JESÚS CANTÚEl gobernador Eugenio Hernández y el PRI impusieron sus condiciones y aprovecharon la tragedia del crimen contra el candidato Rodolfo Torre Cantú para lucrar con ella y apelar a las fibras más sensibles de los tamaulipecos, con el fin de asegurar una victoria todavía más amplia de la que ya de por sí les otorgaban las encuestas.
Apelaron a su “responsabilidad democrática” y “al derecho al sufragio que tiene el pueblo de Tamaulipas” para seguir adelante con una elección que, sin embargo, carece de las condiciones para ser democrática.
Además de que todo el proceso electoral ha estado marcado por la intromisión del crimen organizado –el asesinato de Rodolfo Torre sólo ha sido hasta hoy el hecho violento más reciente del mismo–, en Tamaulipas no hay libertad de expresión, no hay libertad para votar ni para ser votado, y la violencia inhibe la participación ciudadana.
Entre los elementos mínimos que reclaman unos comicios democráticos están los relativos a que todos los ciudadanos puedan votar y ser votados; a que todos los candidatos cuenten con oportunidades razonables para difundir sus propuestas e ideas, y a que los ciudadanos puedan sufragar libremente. Ninguna de estas tres condiciones está hoy presente en Tamaulipas.
El crimen organizado ejerce todo tipo de amenazas, presiones y represiones para impedir la postulación de los candidatos que no quiere. El 30 de abril, Raúl Bocanegra Alonso, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Río Bravo, renunció a sus aspiraciones luego de que su casa fue incendiada. El 4 de mayo fueron ejecutados dos empleados de una estética propiedad de Martha Porras, precandidata perredista a la alcaldía de Nuevo Laredo. En el lugar aparecieron mantas con amenazas en contra de ella y de su hermana, quien atendía el negocio. También les incendiaron su casa.
El 13 de mayo la delincuencia organizada acribilló, en su negocio, al candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, quien previamente había recibido amenazas de muerte. Un día después, la candidata panista a diputada estatal por el distrito con cabecera en Valle Hermoso, Adriana Contreras, renunció a dicha encomienda tras recibir amenazas de muerte. Y, para rematar, el lunes 28 de junio el crimen organizado asesinó al candidato a gobernador de la coalición Todos Tamaulipas.
Los partidos políticos no pudieron conseguir candidatos a todos los puestos de elección popular porque los ciudadanos tenían miedo de participar ante las advertencias del crimen organizado, el cual, de acuerdo con los ejemplos mencionados, es el que define quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos en Tamaulipas. Nadie pasa sin su consentimiento.
Tampoco existe en el estado libertad ni igualdad de oportunidades para hacer campañas, pues el crimen organizado es el gran censor de los medios masivos de comunicación, y también decide quién y dónde puede hacer proselitismo.
Al concluir el registro de candidatos a las alcaldías, el PAN anunció que en Camargo, Ciudad Mier y Miguel Alemán no haría campañas por temor al narcotráfico. El candidato a gobernador blanquiazul, José Julián Sacramento, declaró en una entrevista radiofónica, el mismo día del asesinato de Torre Cantú, que no pudo hacer campaña en la denominada “frontera chica” (que incluye, entre otros, a los tres municipios citados).
El control del crimen organizado sobre los medios de comunicación masiva de Tamaulipas se evidencia con los siguientes datos, tomados de la agrupación Periodistas En Línea y de la Federación Latinoamericana de Periodistas:
Entre el año 2000 y el 2010 han sido asesinados en Tamaulipas 10 periodistas; de 2004 a 2010 han desaparecido nueve, de los cuales dos regresaron golpeados y uno fue asesinado, de modo que siete permanecen desaparecidos. Asimismo, 43 periodistas de la entidad han recibido agresiones o amenazas entre 1999 y 2006, y el 6 de febrero de 2006 dos sujetos encapuchados irrumpieron en las instalaciones de El Mañana de Nuevo Laredo, lanzaron una granada y tirotearon las instalaciones, lesionando gravemente a Jaime Orozco Tey, quien hoy usa silla de ruedas.
El 15 de marzo de este año, en pleno proceso electoral, la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que señala: “Según la información recibida, al menos ocho periodistas habrían sido secuestrados en distintos hechos durante las últimas semanas en la ciudad de Reynosa. Cinco de ellos permanecerían desaparecidos, dos habrían sido liberados luego de ser golpeados y obligados a regresar a la Ciudad de México, DF, mientras que Jorge Rábago Valdez, periodista de las emisoras Radio Rey y Reporteros en la Red, y el diario La Prensa de Reynosa, habría fallecido el 2 de marzo, en circunstancias que aún no han sido aclaradas”.
El comunicado agrega un párrafo que ilustra lo que sucede en Tamaulipas: “Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que las actuaciones de los grupos de narcotráfico en la zona y la omisión de las autoridades locales en la prevención de los crímenes contra los periodistas y en el impulso a las investigaciones y sanciones posteriores, han provocado un efecto de silenciamiento tal que los medios de comunicación del estado de Tamaulipas no se atreven a publicar investigaciones o denuncias sobre el crimen organizado o la corrupción. A este respecto, resulta preocupante que los graves crímenes mencionados se hubieran dado a conocer, días después de ocurridos, por diarios extranjeros y organizaciones no gubernamentales y no por la prensa y las autoridades locales”.
En Tamaulipas la libertad de expresión no existe y, por lo mismo, no hay posibilidades de difundir plataformas políticas y propuestas de gobierno, como tampoco de pedir el voto ciudadano, sin la anuencia del crimen organizado.
Pero eso no es todo, pues como señalaba Gerardo Albarrán en su crónica en Proceso 1756: “El convoy de más de 100 camionetas rotuladas CDG (Cártel del Golfo) y X M3 (Metro 3) llegó temprano a Valle Hermoso el miércoles 24 de febrero. El pueblo estuvo ocupado durante tres días de enfrentamientos a toda hora. Nomás chillaban los coches por las corretizas que pegaban. Nadie nos auxilió, ni el Ejército vino por más que lo llamaron. Hubo como 60 muertos. La historia se repitió el 6 de junio…”
Igualmente, el crimen organizado que se apodera de territorios y comunidades se adueña también de instalaciones como las de Pemex en la Cuenca de Burgos, donde permaneció durante más de un mes.
Pese a que en Tamaulipas no se puede votar libremente ni existen en general condiciones para realizar elecciones democráticas, ninguna autoridad ha afrontado el problema. El Consejo General del Instituto Electoral del estado se limitó a revisar qué decía la ley sobre el fallecimiento de un candidato en vísperas de una elección, como lo hizo saber en un comunicado el presidente del Consejo, Jorge Luis Navarro Cantú.
El caso es que, el miércoles 30 de junio, los integrantes del Consejo General recibieron la solicitud de sustitución del candidato y en unas horas la desahogaron. Sólo revisaron que se hubiesen entregado los documentos que señala el artículo 211 del Código Electoral de Tamaulipas, pero nunca repararon en que, tratándose de coaliciones, el artículo 116 establece que al convenio de coalición hay que anexarle:” I. Las actas que acrediten que los órganos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron de conformidad a sus estatutos (…) la postulación de la o las candidaturas para la elección de que se trate”. Dicho requisito, cumplido cuando se registró la coalición postulando a su candidato, debió cubrirse igualmente para sustituir al candidato. Como muy probablemente el PVEM y el Panal no lo hicieron, la candidatura del sustituto podría ser impugnada en cualquier momento.
Lo que pasó es que el Ietam se apresuró a resolver porque la dirigente nacional del tricolor ya había sentenciado un día antes: “…en medio de la desgracia, cumpliremos con nuestro deber el día de los comicios. Lo hacemos con el convencimiento de que la participación electoral es la respuesta más firme a quienes pretenden sabotearlos y el mejor homenaje a los caídos”.
Antes del asesinato de Rodolfo Torre, las encuestas de preferencia electoral le otorgaban una ventaja de tres a uno contra su más cercano competidor. Los priistas sabían que si aprovechan la solidaridad que siempre genera una tragedia, incluso ampliarían dicha ventaja, de manera que el mejor candidato sustituto era el hermano mayor de Rodolfo.
Dicho hermano, Egidio, quien al asumir la candidatura pronunció un emotivo discurso, ha sido uno de los empresarios constructores preferidos del sexenio del gobernador Eugenio Hernández: su constructora, Servicios de Ingeniería Tohesa, obtuvo contratos de obra pública por casi 170 millones de pesos. Además, Eugenio y Egidio coincidieron en el Tecnológico de Monterrey estudiando ingeniería civil en la segunda mitad de los años setenta, y, en lo político, Egidio era el alcalde saliente cuando, en 2001, Eugenio asumió la presidencia municipal de Ciudad Victoria.
A los tricolores poco les importó que no hubiese condiciones para celebrar elecciones democráticas y que la Constitución estatal tuviese diversas previsiones para atender una contingencia como la que se presentó. El artículo 63 señala qué hacer en el Congreso del estado en caso de que no se hubiesen “verificado las elecciones o por cualquier otra causa no pudiera renovarse el día fijado”; y el 83 contiene la previsión para el caso del gobernador.
También determina qué hacer en caso de que “una conmoción interior (…) hubiere alterado” el orden en la entidad (fracción XXXI del artículo 91), e inclusive cómo resolver la desaparición de poderes (artículos 156 y 157). A su vez, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece qué hacer en “caso… de perturbación grave del orden público…”.
Pero ni el gobernador ni el presidente, ni el Congreso del estado ni el Congreso de la Unión, estaban dispuestos a revisar la gobernabilidad en Tamaulipas. No falta normatividad, sino voluntad política.
Para el priismo, la mesa estaba puesta para que Egidio logre una aplastante victoria, sin importar las condiciones. Y él aprovechó el argumento que empezó a construir en su discurso fúnebre: “Si les he pedido a todos de manera respetuosa y conmovida que no permitamos que el sueño de Rodolfo se interrumpa, es porque yo mismo estoy dispuesto a nutrirlo, a base de entrega, de trabajo, de compromiso; por eso (…) hoy he aceptado postularme como candidato sustituto a gobernador del estado de Tamaulipas”.
Y más adelante invitó a votar por Rodolfo: “Les pido que salgan a votar y que voten y crucen el nombre Rodolfo Torre y el logotipo de la coalición Todos Tamaulipas (…) Expreso (…) la garantía de que cada voto emitido por Rodolfo Torre será un voto por los que vamos a luchar por su memoria, por dar seguimiento puntual a su propuesta y por hacer realidad sus compromisos”.
El airado reclamo que, en referencia al lucro, hizo la dirigente nacional del tricolor (“…rechazamos, y nos llena de indignación, lo que observamos como el fermento de una estrategia política de lucro con la tragedia que nos agravia; exigimos respeto a nuestro dolor, exigimos respeto a nuestro duelo…”) se convirtió en la exigencia de que sólo ellos, los priistas, pueden lucrar con su dolor. A ellos no les importó montarse en la tragedia de su extinto candidato para acrecentar su beneficio electoral, sin importarles las irregulares y aún riesgosas condiciones en que se efectuarán los comicios este domingo.
Apelaron a su “responsabilidad democrática” y “al derecho al sufragio que tiene el pueblo de Tamaulipas” para seguir adelante con una elección que, sin embargo, carece de las condiciones para ser democrática.
Además de que todo el proceso electoral ha estado marcado por la intromisión del crimen organizado –el asesinato de Rodolfo Torre sólo ha sido hasta hoy el hecho violento más reciente del mismo–, en Tamaulipas no hay libertad de expresión, no hay libertad para votar ni para ser votado, y la violencia inhibe la participación ciudadana.
Entre los elementos mínimos que reclaman unos comicios democráticos están los relativos a que todos los ciudadanos puedan votar y ser votados; a que todos los candidatos cuenten con oportunidades razonables para difundir sus propuestas e ideas, y a que los ciudadanos puedan sufragar libremente. Ninguna de estas tres condiciones está hoy presente en Tamaulipas.
El crimen organizado ejerce todo tipo de amenazas, presiones y represiones para impedir la postulación de los candidatos que no quiere. El 30 de abril, Raúl Bocanegra Alonso, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Río Bravo, renunció a sus aspiraciones luego de que su casa fue incendiada. El 4 de mayo fueron ejecutados dos empleados de una estética propiedad de Martha Porras, precandidata perredista a la alcaldía de Nuevo Laredo. En el lugar aparecieron mantas con amenazas en contra de ella y de su hermana, quien atendía el negocio. También les incendiaron su casa.
El 13 de mayo la delincuencia organizada acribilló, en su negocio, al candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, quien previamente había recibido amenazas de muerte. Un día después, la candidata panista a diputada estatal por el distrito con cabecera en Valle Hermoso, Adriana Contreras, renunció a dicha encomienda tras recibir amenazas de muerte. Y, para rematar, el lunes 28 de junio el crimen organizado asesinó al candidato a gobernador de la coalición Todos Tamaulipas.
Los partidos políticos no pudieron conseguir candidatos a todos los puestos de elección popular porque los ciudadanos tenían miedo de participar ante las advertencias del crimen organizado, el cual, de acuerdo con los ejemplos mencionados, es el que define quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos en Tamaulipas. Nadie pasa sin su consentimiento.
Tampoco existe en el estado libertad ni igualdad de oportunidades para hacer campañas, pues el crimen organizado es el gran censor de los medios masivos de comunicación, y también decide quién y dónde puede hacer proselitismo.
Al concluir el registro de candidatos a las alcaldías, el PAN anunció que en Camargo, Ciudad Mier y Miguel Alemán no haría campañas por temor al narcotráfico. El candidato a gobernador blanquiazul, José Julián Sacramento, declaró en una entrevista radiofónica, el mismo día del asesinato de Torre Cantú, que no pudo hacer campaña en la denominada “frontera chica” (que incluye, entre otros, a los tres municipios citados).
El control del crimen organizado sobre los medios de comunicación masiva de Tamaulipas se evidencia con los siguientes datos, tomados de la agrupación Periodistas En Línea y de la Federación Latinoamericana de Periodistas:
Entre el año 2000 y el 2010 han sido asesinados en Tamaulipas 10 periodistas; de 2004 a 2010 han desaparecido nueve, de los cuales dos regresaron golpeados y uno fue asesinado, de modo que siete permanecen desaparecidos. Asimismo, 43 periodistas de la entidad han recibido agresiones o amenazas entre 1999 y 2006, y el 6 de febrero de 2006 dos sujetos encapuchados irrumpieron en las instalaciones de El Mañana de Nuevo Laredo, lanzaron una granada y tirotearon las instalaciones, lesionando gravemente a Jaime Orozco Tey, quien hoy usa silla de ruedas.
El 15 de marzo de este año, en pleno proceso electoral, la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que señala: “Según la información recibida, al menos ocho periodistas habrían sido secuestrados en distintos hechos durante las últimas semanas en la ciudad de Reynosa. Cinco de ellos permanecerían desaparecidos, dos habrían sido liberados luego de ser golpeados y obligados a regresar a la Ciudad de México, DF, mientras que Jorge Rábago Valdez, periodista de las emisoras Radio Rey y Reporteros en la Red, y el diario La Prensa de Reynosa, habría fallecido el 2 de marzo, en circunstancias que aún no han sido aclaradas”.
El comunicado agrega un párrafo que ilustra lo que sucede en Tamaulipas: “Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que las actuaciones de los grupos de narcotráfico en la zona y la omisión de las autoridades locales en la prevención de los crímenes contra los periodistas y en el impulso a las investigaciones y sanciones posteriores, han provocado un efecto de silenciamiento tal que los medios de comunicación del estado de Tamaulipas no se atreven a publicar investigaciones o denuncias sobre el crimen organizado o la corrupción. A este respecto, resulta preocupante que los graves crímenes mencionados se hubieran dado a conocer, días después de ocurridos, por diarios extranjeros y organizaciones no gubernamentales y no por la prensa y las autoridades locales”.
En Tamaulipas la libertad de expresión no existe y, por lo mismo, no hay posibilidades de difundir plataformas políticas y propuestas de gobierno, como tampoco de pedir el voto ciudadano, sin la anuencia del crimen organizado.
Pero eso no es todo, pues como señalaba Gerardo Albarrán en su crónica en Proceso 1756: “El convoy de más de 100 camionetas rotuladas CDG (Cártel del Golfo) y X M3 (Metro 3) llegó temprano a Valle Hermoso el miércoles 24 de febrero. El pueblo estuvo ocupado durante tres días de enfrentamientos a toda hora. Nomás chillaban los coches por las corretizas que pegaban. Nadie nos auxilió, ni el Ejército vino por más que lo llamaron. Hubo como 60 muertos. La historia se repitió el 6 de junio…”
Igualmente, el crimen organizado que se apodera de territorios y comunidades se adueña también de instalaciones como las de Pemex en la Cuenca de Burgos, donde permaneció durante más de un mes.
Pese a que en Tamaulipas no se puede votar libremente ni existen en general condiciones para realizar elecciones democráticas, ninguna autoridad ha afrontado el problema. El Consejo General del Instituto Electoral del estado se limitó a revisar qué decía la ley sobre el fallecimiento de un candidato en vísperas de una elección, como lo hizo saber en un comunicado el presidente del Consejo, Jorge Luis Navarro Cantú.
El caso es que, el miércoles 30 de junio, los integrantes del Consejo General recibieron la solicitud de sustitución del candidato y en unas horas la desahogaron. Sólo revisaron que se hubiesen entregado los documentos que señala el artículo 211 del Código Electoral de Tamaulipas, pero nunca repararon en que, tratándose de coaliciones, el artículo 116 establece que al convenio de coalición hay que anexarle:” I. Las actas que acrediten que los órganos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron de conformidad a sus estatutos (…) la postulación de la o las candidaturas para la elección de que se trate”. Dicho requisito, cumplido cuando se registró la coalición postulando a su candidato, debió cubrirse igualmente para sustituir al candidato. Como muy probablemente el PVEM y el Panal no lo hicieron, la candidatura del sustituto podría ser impugnada en cualquier momento.
Lo que pasó es que el Ietam se apresuró a resolver porque la dirigente nacional del tricolor ya había sentenciado un día antes: “…en medio de la desgracia, cumpliremos con nuestro deber el día de los comicios. Lo hacemos con el convencimiento de que la participación electoral es la respuesta más firme a quienes pretenden sabotearlos y el mejor homenaje a los caídos”.
Antes del asesinato de Rodolfo Torre, las encuestas de preferencia electoral le otorgaban una ventaja de tres a uno contra su más cercano competidor. Los priistas sabían que si aprovechan la solidaridad que siempre genera una tragedia, incluso ampliarían dicha ventaja, de manera que el mejor candidato sustituto era el hermano mayor de Rodolfo.
Dicho hermano, Egidio, quien al asumir la candidatura pronunció un emotivo discurso, ha sido uno de los empresarios constructores preferidos del sexenio del gobernador Eugenio Hernández: su constructora, Servicios de Ingeniería Tohesa, obtuvo contratos de obra pública por casi 170 millones de pesos. Además, Eugenio y Egidio coincidieron en el Tecnológico de Monterrey estudiando ingeniería civil en la segunda mitad de los años setenta, y, en lo político, Egidio era el alcalde saliente cuando, en 2001, Eugenio asumió la presidencia municipal de Ciudad Victoria.
A los tricolores poco les importó que no hubiese condiciones para celebrar elecciones democráticas y que la Constitución estatal tuviese diversas previsiones para atender una contingencia como la que se presentó. El artículo 63 señala qué hacer en el Congreso del estado en caso de que no se hubiesen “verificado las elecciones o por cualquier otra causa no pudiera renovarse el día fijado”; y el 83 contiene la previsión para el caso del gobernador.
También determina qué hacer en caso de que “una conmoción interior (…) hubiere alterado” el orden en la entidad (fracción XXXI del artículo 91), e inclusive cómo resolver la desaparición de poderes (artículos 156 y 157). A su vez, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece qué hacer en “caso… de perturbación grave del orden público…”.
Pero ni el gobernador ni el presidente, ni el Congreso del estado ni el Congreso de la Unión, estaban dispuestos a revisar la gobernabilidad en Tamaulipas. No falta normatividad, sino voluntad política.
Para el priismo, la mesa estaba puesta para que Egidio logre una aplastante victoria, sin importar las condiciones. Y él aprovechó el argumento que empezó a construir en su discurso fúnebre: “Si les he pedido a todos de manera respetuosa y conmovida que no permitamos que el sueño de Rodolfo se interrumpa, es porque yo mismo estoy dispuesto a nutrirlo, a base de entrega, de trabajo, de compromiso; por eso (…) hoy he aceptado postularme como candidato sustituto a gobernador del estado de Tamaulipas”.
Y más adelante invitó a votar por Rodolfo: “Les pido que salgan a votar y que voten y crucen el nombre Rodolfo Torre y el logotipo de la coalición Todos Tamaulipas (…) Expreso (…) la garantía de que cada voto emitido por Rodolfo Torre será un voto por los que vamos a luchar por su memoria, por dar seguimiento puntual a su propuesta y por hacer realidad sus compromisos”.
El airado reclamo que, en referencia al lucro, hizo la dirigente nacional del tricolor (“…rechazamos, y nos llena de indignación, lo que observamos como el fermento de una estrategia política de lucro con la tragedia que nos agravia; exigimos respeto a nuestro dolor, exigimos respeto a nuestro duelo…”) se convirtió en la exigencia de que sólo ellos, los priistas, pueden lucrar con su dolor. A ellos no les importó montarse en la tragedia de su extinto candidato para acrecentar su beneficio electoral, sin importarles las irregulares y aún riesgosas condiciones en que se efectuarán los comicios este domingo.
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