viernes, 26 de noviembre de 2010

LA EDUCACIÓN

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la "conciencia" pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.
Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan "el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo", ya que la "simbiosis atípica entre sindicato y autoridades" hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.
La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder "se ha incrementado... y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente". Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un "arreglo" no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.
Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester "colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras". En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.
Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una "prioridad nacional". Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera "basado en el desempeño y la capacidad", la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.
Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que "por sus pistolas" dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.

GÉNERO Y ECONOMÍA EN MÉXICO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Acaba de aparecer un interesante libro sobre la situación de la mujer en el mercado de trabajo en México. El título es México: desigualdad económica y género y lo coordinan Flor Brown Grossman y Lilia Domínguez Villalobos (UNAM, 2010, 249 pp.). Esta obra continúa con las investigaciones académicas que iniciaron en nuestro país con trabajos pioneros en los años setenta del siglo XX y se extendieron en las últimas dos décadas, que indagan las condiciones de situación desventajosa de las mujeres frente a los varones en el ámbito de la producción y, en especial, en el del empleo.
Como señalan las Brown y Domínguez: “en pocos ámbitos sociales resulta más evidente el peso del enfoque de género que en el mundo del trabajo” (p.12). A esa observación precisa, habría que añadir que pocos miradores, como el del empleo, permiten reconocer no sólo las desigualdades imperantes entre hombres y mujeres, sino entre clases o segmentos sociales, e incluso entre edades, pues finalmente es el tipo de actividad laboral que se realiza, la calidad del empleo al que se accede, la duración del tiempo de trabajo, las funciones que se desempeñan y, por supuesto, los ingresos que en él se obtienen, lo que determina la calidad de vida de la mayoría de la población de cada país. Conocer el mundo del trabajo, entonces, es conocer y entender la calidad de vida y el bienestar o la falta de éstos. Pues como señala Richard Sennet, en qué y cómo trabajamos acaba por determinar cómo vivimos y quiénes somos. De ahí el primer acierto de esta obra: es a partir de la condición laboral por la que se ingresa a la explicación de las complejas relaciones sociales que continúan estableciendo diferencias asimétricas entre géneros, casi siempre desventajosas para la mujer, en la sociedad contemporánea.
En este sentido, Brown y Domínguez hacen explícito que es necesario no desligar el análisis de género “del contexto general de acumulación del capital del país” (p. 12). De esta manera, si bien se desmarcan con claridad de la noción que ve “a los mercados como arenas naturales en las que los compradores y vendedores están diferenciados por sexo y tienen distintos recursos y preferencias”, su complicación tampoco cede a la tentación de explicar las desigualdades de género sólo a partir de un mirador cultural o incluso sociológico, pues los trabajos incluidos en esta compilación evidencian que la situación de la mujer, como la de los hombres, se modifica conforme se transforma la estructura de producción y distribución de la riqueza.
Brown y Domínguez ofrecen un estudio muy pertinente, sobre un tema poco atendido a pesar de su importancia, como es el de la desigualdad de género y la actividad exportadora en la industria manufacturera. Esto es, cómo la principal apuesta del cambio estructural de la economía mexicana, su inserción en los mercados internacionales, ha tenido repercusiones en el tipo y calidad de empleos a que acceden las mujeres y los hombres en la industria de la transformación.
Para las autoras, los salarios no se determinan, como postula la escuela neoclásica, “sólo por las transacciones individuales en el mercado” sino “por un proceso de fijación salarial económico, político y cultural enmarcado en un contexto institucional” (p. 146) que las lleva a incorporar en su análisis “las características individuales, como la educación, la experiencia y la capacitación, así como las condiciones institucionales que condicionan el proceso de fijación de salarios” (p. 103).
Señalan que en la manufactura hay tres hombres empleados por cada mujer, pero en la industria maquiladora en promedio hay prácticamente el mismo número de mujeres y hombres. En la manufactura, hay un 25% de mujeres, pero las mujeres son sólo el 14% de los puestos directivos y representan el 30% de los obreros generales. En la industria maquiladora de exportación, crece la proporción de mujeres al 27% frente a la industria no exportadora donde son el 23% (p. 110).
En lo que hace a las diferencias salariales, en el promedio de la economía mexicana una mujer gana en una hora el 95% de lo que gana un varón, pero en el sector secundario percibe sólo el 74% de lo que gana un hombre; es decir, la desigualdad es más marcada en la industria. Además en la industria la desigualdad no es continua: se exacerba en los puestos directivos (70 vs 100) y disminuye en empleados y obreros generales (87 y 86 vs 100 respectivamente) (p. 112).
En el sector exportador el salario de las mujeres representa el 71% del de los hombres y en el no exportador el 75%. En la industria maquiladora las diferencias salariales son menores: las mujeres ganaban el 85% del de los hombres en las empresas intensivas en trabajo, y el 90% en las intensivas en capital. (p. 148). Cabe decir que los salarios son más bajos en la actividad maquiladora que en la industria manufacturera, de tal suerte que la “convergencia” salarial también puede explicarse por una compactación hacia la baja de las retribuciones en este sector de menor valor agregado.
Una observación que me parece de la mayor relevancia es que “la presencia de los sindicatos disminuye las diferencias salariales sólo en el grupo de los establecimientos exportadores, pero el efecto es relativamente pequeño debido quizás a la pérdida de negociación de los sindicatos en los últimos años. En cambio, en la industria maquiladora su efecto es nulo, dada la escasa presencia de los sindicatos, lo que confirma que la alta participación laboral femenina no ha ido acompañada por la introducción de cláusulas laborales que la protejan”. Más que un hallazgo, que lo es, esta observación nos debe llevar a lo básico: el derecho a la libre asociación de los trabajadores, a la negociación colectiva, es un instrumento institucional indispensable, en México y en el mundo, en el siglo XXI, para asegurar trabajos de calidad, para hombres y para mujeres. La agenda de la mujer trabajadora, en este caso, no debe reñirse con la del hombre trabajador: el acceso a empleo digno y de calidad debe ser un derecho humano, de hombres y mujeres. Es una causa común. A peor trabajo de los hombres, también peor trabajo de las mujeres, y viceversa

UNA BODA Y MIL MILLONES DE PESOS

RAÚL TREJO DELARBRE

Unas horas antes de su boda, crecen los cuestionamientos a Enrique Peña Nieto por hacerse propaganda a costa del gasto público. El diario Reforma estima que, durante su sexenio, el gobernador del Estado de México habrá gastado por lo menos 991 millones de pesos en programas de “comunicación pública”. Ese término es el eufemismo para designar la contratación de espacios en medios de comunicación, sobre todo televisión y muy especialmente la empresa Televisa. La intensa atención que esa televisora le ofrece a Peña Nieto no se explicaría si no hubiera contratos de centenares de millones de pesos. El dispendio en spots y otros productos mediáticos no sería posible, además, sin la anuencia de la llamada clase política mexiquense. Peña Nieto y sus operadores han logrado amalgamar en torno suyo a dirigentes sociales, legisladores, comunicadores y líderes políticos que, con muy escasas excepciones, han permanecido subordinados a ese gobernador. El Congreso del Estado de México, la autoridad electoral y prácticamente todas las instituciones de relevancia pública, suelen disciplinarse a los intereses de Peña Nieto. Gracias a esa docilidad, el Congreso aprueba los incrementos presupuestales destinados a invertir dinero público en la propaganda del gobernador. Ese dispendio es tan ostensible que no resulta difícil denunciarlo y cuestionarlo. Ayer, entrevistado por el mencionado diario, el coordinador de los senadores del PRD ofreció una pista interesante. El gobierno federal, dijo Carlos Navarrete, debería investigar si hay desviación de recursos federales al gasto publicitario de Peña Nieto. José González Morfín, que coordina a los senadores del PAN, coincidió en esa exigencia. Sea cual fuere el origen del dinero que le permite a Peña Nieto encumbrarse en el canal de las estrellas, se trata de recursos fiscales que no les sobran a los habitantes del Estado de México y cuya dilapidación, además de ofensiva, puede ser ilegal. Lo es, en sentido estricto, porque desde hace tres años el Artículo 134 de la Constitución Política de nuestro país prohíbe la contratación, con recursos públicos, de publicidad en donde se difundan imágenes o atributos personales de los funcionarios: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Esa disposición es clarísima pero docenas de gobernadores, coordinadores de instituciones e incluso rectores de universidades y titulares de organismos autónomos, la contravienen con el pretexto de que el 134 Constitucional no tiene ley reglamentaria. Allí se encuentra una de las asignaturas más importantes que tiene el Congreso de la Unión, ahora que concluyó la siempre penosa y sintomática etapa de enfrentamientos y estancamientos con motivo de la aprobación del gasto público y los ingresos federales. Peña Nieto no es el único gobernante que malgasta dinero fiscal para promoverse a sí mismo, pero es quien lo hace de manera más desfachatada y ostentosa. La boda de este sábado tendría que ser asunto concerniente solo a su vida privada. Pero él mismo, y los encargados de su propaganda, se han dedicado durante varios años a publicitar episodios y decisiones de su ámbito personal. El gasto publicitario de las instituciones del Estado debería desaparecer. No hay motivos suficientes para que funcionarios y gobernantes desembolsen dinero de las instituciones que encabezan para ufanarse de que hacen lo que, de todos modos, están obligados a hacer. La enorme cadena de simulaciones que se construye a partir de la contratación de inserciones pagadas en medios de toda índole, pero muy especialmente la televisión, constituye uno de los defectos más costosos –en todos los sentidos– de la imperfecta democracia mexicana.

LA PÓLÍTICA EXTERIOR DE CARRANZA (VII)

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

El Varón de Cuatro Ciénegas, senador en el porfiriato y oficial mayor en la cartera de Guerra con Bernardo Reyes, se reunió con Madero en San Antonio, Texas a principios de 1911 y éste lo designó gobernador provisional de Coahuila. Ya en las negociaciones de Ciudad Juárez que condujeron a la renuncia de Díaz, manifestó su desacuerdo porque Madero no había desmantelado el Ejército federal. Carranza, que también había sido gobernador porfirista, sabía que frente a los intereses extranjeros se necesitaban contrapesos legales a escala nacional; ello constituiría un capítulo fundamental de su pensamiento en materia de política exterior.
Carranza observó que era necesaria la reglamentación de los recursos naturales del país y que había que disminuir la tradicional dependencia con respecto a Estados Unidos y se inclinó por diversificar las relaciones estratégicas y comerciales con países de Europa, América Latina y Japón.
Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, México fue visto por su vecino del norte como una fuente esencial del aprovisionamiento de materias primas, en particular del petróleo, lo cual exigía la pacificación del país y un gobierno favorable a los intereses de Estados Unidos. Estas presiones contribuyeron a forjar en Carranza una política de defensa férrea de la soberanía sobre los recursos naturales y en general de los intereses de la nación.
Al proclamar el Plan de Guadalupe, instaló su gobierno en Hermosillo, nombrando al jalisciense Francisco Escudero como su secretario de Relaciones Exteriores, pero como éste se acercara al villismo, fue reemplazado por un joven del Estado de México, abogado y que había sido diputado, Isidro Fabela, a quien Carranza lo nombró primero Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho. Fabela tuvo a su cargo dos asuntos de importancia: la ocupación norteamericana en Veracruz y el asesinato del ciudadano inglés William Benton, perpetrado por órdenes de Francisco Villa. Fabela partió a fines de 1914 a Europa como agente confidencial del Gobierno constitucionalista. A tal efecto se nombró a Cándido Aguilar en la Cancillería. En noviembre de 1913, el almirante de la escuadra norteamericana, Frank Fletcher, ubicada en el golfo en las cercanías de Veracruz, pidió a la División de Oriente carrancista que se retirara de la zona petrolera del norte de Veracruz, ya que de no hacerlo, "sus soldados desembarcarían para proteger a los ciudadanos estadunidenses". Cándido Aguilar les señaló que la vida de sus compatriotas estaba garantizada y le advirtió que, de tocar tierra los soldados yanquis, incendiaría los pozos petroleros y pasaría por las armas a los estadunidenses que se encontraran en la región. Fletcher retiró sus amenazas.
Si bien la Casa Blanca reconocía la moderación de Carranza en el manejo de los conflictos, no soportaba su acendrado nacionalismo. Estados Unidos entonces convocó a las facciones en lucha, a la celebración de una conferencia panamericana que solucionara el conflicto en México, aunque el propósito velado era instaurar aquí un orden político en el que ese país tuviera un amplio margen de injerencia. Sin embargo, hacia agosto de 1915, ante la Primera Guerra Mundial en la que Estados Unidos apoyaba a los aliados, pero no participaba activamente, y las victorias decisivas que el General Obregón impuso a Francisco Villa en el Bajío, el presidente Wilson se dispuso a llegar a un acuerdo con el constitucionalismo. Aguilar pretendió convencer a la América Latina de que adoptara un posición imparcial en la guerra europea, mas cuando Carranza declara la neutralidad, algunos sectores le acusaron de ofender la lealtad a Estados Unidos. Don Cándido entonces buscó el sistema de contrapesos que había anunciado Carranza e inició ciertos acercamientos con Japón y Alemania. La sola mención de una alianza germano-mexicana constituyó un "as" para Carranza en las negociaciones para el retiro de las tropas estadunidenses que ocupaban Veracruz.
En la octava colaboración haremos referencia a la Conferencia del ABC y la desocupación de Veracruz, cuya consecuencia fue el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno carrancista.

CÁRTEL VERSUS CÁRTEL

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
El caso impresionante del empresario maderero de 77 años de edad don Alejo Garza Tamez que el pasado 13 de noviembre y a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, defendió su rancho "San José" hasta morir, es un ejemplo dramático y elocuente de lo que pasa en México y que el gobierno -a lo que parece- quiere que siga pasando, o sea, a ver cómo le hacemos pero que nos defendamos solos de la terrible ola de violencia que asuela al país. Porque al margen de la política que en su lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico sigue el gobierno, no hay la menor duda de que la población, dadas las circunstancias y la enorme superioridad de los agresores, tiene que acudir a sus propios medios para proteger su integridad corporal, su vida o sus propiedades. Y ello no es solidaridad sino estado de necesidad, lo recomiende o no el gobierno. Cuando miembros de la Marina y de la Armada llegaron hasta el lugar de los hechos vieron un escenario desolador, dantesco: armas por doquier y en cada una de las ventanas de la casa principal, el cuerpo de don Alejo cosido a tiros y destrucción casi total causada por granadas e impactos de balas. El cuerpo se hallaba solo pues el empresario le solicitó a su personal horas antes de los acontecimientos que ese día no fuera a trabajar, seguramente para protegerlo. En su defensa don Alejo, antiguo cazador, mató a cuatro de sus agresores y dejó heridos o inconscientes a otros dos. Repito que se trata de un ejemplo dramático y elocuente de lo que, por lo menos, propicia el gobierno conforme a la realidad que se vive a diario. El caso de ese hombre de 77 años de edad, con más coraje que muchos soldados y marinos, se debería difundir a los cuatro vientos de la nación con la pregunta de si eso pretende el gobierno, que nos defendamos sin ayuda de la autoridad en una batalla despiadada con nuestros agresores. Por supuesto que debemos colaborar con las buenas políticas oficiales, no con las malas e incluso pésimas, para enfrentar a los criminales organizados o desorganizados, pero lo deseable es que no hasta ese extremo que pone de manifiesto la insuficiencia e ineficacia de la estrategia gubernamental. El caso de don Alejo es revelador: miles o millones de mexicanos estamos prácticamente abandonados en esta lucha que bajo ningún concepto ha dado los frutos que se desean. ¿Las noticias de los últimos días? Un ex gobernador asesinado, las condolencias de duelo de las autoridades junto con la exigencia de que se haga justicia (palabras y palabras igual que incienso sobre el ara de los muertos), policías municipales militarizadas o en proceso de militarización en abierto desacato a lo que prescribe la Constitución (no es tarea del Ejército tenerlas bajo su control). Lo anterior es prueba fehaciente de la crisis actual del Estado de Derecho en el país.
¿Policías municipales militarizados? Después de que el pasado sábado 20 del actual dos agentes de la policía de Nayarit fueron asesinados frente a la Universidad Nueva Galicia, minutos antes de que iniciara el desfile con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana, el Gobernador de Nayarit dijo: "Los policías estatales preventivos se unirán en un gran operativo a la policía municipal, y estarán bajo la coordinación y el mando del Ejército Mexicano" (sic). Por otra parte la Secretaría de Gobernación recomienda a los viajeros que visitarán México con motivo de las fiestas de fin de año "que manejen sus vehículos de día y en grupos y que recurran a las oficinas del llamado "Programa Paisano" para organizar caravanas que sean escoltadas" (¿prevención o autodefensa?). Lo cual recuerda los momentos más feroces de la última guerra mundial cuando los gobiernos de los países agredidos emitían comunicados advirtiendo a la población acerca de los inminentes peligros y de las medidas apropiadas para evitarlos. No quedaba otra ante el derrumbe de la libertad y de la legalidad. Yo pienso al respecto que una cosa es prevenir y otra muy distinta substituir la responsabilidad de las autoridades. La prevención individual o particular, salvo casos extremos, no debe remplazar a la prevención general a cargo del gobierno. Y en este sentido suena sorprendente, o ridícula, la disposición del párrafo noveno del artículo 21 constitucional, que dice: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios...". Primero, primerísimo, de la Federación. ¿Culpa de la Constitución o del legislador? ¿Culpa de las circunstancias? Quiérase lo que se quiera pero la Constitución es letra muerta o semimuerta. Sin embargo algunos no se dan cuenta y la quieren seguir matando en su lamentable agonía. El Secretario de Gobernación ha manifestado que el centenario de la Revolución es una buena oportunidad "para dar eficacia a la extinción de dominio de bienes producto del crimen" (sic). ¿Sabrá el Secretario que esa extinción es posible "aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal" (inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional según la reforma de 2008), sólo, digamos, por sospechas? ¿Querrá el Secretario que sigamos así, dando tumbos en el terreno del Derecho? No se defiende la impunidad pero hay que castigar con absoluto respeto a los principios generales del Derecho. Lo contrario es venganza, y peor si proviene del Estado o del gobierno.
Yo tengo para mí que el caso dramático, ejemplar y simbólico de don Alejo Garza Tamez es lo opuesto a la estrategia equivocada en que se empeña el gobierno para combatir la violencia imperante. Es una revelación de coraje ciudadano, indignación, dignidad, valentía, frente al desastre que vivimos. Quedará allí no como algo aislado sino como un profundo grito desgarrador de crítica. Habrán sepultado el cuerpo de Don Alejo pero no podrán sepultar ese alarido que no se hubiera dado, seguramente, si otra fuera la estrategia.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

ENJENDRO ELECTORAL EN EL DF

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Mientras que el perredismo nacional y mexiquense se desgarran las vestiduras por la llamada "Ley Peña Nieto", contra la cual han interpuesto ante la SCJN acción de inconstitucionalidad, y en tanto Marcelo Ebrard promueve ante el Congreso que el DF cuente con una Constitución propia que -dice- permita dejar atrás la minusvalía que supuestamente padecemos los ciudadanos de la ciudad capital, los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa del DF, con el apoyo del PT y la complicidad del coordinador de la bancada del PRI, discuten, casi en secreto, un engendro de ley electoral local, cuyo contenido haría la envidia del más autoritario de los gobernadores, de ayer y de hoy.El pasado 4 de noviembre, la coordinadora perredista, Alejandra Barrales, presentó una iniciativa de nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF, integrado por la friolera de 439 artículos (el Cofipe tiene 300) que, entre otros males, daría lugar a un gigantesco instituto electoral local y a un tribunal igualmente deforme; ambos sometidos al control y dictados del PRD capitalino y de sus tribus. Para tal efecto, la Asamblea capitalina -es decir el perredismo- pretende arrogarse el derecho de nombrar no solamente a consejeros y magistrados electorales, sino también a varios de los más importantes funcionarios ejecutivos en ambas instituciones.Sin orden ni concierto, los promotores del engendro pretenden, entre otras ocurrencias, cerrar la puerta a la existencia de partidos políticos locales, mediante el establecimiento de requisitos que ni en la época de la hegemonía priista fueron colocados en las leyes. Mientras que el Cofipe exige a los nuevos partidos contar con un número de afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral, los perredistas pretenden exigir el 2% respecto del padrón local, pero además, que los solicitantes acrediten cumplir ese porcentaje en cada una de las 16 delegaciones, y que la organización interesada realice, en cada una de ellas, asambleas con al menos mil afiliados asistentes, certificados por notarios públicos y funcionarios electorales. Por si lo anterior fuera poco, solamente las Asociaciones Políticas locales, de previo registro, podrían aspirar a convertirse en partido político.El PRD rechaza las propuestas presidenciales para establecer normas que, más allá de los votos, otorguen a un partido mayoría absoluta en el Congreso, pero los diputados locales del mismo partido preservan la norma que otorga al partido que en el DF cuente con el 30% de los votos y más victorias distritales, las curules plurinominales que le permitan gozar de mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Por si lo anterior fuese poco, persisten en establecer un sistema de doble vía para el reparto de curules plurinominales, que deja abierta la puerta a obscuros acuerdos entre candidatos y partidos. Normas semejantes han sido eliminadas en la mayoría de los estados, pero en el DF permanecen como reliquias de los viejos tiempos.A contrapelo de la Constitución se pretende suspender la propaganda gubernamental desde el inicio de las precampañas locales, así como prohibir el uso del teléfono y del internet en precampañas y campañas. En lo que hace a encuestas electorales, las restricciones que pretenden imponer hacen palidecer a las que existen en Guerrero, Hidalgo y Quinta Roo.Para taparle el ojo al macho, los perredistas proponen obligada cuota de género en la elección de consejeros y magistrados electorales, buscando así ocultar los abusos legales con que pretenden asegurar la mayoría de que han venido gozando en el DF. Candil de la calle y obscuridad de su casa.Las instituciones electorales del DF se encuentran en una profunda crisis, provocada por la injerencia del jefe de Gobierno y de su partido, en la elección (y destitución) de consejeros y magistrados. El más reciente escándalo ocurrió hace unos días al elegirse al nuevo presidente del IEDF, después que la saliente fue obligada a modificar su voto; las grillas y pleitos por plazas, contratos y prebendas son cotidianas en esa institución, al igual que en el Tribunal Electoral local.A la luz de los abusos, cabe explorar la opción de que el IFE sea, en 2012, responsable de las elecciones locales en el DF, como ya ocurrió en 1997.

LA REVOLUCIÓN NECESARIA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

“I think you have to be crazy to be a revolutionary in a country like Mexico today”, exclamó en 2001 el recién estrenado secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la alternancia, Jorge Castañeda Gutman. Poco antes, en noviembre de 2000, el mismo Vicente Fox se atrevió a declarar que por su cuenta corría que para el final de su sexenio en lugar de celebrar la Revolución el 20 de noviembre los mexicanos celebraríamos la culminación del Plan Puebla-Panamá. Felipe Calderón también ha sido explícito en su intención de priorizar este año el legado de la Independencia por encima del de la Revolución, y de enaltecer el papel de la Iglesia y las Fuerzas Armadas por encima de la movilización ciudadana en la construcción histórica del país.
Todavía hoy, Castañeda, junto con Héctor Aguilar Camín y un grupo de intelectuales muy cercanos al poder, mantienen incólume su férrea intolerancia antirrevolucionaria. “México es preso de su historia”, afirman estos dos autores en su texto Un futuro para México, y precisan: “ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación –en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías– obstruye su camino al futuro”. La Iniciativa México no ha hecho más que retomar esta misma idea cuando Javier Aguirre y otras figuras públicas llaman a “enterrar el México de los complejos y alumbrar el México de hombres y mujeres seguros de sí mismos”.
José Woldenberg también se suma resuelto a la comunidad de críticos de los “revolucionarios” cuando, en la celebración de los 20 años del Instituto Federal Electoral (IFE), dice que solamente “muy pequeños grupos y expresiones excéntricas” no comparten el “acuerdo profundo” de que “sólo la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas es y puede ser la fuente de legitimidad de los gobiernos”. Hay que reconocer que para el exconsejero presidente del IFE los revolucionarios de hoy no serían una bola de “locos” (Castañeda dixit), sino simplemente unos “excéntricos” o “weirdos”.
La realidad, sin embargo, desmiente los anhelos supuestamente “modernizadores” de intelectuales, políticos y poderes fácticos. Hoy, el espíritu revolucionario se mantiene más vivo que nunca en el país. El periódico Reforma recientemente dio a conocer que 64% de la población siente “mucho orgullo” por la Revolución Mexicana. Es más, hasta encuestadores como Ulises Beltrán, quien trabajó en Los Pinos con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, han tenido que reconocer que millones de mexicanos manifiestan que una nueva revolución no es solamente posible, sino necesaria.
Una encuesta de BGC, Beltrán y Asociados, publicada el 20 de septiembre en el periódico Excélsior, llega a una conclusión estremecedora: 14% de los encuestados afirman que no creen que “las condiciones de desigualdad y pobreza puedan resolverse actualmente poco a poco y de forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. Probablemente ese porcentaje podría alcanzar niveles mucho más altos en la población en general, ya que la encuesta se realizó por teléfono y únicamente recogió las opiniones de los ciudadanos con mayores ingresos y escolaridad.
Hoy somos aproximadamente 110 millones de mexicanos. El 14% por ciento de la población equivaldría a 15.4 millones de personas, y ello representa más de los 15 millones de votos que Felipe Calderón habría recibido en las controvertidas elecciones presidenciales de 2006. Aún si restáramos a los menores de edad por no formar parte del universo de encuestados, todavía tendríamos una masa crítica de por lo menos unos 10 millones de revolucionarios adultos hoy en México. Independientemente de lo que uno pudiera opinar sobre estos datos, resulta muy irresponsable simplemente ignorar la realidad y descalificar a estos compatriotas como “locos” o “excéntricos”.
Ahora bien, la existencia de tantos mexicanos que consideran que la vía armada sería la única forma de resolver la desigualdad y la pobreza que aquejan al país no debe ser vista como un reflejo de una cultura política “atrasada”, sino como la consecuencia directa del claro fracaso de los gobiernos de la alternancia para resolver los problemas más urgentes de la población. Una gran cantidad de mexicanos están hartos del constante abuso de autoridad, del estancamiento económico y de la franca ineficacia gubernamental. Estos mexicanos se hallan convencidos de que la clase política actual está más preocupada por asegurar el siguiente cargo y cuidar sus propios intereses que por lograr el desarrollo nacional.
Muchos entonces han llegado a la conclusión de que continuar por esta peligrosa senda eventualmente se nos podría arrojar al abismo de un golpe de Estado, una intervención extranjera o una guerra civil. En lugar de seguir de frente hacia este callejón sin salida, los nuevos revolucionarios piensan que habría que abonar a la construcción de claras alternativas sociales y políticas para cambiar de rumbo el país.
Afortunadamente, la vía armada está totalmente cancelada en los hechos. Por mucho que 10 o 15 millones de personas estuvieran convencidas de la necesidad de tomar las armas, esta estrategia estaría destinada al fracaso ante el poderío militar del gobierno y los narcotraficantes, así como el intervencionismo estadunidense cada día más pronunciado. Sin embargo, un gran levantamiento cívico, una resistencia civil pacífica generalizada y desde las bases, de ninguna manera estaría fuera de lugar. De hecho, ese puede ser el único camino que nos queda disponible para empezar a reconstruir nuestra dolida y saqueada nación. Otra revolución, esta vez pacífica y civil, es efectivamente necesaria.

LAS BATALLAS DEL PRESUPUESTO

JAVIER CORRAL JURADO

Con sus pinceladas finas y sus manchas de brocha gorda, la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) pinta de cuerpo entero a la clase política gobernante. Es un proceso en el que tiene presencia como en ningún otro escenario la descripción más realista y, por ello, más dramática de los actores políticos del país, dibujados tanto en sus ansias como en sus convicciones, en sus causas y en sus ambiciones; están ahí también sus arrojos, sus miedos y resistencias. En el interior de cada una de las bancadas, y entre ellas, así como de la burocracia en los municipios, los estados y la federación.
Con logros para una mayor transparencia y nuevas reglas de fiscalización para rendición de cuentas, en cuyo impulso se distinguió el PAN, y con novedades para la agenda social y de los derechos humanos, el presupuesto 2011 deja la alerta de que el método se ha agotado. El haber usado otra vez un reloj que así como detiene el tiempo también lo alarga, y presumiblemente con ello cumple el plazo en el calendario fatal de la fecha constitucional, es su mejor prueba. Los legisladores no aprobamos en tiempo el presupuesto y se debe al método, que es estrategia para que el Congreso no ejerza cabalmente la facultad de reorientar el gasto en los grandes ejes porque, al hacerlo, podría virar no sólo el destino de las finanzas gubernamentales, sino el modelo económico, que tiene en el presupuesto su principal palanca.
A la estrategia dilatoria se ha agregado una táctica distractora: en 2000 se abrió la posibilidad de que los diputados adicionemos y reasignemos partidas específicas en rubros determinados o por determinar, a través de una bolsa que este año no pasó los 90 mil millones de pesos. Son pocos los legisladores que se sustraen de la pepena de milloncitos en el tianguis de San Lázaro para asegurar el camino rural, el tramo carretero o los boilers solares. A un lado, sin discusión, quedan 3 billones 400 mil millones de pesos, intactos. Esa es la realidad, sólo 0.3% del presupuesto es sujeto de ese jaloneo. Esa dinámica debe cambiar.
Dentro de ese esquema, por muy insignificante que resulte en el monto global del PEF, hay también datos importantes que no debemos regatear, en los que se libran batallas importantes que señalan conductas de los legisladores. Me refiero, por ejemplo, a tres hechos que conviene resaltar en cuanto a su significado esperanzador.
El primero corresponde a la concurrencia del PRI, PAN y PRD en la aprobación del PEF, y digo sobre todo del PRD a través de su coordinador Encinas, puesto que su participación en las negociaciones ha dado más equilibrio a la distribución de recursos y al impulso de nuevas normas de transparencia, a la vez que esta corriente de la izquierda empieza a atajar la idea de que aunque negocien, nunca cumplen. Es resultado de la apuesta que por una mayor inclusión y equilibrio en la Cámara de Diputados por parte de Josefina Vázquez Mota, de lo cual da muestras también el actual proceso de selección final de consejeros del IFE, en el que la decisión se ha aplazado en busca del consenso más amplio posible.
Otra batalla a resaltar es el reforzamiento de reglas para una mayor fiscalización en el contenido del decreto, en el que se logró diversas obligaciones de información para estados y municipios tanto en el ejercicio y destino de los recursos, avance físico de las obras y acciones, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, y los resultados de las evaluaciones, todo ello con el objeto de ir vinculando la asignación presupuestal a los resultados del desempeño.
El PAN se propuso desde el inicio mayor transparencia en los fondos del ramo 33 (aportaciones), en cuyo empeño colocó al diputado Agustín Torres. De esa batalla resultó el artículo 9 del decreto, en el que los estados y municipios deberán publicar la distribución por municipio de las aportaciones federales y su calendario de gasto en su diario oficial; los estados deberán tener sólo una cuenta por cada fondo de aportaciones; en ella se manejarán los recursos del fondo correspondiente y sus rendimientos financieros. Las cuentas específicas no podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen beneficiarios de las obras y acciones. No se podrán transferir recursos entre fondos y hacia cuentas en que se disponga de otro tipo de recursos. Se crean reglas de transparencia para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
También muy significativa para la democratización del país y en relación con la transparencia fue la batalla por el presupuesto del IFAI. Recortado por la burocracia de la SHCP, en mezquina represalia por la resolución que ordenó transparentar los créditos fiscales cancelados en el 2007, la Cámara de Diputados dotó de los recursos necesarios para que cumpliera con su nuevo mandato legal en la protección de datos personales, y de paso quedó manifiesto el apoyo y reconocimiento plural que el organismo se ha ganado.

CAVAZOS: DEL REFLEJO A LA REFLEXIÓN

RODRIGO MORALES MANZANARES


El asesinato del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, es sin duda un hecho ominoso. Aunque a fuerza de usar dicho calificativo, acaso ahora ya no exprese casi nada, pues cuando lo ominoso se vuelve cotidiano, hay que buscar otros apelativos. No los encuentro. Repasemos la escena. Un ciudadano, en este caso un ex gobernador, se dispone un domingo a pasear a su mascota, conversa con un funcionario en la calle, y un sujeto, sin más, lo acribilla.
La pregunta es: cuando hablamos de violencia, de qué violencia hablamos. Ante eventos inexplicables, el reflejo condicionado nos conduce a dirigir la mirada hacia la delincuencia organizada, al narcotráfico. En este caso, si en efecto se tratara de una suerte de ajuste de cuentas con el ex servidor público, la procuración de justicia tendría que ofrecernos una vasta explicación con el fin de entender los móviles para privar de la vida al ex gobernador. Si esa fuera una línea de investigación, el caso es muy grave.
Pero acaso lo preocupante resulta justamente el reflejo condicionado (todo lo insólito se explica por la delincuencia organizada), pues tras esa salida dejamos de preguntarnos por otras hipótesis. Es decir, la inseguridad se nos ha vuelto una cobija explicativa lo suficientemente generosa como para que prescindamos de las dudas, mas lo suficientemente genérica como para que ya no nos diga nada relevante. Entender quién se beneficia con tal o cuál crimen ha dejado de ser una inquietud. Aún más, explicar por qué tal o cuál sujeto fue victimado, qué representaba, qué cuentas debía, etcétera, tampoco es un tema que merezca explicación.
Así hemos visto un interminable desfile de personajes públicos (alcaldes en funciones, electos, diputados, síndicos, candidatos prácticamente a todos los cargos de elección popular y, ahora, un ex gobernador) victimados sin que hayan aparecido aún ni los asesinos ni, por cierto, alguna línea de investigación. Que la culpa fuese del narco, insisto, sería gravísimo en tanto revelaría una impúdica cercanía entre el poder y la delincuencia organizada. Pero quedarse sin explicaciones es igualmente grave en la medida que podemos estar dejando de ver formas emergentes de violencia pública.
Urge, entonces, el puntual esclarecimiento de este caso (y de todos), no sólo para desterrar hipótesis simplonas, sino con miras a saber quién o quiénes cometen el homicidio de una figura pública, a plena luz del día, dejan huellas (retratos hablados, vehículo abandonado) y están dispuestos a hacerlo, pues no les preocupan las consecuencias.
¿Quién o quiénes pueden ultimar a un candidato a gobernador, virtual ganador, y seguir viviendo impunes?
En fin, tengo la impresión de que nos estamos alejando de los casos aislados, de aquellos eventos que desafían la normalidad, y estamos entrando a una desafortunada cotidianidad. La cercanía de la violencia con la política merece algo más que una condena. Hay que enderezar estrategias políticas públicas que contribuyan al blindaje de la política, sin embargo, para hacerlo, hay que entender bien cuál es la amenaza real que está rondando. El reflejo que apunta genéricamente al narcotráfico puede, no sólo ser injusto con las víctimas, sino errado en el diagnóstico. El asesinato del ex gobernador Cavazos es por supuesto condenable y debiera activar una investigación que nos lleve a la verdad. Ojalá dejemos de actuar por reflejos y demos paso a la reflexión.

LA CAPITAL, ENTIDAD FEDERAL

ARNALDO CÓRDOVA

No tengo intenciones de entablar una interminable polémica con mi querido amigo Bernardo Bátiz sobre el estatuto constitucional del Distrito Federal. Sólo quiero responder a sus cuestionamientos, que me parecen excelentes, para hacer algunas aclaraciones. Aparte el hecho de que él tomó únicamente en cuenta el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 1823 (aprobada el 31 de enero de 1824) y la Constitución federalista de 1824 para hacer sus consideraciones y no las Cartas Magnas de 1857 y de 1917, Bátiz hace afirmaciones de verdadero planteamiento que deben ser debatidas. Debo decir, en primer término, que cada Constitución da un inicio teórico a sus conceptos fundadores muy diferente. La de 1824 tiene uno que no es el de la de 1857 ni el de la de 1917. La Federación mexicana, en el texto de la de 1917, no empezó en 1824, sino que es indeterminado en el tiempo.
En efecto, la Constitución federalista de 1824 no menciona al Distrito Federal como entidad fundadora de la Federación. En ello Bernardo tiene razón. Pero es muy diferente el caso de las de 1857 y de 1917. Ahí es donde su razonamiento se pierde. Debió haber citado la de 1857, en particular. Se puede leer en su artículo 43: “Las partes integrantes de la Federación son: los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el territorio de la Baja California”. El Estado del Valle de México era el asiento de los poderes federales, como lo establece el artículo 46 de la misma Carta Magna. En la de 1917 se le llamó simplemente Distrito Federal.
Como puede verse, la Constitución de 1857 fue mucho más clara y determinante al fijar el estatuto constitucional de la capital. Los constituyentes de 1917 quisieron disminuirla todavía más de lo que hizo el artículo 46 de aquella Carta Magna, al quitarle sus derechos como entidad fundadora, sólo por ser asiento de los poderes federales e, incluso, por el nombre, le quitaron su identidad, que en la primera era la de ser Estado del Valle de México. Al mencionarla al final de la lista en el nuevo 43 sólo quiso decir que no la consideraban una entidad con personalidad política propia. En el debate que se dio en el Constituyente de 1856 y 1857, Ignacio Ramírez y Francisco Zarco, por una parte, alegaron la perfecta identidad de la capital como entidad federativa con todos sus derechos a salvo, lo que quería decir que su ciudadanía era plenamente soberana; Guillermo Prieto, por otro lado, alegó algo parecido a lo que dice Bátiz: la ciudad de México no puede ser otra cosa que la capital de la Federación.
Ya tendré oportunidad de comentar ese interesantísimo debate. Por ahora, volvamos con Bátiz. Es pura retórica sin contenido decir que “el Distrito Federal es… la ciudad de todos los mexicanos”, cosa que, por lo demás, no es cierta. Es la ciudad de los nueve millones de personas que viven en ella y sólo eso. No se entendería, como admite mi amigo al final de su artículo, que los habitantes del DF podamos elegir a nuestras autoridades si se le quita la categoría de entidad fundadora del Pacto Federal. ¿Sobre qué base podría ser eso? ¿Sólo por el hecho de que somos ciudadanos? En un Estado federal como lo es la República Mexicana, de ninguna manera. Si hacemos del DF sólo una ciudad capital, nuestra ciudadanía como habitantes del mismo no tiene sustento, porque se supone que no decidimos nada en torno a la Federación y a su Constitución y, como admite Bátiz, fueron los estados fundadores los que nos hicieron ciudadanos.
Ello es absolutamente inadmisible, tanto desde el punto de vista teórico constitucional como desde el punto de vista de la política práctica. En las constituciones federalistas de México (1824, 1857 y 1917) los habitantes ciudadanos del DF no son “ciudadanos de la nación”, como supone mi amigo, sino, al igual que los de las demás entidades, miembros de una comunidad local que dio lugar, al igual que todas las otras, a la Federación, de la cual somos parte. Somos ciudadanos mexicanos en cuanto somos ciudadanos que habitan la entidad llamada Valle de México en la Carta Magna de 1857 y Distrito Federal en la de 1917. No se trata, desde luego, de un hecho histórico, como quiere presentarlo Bátiz, al hacer referencia a la primera Constitución federalista (1824), sino teórico constitucional. En las constituciones de 1857 y 1917 el DF es una entidad fundadora del Pacto Federal y, en cuanto tal y sólo en cuanto tal, sus ciudadanos somos eso, ciudadanos que tenemos el derecho a gobernarnos por nosotros mismos.
Por otro lado, me imagino que mi amigo no está en desacuerdo con la idea que las fuerzas progresistas han planteado de que la ciudad capital adquiera plenos derechos a autogobernarse y a decidir por sí misma sus leyes y el destino que en ellas se decida. No podemos ser como el Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, donde sus habitantes tienen un régimen de inferioridad política respecto del resto de los ciudadanos de ese país. Allá, en efecto, fueron los estados los que decidieron darse una capital en un territorio cedido por dos estados (Maryland y Virginia). De sus habitantes en el futuro no se cuidaron mínimamente. Pero ése no es nuestro caso, siempre estando a lo que dictan nuestros textos constitucionales. Ahora podemos darnos ciertas leyes, aunque no todas. En el Distrito de Columbia no pueden sus ciudadanos decidir de las mismas. Todavía deberemos poder darnos todas nuestras leyes y, para eso, deberemos ser una entidad con plenos derechos y con una soberanía plena.
Ser capital, probablemente, como afirma mi querido amigo, quiere decir tener un poder especial y superior respecto de las demás entidades, pero eso no depende del hecho de ser capital, como tal, sino de una extremada concentración del poder (económico, político y cultural). Eso era inevitable en un Estado, de palabra, federalista, pero, en los hechos, centralista, como lo hicieron los priístas en sus sucesivos gobiernos. Eso no se va a evitar con sólo llamarle capital y negarle sus derechos como entidad federal. La concentración del poder va a seguir. Es una ley natural de la política. Pero eso no está a discusión. Lo que interesa de verdad es saber del destino de una masa de ciudadanos que ha sido artificialmente excluida de la política y a la que se le niegan sus derechos fundamentales como una entidad con una comunidad política que es considerada fundadora del Pacto Federal.
Una vieja bandera de las izquierdas fue hacer del DF un nuevo estado de la Federación (que ya lo es). Lombardo propuso que se le llamara Estado de Anáhuac. Los panistas y los priístas quieren que sea la capital de la Federación. Bátiz, como yo lo veo hoy, con formidables títulos, es un hombre progresista y, también, de izquierda. No lo puedo ver como un panista ni, mucho menos, como un priísta (al estilo de la senadora María de los Ángeles Moreno). Creo que, en el fondo, él está de acuerdo con nosotros.

LA REVOLUCIÓN Y EL CREPÚSCULO

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Nos cuenta la historiadora Gloria Villegas que gracias a las instrucciones de su maestro don Antonio Díaz Soto y Gama, Jesús Sotelo Inclán se dedicó al estudio de Zapata, a quien odiaba por lo que sus huestes habían hecho con su familia, y nos dio su obra portentosa sobre el Caudillo del Sur. Fui en busca de un hombre y encontré a un pueblo, dijo Sotelo respecto a su obra. Fue eso, un pueblo capaz de inventar un hombre como Zapata o Villa, lo que lleva a hablar e imaginar una revolución mexicana, imaginada y real a la vez, pero no imaginaria, como quieren hacerlo creer los simuladores de la revisión. Años después de las gestas que desembocaron en el gran cambio constitucional y estatal mexicano, a finales de los años 20 del siglo pasado, los intelectuales y estudiosos proclamaron la muerte de la Revolución Mexicana (Jesús Silva Herzog), o buscaron desentrañar la crisis de México (Daniel Cosío Villegas), que no podía ser otra que la del propio Estado surgido de la Revolución. Entre el 31 de enero de 1917, en que se promulgó la Constitución Política, y 1929, cuando se constituyera el Partido Nacional Revolucionario, había pasado la friolera de 12 años de matanzas, pólvora y correderas, acomodos y reacomodos, así como la emergencia y formalización de nuevos contingentes sociales en el campo, la ciudad, la industria, los transportes y otros servicios, los maestros y los todavía escasos burócratas, que poco después, a partir de 1934, permitirían al presidente Cárdenas y los suyos conformar la nueva gran coalición política y social que abriría la puerta a la subsiguiente ola de modernización del país, ahora sustentada en un Estado interventor, masas organizadas, a la vez que integradas en el partido de la Revolución, una nueva clase de empresarios comprometidos con la industrialización y, desde luego, un concierto internacional del todo distinto al que había atestiguado las convulsiones revolucionarias de inicios del siglo XX. El Estado dirigió, propulsó y al final también aherrojó el proceso de cambio económico articulado por la transformación industrial de la economía. Igualmente, presidió, sin preocuparse demasiado, otra mudanza fundamental en la demografía que, al final del siglo de la Revolución, definió los retos de fondo de la estructura económica y política para hacer evidente su caducidad y debilitamiento irremediables, los que a su vez definen el presente y marcan el porvenir. Por esto y más es que hoy podemos hablar sin aspavientos de un fin de siglo que ha sido también un fin de ciclo, al cerrarse el gran arco histórico, como lo llamara alguna vez Arnaldo Córdova, que abriera la Revolución cuyo centenario conmemoramos. Mas no hay eterno retorno. Desde una óptica como la sugerida, la Revolución fue la Revolución, como postulara Luis Cabrera. El anuncio de su muerte, en 1945, no fue, así, una ocurrencia de don Jesús, sino la advertencia oportuna de que, en efecto, el México soñado y perfilado por las luchas y programas, reformas y aspiraciones de los años 30, entraba en crisis y reclamaba una renovada fórmula política para dar continuidad al desarrollo hecho posible por aquellas reformas y visiones. Así, 70 años después de que el presidente Cárdenas cerrara su epopeya de reformas estructurales redistributivas y redefinitorias del Estado nacional, es válido proponer que, en efecto, hubo un gran viraje cuya duración, sin embargo, es incomprensible sin considerar el sentido y sustancia de esas transformaciones. Hicieron época y marcaron la siguiente, y la condena y persecución de su memoria a que se han dado algunos desvelados que redescubren la reacción de entonces y sus pingües ganancias, será puro fuego de artificio montado en unas fiestas centenarias y bicentenarias presididas por la pena, el bochorno o el cinismo, según sea el oficiante. El recuento de Arturo Alcalde sobre los trabajadores, 100 años después (La Jornada, 20/11/10), más que de una regresión nos habla de una ruptura profunda de la legalidad constitucional del Estado que, a su vez, ilustra la debilidad estatal y la urgencia de sustituirlo por un nuevo régimen que sustente un orden democrático propiamente dicho. Junto con el panorama descrito por Alcalde, los hallazgos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre las carencias y vulnerabilidades que aquejan a la mayoría de los mexicanos, y se ensañan con los niños (Reforma, 19/11/10), señalan que si algo nos unifica hoy es la desprotección frente a los riesgos de todo tipo que, por lo demás, son característicos de las sociedades modernas y globalizadas, como la mexicana. Poner esta desprotección en el centro, para construir un Estado que la enfrente, debería ser el punto de arranque de una refundación republicana hecha a modo republicano: a través de la organización de los trabajadores, a punta de votos, con la mirada abierta por proyectos y partidos. Por un nuevo curso de desarrollo. Así, la revolución de la madrugada de que hablara Adolfo Gilly podría dejar atrás esta democracia crepuscular a que la ha sometido el desplome del Estado, a que llevaron sus sedicentes herederos y sucesores, quienes quisieron volver a un origen mítico (el libre mercado) para caer en lo mismo: pobreza, injusticia, soberbia e incuria.

viernes, 19 de noviembre de 2010

TELEVISA EN LA MIRA

RAÚL TREJO DELARBRE

El poder en exceso conduce, a quienes lo ejercen, a extraviar los límites. Así les sucede a los directivos de Televisa. Durante largo tiempo, esa televisora ejerció un poder considerable pero con cierta discreción. La notoriedad que implica todo negocio mediático era atemperada por el cabildeo discreto, la promoción de sus intereses con mesura y, sobre todo, por atenerse a las reglas tanto legales como políticas. Sin embargo el poder en exceso suscita ambiciones mayúsculas. Televisa y sus beneficiarios quieren cada vez más: aprovechan su capacidad comunicacional no solamente para vender espacios publicitarios sino, cada vez con mayor desfachatez, para amagar y chantajear; a los políticos los tratan ya no como aliados sino como palafreneros sometidos a sus intereses corporativos; a las leyes, cuando no las tratan de torcer hacen lo posible por evadirlas si les estorban para expandir sus negocios. No es casualidad que, en varios flancos, Televisa enfrente reconvenciones y suspicacias. La empresa de Emilio Azcárraga Jean se ha expuesto a sí misma, como nunca antes. No sólo ha perdido impunidad. Fundamentalmente, parece haber perdido el rumbo. 1. La revelación de supuestos tráficos de influencia en los que estaría involucrado el IMSS, ha sido desenmascarada como un intento de Televisa para desacreditar a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, que ha exigido la suspensión de varios anuncios de productos farmacéuticos que engañan al público. La transmisión de varias conversaciones telefónicas fue un fraude de Televisa, en primer lugar porque engañó a los telespectadores al decir que se trataba de charlas entre un funcionario del IMSS y el directivo de una empresa farmacéutica cuando, en realidad, se trataba de conversaciones entre dos empleados de firmas particulares. Además la televisora infringió la ley al difundir conversaciones privadas y no se ha aclarado quién realizó tales intercepciones telefónicas. Durante dos días, la semana pasada, los noticieros de Televisa difundieron intensamente esas grabaciones. Pero no convencieron y la escasa credibilidad de Televisa quedó de manifiesto en poco tiempo. En distintos medios de comunicación y entre comentaristas de muy variados puntos de vista, se extendió la convicción de que Televisa quiso amagar tanto al IMSS como a la Cofepris para favorecer sus intereses de negocios. 2. Iniciativa México fue un fracaso político y publicitario. El propósito de esa campaña era entusiasmar a los ciudadanos en asuntos distintos del estruendo criminal y el desbarajuste político que presenciamos todos los días. Por eso el presidente Calderón la respaldó tan amplia cuan cándidamente. El saldo fue anticlimático, entre otros motivos porque a la sociedad no se la persuade con altruismo de papel maché. Ahora se sabe, además, que la selección de los ganadores estuvo contaminada por irregularidades e intereses muy distantes de la reivindicación social que se pretendía estimular con Iniciativa México. De acuerdo con la reconstrucción que ha publicado Raymundo Riva Palacio, el ganador del primer lugar ha estado involucrado en problemas de rendición de cuentas con el gobierno de Puebla e incluso en comportamientos irregulares en el manejo de fondos públicos. 3. Un Tribunal Colegiado del Distrito Federal condenó a Televisa a pagar derechos de autor por la transmisión de 568 películas, hace siete años. El triunfo legal de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, que encabeza Víctor Ugalde, confirma la debilidad de Televisa en el terreno jurídico. Durante seis años, ese consorcio quiso evadir el pago de derechos de autor. Tendrá que hacerlo, finalmente, con todo e intereses. 4. Enrique Peña Nieto es cliente, más que candidato de Televisa. Si las aspiraciones presidenciales del gobernador mexiquense prosperan, la televisora sabrá cobrarle el inusitado impulso que le otorga desde hace varios años. Si no, Televisa de todos modos habrá hecho un espléndido negocio. La transferencia de recursos públicos a esa televisora es tan frecuente, intensa e impúdica, que ya se está convirtiendo en motivo de debilidad para los gobernadores que, como Peña Nieto, no han tenido empacho en dilapidar centenares de millones de pesos para hacerse promoción en el llamado Canal de las Estrellas. Expuestos de esa manera, Peña y Televisa ganan algunos puntos de rating pero exhiben un flanco política y ética pero, también, legalmente vulnerable. 5. Todavía no aclara por qué se retiró de la alianza con Nextel, pero sin duda a Televisa le afectó el evidente favoritismo del gobierno al otorgarles las frecuencias, a precios de ganga, de la Licitación 21. La parcialidad oficial a favor del consorcio mediático subrayó los privilegios de Televisa. Sobre la Licitación 21, por cierto, no se ha dicho la última palabra.

DEMOCRACIA Y BIENESTAR EN MÉXICO: LAS TRANCISIONES BIFURCADAS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La conmemoración de la Independencia y la Revolución da lugar a una evaluación de nuestras circunstancias nacionales que vaya más allá de la coyuntura.
A lo largo de las últimas tres décadas, la economía y el sistema político mexicano han experimentado profundas transformaciones. Los cambios abarcan tanto el rol y poder de los distintos actores económicos y políticos como el diseño institucional que, en ambos campos, arrojan un panorama cuyas características contrastan de manera drástica con la realidad que imperaba hacia fines de los años setenta en México —cuando el modelo económico seguido desde mediados del siglo XX evidenciaba claros signos de agotamiento y cuando el régimen político emanado de la revolución enfrentaba un creciente reclamo democrático—.
Las transformaciones de la economía y del sistema político mexicanos, aunque llegan a coincidir en el tiempo —las décadas finales del siglo pasado—, no forman, sin embargo, un proceso unívoco, ni los resultados de la nueva orientación económica han contribuido a la consolidación democrática. Este ensayo se propone hacer un recuento, que abarca los últimos treinta años, de los cambios políticos y económicos —en este segundo tema con énfasis en el empleo—, señalando que el proceso democratizador que experimentó el país no se ha visto respaldado a su vez por un proceso de generación de oportunidades de trabajo e ingreso para la población, de tal manera que la disonancia entre las expectativas generadas por la ampliación de los derechos políticos y la incapacidad para mejor el bienestar puede representar, como apuntan las Naciones Unidas, el principal desafío para la consolidación democrática de México.
En los últimos 30 años, México fue capaz de formalizar la contienda política real y la disputa por el poder a través de cauces institucionales, pero a la par el empleo se informalizó y con ello se precarizó el acceso al bienestar. Se trata de dos transiciones que se bifurcaron. La experiencia mexicana, así, contrasta con la de otros países, como España y Chile que, tras sus respectivos procesos de democratización, se adentraron en etapas de crecimiento económico que contribuyeron a consolidar a la democracia.
El modelo económico seguido en México, que puso énfasis en la apertura comercial, la orientación a las exportaciones y la contención de los desequilibrios macroeconómicos nominales —que a su vez implicó disminuir el ritmo de inversión pública y contener los salarios— lejos está de resultar funcional a la democracia.
El estudio Latinobarómetro más reciente, revela que México es de los países de América Latina donde más preocupación hay entre la población de sufrir desempleo (69% se declaró preocupado o muy preocupado por perder su empleo), y también se trata del cuarto país del subcontinente —sólo detrás de Paraguay, Perú y Nicaragua— donde es más pesimista la percepción sobre la economía (sólo 18% consideró que la situación era buena). A la par, el apoyo a la democracia en México es inferior (48) al de América Latina (54) y viene disminuyendo; la satisfacción con la democracia también es más baja que en el resto de Latinoamérica (31 vs. 37) y 66% de los mexicanos considera que la democracia es mejor a otros regímenes políticos frente a 72% de los latinoamericanos.
Por lo anterior, es de reconocer que la consolidación de la democracia en México no se resolverá sólo, ni principalmente, en la esfera electoral. De ahí que sea obligado hacerse cargo de manera explícita de políticas para ampliar “la ciudadanía”, que va más allá de la existencia del derecho al sufragio, e involucra el bienestar y la calidad de vida.
En virtud de que el empleo es la fuente de ingreso principal del grueso de la población, la discusión del bienestar tiene como uno de sus elementos clave la calidad del trabajo. Es oportuno, entonces, deliberar sobre estrategias económicas que tengan como objetivo la recuperación de la creación de empleo asalariado. En ese amplio propósito parece indispensable fortalecer la inversión pública como detonador del crecimiento y para ampliar la demanda de trabajo formal. A la par, resulta conveniente recuperar la noción de una política de fomento industrial con orientación hacia el mercado interno para que la eventual recuperación del crecimiento tenga efectos sobre el empleo productivo.
Ahora bien, dado el rezago en la generación de ocupaciones formales, el acceso a la seguridad social debería dejar de depender de la pertenencia al sector formal de la economía, para avanzar hacia la universalización de los derechos sociales. Lo anterior implica un drástico aumento en los recursos del Estado, el viejo talón de Aquiles de la economía y de la política en México.
Sin un Estado más fuerte para invertir, pero también para gastar —lo que en ambos casos quiere decir un Estado capaz de recaudar niveles significativamente más altos que los que se dan en la actualidad— la economía mexicana no conseguirá romper el círculo vicioso del estancamiento, y tampoco mejorarán los indicadores de empleo y bienestar. Como es imperativo fortalecer al Estado para hacer frente a los problemas económicos y contribuir así a la legitimidad del sistema democrático, puede decirse que el principal problema económico de México es político.

OPACIDAD UNIVERSITARIA

ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

La UNAM ha merecido, sin duda, muchas medallas en distintos rubros, pero tiene una gran debilidad institucional: es opaca, no se somete a una rendición de cuentas y tolera la impunidad sin que pase nada. Existen elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos. Primero. En el informe de labores correspondiente a 2009, el rector de la UNAM sostuvo que “la universidad cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la información de la institución, a través de los 17 rubros obligados por la ley, que se incluyen en la Página de Transparencia Universitaria”. Esta afirmación es falsa, en virtud de las razones siguientes: a). Confunde conceptos. El acceso a la información no se satisface solamente con poner parte de la misma a disposición de las personas en la web; requiere, además, de un sistema que permita enviar solicitudes y recibir respuestas. En otras palabras, el acceso debe cumplir con la información de oficio y con la información a petición de parte. La UNAM no cubre ninguno de ambos requisitos. La información de oficio es genérica, no desglosada y llena de datos ininteligibles, en tanto que la información a petición de parte es mínima e interpretada al margen de la ley. b). Al solicitar, por ejemplo, las cédulas profesionales del personal que por ley debe contar con una, la respuesta de la UNAM fue que “no es posible entregar esa información por ser personal y confidencial” (respuesta del 18 de octubre de 2010). Esto, pese a que dicha información es pública en la Administración Pública Federal y en varias entidades federativas, en virtud de que es fundamental para proteger a la sociedad en la medida en que sólo los profesionales deben realizar determinadas funciones regladas por ley. c). Al solicitar la información sobre los currículum vítae profesionales del personal de la UNAM, la respuesta fue idéntica a la anterior: se trata de información personal y confidencial. Sobra decir que el conocimiento del currículum vítae es una herramienta de control social para la rendición de cuentas en tanto permite saber si hay coincidencia entre el perfil del puesto y la persona que lo ocupa. Así, es posible que un personal de ayudantía del rector que no debe satisfacer ningún requisito tenga un salario mayor al de un profesor de tiempo completo titular C, quien al menos debe contar con un grado de doctor, así como con obra publicada, y haber aprobado exámenes de oposición. Segundo. La UNAM cuenta con una de las altas burocracias más privilegiadas, que nada tiene que envidiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al de algunos organismos descentralizados. En efecto, el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico dispone que un funcionario de la UNAM que ocupe un alto cargo y permanezca al menos seis meses en el mismo mantendrá su sueldo aun en el supuesto de que regrese a su plaza académica. La interpretación generosa para la alta burocracia ha generado una partida para que tanto funcionarios como exfuncionarios no pierdan sus altos ingresos. Al solicitar a la UNAM la lista del personal que mantiene ese sobresueldo, la respuesta fue: “Se trata de una información confidencial y reservada” (respuesta del 19 de octubre del 2010). Esta respuesta es inconstitucional, pues todas las percepciones de las personas con cargo al erario deben ser públicas. En ampliación telefónica de dicha réplica, la Dirección de Operación de la Unidad de Enlace de la UNAM (27 de octubre de 2010) informó que ese sobresueldo se proporciona “para mantener el nivel de vida a la que están acostumbrados los altos funcionarios, cuya pérdida súbita del empleo puede generarles una afectación familiar y anímica”. ¿Por qué sólo se trata así a los altos exfuncionarios de la UNAM y no al resto del personal? ¿No creen que cualquier otra persona que pierde el empleo de manera “súbita” pueda tener afectaciones “familiares y anímicas”? ¿Por qué la Cámara de Diputados debe mantener en su Presupuesto de Egresos ese statu quo, que nada tiene que ver con la educación superior y sí con la existencia de privilegios ilegítimos que desvían recursos en perjuicio de todos? Tercero. Al solicitar indicadores, evaluación del desempeño y programas de trabajo de los profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la respuesta fue que para platicar sobre el tema el solicitante debía ponerse en contacto con el maestro Benito Hernández Jiménez. Por si fuera poco, el director de la Facultad, Ruperto Patiño, tiene como secretario particular ¡a su propio hijo!, quien despacha en una oficina contigua a la de su padre. Por el contrario, a iniciativa personal de Diego Valadés como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se puede verificar en la página www.juridicas.unam.mx la producción individual de cada uno de los investigadores del IIJ UNAM, así como el histórico correspondiente, lo que permite evaluar esta información de cara a la sociedad. Al solicitarse a la UNAM por qué no existe un sistema electrónico de información del histórico de solicitudes, respuestas, recursos interpuestos y un buscador amigable que permita conocer de mejor manera la información pública de la universidad, la respuesta fue: “porque no está prevista en la legislación universitaria”. De nada sirve tampoco inconformarse con las respuestas indebidas a las solicitudes de información, habida cuenta que la UNAM mantiene un sistema de revisión en el que los integrantes son juez y parte. Algo podrían hacer los diputados Luis Videgaray, Jesús Alberto Cano, Felipe Enríquez, Manuel Hinojosa, Mario Moreno, Rodrigo Zapata, Julio Castellanos, Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez, Vidal Llerenas, Rosario Brindis, Pedro Jiménez, Pedro Vázquez y Jorge Kahwagi, directivos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para acotar este estado de cosas.

HUERTA: USURPACIÓN EN LA PRESIDENCIA (VI)

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

El día de hoy, en un acto celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y en ocasión del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, dictaron cátedras magistrales el Dr. Juan de Dios Gutiérrez Baylón y la Dra. Irene Zea. El primero se refirió a las frecuentes violaciones al derecho internacional de la época, ocurridas en las páginas sangrientas de la historia de México de 1910 a 1920. Asimismo, el distinguido profesor habló sobre las Comisiones de Reclamación que se establecieron después de la Revolución entre México y Estados Unidos para ventilar las controversias sobre hechos en que estaban involucrados ciudadanos o entidades de los dos países.
Mereció especial interés el acucioso examen que se hizo de los llamados Convenios de Bucareli. Por su parte, la Dra. Zea narró los girones principales de nuestra política exterior entre los años 1920 y 1930, en especial el reconocimiento del Gobierno de México por Estados Unidos, nuestra participación en la Liga de las Naciones, la Doctrina Estrada y la aplicación de la Constitución de 1917.
Es decisión del director de la escuela, que estas ponencias y las otras dos presentadas se publiquen como homenaje de los abogados universitarios a la lucha que nos dio independencia económica, e identidad como nación.
Ahora, vuelvo a mi narración sobre la política exterior durante la Revolución. Lascurain deshonró el cargo de canciller al aceptar su nombramiento como Presidente interino por menos de una hora para renunciar y entregárselo a Victoriano Huerta. Si bien era ya inminente y evidente la renuncia de Madero, fraguada en la Ciudadela y la embajada, Lascurain debió haberse mantenido en el puesto hasta que sanos y salvos, Madero y Pino Suárez y sus familias salieran del país. No lo hizo, se prestó a ser un comodín y el Presidente mártir fue asesinado por los huertistas junto a la Penitenciaría.
Huerta notificó a los gobernadores de su nombramiento y uno de ellos, Venustiano Carranza, rechazó al usurpador. Huerta, asimismo, se deshizo de Félix Díaz enviándolo al extranjero. La preocupación mayor de El Chacal era obtener el reconocimiento de su gobierno por Estados Unidos. Para ello, utilizó los servicios de cinco secretarios de Relaciones: Francisco León de la Barra -porfirista-, Federico Gamboa -quien organizó la recepción de visitantes a las fiestas del Centenario-, Querido Moheno -que desnudó el conflicto al decir que era principalmente el interés norteamericano por el petróleo; José López Portillo -abuelo del expresidente- y Francisco Carbajal -que le tocó cerrar caja-.
El primer paso dado por Gamboa fue buscar una conciliación con Estados Unidos y la respuesta de Wilson fue exigir la salida de Huerta.
Estados Unidos ofreció un préstamo, pero el autor de "Santa" contestó que: "ningún soborno era suficiente para menoscabar la dignidad nacional". Moheno, miembro del Cuadrilátero tuvo que enfrentarse con la Cámara de Diputados, luego con el asesinato de Belisario Domínguez y lo más grave, la disolución de la Cámara. Pese a todo, mostró un espíritu conciliatorio y logró la excarcelación de varios de sus compañeros diputados. Huerta anunció que celebraría elecciones y luego las anuló por las presiones de dentro y fuera. Cuando se corrió el rumor de que Moheno deseaba la presidencia, él decidió separarse de su cargo. Llegó a la Cancillería gracias a su libro "La Doctrina Monroe", López Portillo, quien era versado en derecho internacional como también lo fueron León de la Barra, Luis Cabrera y Emilio Rabasa, en aquel momento. A él le tocaron los momentos más ríspidos de la relación como fue la invasión a Veracruz y la interferencia de diversos grupos revolucionarios que cuestionaban la legitimidad del régimen de Huerta. Cuando estuvo convencido que la única salida era la renuncia de Huerta a través de una acción del gabinete, Huerta le pidió la renuncia.
Era evidente que el presidente Wilson tenía dos versiones diferentes de los hechos en México; una, la de Lane Wilson que le recomendaba reconocer a Huerta y otra en sentido opuesto que confirmaron después sus agentes confidenciales. Wilson no era un experto en relaciones internacionales, pese a que después elaborara los famosos "14 Puntos". Él creía que había que derribar al déspota para salvar de otra experiencia similar a América Latina. Pero no contaba con dos elementos fundamentales: el acendrado nacionalismo mexicano y la incipiente tradición democrática iniciada por Madero, que no permitía ningún tipo de lección por parte de los Estados Unidos.

100 AÑOS

CARMEN ARISTEGUI
Mañana México conmemora el Centenario del inicio de la Revolución. Una fecha que remueve y que llega a las fibras más sensibles de la idiosincrasia nacional. Se identifica al 20 de noviembre como la fecha en que inició el fin de un régimen dictatorial. En el Plan de San Luis, proclamado desde San Antonio Texas, Francisco I. Madero llamaba a sus conciudadanos a tomar las armas, arrojar del poder a los usurpadores, recobrar los derechos de hombres libres y recordar a los antepasados que legaron una herencia de gloria que no se podía mancillar: "Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección".
Cien años después la justicia social y la democracia, los ejes fundamentales de los impulsos revolucionarios siguen siendo, sin duda, asignaturas pendientes en la realidad nacional. Las varias interpretaciones sobre el verdadero alcance de la Revolución, sobre sus causas y sus consecuencias, circulan, como es natural, profusamente en estos días. Hay quien dice que ni siquiera existió. Hay quien plantea la necesaria revisión de la figura de don Porfirio, y quien pide que se permita que sus restos sean enviados a territorio nacional para que descansen "en el México que tanto amó". Tal y como lo afirma Lorenzo Meyer -quien recibió esta semana, merecidamente, la Orden Isabel la Católica que otorga el gobierno de España y se le reconocerá mañana con el Premio Daniel Cosío Villegas 2010, por su trayectoria en investigación histórica sobre el México Contemporáneo- "Cada quien debe elegir entre la indiferencia frente al tema o adoptar la visión que más le cuadre, la que mejor le ayude a entender las circunstancias del país y las suyas propias". Cierto es, como dice Lorenzo, que no hay -ni puede haber- una interpretación única de la Revolución Mexicana y, en general, de los hechos históricos, pero en este tema hay coin- cidencias básicas en las interpretaciones que permiten reconocer en la Revolución, en sus momentos, en sus caudillos y en su enorme iconografía, elementos clave de la construcción de una identidad nacional y de un elemental sentido de pertenencia entre los que habitamos esta nación. Algunos preferirían que no fuera así. Se asocia una historia oficial sobre la Revolución, contada por décadas de cierta manera, a la permanencia de siete décadas del partido que lleva en su nombre la muy singular contradicción: Revolucionario Institucional. Tal vez por eso desde algunos ámbitos del gobierno federal -hoy panista- se ha pretendido descafeinar a los festejos de la Revolución. Tampoco está el horno para bollos, dirán.
La implacable fuerza de los ceros no es un asunto cualquiera: 1810, 1910, 2010. Para apreciar el adelgazamiento oficial en la iconografía revolucionaria, baste recordar la chunga en la que derivó lo del Coloso del Bicentenario u observar el espectáculo montado por el gobierno federal en el Zócalo capitalino llamado "Yo, México". En un prodigio de tecnología y de iluminación se van contando, de forma dispareja, algunos capítulos de nuestra historia nacional. A menos que quien esto escribe se haya distraído, no se ve ahí, por ningún lado, a la Revolución. Ni un Villa ni un Zapata en los muros iluminados. Mañana, como sea, conmemoraremos el inicio de una costosa e importante revolución que, sabemos, quedó inconclusa o sus causas insatisfechas. Lo que se recuerda tiene que ver con la vertiente revolucionaria que reivindicaba el respeto al voto y a la democracia. Madero, candidato presidencial del Partido Nacional antirreleccionista, convocaba al levantamiento armado para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz y establecer en México elecciones libres y democráticas. Incorporaba también en el Plan de San Luis reivindicaciones campesinas para la restitución de tierras quitadas por los hacendados. La proclama que ahora recordamos significó el punto de partida para el surgimiento de irrupciones armadas, que derivaron en la renuncia del dictador y después en cruentas batallas conducidas por Zapata, Villa, Carranza y otros héroes revolucionarios que postulaban diferentes reivindicaciones. La Revolución costó la vida a cientos de miles de personas -un millón de muertos, reza la historia oficial.
A la memoria de todos ellos y para reconocer a los héroes anónimos, a los caudillos y a los procesos que desataron y que, para bien y para mal, definieron los ejes del México contemporáneo, es que el Centenario de la Revolución debe ser, en serio y con amplitud, conmemorado.

jueves, 18 de noviembre de 2010

DROGAS, DROGAS, DROGAS

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

No hay escape: el tema del combate al narcotráfico fue colocado por el gobierno federal en el primer lugar de sus prioridades y hoy su secuela obliga a pensar en el presente y el futuro de dicha definición estratégica. Presento unas notas balbuceantes.
Soy de los que piensan que lo mejor que puede pasarle a nuestro país y al mundo es que la producción, circulación, venta y consumo de las drogas sea legalizado o, como se apunta certeramente en la revista Nexos de octubre, reglamentado. De tal suerte que un problema policiaco, de seguridad pública, que genera una estela de incertidumbre y muertes, acabe convirtiéndose en un asunto de salud, como ha sucedido, por ejemplo, con el alcohol.
Sin embargo, creo detectar bajo la pequeña ola de opinión que postula la legalización de las drogas dos corrientes que pueden coincidir en la receta, pero cuyos argumentos son radicalmente distintos. Comparto unos y me preocupan otros. Intento explicarme.
Modificar el status legal de las drogas desataría una cauda de derivaciones venturosas: transformaría una "guerra" en una "rutina"; una actividad que se reproduce en la clandestinidad en una que transcurre a la luz del día, liberaría un buen número de recursos para aplicarlos en actividades centrales para la reproducción de la vida social, frenaría la espiral de violencia y destrucción e incluso ampliaría los márgenes de libertad de los individuos mayores de edad (además de Nexos vale la pena consultar: Rodolfo Vázquez (compilador) ¿Qué hacer con las drogas?, Fontamara, ITAM, 2010).
Por supuesto que como cualquier otra política generaría también derivaciones perversas, la más importante quizá, la de un incremento inicial en el consumo de drogas, con los efectos nocivos para la salud que son conocidos y que no vale la pena minusvaluar. Pero entonces ya no estaríamos ante un problema delincuencial, sino de salud que sería menester atacar con instrumentos y fórmulas totalmente distintas. Habría que realizar importantes campañas de educación a través de la escuela y los medios para ilustrar los efectos nocivos que dicho consumo acarrea y atender por supuesto a las víctimas de las adicciones.
Se trata de una visión que sabe que no todo aquello que resulta nocivo (o que nos parece nocivo) puede ser erradicado y que más vale entonces ofrecerle el cauce menos agresivo, en términos sociales, para su existencia. Es decir, no se trata de hacer la apología de las drogas, dado que su consumo afecta y en ocasiones destruye. Pero su despenalización ayudaría a colocarlas en el marco menos disruptivo para la convivencia social.
Para quienes creen que sus visiones particulares de lo que debe ser la realidad pueden ser impuestas a través de prohibiciones y persecución, los argumentos anteriores les resultarán contradictorios. ¿Cómo legalizar lo que causa daño?, se preguntarán y con razón. Y la respuesta quizá sea: porque el anhelo de su erradicación completa genera más males que su eventual producción, venta y consumo bajo la tutela estatal.
En ese marco, los adultos tendrían la libertad de escoger, el Estado regularía esa actividad, desplegaría sus esfuerzos para desincentivar el consumo de drogas y eventualmente tendríamos problemas de salud acotados y no "guerras" con su cauda incalculable de muertos, destrucción, inseguridad.
Me inquietan, sin embargo, otros razonamientos que llegan a la misma conclusión, pero a través de argumentos que no solamente no comparto, sino que me preocupan: la idea de que en México, dado el estado ruinoso de nuestras instituciones encargadas de la persecución del crimen y la impartición de justicia, la "guerra" contra las drogas no puede ser ganada. Lo que supondría que las bandas delincuenciales tienen una capacidad económica, de fuego, de inteligencia, incluso de apoyo social, superiores a las de las instituciones estatales. No creo que eso sea verdad (y no sé si debería escribir: no quiero creer que eso sea verdad). Pero si así fuera no podríamos aceptarlo y dar vuelta a la hoja.
La "guerra contra el narco" ciertamente ha puesto en evidencia las debilidades de nuestras policías, ministerios públicos, jueces y hasta de las administraciones de los penales. Pero con o sin combate a las drogas tenemos que fortalecer esas instituciones. No puede ser por abandono, por incapacidad, por el estado lamentable de algunas de nuestras instituciones, que se proponga cancelar la lucha contra el narcotráfico.
Tarde o temprano y espero que sea más temprano que tarde estamos obligados a reconstruir todo el sistema de persecución de las transgresiones a la ley e impartición de justicia. Se trata de uno de los pilares de cualquier Estado de derecho o de Estado a secas, que hace posible la convivencia medianamente armónica de una sociedad, y con o sin narcos, estamos obligados a cimentar policías eficientes, ministerios públicos profesionales, jueces comprometidos con la ley y la justicia y centros de reclusión que no sean escuelas del crimen.

VOLVER A CREER EN MÉXICO

MIGUEL CARBONELL

Hay momentos en la historia cuando un pueblo necesita volver a creer en sí mismo para enfrentar los problemas que lo acechan. La nube negra que ha traído a México la omnipresente violencia, nos ha dejado inermes, ayunos de ideas y sin fortaleza anímica. Parece que las más tétricas pesadillas, los más crueles delincuentes, los más corruptos funcionarios y los peores políticos, se unieron para tejer sobre el imaginario social mexicano, un escenario nefasto en el que no puede siquiera atisbarse luz al final del túnel. Cuando todo estaba listo para iniciar la ruta de la consolidación democrática, cuando muchos pensábamos que el bálsamo de la alternancia y la inauguración de un nuevo ciclo de vida política traerían prosperidad, empleo, seguridad pública y más democracia, las circunstancias parecieron ponerse de acuerdo para arrebatarnos de golpe al país con el que tanto soñamos. Y las perspectivas no parecen ser muy prometedoras. Todo lo contrario. México ha dejado de creer que puede ser un país desarrollado con una economía competitiva, empleos bien remunerados, con un aparato judicial transparente y confiable. Y mientras no volvamos a creer en nosotros mismos es seguro que no estaremos a la altura de los retos y dificultades que enfrentamos. ¿Pero cómo hacemos para devolvernos la confianza, para creer que tenemos tanto potencial económico como Brasil o Corea, que nos espera un futuro de paz como el que vive ahora Colombia, o un nivel de vida como el de Chile? Seguramente debe haber muchas hipótesis a considerar. Van algunas que quizá son obvias, pero que no sobra volver a plantear. 1. Las respuestas a nuestros problemas más importantes no vendrán de nuestros políticos. La clase política mexicana ha demostrado hasta la saciedad que no tiene idea de cómo construir un país más próspero, democrático e igualitario. Las enormes oportunidades desperdiciadas por los gobiernos de Fox y Calderón (por no hablar de la rapacidad corrupta de tantos funcionarios en gobiernos anteriores), lo han dejado claro, por si alguien tenía alguna duda. Nuestros políticos son de un tamaño tan pequeño que dan pena ajena. Si algo nos ha faltado en estos años son verdaderos estadistas; hemos tenido algunos administradores bastante medianos, algunos buenos grillos, de esos eficaces para responder en el día a día, pero incapaces de proyectar a una nación de más de 100 millones de habitantes hacia un futuro de crecimiento y justicia. No lo han hecho hasta ahora y no es razonable suponer que lo comenzarán a hacer a partir del 2012. La solución no vendrá de ellos. 2. México debe dar un salto hacia el futuro que todos queremos basándose en sus grandes fortalezas históricas: su cultura, sus atractivos turísticos, la inventiva de sus novelistas, la imaginación de sus pintores, la creatividad de sus intelectuales, la capacidad movilizadora de sus clases medias, la reivindicación permanente de los derechos fundamentales, la permanente exigencia de una educación de calidad, etcétera. 3. A partir de lo anterior podemos afirmar algo de lo que deberíamos haber dado cuenta hace muchos años: la solución somos nosotros. Todos nosotros, quienes estamos dispuestos cada día, minuto a minuto, a poner lo que esté de nuestra parte para construir un mejor país. De hecho, es lo que hacen millones de mexicanos cada día. Mexicanos que se levantan y van a trabajar en sus pequeños y medianos negocios a pesar de las trabas que les pone la corrupta burocracia nacional; millones de estudiantes que en condiciones adversas se esfuerzan por aprender algo nuevo cada día; artistas que sin apoyo alguno llevan a nuevas alturas la creatividad; trabajadores que cruzan por zonas peligrosas plagadas de delincuentes con tal de llevar un salario con qué alimentar a su familia. Ellos son nuestros héroes de verdad, nuestros héroes de carne y hueso. A ellos deberíamos rendirles homenaje y tributo. De ellos depende, y de nadie más, el futuro de México. Debemos reconocer, por tanto, que aún hay esperanza y que nuestros mejores años están por venir si decidimos ponerle fin a las excusas y las complacencias, para tomar de una vez por todas las riendas del país y dejar de estar sometidos a las ineptas élites que nos han defraudado durante tantos y tantos años.