LAS CANDIDATURAS COMUNES Y EL EDOMEX

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

En las democracias es natural que los partidos políticos eventualmente forjen alianzas electorales. Si bien los partidos se distinguen por sus diferentes identidades ideológicas, en determinadas coyunturas políticas se explica que concurran conjuntamente, ya sea coaligados, ya sea proponiendo a un mismo candidato ante el electorado en busca de su voto.

Las razones para que se concreten esas alianzas o convergencias en los hechos son tan variadas que van desde razones ideológicas hasta de mera oportunidad política. Es cierto que desde una perspectiva ideal, una coalición o la postulación de una candidatura común debería estar sustentada en una base programática común, pero muchas veces eso no ocurre y en ocasiones responde a cálculos puramente pragmáticos, justificados o no, pero que son consustanciales al juego político.

Por eso, tratar de condicionar desde las normas la posibilidad de que se produzcan alianzas electorales, agravando los requisitos para que las mismas se concreten, resulta contradictorio con las dinámicas propias de los sistemas de partidos en una democracia.

Me parece que las reglas del juego deberían en este tema ser preferentemente flexibles y permitir que las convergencias políticas puedan irse articulando libremente a partir de las más diversas coyunturas. Por supuesto que lo deseable sería que toda alianza electoral tuviera un sólido sustento ideológico y programático, pero en todo caso, eso le toca justificarlo a los partidos que eventualmente se coaliguen o que postulen conjuntamente a un candidato y el juicio final sobre dichas alianzas le corresponde al elector.

Por eso la decisión que la mayoría calificada de los legisladores del Estado de México tomó ayer de eliminar de la Constitución y del Código Electoral de dicha entidad la figura de las candidaturas comunes, y preservar sólo la de las coaliciones electorales (que es mucho más gravosa y complicada que las primera), es a mi juicio restrictiva y regresiva.

Y no lo es sólo por los excesos verbales que han rodeado esa operación política, como la desproporcionada idea que vendió el gobernador Enrique Peña Nieto (que, por cierto, en su momento fue postulado por una alianza electoral) en el marco del discurso de su V Informe de Gobierno al equiparar el daño que implican las alianzas electorales con el del crimen organizado, sino porque va a contracorriente de la tendencia que venturosamente se ha venido imponiendo en los últimos tiempos sobre el tema.

Luego de lo ocurrido ayer, resulta inevitable pensar en la regresión que implicó la reforma electoral de 1990, cuando en el plano federal se prohibieron las candidaturas comunes (que habían sido permitidas por las reformas de 1977 y de 1986) como una clara reacción al inesperado resultado que obtuvo la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas por varios partidos que en las elecciones presidenciales de 1988, y se endurecieron los requisitos para conformar coaliciones electorales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las legislaciones estatales fueron flexibilizándose y en muchos casos se reintrodujeron las candidaturas comunes y se facilitó la formación de coaliciones. El Estado de México fue uno de esos casos. Mediante la reforma electoral local de 2001-2002 se introdujeron las candidaturas comunes, mismas que fueron mantenidas y precisadas en la última reforma de 2008.

Sería inocente pensar que en el Estado de México no está ocurriendo algo semejante a lo que pasó en 1990 y que la figura de las candidaturas comunes genera un fundado temor. Desde finales del año pasado, el gobierno local parece estar encaprichado por impedir que pueda concretarse una alianza opositora en las elecciones del 2011, primero con el acuerdo firmado por las dirigencias del PRI y del PAN ante el testimonio del otrora Secretario de Gobernación y hoy, luego del éxito electoral que en tres Estados tuvieron las coaliciones PAN-PRD en los comicios del 4 de julio, con la supresión legal de las candidaturas comunes.

Lo peor del caso es que, visto el sentido flexibilizador que sobre este tema ha caracterizado la evolución del derecho electoral en los últimos lustros, es muy posible que, ante la anunciada interposición de una Acción de Inconstitucionalidad por los partidos que se oponen a la medida, la Suprema Corte eche abajo las reformas, con lo que, paradójicamente, el propio gobierno del Estado de México se habrá convertido, con su obsesión sobre el tema, en uno de los principales promotores de una coalición opositora en casa. Ya veremos.