apoderado de vastos espacios de la gestión publica, estatal, de la vida económica y social. Para muestra un botón: el jueves pasado, Reforma, en su sección de negocios, consigna:
Anticipa Cofetel cuatro años sin certidumbre tarifaria. “El presidente de la… Cofetel, Mony de Swaan, anticipó incertidumbre sobre las tarifas de interconexión para los próximos cuatro años, al prever que Telcel se amparará contra sus resoluciones”. Sin explayarse, el presidente De Swaan se integra a la falange liberadora que otrora encabezara el vicepresidente Gil Díaz y sus cortes y cohortes, que vaya que tiene, y que ahora conducen las grandes firmas de la televisión y la radio, no para abrir el campo de la competencia salvadora sino un espacio a Telefónica española y desde luego al gran consorcio de la comunicación privada mexicana. El Estado, que el gobierno de Calderón preside y cuya reforma debía reforzar, bien, muy bien, gracias. Mientras no se admita que el punto de partida es en efecto el voto, y se asuma que en consecuencia las condiciones sociales y culturales en que dicho voto se emite son cruciales para lo que viene después y que tiene que ver con la conformación y el ejercicio del gobierno, toda reforma será fútil, cuando no cómplice de una forma de gobierno engañosa, disfrazada de democrática pero en realidad dominada más o menos abiertamente por esos u otros
poderes fácticos. El litigio en torno al tiempo destinado a la propaganda electoral debe inscribirse en esta perspectiva: si aceptamos que nuestra ciudadanía se informa y forma su opinión en los medios de información masiva, que son electrónicos, entonces la información política necesaria para votar civilizadamente o apenas sensatamente, es y debe ser de interés público y ser administrada por el poder público, llámese IFE, RTC y hasta Cofetel, una vez que sus dignatarios puedan declinar el verbo Estado. No hay de otra y la ilusión de que la
competenciaentre cadenas informativas mediante el dinero público, llamado prerrogativas, nos hará un buen servicio es eso y nada más: una ilusión. Una reforma política que, so pretexto de la libertad de expresión, deja el dinero público al amparo del negocio privado, desde luego muy y orgullosamente concentrado, no es reforma de la política para avanzar sino para edulcorar una regresión que ni los priistas más enjundiosos han soñado. Y lo mismo podría decirse de la, de nuevo, tan traída y llevada reforma fiscal: lo que está en cuestión no es la magia aritmética del secretario de Hacienda, que no pasa de un juego de abalorios más. Lo que está por verse es si los senadores priístas y luego los perredistas, y hasta los panistas que ahora coquetean de nuevo con la democracia cristiana internacional, se atreven a plantear con claridad y sin ambages el tema de la progresividad en el impuesto a la renta de las personas físicas y, junto con esto, la urgencia de aumentar los ingresos públicos para ofrecer a la ciudadanía desbalagada y desprotegida, que forma la inmensa mayoría nacional, un refugio que pueda volverse escenario para un México habitable. Lo que el país necesita y con urgencia es una reforma intelectual y moral que obligue a sus servidores públicos a dejar de presumir que forman una clase y le ofrezca a la sociedad toda un faro de cooperación que lo ilumine. Este faro no puede ser otro que un Estado de bienestar propiamente dicho, aunque se tenga que empezar con lo poco que nos ha dejado tanto descuido y mayor saqueo. Reformas sí, que vengan, pero despojadas de tanto oropel y vacuidad como las que acompañaron al pensamiento único, a la democracia sin adjetivos y al enriquecimiento sin más atributos que su mal gusto y peor sensibilidad.
viernes, 25 de marzo de 2011
ACUERDO PERTINENTE , UTILIZACIÓN INDESEABLE
Contenido pertinente, utilización indecorosa, escenario lamentable: ese es el balance que se puede hacer del “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia” que ayer propalaron las cadenas televisoras. Resulta deplorable que un pacto tan importante haya sido promovido, y luego aprovechado para mostrarse como redentoras sociales, por Televisa y Televisión Azteca. Resulta preocupante la subordinación, al interés de esas televisoras, de no pocos medios de comunicación, de los medios a cargo del gobierno y de instituciones públicas de educación superior. El Acuerdo era necesario. Las exigencias del crimen organizado, que tiene cada vez más interés en imponer sus agendas a los medios de comunicación, requieren de parámetros claros para que las redacciones puedan tomar decisiones acerca del manejo de la información sobre hechos de violencia. En ausencia de tales coordenadas, distintos medios de comunicación se han convertido en portavoces de los narcotraficantes al exhibir las mantas que colocan en algunas ciudades, al mostrar ostensiblemente los recados que dejan junto a sus víctimas e incluso entrevistándolos como si se tratara de personajes públicos merecedores de aprecio y espacio mediáticos. Las extorsiones que perpetran los grupos delincuenciales contra los medios en donde quieren ganar notoriedad, el aislamiento en el que eran colocados periódicos y medios electrónicos y también el afán de sensacionalismo que mueve a no pocas publicaciones y estaciones, se han conjuntado para que el narcotráfico se haya convertido en una fuente más para el periodismo mexicano. La vulnerabilidad de los medios y la pertinencia para que enfrenten juntos esa situación, hacían deseable el establecimiento de un acuerdo. Desde hace al menos tres años, esta columna ha pugnado por la creación de un pacto de la prensa mexicana que definiera criterios capaces de orientar el manejo de las noticias sobre hechos violentos. En numerosas ocasiones recordamos la experiencia de los medios en Colombia, que en noviembre de 1999 establecieron un “Acuerdo por la discreción” con sencillas pautas para la cobertura informativa de hechos violentos. El Acuerdo anunciado ayer por numerosos medios mexicanos, recoge algunas de las aportaciones más significativas de experiencias como la colombiana. Ubicar la información en el contexto que haga posible comprender los alcances de los hechos violentos, eludir la cada vez más frecuente costumbre de erigirse en ministerios públicos o juzgados mediáticos, proteger a las víctimas, son principios que deberían regir la actuación de los medios en cualquier tema y momento pero que resulta útil que estén consagrados en ese compromiso. De manera especial, hay dos puntos que podrían redefinir el comportamiento de los medios en la cobertura de la violencia. Uno, es el acuerdo para no convertirse en cómplices de los delincuentes. El otro, es el empeño para proteger a los periodistas. Cuando un medio de comunicación difunde sin contexto y acríticamente un mensaje de los narcotraficantes, actúa como vocero suyo. Intencionalmente o no, diversos medios mexicanos se han comportado así especialmente en los años recientes. Por otra parte, la protección de los periodistas con medidas específicas que pueden ir desde la cobertura conjunta de asuntos delicados y la publicación sin firma de algunas notas hasta la contratación de seguros de vida y gastos médicos, resultaba urgente. Algunos medios cumplen con varias de esas medidas y otros no. Las empresas de comunicación que ayer se comprometieron públicamente con ellas, estarán especialmente sujetas al escrutinio de sus públicos pero además a la exigencia de sus propios periodistas. Plausible el Acuerdo, el afán para lucrar política y publicitariamente con él resulta harto condenable. El vistoso espectáculo escenificado ayer hizo del Acuerdo un recurso más de las televisoras para prestigiarse delante de la sociedad. No puede soslayarse que, precisamente ahora, se desarrolla el litigio de Televisa y Televisión Azteca contra el Grupo Carso que además de acaparar la telefonía ha manifestado intenciones de incursionar en televisión. Hará falta mucho más que un show como el de este jueves para que la sociedad mexicana considere que Televisa y TV Azteca están regidas por principios éticos. Al supeditarlo a ese frente de convenencierismo corporativo disfrazado de filantropía que es Iniciativa México, el Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia queda prematuramente descalificado por ser un instrumento propagandístico de las televisoras. Qué lamentable que a ese proyecto se hayan sumado, acríticamente, los medios de comunicación del Estado y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de instituciones con méritos, pero además responsabilidades, que tendrían que colocarlas como mucho más que meros satélites del Canal de las Estrellas. El Acuerdo, por lo demás, no surgió de la deliberación de los periodistas, no pasó por las redacciones para que los informadores se interiorizaran en las reglas que establece, no es resultado de la acción común del gremio de los periodistas. Ni siquiera surge de un compromiso, precedido por la negociación de sus contenidos, entre las empresas de comunicación. Se trata de un documento que, igual que Iniciativa México, ha sido promovido por Televisa.
FÚTBOL Y TRANSPARENCIA: UN LITIGIO
A propósito del lamentable incidente en el que, en enero de 2010, resultó herido de bala el futbolista Salvador Cabañas, del Club América, se llegó a saber que el equipo no dio de alta al delantero paraguayo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que el jugador, al quedar incapacitado para su trabajo, no podría acceder a las prestaciones que la ley mexicana contempla para los trabajadores.
Es sabido que los derechos de los futbolistas, como trabajadores, son vulnerados. Ahora apareció evidencia de que, incluso, no son reconocidos siquiera como empleados de empresas —los equipos—.
Ante esa evidencia, y haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, solicité, en diciembre pasado, la siguiente información al Instituto Mexicano del Seguro Social: “a) Número de cotizantes al IMSS como futbolistas profesionales en noviembre de 2010. b) Número de empleadores que tienen trabajadores que cotizan como futbolistas profesionales en noviembre de 2010. c) Monto de las cuotas al IMSS pagadas por futbolistas profesionales para los primeros once meses de 2010. d) Monto de las cuotas al IMSS pagadas por empleadores de futbolistas profesionales para los primeros once meses de 2010. e) Cotizantes que son futbolistas profesionales laboran en equipos de primera y segunda división, diferenciados. f) Salario medio de cotización de los futbolistas profesionales de primera división. g) Salario medio de cotización de los futbolistas profesionales de segunda división”.
Como se puede ver, mi intención no era otra que la de conocer hasta dónde se cumple con lo dispuesto en la ley, de registrar a los trabajadores y pagar las contribuciones legales, para el negocio del futbol. Por cierto, los futbolistas, como todos los deportistas profesionales, tienen derechos laborales claramente establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
En los primeros días de febrero de 2011, se vencía el plazo para que el IMSS entregara su respuesta. Pero se me notificó que tal institución había solicitado una prórroga que vencería en marzo.
Este mes, llegó la respuesta a la solicitud con folio 006410002911 que formulé el 23 de diciembre de 2010: negativa. El IMSS argumenta que obsequiar la solicitud implicaría violar el artículo 22 de la Ley del Seguro Social, así como lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
De forma textual, el artículo 22 de la Ley del Seguro Social dice: “Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al Instituto, en cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual”.
Como es evidente, en la solicitud que formulé en ningún momento se pide información “en forma nominativa e individual”. No se pide información de ninguna persona física o moral en lo individual ni violación de confidencialidad. El artículo 22 de la Ley del Seguro Social prevé la negativa si la información solicitada cumple, a la vez, dos características: nominativa e individual. La solicitud que hice no cae en ese supuesto. Todos los datos numéricos solicitados son agregados, nunca individuales.
La parte invocada por el IMSS del artículo 13 de la Ley de Transparencia, dice que será información reservada aquella cuya difusión pueda: “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones”. ¿Se pone en riesgo la recaudación porque se sepa cuántos futbolistas profesionales de primera y segunda división hay dados de alta en el IMSS?
El artículo 14 de la ley de transparencia, considera como información reservada: “la que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial”. Y ya se señaló que la ley del IMSS impide dar a conocer información sobre algún patrón o trabajador (nominativa e individualmente), cosa que no se solicitó. El artículo 14 también reserva la información que cae en “los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal”. No es el caso, porque no se pidió información fiscal de algún particular, sino montos agregados de cotización, lo cual implica que no se puedan conocer las contribuciones de personas físicas en lo individual, sean patrones o trabajadores. Es decir, no se conocerán las contribuciones de los Jaguares de Chiapas o del Picolín Palacios. No se compromete, pues, información fiscal de ningún contribuyente, de ningún empleador o empleado.
Si se negara la información en forma agregada, como pretende el IMSS en su negativa, que obtiene de empleados y trabajadores, no sabríamos cuántos trabajadores cotizan en el IMSS o a cuánto ascienden las cuotas obrero-patronales, que es información pública desde antes de que existiera la ley de transparencia.
Fue llamativo que el IMSS pidiera una prórroga para dar su respuesta y que, finalmente, la brindara a través de un oficio firmado el 15 de diciembre de 2010, es decir, antes de que se formulara la solicitud, lo que da la impresión de que se trata de un machote de negativa y que no revisó bien el contenido de la solicitud.
Con base en la Ley de Transparencia, he interpuesto un recurso de revisión ante el IFAI para que se revoque la decisión del IMSS. Como es un litigio sobre la transparencia y todo su desenlace debe ser de conocimiento público por ley, yo hago públicas mis razones desde ahora en este espacio.
EL ACUERDO
ACUERDOS CONTRA LA VIOLENCIA
México vive una etapa crítica en materia de seguridad. La ciudadanía está en una situación de alta vulnerabilidad ante una espiral de violencia cada vez mayor. Vivimos una onda expansiva de violencia que alcanza distintos ámbitos de nuestras vidas. Esto se explica, en gran medida, por las incapacidades del Estado, pasadas y presentes (sobre todo en materia de justicia), y como consecuencia de una delincuencia galopante y con pocos límites. Nos enfrentamos ante escenarios inéditos que generan un enorme desconcierto y temor. Nuestra sociedad parece no tener los elementos eficientes y suficientes para enfrentar actos que conllevan una enorme violencia, lo que a su vez conlleva a la ruptura del tejido social y genera una gran cantidad de víctimas individuales, colectivas y sociales. Estas experiencias traen consigo enormes desafíos también para los medios de comunicación: ¿cómo reportar una noticia sin ser correa de transmisión de la delincuencia?, ¿cómo ejercer la libertad de expresión y evitar caer en la apología de la violencia? Éstos y muchos otros dilemas no son fáciles ni simples y suponen claridad y convicción, sobre todo para no exponer a las víctimas, periodistas y reporteros. Las certidumbres generadas por este contexto obligan necesariamente a abrazar las razones y fundamentos de un Estado democrático de derecho. Tenemos que desarrollar un proceso de construcción social contra la violencia en el que los medios de comunicación jueguen un papel privilegiado. Por eso resulta esperanzador ver dos importantes iniciativas en este sentido. La primera, de carácter particular y pionero, fue que hace dos días El Universal constituyó un Consejo Consultivo integrado por expertos y expertas en temas de seguridad pública y derechos humanos, el cual tendrá como objetivo apoyar su trabajo diario en temas relacionados con la inseguridad y la violencia, para que la labor periodística se apegue a los principios de legalidad, respeto y promoción de los derechos humanos. Un primer resultado de los trabajos del Consejo fue generar un documento que resume los criterios editoriales que El Universal observará en sus coberturas sobre crimen organizado y violencia, con énfasis en la vigencia del respeto al Estado de derecho, sus instituciones y la existencia los derechos ciudadanos fundamentales, entre ellos los del debido proceso, presunción de inocencia, dignidad y respeto a las víctimas. Asimismo, se reconoció que es un proceso que inicia y requerirá de la formación y capacitación de todo el personal para que estos criterios se observen en toda la labor informativa. La segunda, de carácter general, fue la presentación ayer de una iniciativa que incluye a más de 700 medios de todo tipo, televisoras, radiodifusoras, medios impresos y sitios electrónicos de información. Los directivos y representantes de los medios firmaron un Acuerdo contra la Violencia y se comprometieron a ceñirse a una estrategia que otorgue al trabajo periodístico más profundidad y limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado. Este acuerdo se regirá por los siguientes principios rectores: el respeto a las libertades de expresión y de prensa, la independencia editorial de cada medio de comunicación, la obligación de los medios para informar con profesionalismo y la responsabilidad social de los medios sobre lo que informan, entre otros. Es de vital importancia resaltar que para que estas iniciativas lleguen a buen puerto se tendrán que desarrollar mecanismos efectivos de seguimiento, así como una protección específica y verdadera a los reporteros y periodistas, no sólo en materia de seguridad y justicia, sino también en materia laboral, salarial y social en las que se experimentan grandes retrasos. Con sus limitaciones, tanto el Consejo como el acuerdo mandan el mensaje de enfrentar la amenaza de la violencia desde las convicciones e instituciones de la democracia y en los diversos espacios sociales. Es el inicio de un proceso, el primer paso ya se dio.
jueves, 24 de marzo de 2011
MUJERES Y DERECHOS
Según organizaciones feministas que se manifestaron frente a las oficinas de la representación del estado de Baja California en el Distrito Federal existen casos de abortos espontáneos que están siendo penalizados como si se tratara de "homicidios en razón de parentesco". Como el año pasado en Guanajuato, a las mujeres no se les juzga siquiera por abortar, sino como asesinas de un presunto hijo ya nacido. Ponen como ejemplo un caso digno de atención: Lesly Karina Díaz Zamora tenía 19 años, con 27 semanas de gestación sufrió un aborto natural, su familia la llevó al hospital en Mexicali, y fue denunciada por los propios "servidores públicos del sector salud" ante el Ministerio Público. Hoy está sentenciada a 23 años de prisión.
¿Merecen las mujeres procesadas y sentenciadas ese castigo? ¿Puede obligarse a una mujer a tener un hijo no deseado? ¿No sería mejor desplegar amplias campañas de educación y poner a la mano de quienes lo desearan los más diversos métodos anticonceptivos? ¿Y no sería prudente, como en el Distrito Federal, ayudar con asistencia médica a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo durante las primeras semanas de gestación? Las mujeres no deben ser tratadas como incubadoras mecánicas contra su voluntad.
2. El gobernador del estado de Jalisco envió al Congreso del estado una iniciativa para reformar los Códigos civil y penal locales. Su objetivo: que las mujeres deban pedir permiso a sus esposos antes de someterse a un proceso de esterilización. También los hombres tienen que recabar el consentimiento de sus mujeres antes de proceder a efectuarse una vasectomía. Pero como lo señaló un médico de Jalisco, se realiza una vasectomía por cada 50 salpingoclasias (las famosas "ligaduras de trompas"). Además, los médicos que realicen esa intervención sin el consentimiento del cónyuge cometerán -según el proyecto del gobernador- el "delito de esterilidad provocada", que se perseguirá por querella (La Jornada, 19-03-11).
La misma nota señala que las pretendidas reformas atentan contra la letra de la Constitución que en su artículo 4 establece que: "El varón y la mujer son iguales ante la ley... Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos". No parece existir razón para la duda: se trata de cada persona, es decir, de cada individuo, y nadie tiene derecho a coartarle ese derecho.
¿Es necesario repetir que una mujer que no desee tener hijos o que ya no quiera tener más posee el derecho -al igual que el hombre- a recibir atención médica para esterilizarse? ¿Se requiere una vez más repetir que ni la Iglesia, ni el Estado, ni la comunidad, ni los vecinos, ni el esposo o esposa pueden imponerle lo contrario? ¿Será que resulta imprescindible reiterar que las mujeres son sujetos de derechos?
3. La Cámara de Diputados aprobó por una mayoría apabullante reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. La trata de personas y las bandas organizadas y los individuos que explotan la prostitución infantil deben ser perseguidos y penalizados. Sobre ello existe un muy amplio consenso. Pero la reforma mencionada es para castigar a quien contrate o venda publicidad (es decir, a cualquier medio de comunicación), y no distingue con claridad el ejercicio de la prostitución y los delitos antes mencionados.
No se necesita tener dos dedos de frente para especular que la acción de los diputados es una reacción ante la campaña que desató Televisa en contra de los anuncios de servicios de prostitución en los periódicos. Y el problema es que al no distinguir entre prostitución y trata de personas, la legislación puede convertirse en un auténtico bumerang.
Leo que "en la exposición de motivos se explica que los anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado. Por lo anterior, se afirma que estos medios publicitarios fomentan la práctica del delito de trata de personas, la explotación sexual, los trabajos y servicios forzados..." (www.Grupotransición.com.mx 21-03-11).
¿Se pretende erradicar y penalizar la prostitución? Entiendo que no. Hasta hoy no es un delito. ¿Entonces no resulta mejor que la misma se desarrolle con garantías para quienes la ejercen -y para los usuarios- y no en las catacumbas? ¿No son los anuncios una forma de sacar esa actividad a la luz pública? ¿Establecer una correlación absoluta y necesaria entre publicidad y trata de personas no es una falacia y no resultará contraproducente?
Como puede verse, en distintos campos las mujeres no requieren tutela, sino garantías para ejercer sus derechos, sus libertades.
PRIMERO EL PROYECTO, LUEGO EL CANDIDATO
MIGUEL CARBONELL
Ahora que ya se han renovado las dirigencias de los tres principales partidos políticos en México y que se despeja la ruta para definir las candidaturas presidenciales hacia la contienda de 2012, quizá convenga recordar lo importante que es no quedarnos solamente en una discusión sobre nombres y apellidos, sino avanzar hacia una definición de proyectos y programas. De hecho, lo ideal sería que cada partido definiera como primer paso el programa que le va a ofrecer a los electores, para luego buscar a la mujer o el hombre mejor preparados para realizar esa propuesta en caso de que resulten electos. De esa manera los ciudadanos tendrían elementos para hacer una elección racional y no basarse solamente en la imagen del candidato, en sus cualidades físicas o en la forma en que pronuncia los discursos. Una ciudadanía bien informada necesita saber el tipo de proyecto político que quiere impulsar un partido, para decidir si le da o les niega el voto a sus candidatos. Hacerlo de otra manera es votar a ciegas, confiando solamente en elementos intangibles que pueden llevarnos a una pérdida importante de tiempo. Sería relevante saber qué quiere hacer el PRI, como partido, en materia educativa por ejemplo. ¿Qué cambiaría respecto a lo que se hace actualmente?, ¿qué política seguiría para mejorar el nivel académico de nuestras universidades?, ¿qué tipo de controles e incentivos aplicaría en la edu cación básica?, ¿qué decisiones tomaría respecto al sindicato magisterial? Sería igualmente importante saber qué quiere hacer el PRD en materia de seguridad pública. Hemos escuchado que algunos de sus miembros dicen que la actual estrategia defendida por el gobierno de Calderón no sirve. Necesitamos que nos digan exactamente qué parte es la que no funciona y qué harían ellos para mejorar: ¿cómo capacitarían mejor a nuestros policías?, ¿cómo alinearían los esfuerzos de la Federación con lo que hacen los estados y los municipios?, ¿qué propuestas concretas tienen para llevar adelante la gran reforma penal que el país necesita?, ¿cómo limpiarían la enorme corrupción de los reclusorios? En el caso del PAN es probable que las dudas sean menores, ya que es el partido que lleva más de 10 años en el poder y nada indica que el próximo candidato o candidata vaya a desmarcarse de lo que han venido haciendo los presidentes Fox y Calderón. Es probable que las líneas económicas principales se mantengan y que las principales políticas públicas no sufran grandes variaciones. Solamente si los partidos son capaces de comenzar a plantear propuestas para los temas de fondo que necesita resolver el país, es que las elecciones del 2012 serán algo más que una mera consulta sobre qué candidato tiene al mejor asesor de marketing. México merece ya, a estas alturas, campañas basadas en ideas, no en simples eslóganes o cancioncitas. Necesitamos definir qué opción partidista tiene las mejores propuestas para que México crezca económicamente, para que seamos una mejor opción como destino turístico, para que aprovechemos lo mucho o lo poco que nos queda de petróleo, para que tengamos un país seguro en el que podamos salir a la calle sin temor a ser ejecutados o secuestrados, para que contemos con la infraestructura necesaria para exportar nuestros productos en la economía globalizada del siglo XXI, etcétera. Si no generamos una gran discusión nacional sobre las alternativas, los costos, los actores y las responsabilidades de llevar adelante cada tema, seguiremos votando a ciegas, sobre la base de lo que nos quieran “vender” los magos del marketing político. El riesgo de quedarnos hasta el año 2018 con un presidente que es una incógnita y al que conocemos solamente por la tele y el periódico es demasiado alto. Si discutimos primero los proyectos y las propuestas, tendremos muchos más elementos para encontrar el perfil idóneo (dentro de cada partido) para encabezar la campaña del 2012. Hoy tenemos apenas algunos esbozos, como los artículos de periódico que publica Enrique Peña Nieto, el libro de López Obrador sobre su proyecto de nación o las iniciativas de Manlio Fabio Beltrones en el Senado. Del lado del PAN las propuestas no han abundado, seguramente porque casi todos los posibles candidatos siguen estando a la sombra o bajo las órdenes de Calderón. No sabemos qué quiera o pueda hacer Josefina Vázquez Mota en el tema de la reforma hacendaria, ni qué piensen Cordero o Lujambio sobre la forma en que hay que fortalecer la infraestructura física del país (puertos, aeropuertos, carreteras). Sería bueno saberlo con tiempo, para poder definir el voto y, de esa manera, el futuro que queremos para México. Esperemos que la lucha por el 2012 sea, sobre todo, una batalla de ideas y no solamente de imágenes.