EL DIPUTADO GODOY Y LA PRECARIEDAD

RODRIGO MORALES MANZANARES

La toma de protesta del diputado federal Godoy es un episodio paradigmático. Como se recordará, el legislador perdió sus derechos políticos al existir una orden de aprehensión en su contra, y por ello no pudo tomar protesta. Sin embargo, un juez le concedió un amparo que le restituye sus derechos y ahora goza de fuero para hacer frente a las acusaciones sin el riesgo de perder su libertad. El inusual cerco que se operó en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro fue burlado. Varios son los problemas que el caso encarna.
En primer lugar, habría que discutir de nuevo cuándo se pierden los derechos. La Constitución establece que es cuando se libra una orden de aprehensión, pero dado los constantes hierros en la procuración de justicia, las voces que establecen que la privación de derechos se cumpla una vez que se dicte sentencia condenatoria, parecen tener algo de razón. Por otro lado, habría que discutir el alcance del fuero constitucional del que gozan los legisladores; la idea de acotarlo a garantizarles el ejercicio irrestricto de su libertad de expresión es sin duda un buen principio.
Pero más allá de eso, el caso llama la atención porque vuelve a poner en evidencia la precariedad con que funciona la procuración de justicia. Si al final del día el hoy legislador no es culpable de lo que se le acusa, habrá resultado que el llamado michoacanazo no habrá sido otra cosa más que un montaje político, y tendremos otro ejemplo de uso faccioso de los aparatos de procuración de justicia. Ello debiera acelerar el debate en torno a la autonomía del Ministerio Público, o al menos sobre los controles que debieran existir para impedir su uso político.
Por otra parte, si la inocencia del diputado deviene de la impericia de la Procuraduría, y es en efecto culpable pero no se le puede consignar porque la averiguación está mal integrada, sin duda tenemos un grave problema. No es el primer caso en que las investigaciones no tienen la solvencia requerida; no es la primera vez en que el Poder Judicial señala inconsistencias, y la pregunta es, ¿dónde está el proceso de aprendizaje del Ministerio Público para armar sus casos?
Ahora bien, si al final del día resulta que el legislador sí es culpable de lo que se le señala, se colma el juicio de procedencia, y se hace justicia, me parece que tendríamos que reflexionar en torno a lo que tenemos hoy como Estado para impedir que en el futuro la delincuencia organizada arribe a cargos de elección popular. No tenemos gran cosa. En términos de la fiscalización de los recursos, hoy contamos con una legislación que sin duda potencia las capacidades y atribuciones de la unidad de fiscalización del IFE, pero no hay que olvidar que ese trabajo se hace ex post, es decir una vez que la elección ya está calificada, por tanto, si en ese espacio se detectaran fuentes de financiamiento ilegales y vinculadas a la delincuencia, eso ocurriría cuando el funcionario electo ya estaría en funciones. Es decir no tenemos herramientas preventivas para inhibir de manera efectiva la llegada de recursos ilícitos a las campañas. Sin duda llegó la hora de actualizar los tipos penales para hacerlos compatibles con las nuevas realidades que vivimos. Ojalá aprendamos todas las lecciones del caso Godoy.