lunes, 10 de agosto de 2009

LOS DIPUTADOS

JAIME CÁRDENAS GRACIA

Ha pasado desapercibido en los medios de comunicación un asunto de la máxima trascendencia nacional que tiene relación con la asignación de diputados que le deben corresponder al PRI y al PVEM. Los priístas y los dirigentes del Partido Verde, alegre y superficialmente, dan por descontado, que de la alianza entre ellos, les corresponderán 259 diputados, con lo que tendrían la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, de los legisladores que integrarán la Cámara de Diputados.
Tal pretensión priísta no tiene un sólido respaldo constitucional, pues de acuerdo a los cómputos en las circunscripciones electorales, el PRI obtuvo el 36.9% de la votación nacional en la elección del cinco de julio y, de acuerdo a lo que establece el artículo 54, fracción V, de la Constitución, ningún partido puede tener una sobrerrepresentación en la Cámara Baja superior al 8% de su votación. De lo que se desprende, si se aplica adecuadamente el principio constitucional, que el PRI, no puede tener más del 44.9% de los integrantes de la Cámara de Diputados.
Como el PRI obtuvo el triunfo de mayoría en 184 distritos electorales, el Consejo General del IFE, si interpreta correctamente el artículo 54, fracción V, de la Constitución, no debería asignarle más de 41 diputados de representación proporcional. De esta manera, y de acuerdo a los principios constitucionales, el PRI debe quedarse con 225 diputados por ambos principios.
En cuanto al Partido Verde Ecologista de México, que logró cuatro triunfos de mayoría, tiene derecho, de acuerdo a la interpretación del artículo 54, fracción V, de la Constitución, a 19 diputados de representación proporcional. De esta suerte, el total de los diputados del Partido Verde debe ser de 23.
Por lo anterior, la alianza en la Cámara de Diputados del PRI con el PVEM, implica un total de 248 diputados. Es decir, entre ambos no cuentan aritméticamente con el 50% más uno de los legisladores. Este hecho constitucional y matemático, como puede colegirse, tiene implicaciones políticas de la máxima importancia para nuestro país, las que a la fecha no han sido ni advertidas ni analizadas con suficiencia.

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