CIRO MURAYAMALa gravedad de la crisis económica que afecta a los países socios del TLCAN (mientras que el Fondo Monetario Internacional estima una contracción económica global de –1.4% en 2009, para Estados Unidos calcula una reducción de –2.6%, para Canadá de –2.3% y para México de –7.3%), la profunda interdependencia económica y comercial entre las tres naciones —que en nuestro caso es dependencia respecto a la dinámica de Estados Unidos—, así como la vecindad geoestratégica de las tres naciones, deberían dar un punto de partida para compartir una sólida estrategia común para enfrentar la crisis y alcanzar un horizonte de desarrollo. Sin embargo, al menos entre México y Estados Unidos hay unas políticas económicas diametralmente opuestas, como si fuese muy distinta la coyuntura económica por la que atraviesan ambas naciones.
La política estadounidense para combatir la crisis se articula en un plan de recuperación que involucra 800 mil millones de dólares de gasto público. Un botón de muestra: en carreteras, puentes y sistemas de tráfico, la inversión pública ronda los 150 mil millones de dólares. En el portal de internet www.recovery.gov pueden identificarse mapas con más de 2 mil 500 proyectos en curso de inversión en infraestructura. Ahí pueden seguirse los montos de gasto, los impactos esperados y es factible conocer la rendición de cuentas en el manejo de los recursos. Es decir, hay un enorme programa de inversión pública visible y verificable.
Declaraciones aparte, México no cuenta con un programa de infraestructura que haga el papel de motor de la reactivación. El proyecto más robusto de este gobierno, la refinería de Pemex, aún no tiene sede definitiva. Se trata de “la” refinería en singular, como antes fue “el” aeropuerto, como si un país que es la decimotercera economía del mundo y con más de 100 millones de habitantes sólo pudiera concebir una obra significativa cada seis años... y que luego no se realiza.
En materia de bienestar, la apuesta política fundamental de Obama es la reforma al sistema de salud para ampliar la cobertura de los servicios para los 50 millones de ciudadanos excluidos. La oposición de los republicanos ha sido feroz, así como de los grupos de interés afectados, como son las farmacéuticas y las aseguradoras. Para Obama es justamente en la crisis cuando el Estado tiene que hacerse presente, cuando él debe jugarse su capital político y dar un golpe de timón en la conducción de la economía.
En México, en cambio, en materia social no hay una sola novedad (ello a pesar de que entre 2006 y 2008, ¡cuando el petróleo alcanzaba sus precios récord y teníamos ingresos públicos extraordinarios!, se generaron en el país más de 5 millones de pobres). En salud, el presidente Calderón ni siquiera se ha propuesto cambiar los criterios de funcionamiento del Seguro Popular, de tal manera que la inversión en salud y el uso adecuado de los recursos federales aprobados para ese fin siguen dependiendo de la buena —o mala— disposición de los gobernadores. ¿No sería hora de avanzar a un sistema nacional de seguridad social articulado, con un servicio de salud único y no disperso y desigual? El tema no está en la agenda de nuestro gobierno.
En otro terreno, Obama impulsó a inicio de 2009 el plan Buy American que fomenta el consumo de acero hecho en Estados Unidos como parte del paquete de estímulo a sus productores. En México, durante la crisis la administración de Calderón decidió avanzar en la desgravación arancelaria que incrementa la competencia y desincentiva al tejido productivo nacional.
El sector público de Estados Unidos alcanza un déficit que ronda el 13.5% del PIB y Obama insiste en disponer de recursos adicionales. En México, los anuncios de gasto extraordinario se contrarrestaron con los dos recortes que efectuó Hacienda, así que el gobierno abandonó las tareas de reactivación y nos anclamos en la tara del equilibrio presupuestal.
Como decía Paul Krugman en su columna del lunes 10 en The New York Times: si a pesar de todos sus problemas Estados Unidos no está instalado en una segunda Gran Depresión es porque el gobierno de Obama no se ha hecho a un lado como sugieren los republicanos, porque ante la caída de los ingresos no ha recortado sino aumentado sus gastos.
La política económica de México, en cambio, se enfila a conseguir la mayor caída del PIB en nuestra historia y a alcanzar la mayor contracción de la clase media de que se tenga noticia.
La política estadounidense para combatir la crisis se articula en un plan de recuperación que involucra 800 mil millones de dólares de gasto público. Un botón de muestra: en carreteras, puentes y sistemas de tráfico, la inversión pública ronda los 150 mil millones de dólares. En el portal de internet www.recovery.gov pueden identificarse mapas con más de 2 mil 500 proyectos en curso de inversión en infraestructura. Ahí pueden seguirse los montos de gasto, los impactos esperados y es factible conocer la rendición de cuentas en el manejo de los recursos. Es decir, hay un enorme programa de inversión pública visible y verificable.
Declaraciones aparte, México no cuenta con un programa de infraestructura que haga el papel de motor de la reactivación. El proyecto más robusto de este gobierno, la refinería de Pemex, aún no tiene sede definitiva. Se trata de “la” refinería en singular, como antes fue “el” aeropuerto, como si un país que es la decimotercera economía del mundo y con más de 100 millones de habitantes sólo pudiera concebir una obra significativa cada seis años... y que luego no se realiza.
En materia de bienestar, la apuesta política fundamental de Obama es la reforma al sistema de salud para ampliar la cobertura de los servicios para los 50 millones de ciudadanos excluidos. La oposición de los republicanos ha sido feroz, así como de los grupos de interés afectados, como son las farmacéuticas y las aseguradoras. Para Obama es justamente en la crisis cuando el Estado tiene que hacerse presente, cuando él debe jugarse su capital político y dar un golpe de timón en la conducción de la economía.
En México, en cambio, en materia social no hay una sola novedad (ello a pesar de que entre 2006 y 2008, ¡cuando el petróleo alcanzaba sus precios récord y teníamos ingresos públicos extraordinarios!, se generaron en el país más de 5 millones de pobres). En salud, el presidente Calderón ni siquiera se ha propuesto cambiar los criterios de funcionamiento del Seguro Popular, de tal manera que la inversión en salud y el uso adecuado de los recursos federales aprobados para ese fin siguen dependiendo de la buena —o mala— disposición de los gobernadores. ¿No sería hora de avanzar a un sistema nacional de seguridad social articulado, con un servicio de salud único y no disperso y desigual? El tema no está en la agenda de nuestro gobierno.
En otro terreno, Obama impulsó a inicio de 2009 el plan Buy American que fomenta el consumo de acero hecho en Estados Unidos como parte del paquete de estímulo a sus productores. En México, durante la crisis la administración de Calderón decidió avanzar en la desgravación arancelaria que incrementa la competencia y desincentiva al tejido productivo nacional.
El sector público de Estados Unidos alcanza un déficit que ronda el 13.5% del PIB y Obama insiste en disponer de recursos adicionales. En México, los anuncios de gasto extraordinario se contrarrestaron con los dos recortes que efectuó Hacienda, así que el gobierno abandonó las tareas de reactivación y nos anclamos en la tara del equilibrio presupuestal.
Como decía Paul Krugman en su columna del lunes 10 en The New York Times: si a pesar de todos sus problemas Estados Unidos no está instalado en una segunda Gran Depresión es porque el gobierno de Obama no se ha hecho a un lado como sugieren los republicanos, porque ante la caída de los ingresos no ha recortado sino aumentado sus gastos.
La política económica de México, en cambio, se enfila a conseguir la mayor caída del PIB en nuestra historia y a alcanzar la mayor contracción de la clase media de que se tenga noticia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario