LLUEVE SOBRE RECORTADO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Los periódicos de ayer pudieron causar una impresión kafkiana. Por un lado, los hechos duros de los efectos de las inundaciones que dañan a miles de familias que habitan territorios frágiles frente a las catástrofes naturales y los aguaceros, sin infraestructura y equipamiento urbano suficientes para garantizar la seguridad material de las personas y sus bienes. Por el otro, un paquete económico “de equilibrio”, es decir, de inmovilismo, ajeno a las necesidades y urgencias de inversión y gasto en infraestructura de un país que, por momentos, literalmente se hunde. Como si de dos países se tratara; pero no, es el mismo país pero con dos realidades distintas: una, la de la población y otra, diferente y distante, de quienes disponen del lápiz y la goma hacendaria.
Decían los despachos de ayer: en Tabasco hay 140 mil damnificados que viven al margen del río Carrizal y el gobernador de la entidad alerta de la necesidad de obras de reingeniería mayor para evitar que estas situaciones se repitan. Las pérdidas que estima el mandatario, por las inundaciones en los últimos tres años, suman los 40 mil millones de pesos. En el saldo de esta temporada hay “300 escuelas totalmente dañadas” lo que, si se supone un promedio de 100 niños por escuela, nos da 30 mil alumnos que, una vez pasada la emergencia, no tendrán un espacio físico para ir a aprender. Más aún, doce de los 17 municipios tabasqueños fueron declarados zonas de desastre, de tal manera que hay afectación en los municipios donde viven 1 millón 800 mil de los 2.2 millones de habitantes del estado (El Universal, 9/09/2010).
En Veracruz, los damnificados, desplazados de sus viviendas, que se encuentran en albergues, rebasan las 21 mil personas. Hay 135 tramos carreteros afectados y 56 puentes. Las viviendas dañadas, son más de 40 mil. Los planteles educativos con reporte de siniestro son 195. En lo que hace a la producción, protección civil contabiliza 25 mil hectáreas con afectaciones (La Jornada, 9/09/2010).
En Oaxaca hay 75 mil viviendas afectadas y 250 mil damnificados (El Universal, 9/09/2010).
Mientras tanto, el paquete económico enviado por el Ejecutivo federal contempla un déficit del 0.3 por ciento del PIB, y no propone aumentar la recaudación. Se trata de una propuesta “sin sorpresas”, inercial, lo cual no deja de resultar paradójico porque implica olvidarse del profundo agujero fiscal ante el cual el país estaba, con esta misma estructura de ingresos, hace apenas doce meses, como insistía el anterior secretario de Hacienda. Hoy, en cambio, se presenta como una virtud de la iniciativa presidencial el no incorporar ningún cambio en la recaudación, “cosa que no ocurría desde el sexenio 1964-1970” en palabras del secretario Cordero, olvidando que en el sexenio de Díaz Ordaz el país vivía el fin del desarrollo estabilizador y crecía a tasas del 6 por ciento anual, de tal forma que sin crear ningún nuevo impuesto los ingresos aumentaban jalados por el dinamismo económico general.
Aún es pronto para conocer los detalles de la iniciativa presidencial, pero se sabe ya, por ejemplo, que se plantea una reducción del presupuesto carretero del 35 por ciento frente a lo aprobado para 2010. A la inclemencia climática sobre los caminos de México hay que agregar la inclemencia hacendaria.
En desarrollo social, la propuesta del Ejecutivo contempla una reducción del 0.8 por ciento de los recursos, a pesar de que se sabe que los meses venideros van a ser unos de incremento del precio de los alimentos, lo que necesariamente afectará en mayor medida a las familias de bajos ingresos que destinan el grueso de su gasto precisamente a los bienes básicos.
Asimismo, si bien hay un aumento en el presupuesto del Seguro Popular, se hace a costa de la reducción en inversión en infraestructura de salud, como si el mero enlistamiento de ciudadanos en el programa se tradujera en acceso efectivo de los asegurados a la atención en clínicas y hospitales hoy insuficientes.
Contrasta la visión de la responsabilidad de la política económica con las definiciones que, apenas el lunes, hizo públicas el presidente Obama. Como la economía de Estados Unidos no despega, el sector público va a invertir 50 mil millones de dólares en carreteras y vías férreas. Parte del financiamiento provendrá de la retirada de las reducciones fiscales que Bush hizo a los sectores de altos ingresos, lo cual no es sino cargar la recaudación en los individuos de rentas más altas, tal como recomienda el “librito” de una política fiscal redistributiva.
Hay que repetirlo: México tuvo un desplome económico del 6.5 por ciento en cifras oficiales el año pasado; las cifras de desempeño de nuestra economía en 2010 evidencian que la actividad, al final del año, no alcanzará el volumen que registró en 2008, por lo que seguiremos aún sin remontar la crisis. En estos meses, el empleo se precarizó y el número de desempleados abiertos se mantiene en sus máximos históricos; se expandió, además, la pobreza laboral. Y los indicadores de pobreza muestran que ésta se venía expandiendo incluso antes de la crisis de 2008. A este panorama, de emergencia, hay que sumar la pérdida en infraestructura de las últimas semanas. México es un país que requiere políticas de inversión, de gasto, de crecimiento. Ese es el México al que la propuesta económica del presidente Calderón no atiende.