ARNALDO CÓRDOVAradicionalmente, en el derecho público la palabra auditar y derivados como audiencia y auditor tienen una larga historia. En España, desde hace siglos, tienen que ver con la impartición de justicia. Se trata de la actividad de los tribunales que escuchan quejas y resuelven conforme a derecho. Provienen del latín audire (audit), escuchar. En el derecho económico anglosajón y sus ramas significa el examen de la actividad contable de un ente público o privado y en señalamientos que indican si se cumplió con las reglas de operación o con la ley. En esta segunda acepción nosotros las hemos adoptado.
La cuenta pública es el registro que se hace de los gastos que efectúan las entidades públicas, federales o locales, de acuerdo con y siguiendo los lineamientos de los presupuestos de egresos que se aprueban en los poderes legislativos federal y locales. La auditoría, en estos casos, es un control que se lleva a cabo por un ente autorizado para ello por la Constitución y cuya misión, hasta ahora, es sólo la de comprobar si dichos lineamientos se han seguido o no. Si no se han seguido y, encima, se ha hecho mal uso de los dineros públicos, tal y como están las cosas hoy, no pasa nada porque las observaciones de ese ente no son coercitivas.
Ese ente se llama en la letra de la Constitución (artículos 74, fracciones II y VI, y 79), desde hace 10 años: Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y en la ley reglamentaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se denomina simplemente Auditoría Superior de la Federación. En el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en las 19 fracciones que lo integran, se da el sentido de varios conceptos y, en la primera de esas fracciones, se define a la Auditoría Superior de la Federación como “la entidad de fiscalización superior de la Federación a que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. No es mucho, pero es lo que dice.
El hecho es que ese órgano no tiene otra misión que la de dar a conocer el examen que realiza sobre la cuenta pública de todos los órganos integrantes de la administración pública federal, local y municipal. De su examen no se deriva ninguna responsabilidad para los órganos infractores de las normas del gasto público y sus señalamientos no obligan a nadie, no son vinculantes, como se dice en la jerga legal. El gobierno de Zedillo consideró que ya era hora de que, según los reclamos de la ciudadanía, existiera un ente que se encargara de informar del modo en el que desde el gobierno se hace uso de los dineros del pueblo. Pero se guardó muy bien de que ese examen diera lugar a sanciones o correcciones de ningún tipo.
Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos, por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el ejercicio del gasto.
La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa. Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos legales de ninguna especie.
Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero, paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.
César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso no suceda.
Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio, con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones. Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información).Y, ante todo, sus observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a sanciones.
El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles; otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil 879 millones de pesos. Y no pasa nada.
La cuenta pública es el registro que se hace de los gastos que efectúan las entidades públicas, federales o locales, de acuerdo con y siguiendo los lineamientos de los presupuestos de egresos que se aprueban en los poderes legislativos federal y locales. La auditoría, en estos casos, es un control que se lleva a cabo por un ente autorizado para ello por la Constitución y cuya misión, hasta ahora, es sólo la de comprobar si dichos lineamientos se han seguido o no. Si no se han seguido y, encima, se ha hecho mal uso de los dineros públicos, tal y como están las cosas hoy, no pasa nada porque las observaciones de ese ente no son coercitivas.
Ese ente se llama en la letra de la Constitución (artículos 74, fracciones II y VI, y 79), desde hace 10 años: Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y en la ley reglamentaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se denomina simplemente Auditoría Superior de la Federación. En el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en las 19 fracciones que lo integran, se da el sentido de varios conceptos y, en la primera de esas fracciones, se define a la Auditoría Superior de la Federación como “la entidad de fiscalización superior de la Federación a que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. No es mucho, pero es lo que dice.
El hecho es que ese órgano no tiene otra misión que la de dar a conocer el examen que realiza sobre la cuenta pública de todos los órganos integrantes de la administración pública federal, local y municipal. De su examen no se deriva ninguna responsabilidad para los órganos infractores de las normas del gasto público y sus señalamientos no obligan a nadie, no son vinculantes, como se dice en la jerga legal. El gobierno de Zedillo consideró que ya era hora de que, según los reclamos de la ciudadanía, existiera un ente que se encargara de informar del modo en el que desde el gobierno se hace uso de los dineros del pueblo. Pero se guardó muy bien de que ese examen diera lugar a sanciones o correcciones de ningún tipo.
Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos, por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el ejercicio del gasto.
La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa. Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos legales de ninguna especie.
Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero, paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.
César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso no suceda.
Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio, con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones. Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información).Y, ante todo, sus observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a sanciones.
El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles; otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil 879 millones de pesos. Y no pasa nada.
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