CIRO MURAYAMA RENDÓNEl martes 31 de agosto, en la UNAM, fue presentado el Memorándum de política económica y presupuestal para 2011, que, como su nombre indica, contiene una serie de definiciones de cara a la aprobación de la política fiscal para el año próximo. Este texto de coyuntura es autoría de un grupo de estudiosos, académicos y ex funcionarios públicos que hace un año dio a conocer el documento México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo.
Los firmantes del memorándum (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx) son: Eugenio Anguiano Roch, Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rolando Cordera Campos, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel Hernández, Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz, Leonardo Lomelí Vanegas, Mauricio de Maria y Campos, Jorge Eduardo Navarrete López, Norma Samaniego Breach, Jesús Silva Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías, Enrique del Val Blanco y el autor de esta columna.
Las consideraciones y propuestas del memorándum son, en síntesis, las siguientes: la recuperación mundial es débil, aún no se alcanzan los niveles de producción, empleo y comercio previos a la crisis, y el desempeño global muestra desequilibrios y diferencias considerables entre países. Por lo anterior no puede asumirse que la economía mundial se ubique en una senda de expansión auto-sostenida. Habrá que trascender el dilema ideológico entre sostener el apoyo a la recuperación o dar prioridad a la consolidación fiscal.
La crisis ha tenido como característica definitoria su amplia capacidad destructora de puestos de trabajo y puede hablarse, en consecuencia, de una crisis generalizada del empleo. Por otra parte, no se ha restaurado el funcionamiento de los sistemas financieros y sigue siendo insuficiente el crédito para consumidores y empresas.
México fue la economía de América Latina que tuvo el peor desempeño en 2009, con una contracción de 6.5% del PIB, lejos de la caída promedio mundial de 2.1%.
Se ha acrecentado la exclusión económica, social e institucional. Según estimaciones de la OCDE, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que ni estudia ni trabaja en México es tres veces superior al promedio de esa Organización. Esos jóvenes, que enfrentan ausencia de oportunidades de empleo formal y acceso a la educación, son los ni-ni. A pesar del inicio de la recuperación en el empleo formal, el desempleo se mantiene alto y la calidad de la ocupación en los últimos meses se ha deteriorado de manera considerable. La ampliación de la pobreza, que se disparó a causa de la crisis, no se ha revertido.
A pesar de la baja capacidad de la economía mexicana para recuperar la actividad y el empleo, así como del agravamiento de las condiciones de pobreza en que vive la población, perduran y se robustecen distintas medidas de política económica que inhiben el crecimiento. Es el caso de una política fiscal procíclica y del persistente subejercicio del gasto público, entre otros. La acumulación de reservas por parte de la banca central sustrae recursos a la inversión productiva y ejerce una presión alcista sobre el valor del peso que reduce la competitividad de las exportaciones mexicanas.
Las cifras de desempeño económico en el primer semestre de 2010, que apuntan a una reactivación insuficiente, y los elementos señalados configuran una trayectoria de crecimiento inferior al potencial.
Frente a ese panorama proponemos una política anticíclica para 2011 con los siguientes componentes:
En primer lugar, fortalecer el presupuesto y mejorar la calidad del gasto. Incrementar en términos reales el gasto público en particular los recursos en áreas sensibles para el empleo, el bienestar y la reactivación del crecimiento, como son la infraestructura, el equipamiento de la educación básica, la ampliación de los servicios de la educación media y superior, la ciencia y tecnología y la salud, atendiendo a las necesidades de desarrollo de las regiones del país.
Segundo, para financiar el incremento del gasto: a) Aumentar el déficit del sector público dentro de un margen razonable; b) Introducir un impuesto a las transacciones financieras en línea con las experiencias internacionales; c) Elevar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, revisando los tramos de la tarifa y aumentando la tasa para los individuos de altos ingresos a niveles comparables con los que aplican los países de la OCDE y, d) Continuar el proceso de eliminación de privilegios fiscales.
Tercero. Impulsar el financiamiento para el desarrollo. Fortalecer la acción de la banca de desarrollo, adoptando las reformas institucionales para que cumpla con sus funciones primordiales de fomento: infraestructura, exportaciones, desarrollo agrícola, entre otros. Promover políticas para que el sistema financiero privado incremente en forma sostenida los recursos para la inversión y la actividad productiva.
Cuarto, avanzar en la cobertura de los derechos sociales. Formar una comisión legislativa a fin de avanzar en materia de exigibilidad de derechos sociales específicos para favorecer la creación de un sistema de salud y seguridad social universal, el empleo de los jóvenes, las becas educativas, el seguro de desempleo y el abatimiento de las desigualdades regionales.
Quinto, crear un Consejo Económico y Social. El Congreso de la Unión debe crear un Consejo Económico y Social como un espacio para el genuino diálogo social y la deliberación abierta sobre las políticas económicas y sociales, que sea un órgano participativo y de opinión obligada del Estado que facilite a los Poderes de la Unión la toma de decisiones pertinentes a favor del desarrollo.
Los firmantes del memorándum (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx) son: Eugenio Anguiano Roch, Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rolando Cordera Campos, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel Hernández, Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz, Leonardo Lomelí Vanegas, Mauricio de Maria y Campos, Jorge Eduardo Navarrete López, Norma Samaniego Breach, Jesús Silva Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías, Enrique del Val Blanco y el autor de esta columna.
Las consideraciones y propuestas del memorándum son, en síntesis, las siguientes: la recuperación mundial es débil, aún no se alcanzan los niveles de producción, empleo y comercio previos a la crisis, y el desempeño global muestra desequilibrios y diferencias considerables entre países. Por lo anterior no puede asumirse que la economía mundial se ubique en una senda de expansión auto-sostenida. Habrá que trascender el dilema ideológico entre sostener el apoyo a la recuperación o dar prioridad a la consolidación fiscal.
La crisis ha tenido como característica definitoria su amplia capacidad destructora de puestos de trabajo y puede hablarse, en consecuencia, de una crisis generalizada del empleo. Por otra parte, no se ha restaurado el funcionamiento de los sistemas financieros y sigue siendo insuficiente el crédito para consumidores y empresas.
México fue la economía de América Latina que tuvo el peor desempeño en 2009, con una contracción de 6.5% del PIB, lejos de la caída promedio mundial de 2.1%.
Se ha acrecentado la exclusión económica, social e institucional. Según estimaciones de la OCDE, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que ni estudia ni trabaja en México es tres veces superior al promedio de esa Organización. Esos jóvenes, que enfrentan ausencia de oportunidades de empleo formal y acceso a la educación, son los ni-ni. A pesar del inicio de la recuperación en el empleo formal, el desempleo se mantiene alto y la calidad de la ocupación en los últimos meses se ha deteriorado de manera considerable. La ampliación de la pobreza, que se disparó a causa de la crisis, no se ha revertido.
A pesar de la baja capacidad de la economía mexicana para recuperar la actividad y el empleo, así como del agravamiento de las condiciones de pobreza en que vive la población, perduran y se robustecen distintas medidas de política económica que inhiben el crecimiento. Es el caso de una política fiscal procíclica y del persistente subejercicio del gasto público, entre otros. La acumulación de reservas por parte de la banca central sustrae recursos a la inversión productiva y ejerce una presión alcista sobre el valor del peso que reduce la competitividad de las exportaciones mexicanas.
Las cifras de desempeño económico en el primer semestre de 2010, que apuntan a una reactivación insuficiente, y los elementos señalados configuran una trayectoria de crecimiento inferior al potencial.
Frente a ese panorama proponemos una política anticíclica para 2011 con los siguientes componentes:
En primer lugar, fortalecer el presupuesto y mejorar la calidad del gasto. Incrementar en términos reales el gasto público en particular los recursos en áreas sensibles para el empleo, el bienestar y la reactivación del crecimiento, como son la infraestructura, el equipamiento de la educación básica, la ampliación de los servicios de la educación media y superior, la ciencia y tecnología y la salud, atendiendo a las necesidades de desarrollo de las regiones del país.
Segundo, para financiar el incremento del gasto: a) Aumentar el déficit del sector público dentro de un margen razonable; b) Introducir un impuesto a las transacciones financieras en línea con las experiencias internacionales; c) Elevar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, revisando los tramos de la tarifa y aumentando la tasa para los individuos de altos ingresos a niveles comparables con los que aplican los países de la OCDE y, d) Continuar el proceso de eliminación de privilegios fiscales.
Tercero. Impulsar el financiamiento para el desarrollo. Fortalecer la acción de la banca de desarrollo, adoptando las reformas institucionales para que cumpla con sus funciones primordiales de fomento: infraestructura, exportaciones, desarrollo agrícola, entre otros. Promover políticas para que el sistema financiero privado incremente en forma sostenida los recursos para la inversión y la actividad productiva.
Cuarto, avanzar en la cobertura de los derechos sociales. Formar una comisión legislativa a fin de avanzar en materia de exigibilidad de derechos sociales específicos para favorecer la creación de un sistema de salud y seguridad social universal, el empleo de los jóvenes, las becas educativas, el seguro de desempleo y el abatimiento de las desigualdades regionales.
Quinto, crear un Consejo Económico y Social. El Congreso de la Unión debe crear un Consejo Económico y Social como un espacio para el genuino diálogo social y la deliberación abierta sobre las políticas económicas y sociales, que sea un órgano participativo y de opinión obligada del Estado que facilite a los Poderes de la Unión la toma de decisiones pertinentes a favor del desarrollo.
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