MANUEL CAMACHO SOLÍSEn un momento en el que no hay dinero, los conflictos van en aumento, crecen la violencia y la inseguridad, una conducción honrada y responsable de la justicia puede ganar la autoridad que haga la diferencia para sí y para la estabilidad del conjunto. Una Corte incapaz de proteger los derechos, acelerará su descrédito.
No es esta la ocasión para distraerse en definir las grandes reformas o proponer cambiar de casa. Lo imprescindible es evitar que los tiempos adversos terminen por generar la completa decepción de los ciudadanos con el orden constitucional y la democracia.
Lo que importa son las decisiones que la Corte está tomando y que definen su trayectoria. La opinión pública y los afectados observan si lo que se defienden son los derechos ciudadanos o la impunidad.
Habría que poner las decisiones en perspectiva. La Corte tiene tres opciones. Que amparada en los formalismos, encubra. Que juegue un papel político. O que, con honradez y responsabilidad, defienda los derechos.
El papel de encubridor es de sobra conocido. Los jueces simulan actuar conforme a la Constitución y la ley, aunque en realidad las utilizan —mediante formalismos extremos— para justificar lo que son consignas del poder público o defensa de los grupos de interés. Es el camino cómodo, que será aplaudido y tendrá recompensas inmediatas. Así han hecho muchos y muchas veces, dirán algunos. Sí, pero en condiciones como las que hoy se viven, así no se para el incendio; se le echa gasolina.
El papel político es más sensato e inteligente, pero no será suficiente. Consiste en tomar algunas decisiones justas, para ganar puntos ante la opinión pública que les permitan compensar los reveses de las decisiones injustas. Es la manera de intentar evitar que se pierda por completo la confianza y los jueces caigan en el descrédito.
La acción honesta y responsable no es la que ha predominado. Colocarse en ella, antes y ahora, ha significado ir contra la tradición, la inercia y la correlación de fuerzas. No se trata de asumir posiciones revolucionarias. Simplemente, de ser consecuente con el papel crucial que se desempeña. Se trata de resolver con mesura, serenidad y conforme a las formas, pero con plena conciencia de saber que se es la última instancia que tienen los ciudadanos para defender sus derechos y sancionar conductas indebidas, sobre todo cuando provienen de quienes detentan el poder o poseen grandes patrimonios.
Se dice fácil. Practicarlo es difícil. No lo es tanto por la dificultad objetiva que revisten los casos, sino porque en un sistema que premia la sumisión y la complicidad, es cuesta arriba mantener la independencia. Se requiere de valentía para “decir no” o ir más allá de la rutina.
La Corte puede resolver con oportunismo político, o peor aún, ser cómplice y encubridora de quienes violan los derechos. Lo que debiera ser la responsabilidad de los ministros y ministras es abrir los espacios de la justicia y la confianza pública. Dar abrigo a todos los ciudadanos en la casa común.
No es esta la ocasión para distraerse en definir las grandes reformas o proponer cambiar de casa. Lo imprescindible es evitar que los tiempos adversos terminen por generar la completa decepción de los ciudadanos con el orden constitucional y la democracia.
Lo que importa son las decisiones que la Corte está tomando y que definen su trayectoria. La opinión pública y los afectados observan si lo que se defienden son los derechos ciudadanos o la impunidad.
Habría que poner las decisiones en perspectiva. La Corte tiene tres opciones. Que amparada en los formalismos, encubra. Que juegue un papel político. O que, con honradez y responsabilidad, defienda los derechos.
El papel de encubridor es de sobra conocido. Los jueces simulan actuar conforme a la Constitución y la ley, aunque en realidad las utilizan —mediante formalismos extremos— para justificar lo que son consignas del poder público o defensa de los grupos de interés. Es el camino cómodo, que será aplaudido y tendrá recompensas inmediatas. Así han hecho muchos y muchas veces, dirán algunos. Sí, pero en condiciones como las que hoy se viven, así no se para el incendio; se le echa gasolina.
El papel político es más sensato e inteligente, pero no será suficiente. Consiste en tomar algunas decisiones justas, para ganar puntos ante la opinión pública que les permitan compensar los reveses de las decisiones injustas. Es la manera de intentar evitar que se pierda por completo la confianza y los jueces caigan en el descrédito.
La acción honesta y responsable no es la que ha predominado. Colocarse en ella, antes y ahora, ha significado ir contra la tradición, la inercia y la correlación de fuerzas. No se trata de asumir posiciones revolucionarias. Simplemente, de ser consecuente con el papel crucial que se desempeña. Se trata de resolver con mesura, serenidad y conforme a las formas, pero con plena conciencia de saber que se es la última instancia que tienen los ciudadanos para defender sus derechos y sancionar conductas indebidas, sobre todo cuando provienen de quienes detentan el poder o poseen grandes patrimonios.
Se dice fácil. Practicarlo es difícil. No lo es tanto por la dificultad objetiva que revisten los casos, sino porque en un sistema que premia la sumisión y la complicidad, es cuesta arriba mantener la independencia. Se requiere de valentía para “decir no” o ir más allá de la rutina.
La Corte puede resolver con oportunismo político, o peor aún, ser cómplice y encubridora de quienes violan los derechos. Lo que debiera ser la responsabilidad de los ministros y ministras es abrir los espacios de la justicia y la confianza pública. Dar abrigo a todos los ciudadanos en la casa común.
No hay comentarios:
Publicar un comentario