CRIMEN Y CASTIGO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

La matanza de Acteal fue un crimen espantoso que no debe quedar sin castigo. El fallo de la Suprema Corte de Justicia, como ya lo dije en artículo precedente, se redujo a cuestiones de simple forma, de insuficiencia e invalidez de pruebas; pero no se ha indagado a fondo en el área de los verdaderos responsables. El diputado electo al Congreso de la Unión Emilio Chuayffet, y que en la época del crimen era Secretario de Gobernación, dijo hace unos días lo siguiente: "No podemos quedarnos satisfechos con lo que tenemos hasta hoy. Acteal debe ser materia de una investigación en la que todos, sin excepción, produzcamos nuestras declaraciones sobre los hechos". Lo anterior es a mi juicio muy importante porque proviene de un hombre que en 1977, cuando la tragedia a que me refiero, tenía un amplio conocimiento e información de los sucesos en el país. Así mismo el fallo de la Corte no impide que se investigue en la especie. Ahora bien, Chuayffet se ha referido a "todos, sin excepción". ¿Y quiénes son "todos"? En un delito de esa magnitud las llamadas líneas de investigación son múltiples, y hay ciertos personajes cuya representación en la vida pública los vuelve imprescindibles en una indagatoria. En tal sentido el Ministerio Público tiene amplias facultades para citarlos. Lo que pasa es que en México carecemos de un auténtica "cultura ciudadana". En otros países el ser convocado por la autoridad correspondiente no se toma, ni con mucho, como posible indicio de responsabilidad. Al contrario, es una prueba manifiesta de colaboración con la autoridad en algo que compete a todo ciudadano, pues el interés común obliga a preocuparse y ocuparse en saber la verdad. Pero aquí somos muy susceptibles, muy quisquillosos, tal vez por el mal uso que con frecuencia se le da a los quehaceres y labores de la justicia, incluida su procuración. O sea, citar a personas de alto relieve trae la consecuencia inmediata de un manejo político de ello. Sin embargo yo me pregunto si no seria saludable, positivo, conveniente, que a propósito de la sugerencia de un diputado electo de la importancia de Emilio Chuayffet comparecieran también ante la autoridad, en calidad de testigos directos o indirectos de los hechos, los que fueran en la época Presidente de la República y Procurador General de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León y Jorge Madrazo Cuéllar, respectivamente ¿Menudo escándalo? ¿Por qué? ¿No ha llegado acaso el momento, habida cuenta de las condiciones por las que atraviesa el país, de imponer nuevos criterios que superen y corrijan prácticas, usos y costumbres que tanto daño nos hicieron? Lo evidente es que si la Corte ha declarado prefabricadas algunas pruebas, lo cual no quiere decir que no haya culpables, y si el Ministerio Público es el encargado constitucionalmente de "la investigación de los delitos", éste tiene amplias, amplísimas facultades para citar a los personajes a los que me he referido. ¿Es absurdo, ridículo, desde el punto de vista de la práctica, de la realidad? ¿Por qué? Sostengo que el sólo ejercicio impecable de aquellas facultades, al margen o aparte de sus resultados concretos, sería una señal de suma trascendencia. En efecto, la lucha por el Derecho en México es en ocasiones una verdadera batalla campal, una guerra sin tregua ni cuartel. Prevalece en los espacios propios de la impartición y procuración de justicia el criterio meramente formalista con abandono de la esencia; olvidando que las formas legales e incluso jurídicas son simples instrumentos al servicio de esa esencia. Es una desgracia de la que nunca nos podremos desprender con reformas y más reformas -poco técnicas, inconsistentes, demagógicas- que engordan los textos legales hasta el absurdo. Mala tendencia que quizás heredamos como reflejo de la insuficiente asimilación de nuestro mestizaje. No obstante hay que ir remediando el defecto. Sería sorprendente pero positivo que el Ministerio Público citara a los personajes en cuestión. Seguramente impugnarían la cita o le darían vueltas al asunto, en medio de una andanada de fuego verbal y por supuesto político. ¡Qué importa! Quedaría el antecedente y los antecedentes, quiérase que no, hacen historia.En suma, es inconcebible, indignante, que se cubra con el velo del silencio un hecho oprobioso y criminal. La prudencia, el miedo, la cobardía, se entremezclan para tapar el sol con un dedo; y la impunidad, igual que una hierba venenosa, aparece en el agua cenagosa de la ignominia. ¿En qué quedamos? ¿No somos todos iguales ante la ley? Las únicas excepciones que conoce el Derecho son de carácter procesal, valga decir circunstancial. ¿Por qué entonces tantos miramientos a los que se consideran personajes políticos? Nadie está satisfecho con las resoluciones judiciales en cuanto a Acteal.