FERNANDO SERRANO MIGALLÓNLa idea de que la actividad docente e investigadora estuviera limitada por un presupuesto ideológico chocó con la autonomía.
Este año la UNAM cumple cien años de su más reciente etapa histórica, señalada por la autonomía y el desarrollo institucional; la primera mitad de esa etapa se caracteriza por el establecimiento de las normas jurídicas y las prácticas de la vida institucional universitaria. Conquistó su espacio de libertad y fijó las reglas de su comportamiento y su relación con la sociedad y el poder público. Ha sido una historia intensa en la que ha establecido un profundo diálogo a su interior, nutrido por las necesidades e ideas de la sociedad en un reclamo permanente de respeto y apoyo del gobierno.
Cuatro años después de conquistado el primer esbozo de autonomía, quedó claro que se trataba de un primer paso vacilante y limitado que no bastaba para lograr la consolidación de la institución ni podía sostenerse durante mucho tiempo. El siguiente paso estaría determinado por el debate en torno al término correlativo a la autonomía: la libertad de cátedra.
El 25 de agosto de 1933 se inauguró en Veracruz el X Congreso Nacional de Estudiantes, como efecto de las corrientes políticas de su tiempo, el Congreso resolvió que tanto la UNAM como toda las instituciones de educación superior debían colaborar para la creación de un México socialista. La idea de que la actividad docente y la investigadora estuviera limitada por un presupuesto ideológico, chocó con la libertad de cátedra, uno de los elementos sobre los que se había conquistado la autonomía y uno de los pilares de la educación libre a la que se aspiraba. En septiembre del mismo año, el I Congreso de Universitarios Mexicanos reunió a estudiantes, profesores y funcionarios y se propuso al materialismo histórico como guía ideológica de la educación media superior, propuesta defendida por Vicente Lombardo Toledano y que refutó Antonio Caso, quien defendió la libertad de cátedra como principio ideológico y método de trabajo para los universitarios.
Caso no perfiló su argumento en contra del materialismo histórico, doctrina que respetaba, sino por su exclusividad como método y principio. Sin libertad, la Universidad estaría sujeta a los cambios políticos del momento, limitaría la educación y haría nugatorio el esfuerzo científico. Lombardo Toledano se encontraba presionado tanto por la idea de que la Universidad de México debía servir a los sectores marginados de la sociedad y elevarlos de su condición de postración a mejores plataformas de crecimiento como por su postura ideológica relacionada con partidos y grupos políticos definidos.
Otra de las reglas no escritas de la convivencia universitaria es que los más profundos debates intelectuales siempre evolucionan hacia luchas sociales y de convivencia en la Universidad para manifestarse dentro de la vida social y política del país. El debate sobre la libertad de cátedra no fue la excepción. De su diálogo académico surgieron posturas polarizadas. La Facultad de Derecho se declaró a favor de la libertad de cátedra y de la defensa de la autonomía; otros grupos, de Filosofía, Medicina, Comercio y Arquitectura, aprobaron la postura de Lombardo, que era ya la de la Rectoría y también la del gobierno. Estalló la huelga y luego de fuertes presiones que implicaron renuncias y actos violentos, el rector tuvo que renunciar y dejar el cargo a Manuel Gómez Morín, que actuaba como interino. Esto, que aparentemente fue un triunfo para la libertad de cátedra, terminó siendo un retroceso en la lucha por la autonomía total.
El 15 de octubre de 1933, Abelardo Rodríguez envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, reforma aprobada seis días más tarde y por la cual la Universidad perdía su carácter nacional, mantenía sus órganos de autogobierno y recibía en propiedad el patrimonio que ya poseía en bienes inmuebles y en dinero. A cambio de ello, perdía el subsidio del gobierno.
Con la Ley de 1933 se alcanzaba la autonomía plena, pero privada del carácter nacional y del subsidio público, la Universidad veía menguado su alcance y sus posibilidades de desarrollo. Se alejaba de una parte importante de la sociedad y de la posibilidad de apoyarla y educarla.
Estado de cosas que sólo podía ser provisional. El tiempo y los universitarios se encargaron de que así fuera.
Este año la UNAM cumple cien años de su más reciente etapa histórica, señalada por la autonomía y el desarrollo institucional; la primera mitad de esa etapa se caracteriza por el establecimiento de las normas jurídicas y las prácticas de la vida institucional universitaria. Conquistó su espacio de libertad y fijó las reglas de su comportamiento y su relación con la sociedad y el poder público. Ha sido una historia intensa en la que ha establecido un profundo diálogo a su interior, nutrido por las necesidades e ideas de la sociedad en un reclamo permanente de respeto y apoyo del gobierno.
Cuatro años después de conquistado el primer esbozo de autonomía, quedó claro que se trataba de un primer paso vacilante y limitado que no bastaba para lograr la consolidación de la institución ni podía sostenerse durante mucho tiempo. El siguiente paso estaría determinado por el debate en torno al término correlativo a la autonomía: la libertad de cátedra.
El 25 de agosto de 1933 se inauguró en Veracruz el X Congreso Nacional de Estudiantes, como efecto de las corrientes políticas de su tiempo, el Congreso resolvió que tanto la UNAM como toda las instituciones de educación superior debían colaborar para la creación de un México socialista. La idea de que la actividad docente y la investigadora estuviera limitada por un presupuesto ideológico, chocó con la libertad de cátedra, uno de los elementos sobre los que se había conquistado la autonomía y uno de los pilares de la educación libre a la que se aspiraba. En septiembre del mismo año, el I Congreso de Universitarios Mexicanos reunió a estudiantes, profesores y funcionarios y se propuso al materialismo histórico como guía ideológica de la educación media superior, propuesta defendida por Vicente Lombardo Toledano y que refutó Antonio Caso, quien defendió la libertad de cátedra como principio ideológico y método de trabajo para los universitarios.
Caso no perfiló su argumento en contra del materialismo histórico, doctrina que respetaba, sino por su exclusividad como método y principio. Sin libertad, la Universidad estaría sujeta a los cambios políticos del momento, limitaría la educación y haría nugatorio el esfuerzo científico. Lombardo Toledano se encontraba presionado tanto por la idea de que la Universidad de México debía servir a los sectores marginados de la sociedad y elevarlos de su condición de postración a mejores plataformas de crecimiento como por su postura ideológica relacionada con partidos y grupos políticos definidos.
Otra de las reglas no escritas de la convivencia universitaria es que los más profundos debates intelectuales siempre evolucionan hacia luchas sociales y de convivencia en la Universidad para manifestarse dentro de la vida social y política del país. El debate sobre la libertad de cátedra no fue la excepción. De su diálogo académico surgieron posturas polarizadas. La Facultad de Derecho se declaró a favor de la libertad de cátedra y de la defensa de la autonomía; otros grupos, de Filosofía, Medicina, Comercio y Arquitectura, aprobaron la postura de Lombardo, que era ya la de la Rectoría y también la del gobierno. Estalló la huelga y luego de fuertes presiones que implicaron renuncias y actos violentos, el rector tuvo que renunciar y dejar el cargo a Manuel Gómez Morín, que actuaba como interino. Esto, que aparentemente fue un triunfo para la libertad de cátedra, terminó siendo un retroceso en la lucha por la autonomía total.
El 15 de octubre de 1933, Abelardo Rodríguez envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, reforma aprobada seis días más tarde y por la cual la Universidad perdía su carácter nacional, mantenía sus órganos de autogobierno y recibía en propiedad el patrimonio que ya poseía en bienes inmuebles y en dinero. A cambio de ello, perdía el subsidio del gobierno.
Con la Ley de 1933 se alcanzaba la autonomía plena, pero privada del carácter nacional y del subsidio público, la Universidad veía menguado su alcance y sus posibilidades de desarrollo. Se alejaba de una parte importante de la sociedad y de la posibilidad de apoyarla y educarla.
Estado de cosas que sólo podía ser provisional. El tiempo y los universitarios se encargaron de que así fuera.
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