NÉSTOR DE BUENEn la situación actual del país, dominada por la incertidumbre ante el cumplimiento de la ley (lo que hace referencia a la desconfianza respecto de las acciones del Poder Ejecutivo), los poderes Legislativo y Judicial se están haciendo eco de las justas protestas de quienes sufren los efectos de las acciones presidenciales, que incluyen (por supuesto) las que llevan a cabo los miembros del gabinete (en las que obviamente se supone el consentimiento superior).
El caso más notable se presenta en el conflicto minero, en el que una alianza tortuosa entre poderes ejecutivos federal y estatales hace hasta lo indecible por destruir las acciones del sindicato y, de manera especial, la representación de su mesa directiva, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
En este momento son protagonistas del conflicto, en primer término, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República y los gobiernos de Sonora y Chihuahua, entre otros. El gobierno de Chihuahua, que eventualmente asumió posiciones discretas, ha perdido el rubor con el envío de fuerzas armadas para penetrar en el entorno de la mina de Pasta de Conchos con base en un supuesto contrato de compraventa entre la Minera México y el antiguo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor, respecto de un equipo que forma parte del patrimonio de la mina y cuya venta no se acreditó y es dudoso que tenga valor jurídico.
El Poder Legislativo, de manera concreta el Senado de la República, ha abierto un foro de información al que acudió en representación de la Secretaría del Trabajo el subsecretario Álvaro Castro, entregando un documento más que criticable y ciertamente mentiroso. Por parte del sindicato comparecieron el pasado miércoles Carlos de Buen Unna (laboralista), Marco del Toro (penalista), el secretario general de la sección 65 del sindicato (Cananea) y Juan Luiz Zúñiga, del comité ejecutivo, cuya firma fue falsificada para designar a Elías Morales como secretario general. Afortunadamente una prueba pericial lo acreditó, pero curiosamente después desapareció del expediente, haciendo nacer todo tipo de sospechas.
Los senadores asistentes, bajo la presidencia de Arturo Núñez hicieron preguntas y alguno de ellos, especialmente Dante Delgado, afirmó que es necesario acabar con la impunidad.
En otra medida, el Poder Judicial federal ha logrado revertir las resoluciones laborales y penales dictadas en beneficio de la Minera México, y por lo mismo de su propietario conocido, Germán Larrea. Las inexistencias de la huelga de Cananea dictadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han sido canceladas por acciones oportunas del Poder Judicial federal.
Es doloroso que los poderes Legislativo y Judicial se tengan que convertir en fiscalizadores de acciones ilegales del gobierno federal. Su labor principal es dictar las leyes que sirvan al desarrollo de México y sancionarlas, a propósito de su constitucionalidad, y no parece que tenga que ocuparse de acciones concretas del Ejecutivo dictadas para satisfacer intereses particulares, y a partir de una tan evidente ideología conservadora.
El tema, tan actual, de la posible responsabilidad que pueda resultar del incendio de la estancia infantil ABC, de Hermosillo, Sonora, en rigor no tendría que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la incertidumbre que ha causado, por el afán de corrección de los actos de funcionarios inferiores, provoca que se toque a su puerta en ese asunto tan delicado. En el que, dicho sea de paso, no encuentro fundamento alguno para atribuir a los dueños alguna responsabilidad. En todo caso correspondería a los administradores, y en definitiva a quien permitió instalar una empresa de riesgo al lado de la guardería.
La división de los poderes tiene una clara razón de ser. Es un error atribuirles una función fiscalizadora ajena a sus responsabilidades.
El caso más notable se presenta en el conflicto minero, en el que una alianza tortuosa entre poderes ejecutivos federal y estatales hace hasta lo indecible por destruir las acciones del sindicato y, de manera especial, la representación de su mesa directiva, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
En este momento son protagonistas del conflicto, en primer término, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República y los gobiernos de Sonora y Chihuahua, entre otros. El gobierno de Chihuahua, que eventualmente asumió posiciones discretas, ha perdido el rubor con el envío de fuerzas armadas para penetrar en el entorno de la mina de Pasta de Conchos con base en un supuesto contrato de compraventa entre la Minera México y el antiguo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor, respecto de un equipo que forma parte del patrimonio de la mina y cuya venta no se acreditó y es dudoso que tenga valor jurídico.
El Poder Legislativo, de manera concreta el Senado de la República, ha abierto un foro de información al que acudió en representación de la Secretaría del Trabajo el subsecretario Álvaro Castro, entregando un documento más que criticable y ciertamente mentiroso. Por parte del sindicato comparecieron el pasado miércoles Carlos de Buen Unna (laboralista), Marco del Toro (penalista), el secretario general de la sección 65 del sindicato (Cananea) y Juan Luiz Zúñiga, del comité ejecutivo, cuya firma fue falsificada para designar a Elías Morales como secretario general. Afortunadamente una prueba pericial lo acreditó, pero curiosamente después desapareció del expediente, haciendo nacer todo tipo de sospechas.
Los senadores asistentes, bajo la presidencia de Arturo Núñez hicieron preguntas y alguno de ellos, especialmente Dante Delgado, afirmó que es necesario acabar con la impunidad.
En otra medida, el Poder Judicial federal ha logrado revertir las resoluciones laborales y penales dictadas en beneficio de la Minera México, y por lo mismo de su propietario conocido, Germán Larrea. Las inexistencias de la huelga de Cananea dictadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han sido canceladas por acciones oportunas del Poder Judicial federal.
Es doloroso que los poderes Legislativo y Judicial se tengan que convertir en fiscalizadores de acciones ilegales del gobierno federal. Su labor principal es dictar las leyes que sirvan al desarrollo de México y sancionarlas, a propósito de su constitucionalidad, y no parece que tenga que ocuparse de acciones concretas del Ejecutivo dictadas para satisfacer intereses particulares, y a partir de una tan evidente ideología conservadora.
El tema, tan actual, de la posible responsabilidad que pueda resultar del incendio de la estancia infantil ABC, de Hermosillo, Sonora, en rigor no tendría que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la incertidumbre que ha causado, por el afán de corrección de los actos de funcionarios inferiores, provoca que se toque a su puerta en ese asunto tan delicado. En el que, dicho sea de paso, no encuentro fundamento alguno para atribuir a los dueños alguna responsabilidad. En todo caso correspondería a los administradores, y en definitiva a quien permitió instalar una empresa de riesgo al lado de la guardería.
La división de los poderes tiene una clara razón de ser. Es un error atribuirles una función fiscalizadora ajena a sus responsabilidades.
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