JOHN MILL ACKERMAN ROSELos diputados y senadores de la 61 Legislatura se encuentran ante la oportunidad histórica de lograr una transformación definitiva para el sistema de rendición de cuentas del país. Si nuestros representantes populares así se lo propusieran, bien podrían pasar a la historia como los arquitectos del nuevo andamiaje institucional necesario para extirpar de raíz el grave cáncer de la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. El desplome económico, la escalada de violencia y la desastrosa situación de la política social encuentran su origen en la opacidad y la falta de rendición de cuentas endémica del Estado mexicano.
Los gobiernos de la alternancia han fracasado olímpicamente en esta materia. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón le han apostado erróneamente a una especie de “revolución cultural” para resolver el problema de la corrupción. En lugar de transformar la estructura gubernamental, mejorar los sistemas de vigilancia y castigar a los funcionarios que violan la ley, el gobierno actual ha preferido organizar concursos mediáticos como el del “Trámite más inútil” y, más recientemente, el de dibujos infantiles “Adiós a las trampas”.
El pasado 12 de agosto, durante su discurso para premiar los dibujos ganadores, Calderón declaró enfáticamente que “la manera en que podemos cambiar a México es que haya valores en cada mexicana y en cada mexicano, que voluntariamente lo lleven al bien, a la verdad, a la honestidad. Y esos valores son los que se deben inculcar en la casa y desde la escuela”.
Desde luego que no hay ningún problema con mejorar la formación en valores que se realiza en las escuelas y las familias mexicanas. Sin embargo, esta estrategia no funcionará para combatir la corrupción hasta que los niños vean que las elites económicas y los altos funcionarios gubernamentales también saben respetar la ley. La solución no se encuentra en la producción masiva de niños y niñas “bien portados”, sino en el encarcelamiento de los corruptos que predominan en las altas esferas del gobierno y la sociedad.
Las declaraciones del recientemente nombrado presidente del Partido Acción Nacional con respecto a la supuesta falta de honestidad y profesionalismo del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, demuestran una vez más la falta de compromiso del gobierno federal con la rendición de cuentas. En lugar de corregir las numerosas áreas de opacidad que el auditor ha identificado en el gobierno federal, César Nava prefiere desacreditar al mensajero antes que atender el mensaje.
Una reforma particularmente estratégica que debería considerar la nue-va 61 Legislatura sería dotar de plena autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una modificación de este tipo fortalecería su presencia pública, su incidencia real y su fuerza institucional. Una ASF autónoma podría resistir de manera mucho más efectiva los constantes embates, manipulaciones y sabotajes a que ha estado sujeta desde los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
La independencia de la ASF respecto del Congreso de la Unión no afectaría en absoluto las atribuciones constitucionales con las que cuenta la Cámara de Diputados en materia de revisión y dictaminación de la cuenta pública. Asimismo, una ASF autónoma y fortalecida sería de más utilidad a los diputados, que una ASF vulnerable a las presiones externas, ya que podría ir más lejos en sus investigaciones, así como proporcionar mayores insumos a los diputados cuando necesiten elaborar el presupuesto y revisar el gasto gubernamental.
Otra reforma estratégica sería la aprobación de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ya es hora de cumplir con el transitorio de la reforma al artículo 6º constitucional, aprobada hace ya más de dos años, que obliga al Congreso de la Unión a actuar en la materia.
Dos elementos fundamentales que deberían incorporarse en la nueva ley serían la modificación del proceso de nombramiento de los titulares del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y la modificación de la definición del concepto de “documento” para evitar la supuesta “inexistencia” de documentos.
En principio, las situaciones de “gobierno dividido”, en las que el partido que controla al Congreso es diferente del que controla al Poder Ejecutivo, son particularmente propicias para reformas a favor de la rendición de cuentas.
Tal como ocurrió en la 57 Legislatura (1997-2000), cuando se creó la ASF y se dotó de autonomía constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una oposición dominante en la Cámara de Diputados tiene fuertes incentivos para abrir el Poder Ejecutivo al escrutinio público, tanto para exponer sus debilidades como para democratizar el ejercicio de la autoridad estatal.
Sin embargo, hoy falta ver si los partidos de oposición, y en particular el Partido Revolucionario Institucional, se encuentran más preocupados por preparar el camino para la sucesión de 2012 o si verdaderamente están dispuestos a ejercer su fuerza como contrapeso al Poder Ejecutivo para atreverse a transformar de manera radical nuestra estructura institucional para la rendición de cuentas.
Los gobiernos de la alternancia han fracasado olímpicamente en esta materia. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón le han apostado erróneamente a una especie de “revolución cultural” para resolver el problema de la corrupción. En lugar de transformar la estructura gubernamental, mejorar los sistemas de vigilancia y castigar a los funcionarios que violan la ley, el gobierno actual ha preferido organizar concursos mediáticos como el del “Trámite más inútil” y, más recientemente, el de dibujos infantiles “Adiós a las trampas”.
El pasado 12 de agosto, durante su discurso para premiar los dibujos ganadores, Calderón declaró enfáticamente que “la manera en que podemos cambiar a México es que haya valores en cada mexicana y en cada mexicano, que voluntariamente lo lleven al bien, a la verdad, a la honestidad. Y esos valores son los que se deben inculcar en la casa y desde la escuela”.
Desde luego que no hay ningún problema con mejorar la formación en valores que se realiza en las escuelas y las familias mexicanas. Sin embargo, esta estrategia no funcionará para combatir la corrupción hasta que los niños vean que las elites económicas y los altos funcionarios gubernamentales también saben respetar la ley. La solución no se encuentra en la producción masiva de niños y niñas “bien portados”, sino en el encarcelamiento de los corruptos que predominan en las altas esferas del gobierno y la sociedad.
Las declaraciones del recientemente nombrado presidente del Partido Acción Nacional con respecto a la supuesta falta de honestidad y profesionalismo del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, demuestran una vez más la falta de compromiso del gobierno federal con la rendición de cuentas. En lugar de corregir las numerosas áreas de opacidad que el auditor ha identificado en el gobierno federal, César Nava prefiere desacreditar al mensajero antes que atender el mensaje.
Una reforma particularmente estratégica que debería considerar la nue-va 61 Legislatura sería dotar de plena autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una modificación de este tipo fortalecería su presencia pública, su incidencia real y su fuerza institucional. Una ASF autónoma podría resistir de manera mucho más efectiva los constantes embates, manipulaciones y sabotajes a que ha estado sujeta desde los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
La independencia de la ASF respecto del Congreso de la Unión no afectaría en absoluto las atribuciones constitucionales con las que cuenta la Cámara de Diputados en materia de revisión y dictaminación de la cuenta pública. Asimismo, una ASF autónoma y fortalecida sería de más utilidad a los diputados, que una ASF vulnerable a las presiones externas, ya que podría ir más lejos en sus investigaciones, así como proporcionar mayores insumos a los diputados cuando necesiten elaborar el presupuesto y revisar el gasto gubernamental.
Otra reforma estratégica sería la aprobación de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ya es hora de cumplir con el transitorio de la reforma al artículo 6º constitucional, aprobada hace ya más de dos años, que obliga al Congreso de la Unión a actuar en la materia.
Dos elementos fundamentales que deberían incorporarse en la nueva ley serían la modificación del proceso de nombramiento de los titulares del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y la modificación de la definición del concepto de “documento” para evitar la supuesta “inexistencia” de documentos.
En principio, las situaciones de “gobierno dividido”, en las que el partido que controla al Congreso es diferente del que controla al Poder Ejecutivo, son particularmente propicias para reformas a favor de la rendición de cuentas.
Tal como ocurrió en la 57 Legislatura (1997-2000), cuando se creó la ASF y se dotó de autonomía constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una oposición dominante en la Cámara de Diputados tiene fuertes incentivos para abrir el Poder Ejecutivo al escrutinio público, tanto para exponer sus debilidades como para democratizar el ejercicio de la autoridad estatal.
Sin embargo, hoy falta ver si los partidos de oposición, y en particular el Partido Revolucionario Institucional, se encuentran más preocupados por preparar el camino para la sucesión de 2012 o si verdaderamente están dispuestos a ejercer su fuerza como contrapeso al Poder Ejecutivo para atreverse a transformar de manera radical nuestra estructura institucional para la rendición de cuentas.
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