FRENTE AL 'SHOK', ESFUERZO PAREJO

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

La crisis económica ocupará la mayor atención y tiempo de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Así lo impone el shock de las finanzas públicas y la brutal caída del PIB que se pronostica para 2009. El 8 de septiembre el Ejecutivo presentará ante la Cámara de Diputados, por conducto del secretario de Hacienda, el paquete económico para 2010; tienen 21 días por delante para construir los acuerdos básicos que permitan el ajuste ordenado, racional, del gasto público, visto que por el lado de los ingresos no parece haber margen de maniobra.Legisladores de varios partidos, en funciones y electos, han descartado incrementar tasas impositivas o crear nuevos impuestos; exigen que el Ejecutivo adopte medidas de racionalidad en el gasto corriente, que libere recursos para la inversión y ponga el ejemplo de austeridad. Hay tela de donde cortar.En los últimos años el gasto corriente, en especial el destinado al pago de sueldos y prestaciones de los funcionarios de mando medio y superior de la Administración Pública Federal, ha crecido de manera exponencial, lo que se explica tanto por el incremento de las remuneraciones como por la creación de nuevas plazas. Es necesario eliminar o compactar subsecretarías y direcciones generales, medida que debe extenderse a los organismos descentralizados. Lo anterior debe acompañarse de la retabulación de los sueldos y prestaciones de las plazas que subsistan.La base constitucional para proceder al ajuste de sueldos y prestaciones fue aprobada en la reforma constitucional que a ese respecto remitió, desde hace cuatro semanas, el Congreso al Ejecutivo, sin que éste la haya publicado para su entrada en vigor. Es la mal llamada "Ley de Salarios Máximos" -que no es una ley, sino reformas a varios artículos constitucionales- por la cual ningún servidor público puede tener una percepción superior a la del Presidente. Aunque dicha reforma exime a los actuales ministros de la SCJN y a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, bien podrían sumarse al esfuerzo y proceder a la reducción voluntaria de sus percepciones, lo mismo cabría esperar de los servidores de mando superior en los organismos constitucionales autónomos (IFE, IFAI, CNDH, Banco de México) y de las propias Cámaras.Los gobiernos estatales y municipales deberían realizar su propio esfuerzo en este terreno; su gasto en sueldos y prestaciones ha crecido en forma desproporcionada, agravándose en muchos casos por las percepciones desorbitadas de gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores. Los datos disponibles muestran que mientras el gasto corriente de estados y municipios experimentó un acelerado crecimiento, sus ingresos propios se estancaron o retrocedieron (en ambos casos en términos reales).Las principales fuentes de ingresos propios de los municipios son el impuesto predial y las cuotas por el servicio de agua potable. Durante la última década los ingresos por esos conceptos se han estancado, a pesar de los esfuerzos de modernización catastral y registral emprendidos en el mismo periodo (en 2004 fueron de 10 mil y mil millones de pesos, respectivamente). Los ayuntamientos no quieren ajustar los valores catastrales ni la tarifa para el cálculo del predial, mientras que la recaudación por agua es ridícula desde cualquier punto de vista. Las generosas participaciones federales, que desde 1998 les llegan de manera directa, han cubierto sus gastos. Es una elusión de responsabilidades con efectos perversos sobre la estructura y monto de los ingresos municipales. Los excesos de gasto y la casi total dependencia de las participaciones federales han conducido a no pocos ayuntamientos a la bancarrota.Nadie quiere ver reducidos sus ingresos, pero el ajuste es inevitable y sólo podrá ser mitigado con un esfuerzo parejo para reducir cuanto antes el gasto corriente, especialmente el destinado a sueldos y prestaciones de servidores públicos de nivel medio y superior, cuando por su monto resulten injustificables o inconstitucionales.