¿QUÉ QUIEREN DE NOSOTROS?

DENISE DRESSER GUERRA

Presidente Felipe Calderón; secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván; doctor Alejandro Poiré, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, y señores de las diferentes instituciones encargadas de la seguridad nacional: Así como La Redacción de El Diario de Ciudad Juárez preguntó al crimen organizado de su entidad qué hacer, nosotros los ciudadanos también les hacemos a ustedes la misma pregunta: ¿Qué quieren de nosotros? La pérdida de 28 mil vidas en los últimos cuatro años evidencia una espiral de violencia en ascenso que quebranta la vida y el futuro de todos los que vivimos en México. Hacemos de su conocimiento que somos ciudadanos, no adivinos. Por tanto, como ciudadanos, queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros en esta guerra contra el narcotráfico que han decidido librar, para saber a qué atenernos. Ustedes han sido rebasados por los poderes de facto en este país, y como miembros de los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para evitar que los periodistas –y otras víctimas inocentes– en Ciudad Juárez y numerosas ciudades asediadas sigan cayendo. Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable nos dirigimos a ustedes para preguntarles qué piensan hacer para combatir de manera más eficaz la violencia, porque ya no queremos que muchos mexicanos más sean víctimas de una guerra mal librada. Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos y tampoco más justificaciones poco creíbles. Es imposible la vida tranquila y productiva en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué van a hacer para cambiar una situación que se ha vuelto intolerable. Esta no es una rendición de nuestra parte. Tampoco significa que claudicamos como ciudadanos a las responsabilidades que nos corresponden. Se trata de exigir un replanteamiento a fondo de la estrategia aplicada hasta el momento, la cual demuestra cada día su ineficacia. Frente al vacío de poder que enfrentamos los mexicanos en general, en un entorno en el que no hay las garantías suficientes para desarrollar nuestras actividades con seguridad, simplemente vivir en México se ha convertido en algo arriesgado. Ciudad Juárez y muchas ciudades más pueden dar cuenta de ello. Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos y garantías para la población civil. Pero actualmente los ciudadanos –así como los periodistas– acaban pagando tributo con su vida, como lo hicieron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y las familias destrozadas por los disparos del Ejército en distintos retenes a lo largo del país. La respuesta oficial en estos casos ha sido señalar a los muertos como culpables de alguna ilegalidad, como cómplices del crimen organizado, o como víctimas de un móvil de índole personal. En el caso más reciente del periodista Luis Carlos Santiago Orozco, de El Diario de Ciudad Juárez, el gobierno federal ha intentado –de nuevo– colocar la culpa sobre los hombros del asesinado en lugar de reconocer la situación insostenible a la cual se enfrentan los periodistas en México. A la vuelta de casi cuatro años desde que comenzó la guerra del presidente Calderón, somos escépticos de que las supuestas autoridades de justicia nos entreguen un esclarecimiento confiable sobre este caso y muchos más. Vale la pena recordar que cuando Felipe Calderón se hallaba en campaña por la carrera presidencial acudió a las instalaciones de El Diario de Ciudad Juárez. Cuando se le preguntó sobre las garantías que ofrecería su gobierno para asegurar la libertad de expresión, dijo que “un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección oficial”, y se congratuló de que existiera ya una fiscalía especial para investigar ataques contra periodistas. Hoy la historia es bien conocida: México es uno de los países más peligrosos para ser periodista, y lo que acaba de ocurrir en Ciudad Juárez simplemente constata cuán cercenada se encuentra la libertad de expresión por los capos del crimen organizado. No hay protección especial para quienes ejercen el oficio de comunicar, ni una fiscalía eficaz que investigue las agresiones en su contra. El periodismo mexicano está padeciendo las consecuencias de una guerra que Felipe Calderón decidió librar sin conocer las dimensiones del enemigo ni los costos que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo al conflicto, los ciudadanos han sido arrastrados a esta lucha sin control, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías. El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos se ha mantenido ausente en estos años de belicosidad, y queda cada vez más claro que los diversos operativos emprendidos en lugares como Ciudad Juárez han sido un rotundo fracaso. Y así como El Diario de Ciudad Juárez pregunta “¿a quién exigimos justicia?”, los ciudadanos queremos saber lo mismo. Ya no sabemos a quién recurrir para pedir ayuda en caso de un robo, un secuestro, una intimidación. Tanta es la falta de justicia, tanta es la desolación e impotencia que sienten distintos sectores. Y, mientras tanto, el primer mandatario pontifica sobre la paz como si se tratara de algo real, y envía una carta a todas las familias del país en donde dice que el color blanco de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”. Ese mensaje es una afrenta para los mexicanos, ya que la paz es lo que menos se vive en estados como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León. En México hemos llegado al punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por la ley a ofrecer respuestas más contundentes. La capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha llegado a su límite; no cuentan ya esas autoridades con nuestra anuencia ni con nuestra confianza. Y de allí la pregunta para quienes han convocado a una guerra que cada día resulta más fútil: ¿Qué quieren de nosotros como ciudadanos?