UNA CORTE PARA LA DEMOCRACIA

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

En las próximas semanas y en los meses que siguen gran parte de la atención de la opinión pública se enfocará en lo que tiene que discutir y resolver nuestra Suprema Corte. Por primera vez desde hace muchos años la Corte tiene en su agenda temas que competen más a los ciudadanos que a los órganos del poder. Hay al menos una docena de casos que involucran derechos fundamentales de todas las personas y que pueden tener una alta incidencia —para bien o para mal— en la calidad de vida de quienes habitamos en México.

La Corte tendrá que decidir, dentro de muy poco, si es válido discriminar a los mexicanos que lo son por naturalización y no por nacimiento, permitiendo de esa manera que haya mexicanos “de primera” categoría y mexicanos “de segunda”, tema que fue planteado a la Corte por una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH. Esperemos que los ministros no dejen pasar esa oportunidad para terminar con una discriminación histórica entre mexicanos.

En lo que se vislumbra como una gran batalla ideológica, la Corte tendrá que decirnos si se puede enviar a la cárcel a una mujer que aborta porque su embarazo fue producto de una violación o cuando la vida de la propia mujer corre peligro. Quince constituciones locales señalan que la vida comienza desde el momento de la concepción y prohíben cualquier tipo de aborto, sin excepción alguna. Se trata de la tercera vez que el tema llega a la Corte. Los dos primeros casos fueron sobre la legislación del Distrito Federal (la más avanzada del país); ahora es el turno de los estados.

La Corte tiene en su agenda ofrecer un criterio sobre la posibilidad de que las personas que portan cantidades pequeñas de droga (para consumo personal) no sean procesadas penalmente, sobre la constitucionalidad del IETU y del Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), sobre los más de 3 mil amparos contra la ley de protección a los no fumadores, sobre la constitucionalidad de las acciones encubiertas de la Policía Federal, etcétera.

En medio de ese torbellino de asuntos, todos de la mayor importancia, irá avanzando la investigación del caso ABC de Hermosillo, cuya conclusión tendrá que esperar a los primeros meses del siguiente año.

Por si fuera poco, en noviembre dejarán la Corte dos “pesos completos” del Pleno, como lo son los ministros Mariano Azuela y Genaro Góngora, ambos ubicados en los extremos de la ideología de nuestro máximo tribunal: Azuela en el extremo conservador y Góngora en el extremo más garantista y comprometido con los derechos humanos. Los espacios que dejarán vacantes no serán fáciles de llenar, por su alto prestigio judicial y por su enorme dedicación al trabajo, la cual es reconocida nacionalmente. Sucede, sin embargo, que parece haber bastantes señales en el sentido de los encargados de nombrar a sus suplentes (el presidente Calderón y el Senado) andan buscando juristas de muy bajo nivel, afines a las cúpulas de los dos principales partidos políticos, lo cual sería desastroso para la Corte.

Pensemos en un dato de todos conocido: los dos nombramientos de ministros serán para un periodo de 15 años, es decir, estaremos nombrando a dos personas que van a ocupar esas sillas de la más alta instancia de justicia en el país del año 2009 al año ¡2024! Por eso es que debemos extremar el cuidado en la selección y ratificación de esas vacantes, que seguirán decidiendo asuntos durante la administración federal actual y las dos siguientes.

Mientras eso sucede, la Corte tiene una enorme oportunidad para decirnos si está del lado de los ciudadanos o si solamente ampara a los poderosos, si de una vez por todas se va a tomar en serio los derechos fundamentales o si va a seguir con sus formalismos absurdos. Lo que está en juego es mucho para la Corte, pero también y sobre todo para la democracia mexicana.