JESÚS CANTÚ ESCALANTEEl domingo 19 El Diario de Juárez publicó un editorial en el que convocó a los “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez” a que les expliquen “qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
El posicionamiento provocó la reacción de Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien respondió enérgicamente: “No cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”, y reclamó que “la única autoridad que debe reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales”.
El editorial fue una forma muy heterodoxa, impactante e inusual de posicionar a un medio de comunicación frente a un evento trascendente para él mismo y para la comunidad juarense; pero más allá de la forma, el mensaje, los señalamientos y hasta la disposición a negociar no son para nada atípicos respecto de lo que han hecho otros medios de comunicación y el mismo gobierno federal que tanto se indignó.
En particular, el señalamiento de la inexistencia de una autoridad capaz de mantener el orden y hacer prevalecer el estado de derecho ha sido común en todos los comunicadores y medios que han enfrentado situaciones similares.
Tras la liberación de los tres periodistas secuestrados por el crimen organizado en Gómez Palacio, Durango, el pasado 2 de agosto, Denise Maerker escribió en su colaboración de El Universal: “El secuestro ocurrió en territorio liberado. Sí, pero de cualquier autoridad legítima”.
A su vez, el diario Noroeste de Sinaloa, luego del ataque que sufrió en sus instalaciones de Mazatlán, señaló en un editorial desplegado en la primera plana, como nota principal, el jueves 2: “…el ataque sufrido por esta casa editora (…) es un claro síntoma del grave deterioro del estado de derecho en Sinaloa, donde el ciudadano común ve cómo cada día van siendo constreñidos y anulados muchos de sus derechos por la ineficacia e ineficiencia de las autoridades de todos los niveles (…) En esas condiciones, por supuesto que se torna mucho muy difícil ejercer el periodismo con la responsabilidad y profesionalismo que esta tarea reclama”.
En la forma hay una gran diferencia con el posicionamiento de El Diario, pero en el mensaje no tanta: “Ustedes son (publicó El Diario refiriéndose a los jefes de la delincuencia organizada), en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.
Mencionó nuevamente el “vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad…”.
Sin embargo, por las declaraciones de Poiré, lo que más irritó al gobierno federal fue la disposición de El Diario para “pactar, promover una tregua o negociar” con la delincuencia organizada, a pesar de que la propia autoridad federal había negociado en el caso de los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio, Durango.
El 26 de julio, el crimen organizado secuestró a Héctor Gordoa, jefe de información del programa Punto de Partida, que conduce Denise Maerker; a Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; y a Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna. Ese mismo día, de acuerdo con lo publicado por Milenio, edición del 28 de julio, los comunicadores (bajo presión de los secuestradores) hablaron con sus medios y les expresaron que “la condición de sus captores para liberarlos era que transmitieran tres videos del narcoblog en el noticiario del mediodía del canal local de Grupo Milenio”.
Según el mismo diario, “a la 1:40 horas los videos fueron transmitidos en el Telediario de la Laguna, en un enlace especial originado desde Milenio Televisión, en el DF. Tuvo una duración de 15 minutos y fueron emitidos sin ninguna edición”.
Es decir, se aceptó la solicitud de los secuestradores, con la esperanza de que éstos cumplieran su parte: liberar a los rehenes.
Esto es claramente pactar con la delincuencia organizada.
Por su parte, Denise Maerker suspendió el 29 de julio la transmisión de su programa Punto de Partida, tras un mensaje en el que advirtió: “No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos, sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico”.
El 2 de agosto, en la ya mencionada colaboración de Denise en El Universal, manifestó: “A Héctor lo soltaron el jueves en la mañana porque querían que hiciera una nota donde destacara que el video que llevó al arraigo de la directora del penal de Gómez Palacio estaba truqueado. Esa ‘información’ debía salir en Punto de Partida en la noche, así como una entrevista con él para que contara ‘lo bien’ que lo habían tratado. Se quedaron con los camarógrafos de Televisa y Milenio para asegurarse de que cumpliríamos con esa exigencia. Nadie, ni Héctor ni ningún negociador de Televisa ni de Milenio, prometió nunca que se cumpliría con esa exigencia”.
Y aclaró: “La decisión de Televisa fue inmediata: ni esta vez ni nunca se iba a negociar el contenido de un programa porque alguien tenía de rehén a un compañero nuestro”.
Esto significa que Televisa no está de acuerdo en negociar el contenido de un programa, aunque en otros aspectos sí esté dispuesta a negociar.
El lunes 20, en su colaboración semanal en El Universal, Denise Maerker reveló: “Que quede bien claro, la actuación de la Policía Federal fue determinante para que los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio recobraran su libertad sanos y salvos. Lo fue durante la negociación con los secuestradores gracias a su equipo especializado en manejo de crisis”.
Es decir, la Policía Federal estuvo al tanto o quizá hasta fue el negociador en este caso.
Y algo similar ha ocurrido en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos. El 21 de mayo, su hijo mayor emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades mantenerse al margen del caso a fin de favorecer el proceso de negociación para liberarlo. De inmediato, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró: “El gobierno será muy respetuoso respecto a las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito. Todos estamos obligados a generar un ambiente propicio para que esto se desenvuelva con absoluto respeto a la vida de don Diego y con el absoluto respeto que hoy maneja su familia”. El gobierno no negoció, pero respaldó las negociaciones de la familia y aceptó las condiciones de los secuestradores.
No son los medios de comunicación o las familias de los secuestrados los únicos que pactan con el crimen organizado.
El jueves 23, el periódico regiomontano El Norte publicó en su primera plana una información sobre las cuotas que el crimen organizado cobra a los transportistas, con el apoyo de elementos de la Policía Federal, por permitirles transitar por la carretera Monterrey-Altamira. Se incluyó allí la declaración de un transportista que, al ser cuestionado sobre cómo le hacían para transitar de noche por la carretera Reynosa-Ciudad Victoria, respondió: “¿Cómo le hacemos? Pues preguntando a quién se le debe pedir permiso, y, una vez que nos autorizan a viajar de noche, nos dan una clave por si nos detienen más adelante, que sepan que ya estamos autorizados para circular por ahí”.
Los ejemplos de acuerdos tácitos o explícitos con el crimen organizado para evitar ser víctimas de su violencia son múltiples; están presentes en la decisión de los medios de comunicación tamaulipecos de no publicar ninguna información sobre los hechos violentos que ocurren en su entidad; en la de los empresarios que aceptan pagar las cuotas para seguir operando, etcétera.
En su mensaje a los “señores” del crimen organizado, después de pedirles señalar qué quieren que El Diario de Ciudad Juárez publique o deje de publicar, aclaró: “Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.
Así, en consonancia con la actitud que han asumido otros comunicadores, políticos, empresarios y ciudadanos amenazados, El Diario reconoce su disposición a “pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”.
Pero en esta ocasión el gobierno federal no sólo no respetó la decisión de la publicación ni apoyó “el manejo de la crisis”, sino que le reclamó su proceder.
El editorial no es ortodoxo y su posición es cuestionable; pero el trato gubernamental es desigual, incongruente e injusto, pues además, sin información suficiente, pretendió desvirtuar el atentado contra la libertad de expresión al retomar las versiones de que el asesinato del periodista fue un delito del orden común.
El posicionamiento provocó la reacción de Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien respondió enérgicamente: “No cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”, y reclamó que “la única autoridad que debe reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales”.
El editorial fue una forma muy heterodoxa, impactante e inusual de posicionar a un medio de comunicación frente a un evento trascendente para él mismo y para la comunidad juarense; pero más allá de la forma, el mensaje, los señalamientos y hasta la disposición a negociar no son para nada atípicos respecto de lo que han hecho otros medios de comunicación y el mismo gobierno federal que tanto se indignó.
En particular, el señalamiento de la inexistencia de una autoridad capaz de mantener el orden y hacer prevalecer el estado de derecho ha sido común en todos los comunicadores y medios que han enfrentado situaciones similares.
Tras la liberación de los tres periodistas secuestrados por el crimen organizado en Gómez Palacio, Durango, el pasado 2 de agosto, Denise Maerker escribió en su colaboración de El Universal: “El secuestro ocurrió en territorio liberado. Sí, pero de cualquier autoridad legítima”.
A su vez, el diario Noroeste de Sinaloa, luego del ataque que sufrió en sus instalaciones de Mazatlán, señaló en un editorial desplegado en la primera plana, como nota principal, el jueves 2: “…el ataque sufrido por esta casa editora (…) es un claro síntoma del grave deterioro del estado de derecho en Sinaloa, donde el ciudadano común ve cómo cada día van siendo constreñidos y anulados muchos de sus derechos por la ineficacia e ineficiencia de las autoridades de todos los niveles (…) En esas condiciones, por supuesto que se torna mucho muy difícil ejercer el periodismo con la responsabilidad y profesionalismo que esta tarea reclama”.
En la forma hay una gran diferencia con el posicionamiento de El Diario, pero en el mensaje no tanta: “Ustedes son (publicó El Diario refiriéndose a los jefes de la delincuencia organizada), en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.
Mencionó nuevamente el “vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad…”.
Sin embargo, por las declaraciones de Poiré, lo que más irritó al gobierno federal fue la disposición de El Diario para “pactar, promover una tregua o negociar” con la delincuencia organizada, a pesar de que la propia autoridad federal había negociado en el caso de los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio, Durango.
El 26 de julio, el crimen organizado secuestró a Héctor Gordoa, jefe de información del programa Punto de Partida, que conduce Denise Maerker; a Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; y a Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna. Ese mismo día, de acuerdo con lo publicado por Milenio, edición del 28 de julio, los comunicadores (bajo presión de los secuestradores) hablaron con sus medios y les expresaron que “la condición de sus captores para liberarlos era que transmitieran tres videos del narcoblog en el noticiario del mediodía del canal local de Grupo Milenio”.
Según el mismo diario, “a la 1:40 horas los videos fueron transmitidos en el Telediario de la Laguna, en un enlace especial originado desde Milenio Televisión, en el DF. Tuvo una duración de 15 minutos y fueron emitidos sin ninguna edición”.
Es decir, se aceptó la solicitud de los secuestradores, con la esperanza de que éstos cumplieran su parte: liberar a los rehenes.
Esto es claramente pactar con la delincuencia organizada.
Por su parte, Denise Maerker suspendió el 29 de julio la transmisión de su programa Punto de Partida, tras un mensaje en el que advirtió: “No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos, sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico”.
El 2 de agosto, en la ya mencionada colaboración de Denise en El Universal, manifestó: “A Héctor lo soltaron el jueves en la mañana porque querían que hiciera una nota donde destacara que el video que llevó al arraigo de la directora del penal de Gómez Palacio estaba truqueado. Esa ‘información’ debía salir en Punto de Partida en la noche, así como una entrevista con él para que contara ‘lo bien’ que lo habían tratado. Se quedaron con los camarógrafos de Televisa y Milenio para asegurarse de que cumpliríamos con esa exigencia. Nadie, ni Héctor ni ningún negociador de Televisa ni de Milenio, prometió nunca que se cumpliría con esa exigencia”.
Y aclaró: “La decisión de Televisa fue inmediata: ni esta vez ni nunca se iba a negociar el contenido de un programa porque alguien tenía de rehén a un compañero nuestro”.
Esto significa que Televisa no está de acuerdo en negociar el contenido de un programa, aunque en otros aspectos sí esté dispuesta a negociar.
El lunes 20, en su colaboración semanal en El Universal, Denise Maerker reveló: “Que quede bien claro, la actuación de la Policía Federal fue determinante para que los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio recobraran su libertad sanos y salvos. Lo fue durante la negociación con los secuestradores gracias a su equipo especializado en manejo de crisis”.
Es decir, la Policía Federal estuvo al tanto o quizá hasta fue el negociador en este caso.
Y algo similar ha ocurrido en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos. El 21 de mayo, su hijo mayor emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades mantenerse al margen del caso a fin de favorecer el proceso de negociación para liberarlo. De inmediato, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró: “El gobierno será muy respetuoso respecto a las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito. Todos estamos obligados a generar un ambiente propicio para que esto se desenvuelva con absoluto respeto a la vida de don Diego y con el absoluto respeto que hoy maneja su familia”. El gobierno no negoció, pero respaldó las negociaciones de la familia y aceptó las condiciones de los secuestradores.
No son los medios de comunicación o las familias de los secuestrados los únicos que pactan con el crimen organizado.
El jueves 23, el periódico regiomontano El Norte publicó en su primera plana una información sobre las cuotas que el crimen organizado cobra a los transportistas, con el apoyo de elementos de la Policía Federal, por permitirles transitar por la carretera Monterrey-Altamira. Se incluyó allí la declaración de un transportista que, al ser cuestionado sobre cómo le hacían para transitar de noche por la carretera Reynosa-Ciudad Victoria, respondió: “¿Cómo le hacemos? Pues preguntando a quién se le debe pedir permiso, y, una vez que nos autorizan a viajar de noche, nos dan una clave por si nos detienen más adelante, que sepan que ya estamos autorizados para circular por ahí”.
Los ejemplos de acuerdos tácitos o explícitos con el crimen organizado para evitar ser víctimas de su violencia son múltiples; están presentes en la decisión de los medios de comunicación tamaulipecos de no publicar ninguna información sobre los hechos violentos que ocurren en su entidad; en la de los empresarios que aceptan pagar las cuotas para seguir operando, etcétera.
En su mensaje a los “señores” del crimen organizado, después de pedirles señalar qué quieren que El Diario de Ciudad Juárez publique o deje de publicar, aclaró: “Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.
Así, en consonancia con la actitud que han asumido otros comunicadores, políticos, empresarios y ciudadanos amenazados, El Diario reconoce su disposición a “pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”.
Pero en esta ocasión el gobierno federal no sólo no respetó la decisión de la publicación ni apoyó “el manejo de la crisis”, sino que le reclamó su proceder.
El editorial no es ortodoxo y su posición es cuestionable; pero el trato gubernamental es desigual, incongruente e injusto, pues además, sin información suficiente, pretendió desvirtuar el atentado contra la libertad de expresión al retomar las versiones de que el asesinato del periodista fue un delito del orden común.
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