MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZEn México ejercer el periodismo es peligroso. Muy peligroso. La CNDH acaba de emitir una recomendación general en la que se documentan con gran detalle y acuciosidad las violaciones a la integridad física y a la vida de periodistas mexicanos en los últimos años. El problema es tan grave que en la propia comisión existe un área que se dedica específicamente al tema de los agravios a periodistas. En dicha área se han abierto 487 expedientes en los últimos nueve años, es decir, 54 al año.
En ese mismo periodo se ha documentado la muerte de 50 periodistas o trabajadores de medios de comunicación, los cuales fueron asesinados —presuntamente— por razón de su trabajo. Entre 2000 y 2009 se registró la desaparición de siete periodistas, así como seis atentados con explosivos contra instalaciones de periódicos. Las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo son Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Por si lo anterior fuera poco, hay que considerar la alta tasa de impunidad que prevalece en esos casos, debido sobre todo a la falta de pericia de los órganos encargados de realizar la investigación correspondiente. Solamente en 27% de los casos las procuradurías competentes fueron capaces de consignar las averiguaciones previas ante un juez, pero solamente en 12% se obtuvieron sentencias condenatorias. De hecho, incluso esas cifras tan pobres deben ser tomadas con cierta precaución, pues con toda seguridad muchos delitos cometidos contra periodistas nunca llegan a ser denunciados.
La CNDH ha detectado que al integrar las averiguaciones previas las procuradurías dejan pasar largos periodos sin hacer ningún tipo de actuación. Hay expedientes que permanecen inactivos por más de un año.
Las procuradurías son incapaces de recabar testimonios, desahogar peritajes, agotar líneas de investigación, etcétera. La PGR no ha ofrecido resultados mucho mejores que los que se observan en las instancias estatales; si bien es cierto que fue creada una fiscalía especial en el tema, sus resultados han sido deplorables: entre febrero de 2006 (cuando se crea la fiscalía) y noviembre de 2008 solamente fue capaz de consignar ante un juez tres expedientes, es decir, tiene un promedio de una consignación al año.
No es algo que sea excepcional en el ámbito de la procuración de justicia. De hecho, la regla general es que nunca se pueda dar con los culpables de los delitos porque no hay una investigación científica y seria por parte de las autoridades competentes. Basta ver el clamoroso ejemplo de las más de 6 mil ejecuciones acontecidas durante 2008: ¿en cuántos casos se pudo ubicar al culpable, detenerlo y sentenciarlo? Aun cuando se trata del gravísimo delito de homicidio la impunidad parece ser la regla general.
Sin embargo, el caso de los agravios contra periodistas es en alguna medida diferente al resto, ya que lo que se intenta en esos casos es acallar su voz, ya sea por parte de personas que trabajan en agencias gubernamentales o por parte de la criminalidad organizada. Y eso es muy grave no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Es una forma de cercenar nuestro derecho a estar informados y a quitarnos la libertad de expresión.
Las amenazas a periodistas o su eliminación física nos pone a todos en peligro, pues es probable que de esa forma se oculten muchos otros delitos o simplemente se excluyan temas importantes de la discusión nacional. A lo mejor dentro de poco tiempo ya no se podrá informar sobre actividades relacionadas con el crimen organizado o sobre delitos cometidos por funcionarios públicos poderosos.
Por eso es que hay que exigir a las autoridades que atiendan la recomendación general de la CNDH: porque si callan a nuestros periodistas nos estarán callando a todos. Y eso, en una democracia, no se vale.
En ese mismo periodo se ha documentado la muerte de 50 periodistas o trabajadores de medios de comunicación, los cuales fueron asesinados —presuntamente— por razón de su trabajo. Entre 2000 y 2009 se registró la desaparición de siete periodistas, así como seis atentados con explosivos contra instalaciones de periódicos. Las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo son Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Por si lo anterior fuera poco, hay que considerar la alta tasa de impunidad que prevalece en esos casos, debido sobre todo a la falta de pericia de los órganos encargados de realizar la investigación correspondiente. Solamente en 27% de los casos las procuradurías competentes fueron capaces de consignar las averiguaciones previas ante un juez, pero solamente en 12% se obtuvieron sentencias condenatorias. De hecho, incluso esas cifras tan pobres deben ser tomadas con cierta precaución, pues con toda seguridad muchos delitos cometidos contra periodistas nunca llegan a ser denunciados.
La CNDH ha detectado que al integrar las averiguaciones previas las procuradurías dejan pasar largos periodos sin hacer ningún tipo de actuación. Hay expedientes que permanecen inactivos por más de un año.
Las procuradurías son incapaces de recabar testimonios, desahogar peritajes, agotar líneas de investigación, etcétera. La PGR no ha ofrecido resultados mucho mejores que los que se observan en las instancias estatales; si bien es cierto que fue creada una fiscalía especial en el tema, sus resultados han sido deplorables: entre febrero de 2006 (cuando se crea la fiscalía) y noviembre de 2008 solamente fue capaz de consignar ante un juez tres expedientes, es decir, tiene un promedio de una consignación al año.
No es algo que sea excepcional en el ámbito de la procuración de justicia. De hecho, la regla general es que nunca se pueda dar con los culpables de los delitos porque no hay una investigación científica y seria por parte de las autoridades competentes. Basta ver el clamoroso ejemplo de las más de 6 mil ejecuciones acontecidas durante 2008: ¿en cuántos casos se pudo ubicar al culpable, detenerlo y sentenciarlo? Aun cuando se trata del gravísimo delito de homicidio la impunidad parece ser la regla general.
Sin embargo, el caso de los agravios contra periodistas es en alguna medida diferente al resto, ya que lo que se intenta en esos casos es acallar su voz, ya sea por parte de personas que trabajan en agencias gubernamentales o por parte de la criminalidad organizada. Y eso es muy grave no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Es una forma de cercenar nuestro derecho a estar informados y a quitarnos la libertad de expresión.
Las amenazas a periodistas o su eliminación física nos pone a todos en peligro, pues es probable que de esa forma se oculten muchos otros delitos o simplemente se excluyan temas importantes de la discusión nacional. A lo mejor dentro de poco tiempo ya no se podrá informar sobre actividades relacionadas con el crimen organizado o sobre delitos cometidos por funcionarios públicos poderosos.
Por eso es que hay que exigir a las autoridades que atiendan la recomendación general de la CNDH: porque si callan a nuestros periodistas nos estarán callando a todos. Y eso, en una democracia, no se vale.
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