JORGE ALCOCER VILANUEVALa polémica entre el periodista español José María Siles, Televisa y el gobernador Enrique Peña Nieto, a propósito de la forma y términos en que este último es sujeto de cobertura pagada, disfrazada de notas informativas, por parte de esa empresa, ilustra uno de los pendientes más importantes de la reforma electoral, más ahora que en diversos foros están en curso discusiones de balance y diagnóstico.
Los dichos de Siles y la respuesta de Televisa están a la luz pública, cada quien les dará valor conforme a su personal criterio. Lo contrataron para cubrir la asistencia de Peña Nieto a la cumbre del agua en Estambul, se pactó una tarifa, y el corresponsal dice que no le pagaron lo convenido. El periodista hizo público el asunto, reveló conversaciones con un ejecutivo de Televisa y con funcionarios del gobierno del estado de México. Siles hace un mea culpa: “la historia no me absolverá”.
Pero el problema existe, involucra no sólo al abierto aspirante a la silla presidencial en 2012, sino también al jefe de Gobierno capitalino, a varios gobernadores, a decenas de presidentes municipales y una larga lista de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. En el origen están dos párrafos, adicionados en 2007 al artículo 134 de nuestra Constitución, para establecer la obligada imparcialidad de funcionarios públicos respecto de la competencia entre partidos, y la regulación genérica de la propaganda gubernamental.
El Congreso de la Unión tenía que expedir la ley reglamentaria de tales normas constitucionales, y los Congresos estatales las relativas a su ámbito de competencia. Pero no lo hicieron. En marzo de 2008, el Consejo General del IFE aprobó un Reglamento en esas dos materias, breve y deficiente, con omisiones y exageraciones notables. Entre la publicación de la reforma constitucional y el fin de la campaña electoral federal, el IFE recibió más de 80 quejas por supuestas violaciones al artículo 134 constitucional, todas fueron declaradas infundadas.
Hay quienes afirman que el texto del penúltimo párrafo del citado artículo 134 es rigorista en extremo, a grado tal que, citando al clásico, el Congreso no pudo encontrar la cuadratura al círculo de su reglamentación. Pero tal omisión, aunada a la pretensión del Consejo del IFE de suplir en sus tareas a los legisladores, ha provocado proliferación de quejas y ausencia de acciones correctivas.
El caso más atendido por la prensa ha sido el del gobernador Enrique Peña Nieto, exculpado por el Consejo General del IFE de cualquier infracción a la norma constitucional, debido a que, según afirma la resolución, en “autos” no obra prueba alguna de compra de tiempo en televisión o radio con fines de promoción personal y objetivos político-electorales. Es decir que el quejoso, en este caso el PAN, no pudo acreditar, con pruebas fehacientes, lo que todos han visto.
La citada resolución se produjo antes de que el periodista español diera a conocer sus desventuras. El PAN y el PRD anunciaron que acudirán a la Sala Superior del TEPJF para controvertir la decisión del IFE, aportando nuevos elementos de prueba, entre ellos las declaraciones de Siles, a las que atribuyen valor como indicios probatorios de los ilícitos que denuncian. Más allá del caso comentado, lo que cabe preguntar es si en los meses y años por venir seguiremos viendo y padeciendo el éxito de quienes hacen fraude a la ley. El PVEM se ha convertido en especialista, como lo comprueba su éxito al ganar ante el TEPJF la anulación de la multa de 20 millones de pesos que el IFE le impuso por sus ilegales mensajes en televisión.
El año venidero 10 estados renovarán gobernador; en 2011, ocho. En 2012 vendrá la disputa por el Poder. El tema de la publicidad gubernamental es prioritario. Una Ley General en esa materia resulta más que pertinente, a menos que se quiera ensanchar la carretera por la que transitan los defraudadores de la Constitución, a los que la historia no los absolverá, pero sí los tribunales electorales, que son los que cuentan.
Los dichos de Siles y la respuesta de Televisa están a la luz pública, cada quien les dará valor conforme a su personal criterio. Lo contrataron para cubrir la asistencia de Peña Nieto a la cumbre del agua en Estambul, se pactó una tarifa, y el corresponsal dice que no le pagaron lo convenido. El periodista hizo público el asunto, reveló conversaciones con un ejecutivo de Televisa y con funcionarios del gobierno del estado de México. Siles hace un mea culpa: “la historia no me absolverá”.
Pero el problema existe, involucra no sólo al abierto aspirante a la silla presidencial en 2012, sino también al jefe de Gobierno capitalino, a varios gobernadores, a decenas de presidentes municipales y una larga lista de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. En el origen están dos párrafos, adicionados en 2007 al artículo 134 de nuestra Constitución, para establecer la obligada imparcialidad de funcionarios públicos respecto de la competencia entre partidos, y la regulación genérica de la propaganda gubernamental.
El Congreso de la Unión tenía que expedir la ley reglamentaria de tales normas constitucionales, y los Congresos estatales las relativas a su ámbito de competencia. Pero no lo hicieron. En marzo de 2008, el Consejo General del IFE aprobó un Reglamento en esas dos materias, breve y deficiente, con omisiones y exageraciones notables. Entre la publicación de la reforma constitucional y el fin de la campaña electoral federal, el IFE recibió más de 80 quejas por supuestas violaciones al artículo 134 constitucional, todas fueron declaradas infundadas.
Hay quienes afirman que el texto del penúltimo párrafo del citado artículo 134 es rigorista en extremo, a grado tal que, citando al clásico, el Congreso no pudo encontrar la cuadratura al círculo de su reglamentación. Pero tal omisión, aunada a la pretensión del Consejo del IFE de suplir en sus tareas a los legisladores, ha provocado proliferación de quejas y ausencia de acciones correctivas.
El caso más atendido por la prensa ha sido el del gobernador Enrique Peña Nieto, exculpado por el Consejo General del IFE de cualquier infracción a la norma constitucional, debido a que, según afirma la resolución, en “autos” no obra prueba alguna de compra de tiempo en televisión o radio con fines de promoción personal y objetivos político-electorales. Es decir que el quejoso, en este caso el PAN, no pudo acreditar, con pruebas fehacientes, lo que todos han visto.
La citada resolución se produjo antes de que el periodista español diera a conocer sus desventuras. El PAN y el PRD anunciaron que acudirán a la Sala Superior del TEPJF para controvertir la decisión del IFE, aportando nuevos elementos de prueba, entre ellos las declaraciones de Siles, a las que atribuyen valor como indicios probatorios de los ilícitos que denuncian. Más allá del caso comentado, lo que cabe preguntar es si en los meses y años por venir seguiremos viendo y padeciendo el éxito de quienes hacen fraude a la ley. El PVEM se ha convertido en especialista, como lo comprueba su éxito al ganar ante el TEPJF la anulación de la multa de 20 millones de pesos que el IFE le impuso por sus ilegales mensajes en televisión.
El año venidero 10 estados renovarán gobernador; en 2011, ocho. En 2012 vendrá la disputa por el Poder. El tema de la publicidad gubernamental es prioritario. Una Ley General en esa materia resulta más que pertinente, a menos que se quiera ensanchar la carretera por la que transitan los defraudadores de la Constitución, a los que la historia no los absolverá, pero sí los tribunales electorales, que son los que cuentan.
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