ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZDurante el segundo trimestre del año la economía mexicana tuvo una caída de 10.3%, con lo que el PIB acumuló una disminución en el primer semestre de 9.2%. Esta situación se ha reflejado en la pérdida de más de 850 mil empleos y en un crecimiento en la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación de 11.51%, lo que representa que más de 5 millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana. La propia Cepal estima que la caída en el PIB mexicano será la más alta de la región en 2009 y una de las más altas en el mundo.
Por ello resulta inaceptable que, en contrasentido de lo que realizan las economías más avanzadas del mundo, el gobierno federal, lejos de promover políticas que fomenten la actividad productiva y el desarrollo de redes de protección social, haya optado por realizar un recorte al Presupuesto de Egresos, por lo cual los estados y municipios del país perderán alrededor de 70 mil millones de pesos de la recaudación federal participable, lo que los coloca en una situación de insolvencia para cumplir sus responsabilidades en lo que resta de 2009, por lo que requieren apoyos especiales y alternativas que permitan utilizar recursos que se generaron en años anteriores y que hoy se encuentran ociosos.
La crisis ha puesto una vez más en evidencia la debilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas, su alta dependencia de los precios del petróleo, y la necesidad de trazar una ruta distinta que permita diseñar una estructura tributaria justa y progresiva que dote al Estado mexicano de una fuente de ingresos que le permita cumplir con sus obligaciones. Pero también es cierto que la crisis y sus efectos perniciosos no pueden esperar a 2010, por lo que es necesario establecer un conjunto de medidas de emergencia que puedan implementarse de manera inmediata y que contemplen al menos las siguientes acciones:
1. Un paquete de estímulo fiscal dirigido a proyectos de inversión pública por un monto entre 167 mil y 224 mil millones de pesos —menos de 2% del PIB—, de los cuales, por lo menos, 130 mil millones deben ser aplicados en lo que resta del año.
Los recursos de este programa deben dedicarse principalmente a proyectos que ya estén iniciados y a obras de mantenimiento en los estados y municipios, que son proyectos de fácil aplicación y que permitirían transmitir los efectos del gasto a otros sectores de la economía.
2. Un programa de seguro de desempleo, dirigido a los trabajadores formales que perdieron su empleo a partir de enero de este año, a partir de un monto acotado del seguro; con carácter temporal (seis meses); con la posibilidad de renovar el seguro si se demuestra que no se ha podido colocar el trabajador o si tomó algún curso de capacitación, y con un programa de políticas activas hacia el mercado laboral para ayudar a que los trabajadores se ubiquen en un nuevo empleo.
3. Utilizar los fondos ociosos conformados en años anteriores con los excedentes petroleros pertenecientes a las entidades federativas, con el fin de resarcir el daño causado a sus finanzas.
Asimismo, que los programas de inversión que ejercen las entidades con una mezcla de recursos federales y locales acordados en el Presupuesto 2009 no requieran la aportación estatal y, para el 2010, la contraparte local no exceda el 20%; y que los recursos del Programa Nacional de Infraestructura, que forman parte del subejercicio del gobierno federal, sean transferidos a estados y municipios para financiar proyectos de inversión durante el último trimestre del año, a fin de promover la creación de empleos y fortalecer la infraestructura educativa y sanitaria.
4. Un programa alimentario de emergencia que atienda a la población de menores ingresos y a los grupos sociales vulnerables, más aún frente a una inflación anual de 7.6% en alimentos y la eventualidad de una caída en la disponibilidad para el abasto derivada de la sequía.
El país no puede continuar sin dar respuesta a esta situación, se necesita actuar ya y de manera responsable.
Por ello resulta inaceptable que, en contrasentido de lo que realizan las economías más avanzadas del mundo, el gobierno federal, lejos de promover políticas que fomenten la actividad productiva y el desarrollo de redes de protección social, haya optado por realizar un recorte al Presupuesto de Egresos, por lo cual los estados y municipios del país perderán alrededor de 70 mil millones de pesos de la recaudación federal participable, lo que los coloca en una situación de insolvencia para cumplir sus responsabilidades en lo que resta de 2009, por lo que requieren apoyos especiales y alternativas que permitan utilizar recursos que se generaron en años anteriores y que hoy se encuentran ociosos.
La crisis ha puesto una vez más en evidencia la debilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas, su alta dependencia de los precios del petróleo, y la necesidad de trazar una ruta distinta que permita diseñar una estructura tributaria justa y progresiva que dote al Estado mexicano de una fuente de ingresos que le permita cumplir con sus obligaciones. Pero también es cierto que la crisis y sus efectos perniciosos no pueden esperar a 2010, por lo que es necesario establecer un conjunto de medidas de emergencia que puedan implementarse de manera inmediata y que contemplen al menos las siguientes acciones:
1. Un paquete de estímulo fiscal dirigido a proyectos de inversión pública por un monto entre 167 mil y 224 mil millones de pesos —menos de 2% del PIB—, de los cuales, por lo menos, 130 mil millones deben ser aplicados en lo que resta del año.
Los recursos de este programa deben dedicarse principalmente a proyectos que ya estén iniciados y a obras de mantenimiento en los estados y municipios, que son proyectos de fácil aplicación y que permitirían transmitir los efectos del gasto a otros sectores de la economía.
2. Un programa de seguro de desempleo, dirigido a los trabajadores formales que perdieron su empleo a partir de enero de este año, a partir de un monto acotado del seguro; con carácter temporal (seis meses); con la posibilidad de renovar el seguro si se demuestra que no se ha podido colocar el trabajador o si tomó algún curso de capacitación, y con un programa de políticas activas hacia el mercado laboral para ayudar a que los trabajadores se ubiquen en un nuevo empleo.
3. Utilizar los fondos ociosos conformados en años anteriores con los excedentes petroleros pertenecientes a las entidades federativas, con el fin de resarcir el daño causado a sus finanzas.
Asimismo, que los programas de inversión que ejercen las entidades con una mezcla de recursos federales y locales acordados en el Presupuesto 2009 no requieran la aportación estatal y, para el 2010, la contraparte local no exceda el 20%; y que los recursos del Programa Nacional de Infraestructura, que forman parte del subejercicio del gobierno federal, sean transferidos a estados y municipios para financiar proyectos de inversión durante el último trimestre del año, a fin de promover la creación de empleos y fortalecer la infraestructura educativa y sanitaria.
4. Un programa alimentario de emergencia que atienda a la población de menores ingresos y a los grupos sociales vulnerables, más aún frente a una inflación anual de 7.6% en alimentos y la eventualidad de una caída en la disponibilidad para el abasto derivada de la sequía.
El país no puede continuar sin dar respuesta a esta situación, se necesita actuar ya y de manera responsable.
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