RODRIGO MORALES MANZANARESCuando está por terminar la danza de las cifras que arrojaron los comicios del llamado "superdomingo" electoral, acaso sea posible ensayar un primer balance del desarrollo de tales procesos hasta este momento.
En términos institucionales, un primer elemento que llama la atención es el deterioro que han sufrido las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, a nivel local. Han dejado de ser un espacio para la solución de controversias, y casi cualquier diferendo ha sido elevado por los contendientes hasta llevarlo al TEPJF. Así, más que significarse como un espacio para acercar posiciones y buscar soluciones en conjunto, las más de las veces son cajas para hacer resonar las diferencias y subrayar la desconfianza.
La judicialización de la política se ha vuelto rutina; en lugar de que la última instancia se ocupe, en efecto, de resolver los temas límite, el TEPJF se ve agobiado por una cantidad de recursos que abarcan prácticamente todas las etapas del proceso electoral. El debilitamiento del arbitraje político local es sin duda una mala noticia, porque su reconstrucción no será una operación sencilla.
En términos del accionar de los jugadores, las cuentas tampoco son muy buenas. Pareciera que pocos tienen memoria de lo que ocurrió en 2006, y se ha insistido en al menos dos cosas: desaprovechar las campañas como una ocasión para ofrecer los diversos diagnósticos y propuestas que están en juego, y más bien usarlas para acentuar o acrecentar la polarización; y el día de la jornada emitir diversas proclamas de triunfo sin datos que lo sustenten.
Se replican actitudes que mucho daño hicieron al proceso político de 2006.
Por otro lado, la política de alianzas parece haber sido exitosa en las urnas. Así, en Oaxaca se encumbró un político con trayectoria en la entidad, sin nexos claros con los partidos que lo postularon; algo similar se puede decir en el caso de Puebla, y en Sinaloa ganó un prominente priista que dejo de serlo hace 100 días. El éxito, en cuanto al propósito de lo que se quería contener (frenar al PRI a toda costa), se logró al menos en estas tres entidades; falta por supuesto ver qué es lo que se quiere impulsar. Ya los nuevos gobernadores nos enterarán de sus prioridades, de sus aliados verdaderos y de la fidelidad que le guarden a las plataformas de los partidos que los pusieron en las boletas. El tiempo nos irá ubicando cuáles son los parámetros reales de éxito de las alianzas.
Finalmente parecemos toparnos con una nueva aduana para decantar los conflictos postelectorales, a saber: primero, la declaratoria de los medios que sobre la base de información de encuestas de salida y/o conteos rápidos realizan entrevistas a los virtuales ganadores (habrá que analizar después las enromes distancias entre esos pronósticos y los PREP); después, el Ejecutivo federal realiza llamadas telefónicas en las que reconoce el triunfo de algunos de los presuntos ganadores, cuando quedan diversas etapas formales por desahogar.
Si dichas llamadas se hicieran bajo parámetros idénticos (distancia entre primero y segundo lugar, grado de avance del PREP, reconocimiento de parte del perdedor, etcétera), el efecto que producirían sería inhibir posibles conflictos; sin embargo cuando los criterios no son tan nítidos, al menos no idénticos, es inevitable pensar que desde el Ejecutivo se va prefigurando el mapa de los conflictos postelectorales.
Malas noticias, ojalá pronto se puedan ubicar vías para reconstruir la confianza política entre los actores, y las elecciones sean sólo ocasión para que los ciudadanos expresen sus preferencias políticas y no pretexto para que los partidos actualicen sus agravios
En términos institucionales, un primer elemento que llama la atención es el deterioro que han sufrido las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, a nivel local. Han dejado de ser un espacio para la solución de controversias, y casi cualquier diferendo ha sido elevado por los contendientes hasta llevarlo al TEPJF. Así, más que significarse como un espacio para acercar posiciones y buscar soluciones en conjunto, las más de las veces son cajas para hacer resonar las diferencias y subrayar la desconfianza.
La judicialización de la política se ha vuelto rutina; en lugar de que la última instancia se ocupe, en efecto, de resolver los temas límite, el TEPJF se ve agobiado por una cantidad de recursos que abarcan prácticamente todas las etapas del proceso electoral. El debilitamiento del arbitraje político local es sin duda una mala noticia, porque su reconstrucción no será una operación sencilla.
En términos del accionar de los jugadores, las cuentas tampoco son muy buenas. Pareciera que pocos tienen memoria de lo que ocurrió en 2006, y se ha insistido en al menos dos cosas: desaprovechar las campañas como una ocasión para ofrecer los diversos diagnósticos y propuestas que están en juego, y más bien usarlas para acentuar o acrecentar la polarización; y el día de la jornada emitir diversas proclamas de triunfo sin datos que lo sustenten.
Se replican actitudes que mucho daño hicieron al proceso político de 2006.
Por otro lado, la política de alianzas parece haber sido exitosa en las urnas. Así, en Oaxaca se encumbró un político con trayectoria en la entidad, sin nexos claros con los partidos que lo postularon; algo similar se puede decir en el caso de Puebla, y en Sinaloa ganó un prominente priista que dejo de serlo hace 100 días. El éxito, en cuanto al propósito de lo que se quería contener (frenar al PRI a toda costa), se logró al menos en estas tres entidades; falta por supuesto ver qué es lo que se quiere impulsar. Ya los nuevos gobernadores nos enterarán de sus prioridades, de sus aliados verdaderos y de la fidelidad que le guarden a las plataformas de los partidos que los pusieron en las boletas. El tiempo nos irá ubicando cuáles son los parámetros reales de éxito de las alianzas.
Finalmente parecemos toparnos con una nueva aduana para decantar los conflictos postelectorales, a saber: primero, la declaratoria de los medios que sobre la base de información de encuestas de salida y/o conteos rápidos realizan entrevistas a los virtuales ganadores (habrá que analizar después las enromes distancias entre esos pronósticos y los PREP); después, el Ejecutivo federal realiza llamadas telefónicas en las que reconoce el triunfo de algunos de los presuntos ganadores, cuando quedan diversas etapas formales por desahogar.
Si dichas llamadas se hicieran bajo parámetros idénticos (distancia entre primero y segundo lugar, grado de avance del PREP, reconocimiento de parte del perdedor, etcétera), el efecto que producirían sería inhibir posibles conflictos; sin embargo cuando los criterios no son tan nítidos, al menos no idénticos, es inevitable pensar que desde el Ejecutivo se va prefigurando el mapa de los conflictos postelectorales.
Malas noticias, ojalá pronto se puedan ubicar vías para reconstruir la confianza política entre los actores, y las elecciones sean sólo ocasión para que los ciudadanos expresen sus preferencias políticas y no pretexto para que los partidos actualicen sus agravios
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