LORENZO CÓRDOVA VIANELLODesde el día de hoy y hasta el viernes próximo se llevará a cabo en el Palacio de Minería un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IDEA Internacional, la Amedi y el IETD, en el que se hará un balance sobre la reforma electoral una vez concluido el proceso comicial federal de este año.
Vale la pena recordar que la reforma supuso una ambiciosa tarea legislativa para adecuar las normas electorales de cara a los problemas y los desafíos que se habían venido presentando en los últimos años y, particularmente, en la elección de 2006. Prácticamente todos los rubros de la materia electoral fueron revisados y sujetos a modificaciones. En ese sentido, se trató de una operación normativa de gran escala que incluyó cambios a la Constitución y a seis leyes (aun cuando la tarea del legislador secundario todavía está inconclusa pues, lamentablemente, varias normas esperan todavía ser revisadas y adecuadas —como es el caso de la Ley de Radio y Televisión— o incluso creadas —como ocurre con la prometida Ley del Derecho de Réplica).
Sin embargo, más allá de sus amplios alcances, el punto neurálgico de la reforma fue la apuesta de introducir un nuevo modelo de comunicación política centrado esencialmente en la prohibición de compra de publicidad en los medios electrónicos de comunicación y en el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para que los partidos pudieran desplegar sus ofertas políticas ante la ciudadanía.
Fue también por esa razón que se desataron en contra de los cambios las más furibundas reacciones por parte de los grupos de poder mediático y económico, así como de varios actores que coincidieron sobre el punto con sus intereses, acusándola, principalmente, de ser violatoria de derechos y, en particular, de la libertad de expresión.
En realidad, como se ha insistido hasta el cansancio, se trató de una acusación falaz pues una cosa es restringir la libertad de comercio (algo absolutamente lícito y diría incluso debido), y otra cosa es limitar la libertad de expresión misma que hoy puede seguirse ejerciendo ampliamente.
Los ataques contra el modelo provenientes de los medios —sus detractores naturales— y a los que se sumó abiertamente el PVEM (ese partido que hizo de la simulación y del fraude a la normas electorales una conducta reiterada que, en ocasiones, fue sancionada por las autoridades electorales y en otras lamentablemente solapada) han generado la idea de que es necesaria una contrarreforma.
Nadie niega que las nuevas reglas deben ser revisadas a la luz de la experiencia que nos dejó su primera aplicación en un proceso electoral que, en ese sentido, constituyó su prueba del ácido. Eso es lo más pertinente y oportuno para llegar al 2012 con un marco normativo afinado, más completo y mejorado. Pero una cosa es eso, hacer ajustes normativos, y otra, de la que debemos cuidarnos, es propiciar una contrarreforma. Ese, creo, es el objetivo principal del evento académico referido al principio y que hoy comienza: diagnosticar con objetividad y sin estridencias los logros y las áreas de oportunidad de la reforma electoral.
En ese sentido, por poner sólo un ejemplo, los tiempos del Estado en radio y televisión, hoy fragmentados en una marea de spots partidistas, deberían ser utilizados de manera más racional conjuntándolos en espacios de mayor duración y máxima audiencia en donde se induzca a la realización de debates entre los partidos sobre los temas de mayor relevancia y coyuntura (como ocurre en otros países).
Pero de lo que debemos cuidarnos es de dar marcha atrás en el modelo. Es fácil decirlo, pero recordar la magnitud de lo que está en juego no está de más: lo logrado con la reforma constituye una gran conquista de la política, una acción reivindicatoria de la indispensable e indiscutible supremacía de los poderes públicos frente al poder privado. Y eso, creo, es algo que debemos cuidar, es una obligación moral de la sociedad mexicana.
Vale la pena recordar que la reforma supuso una ambiciosa tarea legislativa para adecuar las normas electorales de cara a los problemas y los desafíos que se habían venido presentando en los últimos años y, particularmente, en la elección de 2006. Prácticamente todos los rubros de la materia electoral fueron revisados y sujetos a modificaciones. En ese sentido, se trató de una operación normativa de gran escala que incluyó cambios a la Constitución y a seis leyes (aun cuando la tarea del legislador secundario todavía está inconclusa pues, lamentablemente, varias normas esperan todavía ser revisadas y adecuadas —como es el caso de la Ley de Radio y Televisión— o incluso creadas —como ocurre con la prometida Ley del Derecho de Réplica).
Sin embargo, más allá de sus amplios alcances, el punto neurálgico de la reforma fue la apuesta de introducir un nuevo modelo de comunicación política centrado esencialmente en la prohibición de compra de publicidad en los medios electrónicos de comunicación y en el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para que los partidos pudieran desplegar sus ofertas políticas ante la ciudadanía.
Fue también por esa razón que se desataron en contra de los cambios las más furibundas reacciones por parte de los grupos de poder mediático y económico, así como de varios actores que coincidieron sobre el punto con sus intereses, acusándola, principalmente, de ser violatoria de derechos y, en particular, de la libertad de expresión.
En realidad, como se ha insistido hasta el cansancio, se trató de una acusación falaz pues una cosa es restringir la libertad de comercio (algo absolutamente lícito y diría incluso debido), y otra cosa es limitar la libertad de expresión misma que hoy puede seguirse ejerciendo ampliamente.
Los ataques contra el modelo provenientes de los medios —sus detractores naturales— y a los que se sumó abiertamente el PVEM (ese partido que hizo de la simulación y del fraude a la normas electorales una conducta reiterada que, en ocasiones, fue sancionada por las autoridades electorales y en otras lamentablemente solapada) han generado la idea de que es necesaria una contrarreforma.
Nadie niega que las nuevas reglas deben ser revisadas a la luz de la experiencia que nos dejó su primera aplicación en un proceso electoral que, en ese sentido, constituyó su prueba del ácido. Eso es lo más pertinente y oportuno para llegar al 2012 con un marco normativo afinado, más completo y mejorado. Pero una cosa es eso, hacer ajustes normativos, y otra, de la que debemos cuidarnos, es propiciar una contrarreforma. Ese, creo, es el objetivo principal del evento académico referido al principio y que hoy comienza: diagnosticar con objetividad y sin estridencias los logros y las áreas de oportunidad de la reforma electoral.
En ese sentido, por poner sólo un ejemplo, los tiempos del Estado en radio y televisión, hoy fragmentados en una marea de spots partidistas, deberían ser utilizados de manera más racional conjuntándolos en espacios de mayor duración y máxima audiencia en donde se induzca a la realización de debates entre los partidos sobre los temas de mayor relevancia y coyuntura (como ocurre en otros países).
Pero de lo que debemos cuidarnos es de dar marcha atrás en el modelo. Es fácil decirlo, pero recordar la magnitud de lo que está en juego no está de más: lo logrado con la reforma constituye una gran conquista de la política, una acción reivindicatoria de la indispensable e indiscutible supremacía de los poderes públicos frente al poder privado. Y eso, creo, es algo que debemos cuidar, es una obligación moral de la sociedad mexicana.
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