PORFIRIO MUÑOZ LEDOLa magnitud de la crisis no podría ser encubierta por un falso debate centrado en el salvamento fiscal. Exige una reforma hacendaria de grandes proporciones y un cambio drástico de paradigma económico, que suponen modificar las relaciones de poder e instaurar un gobierno capaz de conducirlas.
El agujero de las finanzas públicas —a más de la anemia del sistema fiscal— tiene como origen inmediato el descenso de la actividad económica: 10.3% del PIB. Caída sin expectativas de recuperación, ya que los factores determinantes continuarán a la baja por largo tiempo, mientras no se creen las condiciones productivas y financieras que promuevan el crecimiento.
Hacienda ha reconocido que nuestra economía “no participará en la recuperación global pronosticada para 2010”. Cabría preguntarse si con la estrategia prevaleciente, podría remontar después, o como asegura el profesor Arturo Huerta en su libro El colapso de la economía mexicana, nos acercamos a una quiebra productiva, en insólita celebración del bicentenario.
Nada hace pensar en una elevación de los ingresos petroleros, las remesas, el turismo o la maquila. Tampoco en el ensanchamiento del mercado interno, de la inversión extranjera, las exportaciones o los empleos formales; sólo los ingresos por lavado de dinero van al alza en detrimento creciente del poder del Estado.
Mientras en el mundo se intentan reducir los privilegios de la especulación financiera, aquí acudimos a créditos desorbitados para mantener artificialmente la sobrevaluación de la moneda, abaratando las importaciones y dañando aún más nuestra balanza comercial. En tiempos idos defendimos el peso “como perros”, ahora lo hacemos como ratones.
El régimen —o lo que queda— carece de imaginación para sumarse a los vientos estatistas que soplan por doquier e insiste en quemar los últimos cartuchos del neoliberalismo. Ante el rechazo a la privatización energética pretende profundizar los impuestos regresivos, y en ausencia de proyectos de gran aliento propone recortes en infraestructura e inversión social, mientras mantiene un dispendioso gasto corriente.
El salvamento a que nos invitan es el de los espacios oligárquicos: aquellos que impiden democratizar el Estado, reconstruir la economía y la defensa del patrimonio nacional. El Congreso debiera responder con propuestas articuladas en dirección inversa y repudiar el chantaje clientelista de incrementar impuestos a cambio de baratijas presupuestales.
Ese es el sentido de las propuestas presentadas por la izquierda parlamentaria. Los recursos faltantes habrían de tomarse, como antes se decía, “de donde los haya”. En este caso, las grandes empresas, mediante la abrogación del impuesto consolidado y la depreciación acelerada de activos; la banca desnacionalizada, a través de una moratoria del Fobaproa; la reducción de los gastos desmesurados de la alta burocracia y la utilización prudencial de los fondos ociosos.
Repudiar desde luego la sugerencia de los actores hegemónicos que pretenden incrementar abusivamente el déficit fiscal: después de mí, el diluvio. Estructurar enseguida los egresos conforme a las prioridades del futuro y emprender una cirugía mayor de la administración pública, el control de su ejercicio y la rendición de cuentas. El debate debiera comprender: la política monetaria y el control del sistema bancario, las políticas industriales y agropecuarias, el régimen de salarios y utilidades, la disolución de los monopolios, la revisión del TLC, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología, y la remodelación del marco institucional.
Tareas enormes para un gobierno minúsculo. La capacidad de propuesta se ha trasladado al Poder Legislativo. Iniciamos en los hechos un sistema parlamentario. Debiéramos asumirlo con responsabilidad y diseñarlo creativamente en la Constitución.
El agujero de las finanzas públicas —a más de la anemia del sistema fiscal— tiene como origen inmediato el descenso de la actividad económica: 10.3% del PIB. Caída sin expectativas de recuperación, ya que los factores determinantes continuarán a la baja por largo tiempo, mientras no se creen las condiciones productivas y financieras que promuevan el crecimiento.
Hacienda ha reconocido que nuestra economía “no participará en la recuperación global pronosticada para 2010”. Cabría preguntarse si con la estrategia prevaleciente, podría remontar después, o como asegura el profesor Arturo Huerta en su libro El colapso de la economía mexicana, nos acercamos a una quiebra productiva, en insólita celebración del bicentenario.
Nada hace pensar en una elevación de los ingresos petroleros, las remesas, el turismo o la maquila. Tampoco en el ensanchamiento del mercado interno, de la inversión extranjera, las exportaciones o los empleos formales; sólo los ingresos por lavado de dinero van al alza en detrimento creciente del poder del Estado.
Mientras en el mundo se intentan reducir los privilegios de la especulación financiera, aquí acudimos a créditos desorbitados para mantener artificialmente la sobrevaluación de la moneda, abaratando las importaciones y dañando aún más nuestra balanza comercial. En tiempos idos defendimos el peso “como perros”, ahora lo hacemos como ratones.
El régimen —o lo que queda— carece de imaginación para sumarse a los vientos estatistas que soplan por doquier e insiste en quemar los últimos cartuchos del neoliberalismo. Ante el rechazo a la privatización energética pretende profundizar los impuestos regresivos, y en ausencia de proyectos de gran aliento propone recortes en infraestructura e inversión social, mientras mantiene un dispendioso gasto corriente.
El salvamento a que nos invitan es el de los espacios oligárquicos: aquellos que impiden democratizar el Estado, reconstruir la economía y la defensa del patrimonio nacional. El Congreso debiera responder con propuestas articuladas en dirección inversa y repudiar el chantaje clientelista de incrementar impuestos a cambio de baratijas presupuestales.
Ese es el sentido de las propuestas presentadas por la izquierda parlamentaria. Los recursos faltantes habrían de tomarse, como antes se decía, “de donde los haya”. En este caso, las grandes empresas, mediante la abrogación del impuesto consolidado y la depreciación acelerada de activos; la banca desnacionalizada, a través de una moratoria del Fobaproa; la reducción de los gastos desmesurados de la alta burocracia y la utilización prudencial de los fondos ociosos.
Repudiar desde luego la sugerencia de los actores hegemónicos que pretenden incrementar abusivamente el déficit fiscal: después de mí, el diluvio. Estructurar enseguida los egresos conforme a las prioridades del futuro y emprender una cirugía mayor de la administración pública, el control de su ejercicio y la rendición de cuentas. El debate debiera comprender: la política monetaria y el control del sistema bancario, las políticas industriales y agropecuarias, el régimen de salarios y utilidades, la disolución de los monopolios, la revisión del TLC, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología, y la remodelación del marco institucional.
Tareas enormes para un gobierno minúsculo. La capacidad de propuesta se ha trasladado al Poder Legislativo. Iniciamos en los hechos un sistema parlamentario. Debiéramos asumirlo con responsabilidad y diseñarlo creativamente en la Constitución.
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