JORGE ALCOCER VILLANUEVALas candidaturas comunes estuvieron contempladas por las leyes electorales durante muchos años; a su amparo, el PPS y el PARM apoyaban a los candidatos presidenciales del PRI, hasta que en 1988 el FDN utilizó ese medio para registrar a Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato de cuatro partidos.
En 1990 el primer Cofipe eliminó la figura de la candidatura común, quedando solamente la de las coaliciones electorales, para las que estableció requisitos exagerados (suprimidos en 2008), pese a ellos, el PRD las estableció con diversos partidos en 1994, 2000 y 2006; lo mismo hizo el PAN con el PVEM en el año 2000, y el PRI con el PVEM en 2006.
El fantasma de las alianzas electorales, sea a través de candidatos comunes o de coaliciones, se ha recrudecido por la experiencia de este año; el PRI las teme como a la lepra, a pesar de que a ellas recurre para intentar ganar puntos de votación. Ahora la polémica vuelve a surgir. Como dice el refranero popular, "el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla", y el PRI se acaba de quemar en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y a punto estuvo en Durango e Hidalgo.
Mal asesorado, el gobernador Enrique Peña Nieto compró la idea de primero impedir y ahora obstaculizar que el PAN y el PRD se junten para competir el año próximo por la gubernatura en el estado de México. A finales de 2009 pidió y obtuvo una carta compromiso por la que el PAN admitió no establecer alianzas con el PRD en ese estado, misma que fue repudiada por el todavía jefe nacional del blanquiazul. Ahora, Peña Nieto, usando la mano de gato del PVEM, ha hecho aprobar una reforma a la Constitución local para proscribir las candidaturas comunes y reducir el plazo de campaña para gobernador a 45 días. Pero de poco podría servir esa reforma a los afanes del gobernador, pues ha pavimentado el camino para que sus adversarios se coaliguen en condiciones óptimas.
El Código Electoral local seguirá permitiendo las coaliciones, con cláusula de reparto de votos por anticipado; es decir, de antemano los partidos coaligados acordarán el porcentaje que a cada uno corresponderá de los votos recibidos, lo que facilita la alianza. No es así con las candidaturas comunes, en las que cada partido aliado debe acreditar el porcentaje mínimo de votos para conservar registro. Si lo que Peña Nieto y sus asesores buscaban era impedir la alianza entre el PAN y el PRD, han hecho exactamente lo contrario, alentando además al PT, Convergencia y Panal para aliarse, pues su registro local quedará garantizado.
El debate no es sobre la constitucionalidad de lo aprobado por el Congreso mexiquense, sino sobre el abuso del poder. La forma como Peña Nieto obtiene la mayoría calificada de votos es un pésimo anticipo de lo que espera al Congreso de la Unión en el caso de que alcance su máxima aspiración. Pagar por los votos de diputados mercenarios puede ser un problema menor en Toluca, pero revela una de las facetas más negativas del hasta hoy aspirante favorito a la candidatura presidencial del PRI. La balcanización del poder permite que las leyes electorales sean cambiadas a contentillo del gobernador mexiquense, con la complicidad de diputados locales supuestamente opositores, a los que sus partidos solapan y protegen.
A pretexto de adecuar las leyes electorales del estado de México a la reforma federal de 2007-2008, el Congreso local separó las elecciones de gobernador de las de diputados locales y ayuntamientos, adelantó las segundas, para que tuvieran lugar en 2009, dejando para 2011 la de gobernador. Al PRI le funcionó, pero ahora están en un brete, del que pretenden salir imponiendo una reforma a todas luces abusiva.
En el estado de México habrá -creo- coalición entre el PAN y el PRD (a la que podrían sumarse Convergencia y el Panal) paradójicamente facilitada por la reforma ordenada por el gobernador; y aunque la campaña se acorte a 45 días, no habrá manera de evitar que el candidato del PRI enfrente una dura competencia de pronóstico reservado.
Posdata
Todo indica que la renuncia del doctor Alberto Alonso y Coria a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores fue producto de la disputa de posiciones y cargos entre los consejeros electorales. Pierde el IFE.
En 1990 el primer Cofipe eliminó la figura de la candidatura común, quedando solamente la de las coaliciones electorales, para las que estableció requisitos exagerados (suprimidos en 2008), pese a ellos, el PRD las estableció con diversos partidos en 1994, 2000 y 2006; lo mismo hizo el PAN con el PVEM en el año 2000, y el PRI con el PVEM en 2006.
El fantasma de las alianzas electorales, sea a través de candidatos comunes o de coaliciones, se ha recrudecido por la experiencia de este año; el PRI las teme como a la lepra, a pesar de que a ellas recurre para intentar ganar puntos de votación. Ahora la polémica vuelve a surgir. Como dice el refranero popular, "el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla", y el PRI se acaba de quemar en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y a punto estuvo en Durango e Hidalgo.
Mal asesorado, el gobernador Enrique Peña Nieto compró la idea de primero impedir y ahora obstaculizar que el PAN y el PRD se junten para competir el año próximo por la gubernatura en el estado de México. A finales de 2009 pidió y obtuvo una carta compromiso por la que el PAN admitió no establecer alianzas con el PRD en ese estado, misma que fue repudiada por el todavía jefe nacional del blanquiazul. Ahora, Peña Nieto, usando la mano de gato del PVEM, ha hecho aprobar una reforma a la Constitución local para proscribir las candidaturas comunes y reducir el plazo de campaña para gobernador a 45 días. Pero de poco podría servir esa reforma a los afanes del gobernador, pues ha pavimentado el camino para que sus adversarios se coaliguen en condiciones óptimas.
El Código Electoral local seguirá permitiendo las coaliciones, con cláusula de reparto de votos por anticipado; es decir, de antemano los partidos coaligados acordarán el porcentaje que a cada uno corresponderá de los votos recibidos, lo que facilita la alianza. No es así con las candidaturas comunes, en las que cada partido aliado debe acreditar el porcentaje mínimo de votos para conservar registro. Si lo que Peña Nieto y sus asesores buscaban era impedir la alianza entre el PAN y el PRD, han hecho exactamente lo contrario, alentando además al PT, Convergencia y Panal para aliarse, pues su registro local quedará garantizado.
El debate no es sobre la constitucionalidad de lo aprobado por el Congreso mexiquense, sino sobre el abuso del poder. La forma como Peña Nieto obtiene la mayoría calificada de votos es un pésimo anticipo de lo que espera al Congreso de la Unión en el caso de que alcance su máxima aspiración. Pagar por los votos de diputados mercenarios puede ser un problema menor en Toluca, pero revela una de las facetas más negativas del hasta hoy aspirante favorito a la candidatura presidencial del PRI. La balcanización del poder permite que las leyes electorales sean cambiadas a contentillo del gobernador mexiquense, con la complicidad de diputados locales supuestamente opositores, a los que sus partidos solapan y protegen.
A pretexto de adecuar las leyes electorales del estado de México a la reforma federal de 2007-2008, el Congreso local separó las elecciones de gobernador de las de diputados locales y ayuntamientos, adelantó las segundas, para que tuvieran lugar en 2009, dejando para 2011 la de gobernador. Al PRI le funcionó, pero ahora están en un brete, del que pretenden salir imponiendo una reforma a todas luces abusiva.
En el estado de México habrá -creo- coalición entre el PAN y el PRD (a la que podrían sumarse Convergencia y el Panal) paradójicamente facilitada por la reforma ordenada por el gobernador; y aunque la campaña se acorte a 45 días, no habrá manera de evitar que el candidato del PRI enfrente una dura competencia de pronóstico reservado.
Posdata
Todo indica que la renuncia del doctor Alberto Alonso y Coria a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores fue producto de la disputa de posiciones y cargos entre los consejeros electorales. Pierde el IFE.
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