EL PODER DEL VOTO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

A 10 días de las elecciones del 4 de julio, los cómputos distritales han ratificado buena parte de los resultados que los conteos rápidos anticiparon la noche de las elecciones. Salvo los casos de Veracruz (en donde se confirmó una ventaja del PRI de alrededor de 90 mil votos) y de Durango (en donde la delantera de ese partido es mucho más cerrada y hace suponer una intensa batalla judicial), en los que se había previsto una diferencia mucho más amplia, los triunfos en las 12 elecciones de gobernador se resolvieron con márgenes de votos considerables.
Ello no sería noticia de no ser porque en varios de esos casos las encuestas preveían un empate técnico que impedía a priori determinar ganadores. Así pasó con Oaxaca, Puebla y Sinaloa, entidades en las que triunfaron las cuestionadas coaliciones opositoras (PRD-PAN), y que se resolvieron con una holgada diferencia de votos (9%, 11% y 5%, respectivamente).
Pero el dato más importante de esas elecciones, que acarrearon la alternancia en la mitad de los estados en los que se renovó el Poder Ejecutivo, fue lo que podría parecer obvio, pero que vistos los sucesos de los últimos años y frente al tremendismo que imperaba en buena parte de la opinión pública se nos volvió a presentar como una bocanada de aire fresco: el voto cuenta y sirve para determinar quién va a gobernarnos.
En años recientes se había consolidado un fenómeno que opacaba los avances de nuestro exiguo proceso de democratización: el empoderamiento de los Ejecutivos locales que varios hemos identificado como una verdadera “feudalización” de la política. Esa situación que se ha traducido en el ejercicio vertical del poder político en los estados, en el sometimiento de los órganos de control, en la subordinación de los congresos locales, en la interferencia franca y abierta en los procesos internos de sus partidos en el ámbito estatal y en el uso de los recursos públicos para inducir el voto mediante el clientelismo y el uso electoral de los programas sociales, es transversal a las fuerzas políticas y aqueja, en diversa medida, a buena parte de las realidades políticas del país.
La feudalización de la política no se presentó con la misma intensidad en todas las entidades. Algunos gobernadores entendieron mejor que otros ese proceso y ejercieron un poder mucho más concentrado. Los casos de Oaxaca, Puebla y Veracruz son emblemáticos, aunque el fenómeno se presentó también en otros estados gobernados por el PAN, PRD y por el mismo PRI.
Ese modo de ejercer el poder provocó que el “carro completo”, es decir, que un solo partido logre ganar prácticamente todos los cargos electorales en disputa, volviera del olvido y se presentara con una preocupante frecuencia en varias entidades. Basta recordar los apabullantes resultados en las elecciones intermedias de 2007, o en los comicios federales del año pasado, cuando en las tres entidades mencionadas el PRI ganó todo lo ganable.
El poder de los gobernadores vaticinaba que en las recientes elecciones los resultados de los últimos años se reeditarían en un enésimo triunfo del “nuevo” modo de hacer política en el país. Y, sin embargo… los electores salieron a votar y demostraron que con su voto sí pueden romperse los nuevos cacicazgos.
Entendámonos, no quiero menospreciar un fenómeno que es preocupante y que constituye uno de los problemas con los que debe lidiar el proceso de consolidación de nuestra endeble democracia. Los actos de injerencismo de los gobernadores en sus partidos (convertidos en el ámbito local en verdaderos cotos de poder personal), los actos de franco (e ilegal) proselitismo, el (también ilícito) uso de los recursos públicos para alimentar el clientelismo electoral son todos hechos de los que tenemos que hacernos cargo a través de un efectivo sistema de rendición de cuentas y de fincar responsabilidades administrativas y penales a los responsables (por aquello de que éste es el país en donde no pasa nada y en el que frente a sucesos ominosos los funcionarios “escurren el bulto” frente a la mirada inalterable de ciudadanos que hemos perdido hasta la capacidad de indignación).
La gran lección del “súper domingo electoral” es esa. Cuando los electores acuden masivamente a las urnas (en los estados en donde hubo alternancia la participación rondó el 60%) ni siquiera las prácticas indebidas y antidemocráticas pueden evitar que sean los ciudadanos los que con el poder de su voto decidan su destino político.