ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZDurante los últimos años se ha establecido en el país un clima de violencia, incertidumbre y ausencia de autoridad que favorece la violación de los derechos humanos y particularmente de los derechos políticos. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, el Ejército y las fuerzas federales son empujados hacia la ocupación del territorio y a actuar como un poder absoluto sin controles democráticos. Los operativos realizados en esta guerra aumentan de manera preocupante el número de casos de violaciones a los derechos humanos y abusos contra la población civil, y propician el resurgimiento de grupos caciquiles y la persecución política.
La violencia resurge contra luchadores sociales y militantes políticos, sin que se castigue a los responsables en un escenario de impunidad que forma parte de la vida cotidiana de una sociedad que se va acostumbrando a ésta sin que levante su voz.
Tan sólo en el primer semestre del año han sido asesinados 24 militantes perredistas en distintos estados de la República. Son los casos de:
—Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización del Futuro del Pueblo Mixteco, quienes fueron encontrados con signos de tortura el 20 de febrero en Ayutla, Guerrero.
—Natalio Solano González, presidente del comisariado de bienes comunales de Ocoapac, asesinado el 15 de febrero en Copanatoyac, Guerrero.
—Beatriz López Leyva, representante del gobierno legítimo en el estado de Oaxaca, asesinada el 6 de marzo en San Pedro Jicayán, Oaxaca.
—Gustavo Bucio Rodríguez, candidato suplente por el PRD a diputado federal, acribillado el 7 de marzo en Cuatro Caminos, Nueva Italia, Michoacán.
—Álvaro Rosas Martínez, dirigente del PRD en Petatlán, Guerrero, asesinado el 29 de abril.
—Pedro Lugo Rivera, dirigente campesino asesinado el 16 de mayo en Ocoroni, Sinaloa.
—Faustino Vázquez Jiménez, asesinado mientras repartía nombramientos de representantes de casilla el 4 de julio, en Ayahualco, Chilapa, Guerrero.
—Juan Zarabia Adame y Fernando Marino, victimados el 4 de julio en Chichihualco, Guerrero.
—Macario Rivera, Pedro Rivera Peñalosa, Marcelo Rivera Martínez, Valente Rivera Romero, Ricardo Romero Acosta, Pascual Romero Rivera, Carlos Rivera Lozano, Abigail Alemán Romero, Remedios Romero Alemán, Beatriz Romero Alemán, Olga Sánchez Arellano, los 11 fueron emboscados el 5 de julio en Coahuayutla, Guerrero, cuando se dirigían a votar.
—Gabino Barrera Salazar, amordazado y torturado, el 5 de julio en Chilapa, Guerrero.
—Daniel Tetla Hernández, abogado de asuntos agrarios, asesinado el 13 de julio en Totimehuacan, Puebla
—Fermín Mariano Matías, consejero del PRD en Puebla, estudiante del Instituto de Física de la UNAM, asesor de diversas organizaciones sociales, quien apareció en la fosa común el 27 de julio en San Juan Totolac, Tlaxcala
En el marco de la polémica resolución de la Corte respecto a la matanza de indígenas en Acteal y de la designación del nuevo presidente de la CNDH, es necesario fortalecer una verdadera política de atención a los derechos humanos que garantice condiciones que propicien la paz social, el ejercicio de las libertades y castigar de manera expedita los casos de violaciones a derechos, especialmente los asesinatos y desapariciones de carácter político.
Debe asumirse que no existirá una verdadera libertad política si se criminaliza a quienes participan en movimientos sociales, se hostiga a las agrupaciones que defienden los derechos humanos y persisten asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, tortura y persecución por motivos políticos. En tanto prevalezcan la impunidad y el manejo discrecional de las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia, no existirán las condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos.
La violencia resurge contra luchadores sociales y militantes políticos, sin que se castigue a los responsables en un escenario de impunidad que forma parte de la vida cotidiana de una sociedad que se va acostumbrando a ésta sin que levante su voz.
Tan sólo en el primer semestre del año han sido asesinados 24 militantes perredistas en distintos estados de la República. Son los casos de:
—Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización del Futuro del Pueblo Mixteco, quienes fueron encontrados con signos de tortura el 20 de febrero en Ayutla, Guerrero.
—Natalio Solano González, presidente del comisariado de bienes comunales de Ocoapac, asesinado el 15 de febrero en Copanatoyac, Guerrero.
—Beatriz López Leyva, representante del gobierno legítimo en el estado de Oaxaca, asesinada el 6 de marzo en San Pedro Jicayán, Oaxaca.
—Gustavo Bucio Rodríguez, candidato suplente por el PRD a diputado federal, acribillado el 7 de marzo en Cuatro Caminos, Nueva Italia, Michoacán.
—Álvaro Rosas Martínez, dirigente del PRD en Petatlán, Guerrero, asesinado el 29 de abril.
—Pedro Lugo Rivera, dirigente campesino asesinado el 16 de mayo en Ocoroni, Sinaloa.
—Faustino Vázquez Jiménez, asesinado mientras repartía nombramientos de representantes de casilla el 4 de julio, en Ayahualco, Chilapa, Guerrero.
—Juan Zarabia Adame y Fernando Marino, victimados el 4 de julio en Chichihualco, Guerrero.
—Macario Rivera, Pedro Rivera Peñalosa, Marcelo Rivera Martínez, Valente Rivera Romero, Ricardo Romero Acosta, Pascual Romero Rivera, Carlos Rivera Lozano, Abigail Alemán Romero, Remedios Romero Alemán, Beatriz Romero Alemán, Olga Sánchez Arellano, los 11 fueron emboscados el 5 de julio en Coahuayutla, Guerrero, cuando se dirigían a votar.
—Gabino Barrera Salazar, amordazado y torturado, el 5 de julio en Chilapa, Guerrero.
—Daniel Tetla Hernández, abogado de asuntos agrarios, asesinado el 13 de julio en Totimehuacan, Puebla
—Fermín Mariano Matías, consejero del PRD en Puebla, estudiante del Instituto de Física de la UNAM, asesor de diversas organizaciones sociales, quien apareció en la fosa común el 27 de julio en San Juan Totolac, Tlaxcala
En el marco de la polémica resolución de la Corte respecto a la matanza de indígenas en Acteal y de la designación del nuevo presidente de la CNDH, es necesario fortalecer una verdadera política de atención a los derechos humanos que garantice condiciones que propicien la paz social, el ejercicio de las libertades y castigar de manera expedita los casos de violaciones a derechos, especialmente los asesinatos y desapariciones de carácter político.
Debe asumirse que no existirá una verdadera libertad política si se criminaliza a quienes participan en movimientos sociales, se hostiga a las agrupaciones que defienden los derechos humanos y persisten asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, tortura y persecución por motivos políticos. En tanto prevalezcan la impunidad y el manejo discrecional de las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia, no existirán las condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos.
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