Amenos de 24 horas de que con motivo de la celebración del Día del Abogado, organizada por la Barra de Abogados de Morelos, le dije lo siguiente al gobernador Marco Antonio Adame Castillo en mi calidad de orador huésped en el evento: "¡Basta, y basta no sólo en cuanto a lo que pasa en este Estado sino en cuanto a lo que pasa en la República! Lucharemos incansablemente por la Justicia, por el Derecho y por la razón, por la verdad, nunca ocultándolo, y nuestra mano de amigo se le extiende a usted con el compromiso solemne de que recapacite en una política equivocada y se incline a favor del Derecho, la Justicia y la verdad"; a menos de 24 horas de mi reclamación aparecieron tres cuerpos colgados en un puente de circulación de vehículos frente al conjunto mercantil conocido con el nombre de Galerías, corazón comercial de la ciudad capital de Cuernavaca. Y casi coincidente con mi discurso leí en la prensa la declaración del Secretario de Gobernación en el sentido de que el Presidente lo instruyó para anunciar que el gobierno aceptará sugerencias de cambio en sus estrategias. Pues bien, yo sostuve en esa ocasión nuestra justa ira ante el alto número de personas asesinadas, 23.000 o mucho más, en lo que va del sexenio y como resultado de esa equivocada y anticonstitucional estrategia de combate al crimen organizado. Afirmé y sigo afirmando que es imprescindible a mi juicio que el Presidente Calderón haga que México regrese al Derecho, a la Justicia, a la razón y que se de vuelta atrás, modificándola por lo menos en un ochenta por ciento, en la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Dije igualmente que Marco Antonio Adame Castillo y otros gobernadores del país están enamorados de esa reforma con la esperanza de que ayudará a combatir la delincuencia, no siendo así porque en realidad con tal estrategia se violan por partes iguales las garantías individuales de las víctimas y de los victimarios. Es cierto que los llamados juicios orales, toda proporción guardada, representan un avance. Sin embargo es de considerar al respecto que no han dado todo lo que se esperaba de ellos en lo que corresponde a la agilización de la justicia. Lo evidente es que en un juicio oral las partes necesitan tener habilidades retórico- jurídicas, so riesgo de ser mera palabrería, excluido por supuesto el amparo donde por su naturaleza no procede la llamada oralidad. ¿Y de qué habilidades retórico-jurídicas se trata? Un discurso jurídico hablado requiere facultades personales que no son producto de la improvisación o espontaneidad sino de la preparación. En Europa, por ejemplo, y en particular en España, en Francia y en Italia, la formación de un abogado lleva a cuestas siglos de tradición oral. La palabra jurídica es allí una de las joyas de la sociedad; y ni qué decir de la palabra política cuando la utilizan bien. Pero lo mismo que hay palabra política demagógica la hay jurídica también demagógica, que obviamente da al traste con la justicia en los tribunales. Se dirá en contra que los infolios, legajos y demás mamotretos que retrasan la celeridad y prontitud en la impartición de la justicia, heredados de la Colonia y empolvados en los rincones de los tribunales, revelan -y es absolutamente cierto- ineptitudes y falta de conocimiento, ignorancia y con harta frecuencia mala fe. Yo contraargumento sosteniendo que la oralidad no lo va a remediar, y que si es malo, negativo y perjudicial que los abogados, agentes del Ministerio Público y jueces escriban con deficiencia, igual de malo es que hablen, peroren y discursen con aquellas atrocidades en el pensamiento y en el lenguaje. Por lo tanto repito: la oralidad no va a acelerar la impartición de la justicia ni tampoco a corregir los errores del escribir y del hablar. Cuestión aparte es, y hay que resaltarla, la de que nuestras facultades de Derecho requerirían mucho tiempo para formar abogados duchos en la retórica jurídica. Además, la idiosincrasia de nuestro pueblo, del mexicano, no es consubstancial al arte retórico en sus distintas manifestaciones, lo que reclama mayor esfuerzo en su preparación.En suma, aprovechando el anuncio que ha hecho el Secre-tario de Gobernación yo pienso que es llegado el momento para que las autoridades federales y locales reflexionen en la posibilidad de no seguir adelante con la estructuración de la reforma constitucional de 2008, y que por lo menos la estudien a fondo, la analicen, escuchen críticas y no se vayan, como se han ido, con la finta de que es una especie de panacea. No hay que olvidar que esa reforma es el instrumento jurídico, legal y si se quiere hasta constitucional, para enfrentar la delincuencia. Pide el Secretario de Gobernación soluciones y no solamente críticas adversas. En la especie, o en una semejante, Confucio le dijo a su interlocutor: "¡No sigas por ese camino, te vas a extraviar!". Y el interlocutor respondió: "Pero dame una solución". A lo que Confucio repitió: "¡Aprende a escuchar, la solución es que no sigas por ese camino!" (en "Lunyu o Analectas, conversaciones con sus discípulos"). ¡Ojalá el gobierno de la República escuche! Y ahora con el relevo de Francisco Blake Mora por Gómez Mont, ojalá el gobierno oiga y escuche. Es lo que le ha faltado. Tuvieron que transcurrir tres años, la mitad del mandato del Presidente, para que se recapacite en que la mencionada estrategia no ha generado frutos favorables. Y en lo jurídico, insisto, que es el resorte vital del Estado de Derecho, las fallas son enormes. Tal vez porque no se "ve", lo jurídico se suele pasar por alto. Pero lo ven los delincuentes y las víctimas, mereciendo unos y otros la presencia y acción de la justicia, de la equidad. No se olvide que la justicia, y lo opuesto que es la injusticia, estimula, tranquiliza, compromete o solivianta a un pueblo. ¡Ojalá el gobierno de la República escuche!
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