JUSTICIA: EL MUNDO AL REVÉS

ERNESTO VILLANUEVA

El Poder Judicial tiene como función principal la administración de justicia, y por ello es el espacio por excelencia donde los abogados deben mostrar sus cartas credenciales para ejercer la profesión que ostentan, empezando por su respectiva cédula profesional. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando magistrados de los tribunales superiores de justicia carecen de su cédula profesional? ¿Qué decir cuando los encargados de vigilar que se cumpla la ley son los primeros en violarla? Eso es lo que parece suceder en buena parte de los tribunales superiores de justicia del país. Existen los documentos oficiales que me permiten sustentar lo anterior, convencido de que el que algo afirma tiene el deber de probar fehacientemente sus dichos.Primero. Para ser magistrado o magistrada, uno de los requisitos es contar con título de abogado o de licenciado en derecho y, por consiguiente, tener cédula profesional, instrumento legal que en México resulta imprescindible para ejercer esa profesión, so pena de ser sancionado mediante una sentencia privativa de la libertad o una acción administrativa. El artículo 95 de la Constitución establece los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esa disposición es el punto de partida que han observado las constituciones de los estados para hacer lo propio con sus magistrados locales. En algunos casos, como en la Constitución federal, se fija el requerimiento de contar con título profesional de abogado, expedido por una institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de 10 años; en otros se asienta, además, el de tener cédula profesional. En cualquier caso, la exigencia es acreditar tanto el título profesional como la cédula profesional, pues se necesitan por cuestiones diferentes pero directamente relacionadas. En efecto, aunque el acto jurídico a través del cual se designa a un magistrado puede únicamente reclamar el título profesional, la cédula profesional es imprescindible en el momento en que el juzgador actúa como tal.Segundo. Al realizar un estudio sobre el Poder Judicial local, jamás imaginé que hubiera problemas en el mínimo minimorum: la cédula profesional. Aunque se han revocado nombramientos de magistrados a lo largo de la historia reciente del país, generalmente las causas han sido más complejas y han reclamado una interpretación judicial porque se trató de casos frontera; es decir, de interpretar si tenían la experiencia y la idoneidad que exigían sus cargos, por ejemplo. Pero en los hechos que describiremos nos hallamos frente a una aparente violación constitucional y legal muy clara. Veamos algunos ejemplos. En el Poder Judicial de Aguascalientes, de acuerdo con el folio 0001100010309l, expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no tiene cédula profesional la magistrada María de los Ángeles Viguerías Guzmán, quien terminó su período hace dos meses. En Campeche, conforme al folio 0001100010509, el magistrado José Ángel Paredes Echavarría no se halla incluido en el Registro Nacional de Profesionistas como abogado y carece de cédula profesional, aunque hoy en día es el presidente del Tribunal Superior del Estado de Campeche. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, todos los magistrados disponen de su cédula profesional, salvo dos, conforme al folio 0001100010409 de la Dirección de Profesiones de la SEP. Se trata de los magistrados Francisco José Huber Olea Contró y Ana Marcela Pasquel y Ramírez. En Michoacán, conforme al folio 0001100009909, los magistrados Plácido Torres Pineda y Luis Alonso Rodríguez Nieto tampoco cuentan con cédula profesional para ejercer como abogados. Y en Oaxaca, en el Poder Judicial, según el folio 0001100010909 de la SEP, la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján también carece de ese documento. (La lista que abarca el estudio es mucho más amplia porque incluye jueces de primera instancia, secretarios de acuerdos y todos aquellos funcionarios judiciales que por ley deben contar con su cédula profesional. Los datos aquí consignados son un adelanto de una investigación en proceso.)Tercero. Salvo algún error de los datos oficiales de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública –a pesar de que se verificó que no hubiera homonimias en los casos referidos–, dicha información pone de relieve la debilidad institucional de nuestros poderes judiciales, así como la ausencia de mecanismos de verificación rutinarios para quienes imparten justicia. Esto sólo genera erosión de credibilidad social y revela un grave escenario de corrupción e impunidad. Si los vigilantes no cumplen los mínimos de apego a la ley que se exige a los vigilados, estamos viviendo el mundo al revés, para mal de todos. Las aclaraciones necesarias y, si no, la actuación de las autoridades competentes para sancionar los casos donde haya violación a la Constitución y a la ley serían un buen principio para regenerar los tejidos de la confianza.

CALDERÓN VOLTEA HACIA LA TELEVISIÓN PÚBLICA

JESÚS CANTÚ

Por primera ocasión, desde que Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar Imevisión, dos cadenas nacionales: canal 13 con 90 canales en todo el país; y el 7, con 78, hace casi 16 años, un Presidente piensa en la posibilidad de construir una televis
Al cancelar el timbre postal por el 50 aniversario del Canal Once y participar en la presentación de la nueva programación e imagen de Once TV México, el Presidente Felipe Calderón ponderó la televisión pública e instruyó a los secretarios de Educación, Gobernación y Comunicaciones y Transportes "a que se pongan de acuerdo y a ver a qué piedra se suben, pero que ojalá Canal 11 pueda verse en todo el territorio nacional como una señal abierta". Por primera ocasión, desde que Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar Imevisión, dos cadenas nacionales: canal 13 con 90 canales de televisión en todo el país; y el 7, con 78 el 18 de julio de 1993, hace casi 16 años, un Presidente de la República piensa en la posibilidad de construir una televisión pública nacional. Y hay que empezar por dejar claro el término: pública, no del gobierno o, todavía peor, del partido en el gobierno. Pero televisión, o medios de comunicación, pública tampoco implica únicamente la difusión de contenidos educativos y culturales, éstos pueden formar parte e incluso pueden ser el único objetivo de alguno o algunos de los medios, pero éstos no pueden serlo de un sistema de medios públicos. Un medio público o un sistema de medios públicos debe contemplar desde luego los contenidos educativos y culturales, pero también la construcción de un espacio público: incluyente, transparente y común, es decir, recrear el ágora de las sociedades griegas, pero en el Siglo 21. Un espacio abierto a todo el que quiera participar y donde se discuta el futuro de la comunidad, es decir, convertir a los medios públicos en el centro de la vida social, cultural y política de la comunidad. En las ciudades griegas, particularmente el más famoso de todos el de Atenas, el ágora era la plaza que se ubicaba en el corazón de la ciudad, donde se realizaban las asambleas ciudadanas y se reunía la población; todos podían asistir, la agenda se determinaba de común acuerdo y las decisiones se tomaban a la vista de todos. Hoy este encuentro será virtual, a través de los medios de comunicación, pero igualmente tiene que ser un espacio común, es decir, no determinado por las agendas particulares o grupales de unos cuantos; incluyente, es decir, debe estar abierto a todos, nadie debe ser excluido a priori o por profesar ideas diversas a las de los coordinadores del espacio; y, desde luego, transparente, es decir, el proceso decisional, el manejo de los recursos, la determinación de la agenda, todo debe ser escrutable, verificable. En su intervención Calderón señalo "...la importancia de Once TV México es que es televisión pública. Y estoy convencido de que la televisión pública debe seguir siendo eso, televisión de todos, televisión y política de Estado. Por eso tiene que fortalecerse, por eso tiene que ampliarse, por eso tiene que difundirse, constantemente renovarse y enriquecerse." Añadió: "...hoy Once TV México es referencia obligada en la historia de la cultura contemporánea del país, y líder indiscutible en la producción de contenidos educativos y culturales de habla hispana... Desde sus inicios, el Once orientó su esfuerzo hacia la educación y el desarrollo cultural; cumple así una función de servicio público muy clara en la formación cívica, social y cultural del México de aquella época. Este modelo de televisión pública ha venido transformándose conforme a los cambios sociales y políticos que hemos vivido los mexicanos. No obstante, Canal Once ha logrado conservar en esencia su misión de servicio y compromiso con la calidad y la difusión de contenidos que enriquezcan nuestra mexicanidad desde una perspectiva plural y universalista." Por su parte, el director general del Canal Once, Fernando Sariñana Márquez, afirmó en su intervención: "La televisión pública desempeña un papel relevante en el fortalecimiento de los valores democráticos, en el respeto a la libertad de expresión, en la garantía al derecho de la información, en la divulgación de las ideas, en la reflexión conjunta sobre el México que somos y, sobre todo, sobre el México al que aspiramos a ser." A su vez, el director del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera, indicó: "En 50 años, el Canal del Politécnico ha mostrado que los procesos educativos no están reñidos con el entretenimiento, ni con la difusión cultural ni con la información sería, al contrario, son parte de un todo." Y sin menospreciar los logros del Canal 11 ni dejar de reconocer la apertura de espacios alternativos al duopolio televisivo, también éste dista mucho de ser "televisión pública... televisión de todos". Aunque existen programas educativos y formativos de gran calidad que de ninguna manera puede dejar de reconocerse su valor; aunque sus barras de noticias, opiniones y discusión son más ponderadas y menos excluyentes que las de las televisoras privadas; aunque su programación no se decide exclusivamente bajo el criterio del rating ni los mueve el afán de lucro, lo cierto es que la lógica que priva sigue siendo la misma: son el resultado de las decisiones que toman exclusivamente las altas autoridades, titulares de la SEP, IPN y Canal 11, sin tomar en cuenta a la audiencia, informar de sus procesos decisionales o hacerlos participar en ellos. Quizá por ello el impulso sigue dándose al Canal 11, integrada a la estructura formal de la administración pública federal y, por lo mismo, sujeto directo de las decisiones presidenciales, desde la designación de su dirección hasta la posibilidad de incluir o excluir voces y temas en su programación; y no a los medios de la UNAM, institución autónoma, no sujeta a la intervención gubernamental. En cuanto a los contenidos, ni siquiera en los conceptos se incluyó en algún momento la idea de ampliarlo a otros ámbitos de la vida nacional, particularmente el político o el incorporar nuevas formas de participación ciudadana en el ejercicio periodístico, que sin duda también es una de las vocaciones centrales de los medios públicos, como el periodismo público, o cívico como es conocido en los Estados Unidos, o el periodismo ciudadano, emergente a partir del surgimiento y generalización de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Así bienvenida la idea de construir una televisión pública nacional en señal abierta, sin duda ésta la pública debe priorizarse sobre la posibilidad de la llamada tercera cadena de televisión comercial, pues efectivamente permitirá transmitir "aquellos contenidos que difícilmente serían exhibidos en otras partes"; pero en paralelo a la solución de los problemas técnico-legales, para encontrar la forma de ampliar la señal abierta a todo el territorio, hay que discutir el modelo de televisión pública que deseamos y eso implica el modelo integral: pertenencia o no a la administración pública federal, forma de determinación del presupuesto, integración de su órgano de gobierno, formas de definición de su programación, entre otros de los aspectos centrales.

PALABRAS CORRECTAS, ACCIONES IMPRECISAS

DENISE DRESSER

“Puedes acariciar a la gente con palabras”, escribió F. Scott Fitzgerald. Y eso es lo que hace Hillary Clinton durante su visita a México: acariciar, seducir, calmar, apaciguar. En lugar de críticas unilaterales, la secretaria de Estado ofrece entendimientos bilaterales. En lugar de colocar todas las culpas de la criminalidad sobre los hombros de nuestro país, ofrece pararse a su lado. Después de meses en los cuales México es colocado en el banquillo de los acusados, ella decide sentarse allí. Su discurso es uno de compromiso y corresponsabilidad y por ello se refiere a “la demanda insaciable de drogas en los Estados Unidos”. Por ello reconoce la “incapacidad para prevenir el contrabando a través de la frontera para armar a los criminales que asesinan oficiales, soldados y civiles”. Al hablar así, Hillary contribuye a destensar una relación bilateral que se había vuelto conflictiva; al expresarse de ese modo ayuda a cambiar la psicología tradicional de víctima-victimario prevaleciente. Pero en el futuro, México tendrá que sopesar el impacto real de lo que la secretaria Clinton ha dicho e ir más allá de alabarla por ello. Si no, sus palabras serán sólo eso. Sin duda muchos mexicanos cuestionan el repentino interés de Estados Unidos por México. De pronto, México salta a las primas planas de los periódicos y es noticia principal de los noticiarios estadunidenses. De pronto el vecino ignorado –según algunos– está a punto de convertirse en un “Estado fallido”. Así inicia la espiral que motiva el viaje de Hillary Clinton a México: la violencia aquí comienza a crecer y los medios empiezan a prestarle atención; en la medida en que los medios posan los reflectores sobre nuestro país, el Congreso estadunidense voltea la mirada allí; al celebrarse las audiencias en el Capitolio, cada partido y cada político tiene su propia agenda y la promueve, usando a México como vehículo. Una mañana Barack Obama se despierta y descubre que tiene un nuevo frente abierto al sur de la frontera, mientras pelea por cerrar tantos otros en su propio país. Descubre que la violencia mexicana se desborda hacia ciudades como Phoenix y El Paso. Comprende que si no hace algo al respecto, sus enemigos en el Partido Republicano se lo cobrarán.Mientras tanto, las notas periodísticas y los reportajes y los pronunciamientos críticos encienden focos rojos en México. Algunos hablan del complot que se está fraguando en Estados Unidos; otros subrayan la hipocresía de un país que avienta piedras cuando vive en una casa de cristal. Felipe Calderón desenvaina la espada y se lanza contra el enemigo, porque no entiende qué está haciendo ni qué quiere hacer. En los últimos meses, diversas personas e instituciones en Estados Unidos han enviado mensajes contradictorios sobre México. Y por ello, México no sabe si debe prestar mayor atención a quienes promueven la militarización de la frontera, o a aquellos que se han opuesto a ello, incluyendo al presidente Obama. México no sabe si Estados Unidos hará un esfuerzo real por controlar el tráfico de armas en su propio territorio, o si esa agenda acabará archivada por quienes defienden “el derecho a portar armas”. México no sabe si está siendo criticado para que el Congreso se apreste a ofrecer más ayuda, o si la andanada de reclamos es parte de una estrategia para fomentar la construcción de un muro mayor entre los dos países. Por una parte, miembros del gobierno estadunidense hablan de un “nuevo paradigma” en la relación México-Estados Unidos, pero por otra el Congreso recorta 150 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. Miembros del equipo de Obama enfatizan el imperativo de una “relación estratégica”, pero después el Congreso pone fin a un programa piloto que le permite a los camiones mexicanos transitar por las carreteras estadunidenses. En represalia, México coloca tarifas sobre 90 productos, afectando así a 2.4 mil millones de dólares de comercio entre los dos socios. Ante imperativos políticos aquí, Felipe Calderón adopta una posición defensiva y nacionalista, porque pocas cosas unen más a los mexicanos que una buena dosis de antiamericanismo. Y en Estados Unidos, el mensaje vis a vis con México comienza a ser dominado por Republicanos conservadores, encantados con la idea de mandar tropas a la frontera y/o cerrarla.Ese es el contexto que antecede a la visita de Hillary Clinton y explica por qué –sorpresivamente– México asciende en la lista de prioridades. Las tensiones bilaterales crecientes complicaban la posibilidad de enfrentar una situación crítica de forma conjunta. Por primera vez, el gobierno estadunidense lo reconoce y empieza a actuar en consecuencia. La administración Obama anuncia un incremento en el financiamiento para la seguridad fronteriza y un esfuerzo por desmantelar a los cárteles que operan en territorio estadunidense y el envío de más helicópteros y la asignación de más agentes de la DEA. Más aún, manda a la diplomática estelar que desempaca un nuevo lenguaje a lo largo de su visita. Hillary Clinton parece haber entendido lo que Carlos Fuentes sugirió: México no tiene el monopolio de las drogas, el crimen o la corrupción. A la luz de ese reconocimiento inusual, la secretaria Clinton carga consigo palabras que sugieren un compromiso para combatir los flujos ilegales de dinero que explican la presencia de El Chapo Guzmán en la lista Forbes; arriba con una promesa para limitar el contrabando de armas a lo largo de la frontera; muestra una disposición a pensar de otra manera. Aún más importante, Hillary intenta demostrar no sólo buena voluntad sino un mensaje consistente. Busca promover lo que ha faltado hasta el momento en la problemática bilateral: un mensaje claro, unificado, sobre lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer en cuanto a su relación con México. En ese sentido, el viaje de la secretaria Clinton es un buen primer paso. Pero falta mucho por hacer. El corazón del problema reside en dos terrenos clave: el consumo de drogas en Estados Unidos y la venta irrestricta de armas de alto calibre a casi cualquiera que las quiera comprar. En esos dos ámbitos, las palabras de Hillary son vagas, imprecisas. Ella hace un diagnóstico correcto, pero las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes para atacar el problema de raíz. Ella dice: “claramente lo que hemos estado haciendo no ha funcionado” y tiene razón. Para que eso cambie, sus palabras tendrán que traducirse en acciones más amplias, focalizadas más en la demanda y menos en la interdicción. Porque el objetivo final de las palabras de Hillary Clinton no debería ser complacer, sino solucionar.

SOPA DE LODO

JORGE ALCOCER

La desesperación explica la estrategia de propaganda que el PAN viene desarrollando en internet, televisión, radio y, desde ayer, en los medios impresos. Hace algunas semanas que las señales de alarma sonaron con estruendo en la oficina de Germán Martínez, jefe nacional del blanquiazul: el PRI aparece, en casi todas las encuestas publicadas, muy por arriba del partido del gobierno.Los políticos repiten lo que les funcionó, y el dirigente michoacano está convencido, como lo siguen estando quienes formaron parte del cuarto de guerra del candidato Felipe Calderón, que la propaganda negra ("un peligro para México") hizo la diferencia en 2006. Por tanto, han decidido repetir el juego, ahora en contra del PRI, y asumir los costos, hasta donde tope.La estrategia es elemental, pero efectiva: subir a la página oficial del PAN en internet mensajes videograbados en los que Germán Martínez acusa al PRI de tolerancia o complicidad con el narcotráfico, emplazándolo, de manera retadora, a definir de qué lado está en la guerra contra el crimen organizado ("con Calderón o con el narco"); lo anterior es reforzado con reiteradas declaraciones del dirigente panista en eventos internos o externos, como ocurrió en su reciente participación en la reunión anual de los banqueros.Los mensajes en internet son retomados por los noticieros de televisión y radio, que los reproducen al aire, igual hacen los diarios, con lo que se alcanza el efecto mediático buscado; todo ello sin dar lugar a denuncias por violaciones al Cofipe, pues el uso del ciberespacio está libre. De esa forma, el PAN ha logrado poner al PRI contra las cuerdas, imponiendo que el debate se concentre en un solo tema (inseguridad) y evitando que otros, de igual o mayor importancia, como los económicos, emerjan.Esta semana el PAN decidió cruzar el rubicón y lanzarse a fondo en su ataque al PRI al hacer publicar en varios medios impresos (Proceso y diarios capitalinos) una inserción pagada con un juego de sopa de letras (mejor dicho, de lodo) mediante el que se encuentran "13 características del gobierno del PRI", incluyendo entre ellas el calificativo de "narco". Las inserciones rematan con la frase "Amenazan con regresar. ¿Los vas a dejar?".Se trata de una abierta violación a la norma constitucional, aprobada por los legisladores panistas, que prohíbe a los partidos el uso de expresiones que denigren a las instituciones y a otros partidos; la denigración panista linda con la calumnia, al acusar al "gobierno del PRI" (a los de ayer y los de hoy) de tener como una característica el "narco". Consciente del terreno en que se han metido, el representante del PAN ante el IFE, Roberto Gil, fue ayer un enjundioso defensor del supuesto derecho del PVEM a comprar tiempo en TV, conducta que le ha valido una multa de más de 9 millones de pesos.Habrá que esperar la reacción del PRI; si continúa con la táctica de no responder a los ataques, creyendo que así minimiza el efecto en su contra, o si toma el desafío en todo lo que implica y responde en todos los frentes, pues la vía legal, aunque está abierta, lo que no podrá resarcir es el daño causado (Palo dado, ni Dios lo quita).Ingenuo sería suponer que el presidente Felipe Calderón es ajeno a la estrategia de lodo que encabeza su coterráneo. Se trata -creo- de una decisión calculada que pone por delante los intereses y metas electorales, en un desesperado intento por revertir las tendencias desfavorables. Ya se los había dicho, en su cara, el propio Presidente a la cúpula priista: "Le ruego a Dios que no ganen"; pero a Dios rogando, y con el mazo dando.El dilema del PRI es el del prisionero, pues parece evidente que, por ahora, el PAN marca las reglas de este juego. Si el PRI, por ejemplo, congela las negociaciones en el Congreso en torno a iniciativas presidenciales de alto impacto mediático (extinción de dominio) será acusado de hacerle el juego al narco, o cosas peores. Como se vea, el proceso electoral, a un mes del arranque de campañas federales, ha entrado en zona de tormenta.Felipe Calderón parece haber hecho a un lado su función y responsabilidad como jefe de Estado para condescender con las acciones de su partido, dispuesto a todo con tal de no perder de manera estrepitosa.Todo esto ocurre sin que el Consejo General del IFE muestre capacidad ni fortaleza para imponer orden en el campo de juego. Las divisiones entre los consejeros electorales se profundizan, los alineamientos partidistas afloran. Una y otra vez el TEPJF les corrige la plana, provocando el pataleo de algunos de ellos, que se llaman a ofensa por sus propios errores, como es el caso de los materiales para capacitación de funcionarios de casilla.Por vez primera desde el surgimiento del IFE, una mayoría de consejeros aprobó ayer, a petición del PAN y sobre las rodillas, extender el plazo límite para concluir la selección de candidatos a diputados federales, pasando por encima de su propio reglamento de sesiones y abriendo la puerta a un desbarajuste.

TELEVISIÓN PÚBLICA: UNA EXCELENTE BROMA

JAVIER CORRAL JURADO

Felipe Calderón despojó de uno de los más importantes anuncios que su gobierno ha hecho en relación con el tema de los medios de comunicación, en particular con el de la televisión pública. Y quizá porque lo enredó en bromas y sorna no ha merecido el análisis de su trascendencia. Es probable que la forma escogida por Calderón —como si ahí mismo se le hubiere ocurrido—, busque no alterar demasiado el ánimo del duopolio televisivo privado, pero tal espontaneidad le ha restado importancia ante la opinión pública.
El Presidente instruyó a sus secretarios de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y a la de Educación, a poner en marcha una tercera cadena nacional de televisión, a partir de la señal que Canal 11 transmite en la banda VHF en el Distrito Federal y el estado de México, y que retransmite en distintos canales en la banda UHF en otras 14 plazas en el país: Cancún, Acapulco, Culiacán, Chetumal, Chihuahua, Ciudad Delicias, Cuauhtémoc, estado de Morelos, Playa del Carmen, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana y Valle de Bravo.
En el 50 aniversario de Canal 11, presumiblemente bajo la tutela del Instituto Politécnico Nacional, el Presidente dijo: “Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis colaboradores, el secretario de Gobernación, que es el dueño de las señales.. ah, no, el de comunicaciones y Transportes… ya no sé cuál, pero alguno de los dos o la secretaria de Educación Pública, les voy a pedir, les voy a instruir a que se pongan de acuerdo y a ver a qué piedra se suben, pero ojalá Canal 11 pueda verse en todo el territorio nacional como una señal abierta”.
Calderón agregó: “Se que tomará tiempo y, por supuesto, habrá que ver en las propias frecuencias disponibles del gobierno federal, en fin, algo se les va a ocurrir, yo creo que… estoy seguro de eso”.
Digo que, en realidad lo que el presidente Calderón instruyó, fue instalar una tercera cadena nacional de televisión. En ocho años de gobierno federal panista, el tema de crear una alternativa distinta al duopolio Televisa-Azteca ha sido tema recurrente, y ha dividido a los funcionarios al interior del gabinete en ambas administraciones, además de tensar las relaciones partido y gobierno. La forma en que, tanto el gobierno del presidente Fox, como el de Calderón, han sucumbido a la presión de las televisoras ha reforzado el poder fáctico con que la televisión actúa sobre y en contra de la política. A los dos gobiernos la televisión les atoró sus intenciones de licitación de espectro para un nuevo operador.
Por ello que el Presidente anuncie tal propósito, y que además la alternativa sea una red nacional en manos del Estado, constituye una esperanza y un reforzamiento al proceso democratizador del país, y en especial del régimen jurídico de los medios electrónicos, pues resulta que las instituciones gubernamentales se quedaron mudas, incapaces de responder a las mismas ofensivas de los intereses particulares de los concesionarios, como es el caso del linchamiento que hasta la fecha realizan de la reforma constitucional y legal en materia electoral.
Una cadena pública con cobertura nacional, que asegure la mayor extensión en el territorio nacional y en términos de población, sería un instrumento valiosísimo frente a la distorsión y la manipulación informativa.
La disponibilidad de espectro está documentada. Antes de concluir su desempeño como subsecretario de Comunicaciones en la Administración de Vicente Fox, Jorge Álvarez Hott dejó un estudio de frecuencias disponibles para instalar no sólo una tercera, sino una cuarta y quinta cadenas con alcance de 85%, 70% y 50%, respectivamente, sobre el territorio nacional, combinando canales de las dos bandas en transmisión analógica.
Recursos hay suficientes para tal proyecto, no se requiere más que una reorientación de gasto y se convertiría en una inversión estratégica: sólo con la tercera parte de lo que el gobierno federal gasta en comunicación social y publicidad durante un año, se podrían instalar 70 repetidoras con las que la cobertura geográfica alcanzaría a 98% de la población del país. Otra cantidad similar de recursos podría aplicarse a extender la señal a lo largo y ancho del país que asegurara el vínculo entre la diversidad de regiones y culturas que conforman la identidad nacional. Sería un enorme paso en materia de derecho a la información.
Sí, es la primera vez que se expresa públicamente una instrucción así. Es deseable que se cumpla, y que cuanto antes, se liberen los permisos bajo la coordinación de las dos secretarías que en efecto concurren a otorgarlos, la de Gobernación y Comunicaciones, según la ley; pero más deseable es que en realidad la de Educación Pública —vía el IPN —, la doten de un estatuto jurídico que convierta a Canal 11 en emisora cultural y educativa para todos los mexicanos, y que ahí asiente su operación, no sólo de membrete. Como en ningún otro momento, ese canal cuenta con recursos suficientes para producir y ampliar su cobertura; no obstante que atraviesa por la peor época de dirección, aún sus contenidos se mantienen y pueden ser mejorados considerablemente.
Ojalá, repitiendo al presidente Calderón, que este anuncio no sea sólo un calambre que se le lanza a la televisión privada, sino una voluntad política real de restituirle a la sociedad, a través del derecho que el Estado tiene en esta materia, una auténtica televisión de servicio público y no sólo de carácter gubernamental. Un equilibrio y contrapeso a los excesos y abusos del duopolio.

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, ¿PROYECTO POSTERGADO?

JOSÉ LUIS SOBERANES

El costo económico elevadísimo para instrumentar el proyecto de reformas en favor de la implantación de un sistema penal acusatorio de tipo oral en nuestro país, fue una de las objeciones que manifestó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando en pleno entusiasmo público por “la llegada de la oralidad” pocas observaciones críticas parecían procedentes.
Si antes de la crisis económica, el costo de tal proyecto era tan alto que su realización se volvía remota, ahora lo es más. Por desgracia, la crisis ha comenzado a afectar otros proyectos judiciales de menos relumbrón mediático, pero mucho más necesarios y asequibles, como instrumentar un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, entre cuyas características se propuso un límite mínimo de 12 años de edad y máximo de 18 para su aplicación.
Un sistema de esa naturaleza, debe hacer posible atender, desde el derecho, sin simulaciones ni lagunas judiciales ni “tanteómetros”, esa realidad tan lamentable de que cada vez más se cometen delitos federales que involucran a menores de 18 años. A la vez, debe garantizar el reconocimiento y observancia de los derechos fundamentales de los adolescentes y ser ejecutado por las instituciones, tribunales y autoridades especializadas en todo el país.
Desde el 12 de diciembre de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto del artículo 18 constitucional, para establecer la obligación de la Federación y de cada entidad federativa de contar con un sistema de justicia penal para adolescentes.
Una de las principales características que lo hacen —y lo siguen haciendo— necesario es lograr que las medidas impuestas a los jóvenes infractores sean proporcionales a la gravedad de la conducta realizada, pero teniendo siempre como finalidad la reintegración social y familiar de los infractores, especificando que el internamiento —la privación de la libertad— podrá aplicarse como medida extrema, por el tiempo más breve posible y sólo a mayores de 14 años que hayan cometido conductas graves.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impulsó y apoyo dicha reforma para el mejor cuidado de los derechos de ese segmento juvenil y para el mejor funcionamiento de la justicia para adolescentes, por considerar que entre otros aciertos, esa nueva normatividad cumple con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en la materia. En ese sentido, el ombudsman nacional, tal como se acredita en el informe especial sobre el cumplimiento de dicha reforma, rendido el 12 de septiembre de 2006, y en cada uno de los informes anuales emitidos después, ha dado seguimiento puntual a las medidas de las entidades federativas para la creación de leyes, instituciones y órganos necesarios para la exacta aplicación del nuevo sistema integral de justicia para adolescentes.
Especial dificultad en el cumplimiento del decreto de referencia, se ha presentado en los plazos para su puesta en marcha. El artículo segundo transitorio estableció un plazo para que las entidades federativas cumplieran con su instrumentación; ese plazo feneció el 12 de septiembre de 2006. Sobre el particular, cabe destacar el caso del estado de Guerrero, mismo que a la fecha —es decir, a 29 meses de estar obligado a contar con un sistema integral de justicia para adolescentes— carece de la legislación y de los órganos para ejecutarla, lo cual también es una franca violación a la Constitución.
En el caso de la Federación, debido a que el decreto de referencia no establece plazo alguno para su instrumentación, aún no se expide la ley federal en la materia. Este hecho tiene consecuencias diversas, una de ellas es abrir una puerta de práctica impunidad para conductas delictivas del ámbito federal en las que incurren los adolescentes.
Entre las razones que se esgrimen para explicar la falta de una legislación federal en la materia, está la carencia de recursos económicos para echar a andar el nuevo sistema, ya que se requieren fiscalías, juzgados y centros de internamiento federales específicamente diseñados en toda la República.
El 10 de febrero del año en curso, el Senado aprobó y turnó a la Cámara de Diputados un decreto en el cual, entre otras cosas, se adiciona un párrafo al artículo segundo transitorio antes mencionado, para que la Federación expida, en el plazo de un año, las leyes, las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la instrumentación del sistema integral de justicia para adolescentes.
Así, si bien es cierto que dicha reforma es pertinente, en el sentido de que finalmente determina un plazo para que la Federación establezca el sistema integral de justicia para adolescentes, preocupa el hecho de que a más de tres años de publicada la reforma de referencia, no se advierta la instrumentación del sistema a nivel federal. Es aún más preocupante el hecho de que uno de los motivos que se argumentan sea la carencia de recursos económicos, pues en las condiciones actuales eso equivale a una velada posposición del proyecto.
Si nos enfrentamos a una crisis económica mundial de inmensas consecuencias, aparejada de una drástica disminución en los precios del petróleo y una inevitable reducción en los ingresos petroleros, que constituyen la base del gasto público, parece inevitable que seguirán siendo cada vez más limitados los recursos para hacer realidad el nuevo sistema penal para adolescentes. No se diga para poner en práctica otras ambiciosas reformas.
Una vez más, la distancia entre lo que se planea y lo que finalmente se puede realizar, ha de pesar en contra de las posibilidades de un mejor funcionamiento del sistema judicial.

LOS FERROCARRILEROS DE HACE MEDIO SIGLO

RAÚL TREJO DELARBRE

Este fin de semana se cumplieron 50 años de la represión contra los trabajadores ferrocarrileros. La tarde del 28 de marzo de 1959 el dirigente nacional de ese gremio, Demetrio Vallejo, fue detenido junto con otros líderes sindicales. Poco después, elementos del Ejército mexicano ocuparon las instalaciones en varios lugares del país que se encontraban en huelga desde tres días antes.
La represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emprendió contra los ferrocarrileros desbarató la experiencia democrática que desde varios meses antes había logrado colocar al frente de aquel sindicato a un dirigente respaldado por los trabajadores. Desde entonces, parecía claro que los intentos por la democracia sindical solamente podrían prosperar si tenían la aquiescencia del poder político -el cual, desde aquellos años, se encadenaba cada vez más a los intereses de los líderes charros-.
Aquella represión se tradujo, además, en enormes injusticias. Demetrio Vallejo y algunos de sus compañeros, entre ellos Valentín Campa, permanecieron encarcelados durante 11 años.
El encono presidencial contra Vallejo y los ferrocarrileros de ánimo independiente había comenzado en 1958, cuando ese dirigente ganó de manera arrasadora las elecciones para el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Posiblemente tenga algo de exageración, pero la versión que prevalece sobre aquella elección relata que el cómputo fue suspendido cuando la planilla de Vallejo llevaba 59 mil votos y sus contrincantes solamente nueve.
Meses más tarde, la nueva dirección sindical tuvo que ocuparse de las revisiones salarial y del contrato colectivo que vencían en febrero para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales y varias semanas después en los Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano. Las movilizaciones del sindicato para difundir sus reivindicaciones fueron enfrentadas con una intensa campaña macartista. “Conjura roja”, exclamaban personeros del gobierno y numerosas voces en la adocenada prensa de aquel último trecho de los años 50. Cuando el sindicato anunció que realizaría una manifestación el 22 de febrero, el gobierno la prohibió y únicamente autorizó un mitin. El 25 de febrero los trabajadores estallaron la huelga, pero unos minutos más tarde la Junta Federal de Conciliación la declaraba inexistente. Ante la posibilidad de mayores represalias, la dirección sindical aceptó las propuestas de la empresa y levantó la huelga.
Aún estaban por resolverse las peticiones de los trabajadores en las otras dos empresas ferroviarias. El 25 de marzo el sindicato estalló sendas huelgas en los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. La pretensión salarial era idéntica a la que habían conseguido los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales -16 por ciento- además de algunas prestaciones. Pero no era económico el significado principal de aquellas huelgas, que además ponían a prueba la capacidad de un sindicato apartado de la órbita de influencia oficialista para defender los intereses de sus agremiados.
Aquel 25 de marzo era miércoles de Semana Santa. La coincidencia de la huelga con la afluencia de vacacionistas en todo el país fue aprovechada por los medios de comunicación que enderezaron una cruzada contra el sindicato ferrocarrilero acusándolo de trastornar el asueto de la sociedad mexicana. Junto con esa campaña, menudean los amagos. Horas antes de que la huelga estallase, fueron despedidos los trabajadores más activos por su militancia sindical. Igual que la anterior, la nueva huelga fue declarada inexistente pero el sindicato obtuvo un amparo que le permitía mantenerla.
En todo el país, las secciones del sindicato estallan paros en solidaridad con sus compañeros en huelga. Esas acciones, y la huelga misma, propician el despido de centenares de ferrocarrileros y la detención de docenas de ellos. El 27 de marzo los dirigentes nacionales, encabezados por Demetrio Vallejo, visitan al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para explicarle que ahora la huelga exige la reinstalación de los despedidos, además del aumento salarial y reparación a diversas violaciones contractuales.
La espiral del enfrentamiento era irrefrenable. A cada muestra de fortaleza del sindicato, cuya huelga concitaba enorme interés y solidaridad en otros gremios, se enardecía la respuesta del gobierno. A cada medida autoritaria, el sindicato no podía responder sino manteniendo su huelga. El 28 de marzo Vallejo y los dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez Enríquez fueron detenidos en un restaurante contiguo al edificio sindical. El procurador de la República, Fernando López Arias, aseguró que los detenidos “desarrollaban un plan de agitación y de graves daños a la economía del país, guiados por comunistas”.
Detenidos sus principales dirigentes, la huelga se mantuvo unos días. En su libro Mi testimonio, Valentín Campa relata: “Todo el ejército fue movilizado. Se estableció el estado de sitio en los barrios en donde vivían los ferrocarrileros. En las colonias Guerrero y Vallejo, del Distrito Federal, se prohibía reunirse en la calle a más de tres personas. Sin embargo, las divisiones del sureste no pudieron ser controladas por el ejército. En ellas las pequeñas guarniciones no eran capaces de evitar el movimiento, por lo que la huelga general continuó hasta el 12 de abril”.
Miles de trabajadores fueron despedidos. El sindicato fue entregado a una dirigencia espuria. Vallejo y Campa fueron presos políticos hasta 1970. Su liberación fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68.
Absurda y emblemática, la represión contra el movimiento ferrocarrilero expresó límites y obcecaciones del Estado mexicano. Si algo han cambiado desde entonces las cosas en este país, se debe en buena medida al empeño de mexicanos como aquellos trabajadores que a pesar de la intolerancia gubernamental se empeñaron en defender derechos gremiales y ciudadanos que resultan fundamentales. Aquellos ferrocarrileros de 1959 se encuentran entre nuestros héroes cívicos.

POR UN MÉXICO SOCIAL

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Suponiendo, sin conceder, que con la globalización de fin de siglo haya venido un régimen de auténtico libre mercado”, con la crisis actual se hace evidente que creer y confiar en dicho régimen no puede sino traer consigo su corrosión y con ella la del resto de los tejidos y mecanismos que hacen posible la convivencia y la supervivencia de una sociedad tan grande y compleja como es la actual comunidad internacional. Si algo es evidente hoy es el abuso y la sobrexplotación que se ha hecho del mercado y del entorno, con los consiguientes y enormes costos sociales y ambientales que han puesto a la humanidad, que apenas ayer estrenaba el nuevo milenio con arrogancia globalista, al borde del colapso. Y a nosotros con ella.
Los datos duros y suaves que perfilan los panoramas y escenarios de nuestra economía política son contundentes: la actividad económica se desploma en todos sus frentes y los servicios y el comercio, proverbiales zonas de refugio para los no incluidos en las formas dinámicas de la producción, caen como la industria y las manufacturas, las finanzas y los escondrijos del empleo ilegal que llamamos outsourcings. Para enero se ha estimado una caída anualizada en el Indicador Global de la Actividad Económica de 9.48 por ciento, de 11.1 por ciento en la industria y de 9.1 por ciento en el sector terciario, lo que confirma el pronóstico del Banco de México sobre una contracción del producto interno bruto superior a uno por ciento y lleva a otros especialistas a prever caídas cercanas a 5 por ciento en 2009.
El tobogán productivo ratifica el escenario laboral del que la prensa dio cuenta unos días antes. El desempleo abierto supera 5 por ciento de la población económicamente activa, que sumado al mal empleo, formado por personas que quisieran trabajar más horas y que obtienen ingresos ínfimos, nos ofrece un escenario de empleo indecente e indigno que supera los 4 millones de trabajadores urbanos, pero que no deja a nadie inmune, porque los superricos no pueden olvidar que sus protectores tienen familias y parentelas que a diario sufren y viven esta y otras calamidades.
Proponer como salida a esta circunstancia la creación o ampliación de una economía de libre mercado es un mal chiste analfabeta, aunque se asuma que la nostalgia por el régimen económico anterior, el del presidencialismo económico, no lleve a ningún lado. En la encrucijada puede apelarse a la desmemoria, pero falsear la historia hasta negarla, como lo han propuesto el PAN y sus corifeos desde que se volvió (mal) gobierno, es querer condenar al país a unas jornadas de irracionalidad que no pueden sino anunciar el arribo de nuevos brotes autoritarios, como los que se anuncian con las regresiones en materia de derechos humanos y los incumplimientos persistentes en materia de derechos económicos y sociales de que nos diera cuenta hace unos días la “activista cívica” Clara Jusidman.
La necesidad de plantearse la construcción de un “México social” desde las honduras de la crisis y los hoyos negros de unos rezagos productivos, de empleo y bienestar, seculares pero exacerbados en estos lustros de revolución neoliberal, fue la convocatoria del Seminario Universitario de la Cuestión Social que entre el 25 y el 27 de este mes reunió a un distinguido y plural grupo de investigadores en el paraninfo de la Antigua Escuela de Medicina.
Basados en sus hallazgos y conocimientos, estos estudiosos del CIDE, el Colmex, el Coneval, la Ibero, el ITAM, la UAM, la UDG y la UNAM, junto con investigadoras y consultoras de organizaciones de la sociedad civil, desplegaron el diagnóstico de nuestras desolaciones, examinaron instituciones y relaciones políticas, dieron cuenta de debilidades y fracturas portentosas. Sin embargo, trataron de dirigir mirada y angustia a las condiciones sociales y políticas, institucionales, necesarias para usar lo que se tiene en la producción material y en capacidades de protección y promoción social, para capear una crisis abrumadora y al mismo tiempo abrir brecha para un curso distinto por promisorio, no de la abundancia de un primer mundo que se adentra en la penuria máxima, pero sí de una seguridad digna basada en el empleo protegido y el derecho universal garantizado a la salud, así como en una educación capaz de abandonar pronto la situación vergonzosa a que la ha condenado desde hace décadas la irresponsabilidad oficial y la codicia insaciable del corporativismo.
De esto y mucho más pudimos hablar en los días señalados. La paradoja más cruel: que con libertad política, democracia y sin presidencialismo autoritario y mandón, lo que priva es la falta de voz para la mayoría, un ruidero insufrible en las alturas y una ceguera social, aquí sí que un blindaje infernal, en los que mandan frente al reclamo y el llanto que inunda el llano y lo lleva de la desesperanza a la desesperación.
Hay que empezar por algún lado y desde el seminario decidimos convocar a los estudiosos sociales a manifestar y enriquecer un llamado urgente, lo mejor sustentado que se pueda, por un México social aquí y ahora (véase: http://www.cuestionsocial.unam.mx/).

INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO

ARNALDO CÓRDOVA

El deber del Estado de informar a su ciudadanía de todos y cada uno de sus actos, de oficio o a petición de parte, siempre será considerado un símbolo señero de buen gobierno. El derecho a la información, ahora instituido después de la reforma al artículo sexto constitucional de 1977 y precisado con la adición de su segundo párrafo en 2007, se ha visto, de preferencia, como una prerrogativa del ciudadano de obtener del Estado toda la información que desee o que le sea indispensable para tomar sus decisiones políticas o para preservar sus intereses. Creo que debería pensarse también en que la obligación de informar a la sociedad a la que se gobierna debe convertirse, asimismo, en sistema de gobierno: gobernar, informando.
Ello resultaría no sólo en el cumplimiento de un deber que deriva en el control de los ciudadanos por su conocimiento de los actos de gobierno, sino también en un autocontrol del propio Estado: informar para gobernar mejor. Parecerían meras ocurrencias si no constatáramos, día con día, que la falta de información en ambos sentidos, simple y sencillamente, está dando lugar a una creciente e imparable deformación de las funciones del Estado y a una atrofia de la democracia que tenemos. Informar por deber y por convicción desde el Estado nos llevaría a un fortalecimiento de la función pública y de la misma democracia.
No gobernar informando da lugar a las peores prácticas de gobierno, aun cuando se trate de un gobierno democrático que no ha acabado de conformarse como el nuestro. Simulación, opacidad, engaño y mentira, ocultamiento, cinismo, prepotencia, corrupción hasta la comisión de auténticos delitos como el tráfico de influencias, la compra de decisiones burocráticas y políticas, el robo y el saqueo y, en todos los casos, la violación flagrante de la ley son los resultados inevitables de la sucia práctica de gobernar sin informar. Para demostrarlo no hace falta escarbar mucho. Tenemos a la vista casos que lo muestran con toda claridad.
Arturo González de Aragón, al informar de la cuenta pública de 2007, nos abrumó con las monstruosas irregularidades que detectó en el gasto público de ese año (ya con Calderón) y que se tradujeron en un gasto del que no se sabe en qué fue, por 60 mil 723.6 millones de pesos (el último año del gobierno foxista el reporte fue de 33 mil millones de pesos). El auditor superior de la Federación no sabe a dónde fue a parar ese dinero, vale decir, que no encontró información al respecto. Leer el detallado relato que hace de las tropelías en el ejercicio del gasto, no sólo en lo referente al gobierno federal, sino en lo que toca a las asignaciones a los estados y los municipios deja los pelos parados de punta.
No hay más que ver cada uno de los departamentos del Estado y las decisiones que toman sus funcionarios para darse cuenta de que todo comienza, precisamente, en la falta de información o en una desvergonzada desinformación. Ya Gershenson, en su artículo del domingo pasado, denunciaba cómo en las concesiones a privados en la zona de Chicontepec, Tabasco y otras, lo que priva es la desinformación, cuando no la manipulación de la información que se puede constatar en las mismas cifras oficiales. Si se trata de la lucha contra la delincuencia organizada es lo mismo. Y, así, en todo lo demás.
Llama la atención el caso de Banamex-CitiGroup. Como es bien sabido, el reciente rescate bancario del presidente Obama deja en manos del gobierno estadunidense poco más de la tercera parte de los activos de ese grupo. Nuestras leyes dictan que eso no es permitido en nuestro país. El secretario que padecemos en Hacienda, el más inepto e ignorante de cuantos se puedan recordar, salió con la peregrina idea de que, visto que se trata de un “rescate” y éste no está previsto en las leyes, se le daría a la situación un plazo inicial (¡para aplicar la ley!) de tres años y, si se necesita, de otros tres años. ¿Quién le ha dicho a Carstens que puede hacer a menos de la ley de esa manera? ¿Es que no tiene juristas y abogados en su equipo?
Habría que enseñarle a Carstens que la función del Ejecutivo consiste, justo, en “ejecutar” las leyes que dicta el Legislativo y que no está autorizado, salvo en los casos que prevé el artículo 29 (“invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”), a anular, abrogar o poner entre paréntesis ninguna ley que le concierne cumplir sin condiciones. Veamos: el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que, en tratándose de acciones “O” y “L”, consideradas estratégicas en la jerga bursátil, “no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad” (es el caso del gobierno de Estados Unidos).
El artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras dice, en su artículo 18, lo mismo: “no podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”. El secretario de Hacienda alegó en su descargo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, diciendo que lo que disponía justificaba su proceder. Alguno de sus asesores debería dedicarse a estudiar el texto del tratado, pues encontraría que, en su anexo VII a las reservas, impone que “los gobiernos extranjeros y las empresas estatales extranjeras no pueden invertir, directa o indirectamente en sociedades controladoras…” y viene una retahíla de especificaciones.
Los gobernantes priístas de antaño no fueron ningún modelo para nadie, pero sabían cubrir sus actos con el cumplimiento (muchas veces sólo en apariencia) de las leyes que ellos mismos aprobaban. Los panistas de hoy piensan, evidentemente, que las leyes son sólo un adorno inútil y que se las puede usar como se quiera, tergiversar, ignorar o, incluso, anularlas cuando no dicen lo que les conviene. Los priístas jamás informaban gobernando; los panistas no gobiernan y menos informan.
El gobierno legítimo de López Obrador les está poniendo una muestra a todos ellos de lo que es hacer política informando. Por supuesto que no puede gobernar, pues no tiene el poder del Estado, pero todas sus tareas desembocan en un continuo y permanente esfuerzo por informar a sus millones de seguidores de todos los pasos que está dando y, sobre todo, de los que están dando sus adversarios, los cuales no hacen más que revolcarse en el lodazal de la arbitrariedad, la impunidad y la desinformación.

ESTADO LAICO

CARLOS MONSIVAIS

Para rezar el rosario,mi hermano el que se murió,ése si era santulario,no pícaro como yo.Son jarocho
Hace 10 años el Estado laico era un término en desuso. No había necesidad de mencionarlo por ser una realidad histórica. Al llegar la derecha al poder en el 2000, la expresión Estado laico volvió a oírse por necesidad. Fox dijo descuidadamente: “¿El Estado laico, y eso con qué se come?”, o algo semejante, aunque lo común no era ni es discutir el término sino redefinirlo. Tanto los jerarcas católicos como los funcionarios del gobierno federal y alcaldes, diputados, senadores y gobernadores del PAN insisten en hacer del laicismo una mala palabra, una antigualla antirreligiosa, la intrusión del Estado en los derechos de los padres de familia.
La confusión se intensifica tratándose de los creyentes y evangelizadores que, por casualidad, son funcionarios. Tomo un ejemplo extremo, el de Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Gobernación, encargada de Asuntos Religiosos; al celebrar su cumpleaños 55 (Milenio de Puebla, febrero de 2009), lanzó un sentido fervorín, algo de su estricto derecho de no estar acompañada de sus colaboradores, de no estar presentes los medios y de no ser ella, perdón por la repetición, subsecretaria de Gobernación encargada de Asuntos Religiosos.
Doña Ana Teresa afirmó su causa primordial y su criterio primordial: “Que Dios de verdad se compadezca y apoye nuestras solicitudes y también pedirle al Todopoderoso por nuestra patria, por nuestro México, porque creo que es un momento en el que debemos ser humildes para poner la rodilla en el suelo y decirle: Señor, estamos a tus órdenes y seguimos chambeando”.
¿Una subsecretaria de Gobernación puede olvidarse de esa condición en un acto tan público como lo indica la comparecencia de sus colaboradores? Ella, por lo pronto, es imperturbable: “Cuando yo digo gracias, estoy haciendo también una solicitud al cielo, le estoy pidiendo a Dios gracias, gracias, bendiciones para ustedes, para sus familias, muchas bendiciones, que Dios de verdad se compadezca y apoye nuestras solicitudes y también pedirle al Todopoderoso por nuestra patria, por nuestro México”.
No se discuten ni la sinceridad ni los derechos religiosos de doña Ana Teresa. Lo muy debatible es su desdén por el carácter laico del Estado que obliga a sus funcionarios a respetar todas las creencias (o ausencia de ellas) y a ser neutrales en asuntos religiosos. En el diario Intolerancia de Puebla, de la misma fecha, el periodista Mario Martell describe la reunión: “Fue como una tardeada sabatina de colegio de monjas.”, y transcribe el final del sermón: “Es el momento, Señor, estamos a tus órdenes, somos muy pocos los obreros de la mies, queremos tener una muy buena cosecha”.
* * *
¿Qué es hoy el Estado laico? Algo que el 4 de diciembre de 2008 despreció el Congreso de Baja California de mayoría panista, al reformar con el decreto 175 el artículo séptimo de la Constitución Política del estado, para considerar el derecho a la vida desde el momento de la concepción y derogar todas las leyes que contradijesen tal dogma. Esto implica la prohibición del aborto aun en situaciones que antes permitía la ley: en casos de violación, malformación del producto y/o incluso cuando la vida de la madre esté en riesgo.
Con esta reforma en vigencia:
—Una mujer que lleve en su vientre un feto anencefálico deberá finalizar su embarazo con un parto, aun si el producto está destinado a morir, con todas las implicaciones económicas y sicológicas que ello tiene sobre la madre y su familia.
—A una joven víctima de violación se le negará el uso de la pastilla de emergencia y se le obligará a terminar su embarazo con el parto, sin considerar lo que afecte este embarazo a su salud física y sicológica y a sus relaciones personales y familiares.
—Una señora mayor que resulte embarazada y a la que el parto ponga en riesgo su vida se le prohibirá el aborto, obligándola a morir.
—Quedan prohibidos la inseminación artificial, la fecundación in vitro y los métodos anticonceptivos como el DIU y la pastilla del día siguiente.
* * *
“Esto no se puede resolver con la distribución de preservativos. Al contrario, incrementa el problema. La única solución es doble: la primera es una humanización de la sexualidad, una renovación humana y espiritual que traiga una nueva forma de comportamiento entre la gente; y en segundo lugar, una amistad sincera, especialmente hacia aquellos que están sufriendo”. Esto declaró al iniciar su viaje por África el papa Benedicto XVI, y esto acató la Secretaría de Educación del gobierno panista de Querétaro —Jacobo Pichardo Otero, Tribuna de Querétaro, 16 de febrero de 2009— al enviar al basurero de la historia la efectividad del condón. La secretaría sostiene en su página de internet, y sin aportar prueba científica alguna, que el condón falla entre 3% y 15%, lo que sería “igual de riesgoso a tomar un vaso de agua con un 3% de posibilidades de que (éste) contenga cianuro”.
La analogía es impresionante: usar el condón, y repito la tesis para convencerme de que sí la emitieron, es “igual de riesgoso a tomar un vaso de agua con un 3% de posibilidades de que (éste) contenga cianuro”. Ni siquiera vale argumentar que no usar condón podría equivaler a tomar un vaso de cianuro con la posibilidad de que contenga algo de agua. Esta afirmación es parte de los textos de la capacitación impartida al personal de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) en materia de educación afectiva y sexual, parte del programa “Cultivando valores”.
Además, la Usebeq considera que la educación sexual de los niños no debe ser una asignatura que “se vacía de contenido ético, se pone a la altura de las matemáticas, se llena de conocimientos anatómicos dirigidos al control de la natalidad, la prevención de infecciones y a matar el pudor natural”. Según tal capacitación, el sexo y la sexualidad no se refieren tan sólo al aspecto físico y biológico, sino a la persona como unidad y totalidad. Se recomienda a los maestros fomentar “la educación del pudor”, sin definir en qué consiste, “ya que es indispensable aprender el pudor desde pequeños; de igual forma, se recomienda no dar más datos de los necesarios a los niños, no tener espontaneidad ni descaro”, y atender sus dudas “a solas” ya que “todos los niños son diferentes”.

LAS COSTUMBRES DEL PODER

CARMEN ARISTEGUI

El grado de frustración, desencanto y disgusto que se produjo en México a raíz del pronunciamiento de la Suprema Corte sobre el paradigmático caso de la periodista y escritora Lydia Cacho, en noviembre de 2007, fue tan grande que terminó por impulsar a los cuatro ministros disidentes a publicar, en un hecho casi insólito, el libro cuyo sugerente título se reproduce en esta colaboración. Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y Juan Silva Meza decidieron entregar a la editorial Porrúa textos de revisión y crítica al proceso de investigación y votación que realizó la Corte sobre este caso, en el uso de la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución para conocer la verdad de hechos que resulten violatorios de garantías individuales y/o derechos fundamentales de ciudadanos y cuyos probables responsables sean las mismas autoridades que deberían investigar.Las costumbres del poder es un libro cuya mayor parte la ocupan apéndices y votos particulares de los cuatro autores. Contiene sus convicciones acerca de lo ocurrido en este caso que cimbró a la opinión pública y que puso a prueba el alcance y significado de esta facultad constitucional que, dicho sea de paso, se encuentra en riesgo de desaparecer según se reconoce en algún lado de estas páginas. Es más que claro que muchos políticos, y uno que otro ministro, quisieran que se esfumara el famoso artículo 97. No quieren que el máximo tribunal exhiba a políticos, gobernantes y autoridades que han abusado de sus cargos, cometido tropelías y usado a las instancias de justicia con propósitos deleznables como lo hizo Mario Marín en el caso Lydia Cacho.El también llamado "Caso Puebla" es un retrato de cuerpo entero precisamente de esas costumbres del poder. Las del gobernador que fue capaz de usar -en la peor acepción del término- a la Procuraduría, al Tribunal Superior de Justicia, a los agentes de la ley y todo lo que fuera necesario para darle "un coscorrón a esa pinche vieja", y satisfacer con ello al poderoso empresario Kamel Nacif, protector, a su vez, del pederasta Jean Succar Kuri. Muchos creíamos en la contundencia de la información sobre los abusos en contra de la periodista; la cruda exposición sobre estas costumbres del poder encarnadas en varios personajes que siguen ahí, como si nada; la gravedad de los hechos que se pretendieron encubrir; lo perturbador del origen del caso que remitía al libro de Lydia sobre las redes de abuso infantil; la pornografía con menores y las redes que las protegen serían suficientes elementos para lograr un pronunciamiento firme, contundente e inequívoco de quienes están ahí para hacer valer el sentido de la justicia. Lo que se quería, lo que se pedía y lo que se exigía era que en el ejercicio de esa facultad, hoy en peligro de extinción, la Suprema Corte se alzara como una voz que a partir de este emblemático caso pudiera reconciliar, en alguna medida, a todo un país, con las nociones fundamentales de la justicia.Por razones que no están al alcance de mi entendimiento, la mayoría de los ministros decidió, finalmente, que no quedaba demostrada la existencia de violaciones graves de garantías individuales de la periodista. Y a otra cosa. De las niñas y los niños abusados, de las redes que comercian con sus cuerpos, de los pederastas y sus organizaciones, de los políticos que los protegen. De eso ya ni hablar. En algún punto de las votaciones anteriores se determinó que tal cuestión "... no formaba parte del mandato emitido por el Tribunal del Pleno a la comisión investigadora". Y, también, a otra cosa. Aquello era, para una gran cantidad de personas que seguían el caso dentro y fuera del país, decepcionante, indignante e incomprensible.¿Qué pudo haber llevado a los cuatro ministros disidentes de esa mayoría a publicar un libro como Las costumbres del poder sino un sentimiento compartido de frustración y, por supuesto, un ánimo de crítica frente a lo ocurrido? El ministro Gudiño se pronuncia sobre lo verdaderamente grave y trascendente del "Caso Puebla". Y se contesta: "... esta mala experiencia pone el dedo en la llaga... y debe dejar huella en la conciencia colectiva de la superlativa importancia que tiene la selección de quienes habrán de ser nuestros procuradores y nuestros jueces y el necesario control social, además del orgánico, que en este rubro es necesario ejercer de manera permanente".Sobre el caso Atenco se reconoció una violación masiva de derechos humanos pero no hubo responsabilidades mayores. ¿Habrá libro sobre el caso? Viene ahora el caso Oaxaca. La comisión de Roberto Lara y Manuel Baraibar entregó el resultado de sus investigaciones con un escueto comentario: "No se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales". Se entiende que le tocaría a los ministros hacer los señalamientos. Aunque, después de Mario Marín y de Peña Nieto en el caso Atenco, ¿estará preocupado de algo Ulises Ruiz?

CALIFICAR AL PRESIDENTE

JUAN VILLORO

Uno de los ejercicios más ociosos de los medios de información y de las agencias dedicadas a transformar la realidad en porcentajes consiste en medir la popularidad del Presidente. En México, el resultado es siempre el mismo: ¡el hombre de Los Pinos pasa el examen!¿Por qué sucede esto y qué dice de nosotros? Cuando estudiaba sociología en los años setenta, las investigaciones de campo incluían preguntas de trámite cuya respuesta debía ser ignorada. Una de ellas se refería a la actuación del Presidente. En aquel México intimidado, nadie señalaba responsables.Muchas cosas han cambiado, pero no la calificación del Presidente. Sea cual sea la situación del país, el licenciado de turno es aprobado. Obviamente, no faltan los encuestados que en verdad creen que las cosas van bien y disponen de datos para respaldar su preferencia. Sin embargo, la mayoría demuestra que entre nosotros la superstición es pieza esencial de la política. Decimos de todo, no tenemos pelos en la lengua, hablamos sin tapujos, pero nos reservamos el derecho a un milagro: no nos metemos con la Virgen, con nuestro padre ni con el Presidente.Según los sondeos recientes, Felipe Calderón obtuvo una calificación de 6.6, estupenda para quien gobierna un país con 17 asesinatos al día y una devaluación del 50 por ciento; que acaba de meterse en polémicas innecesarias con el presidente de Francia y la revista Forbes, y enfrenta el diagnóstico, cada vez más generalizado, de estar a cargo de un "Estado fallido".La prensa internacional ha contrastado las dificultades de la hora mexicana con la buena opinión que se tiene del encargado de darle cuerda al reloj. Ignoran un dato esencial: nuestra capacidad de separar al líder de sus hechos.En los mismos estudios en los que Calderón obtiene 6.6, los encuestados critican la falta de seguridad, la crisis económica, los excesos burocráticos y la corrupción generalizada de la clase política. El diagnóstico es tan dramático como el que puede hacer cualquier taxista.¿Qué comunican entonces las encuestas? Ensayemos una antropología exprés. La aprobación del Presidente tiene algo de "último recurso". La situación es tan grave que nos da miedo criticar a quien todavía puede hacer algo. Es como si viajáramos en un avión en medio de una tormenta y una voz preguntara entre las turbulencias: "¿qué les parece el trabajo del piloto?". En tal caso, un elemental impulso de supervivencia nos hace sentir que no es el momento de quejarnos del servicio. El piloto requiere apoyo. Lo aprobamos con tal de no estrellarnos.En la valoración del Presidente hay un decisivo componente de ilusión: representa una forma del destino. Desaprobarlo -especialmente cuando todo va mal- resulta tan apocalíptico como desaprobar la Navidad, el verano o la Semana Santa.No es un esotérico sentido del respeto lo que lleva a dar ese voto de confianza. El "señor Presidente" no emerge con la fuerza de los intocables; no se le respalda por miedo ni por sumisión atávica. Estamos ante algo más tangible que la divinización del poder: los encuestados quieren preservar una esperanza. El hombre de Los Pinos puede marcar la diferencia; aprobarlo significa decirle, como a la selección nacional, "sí se puede".El ejercicio del poder es para nosotros algo delicado que puede fallar siempre. Equivale a una operación a cráneo abierto hecha en un estadio, donde nuestra función consiste en echarle porras al cirujano.Desde un punto de vista simbólico, la calificación aprobatoria significa que no todo está perdido, que aún hay margen de acción. En ese apartado de la encuesta no se juzgan resultados sino aspiraciones. Si así fuera, la seguridad, la economía y la política no serían tan criticadas en otros renglones.El Ejecutivo representa la última reserva de lo posible. Si falla, todo está perdido. Lo peculiar no es pensar eso, sino suponer que nuestra franqueza es tan dañina que le puede echar la sal. Llegamos a un punto decisivo: lo que juzgamos todopoderoso no es nuestra capacidad de influir a través de la crítica sino nuestro infortunio. Tenemos tan mala pata que no podemos darnos el lujo de quemar nuestra última carta.Cuando un seleccionado nacional se apresta a tirar un penalty, no nos atrevemos a decir "lo va a fallar" por temor a que, en efecto, falle: nuestra suerte es tan mala que las malas noticias se producen cuando las mencionamos.Silenciar nuestra opinión es un recurso ante el desamparo. Si la fatalidad se entera de lo que queremos, hará lo contrario.Obviamente hay formas más racionales de evaluar al Presidente. De acuerdo con las encuestas, el PAN obtendrá en las próximas elecciones menos votos que en 2006. Se trata de una crítica indudable. Por otro lado, si se piensa que después de seis años de desgaste Vicente Fox salió de la Presidencia con una calificación de 7.3, el 6.6 de Calderón entusiasma menos.Fox entendió que su popularidad no dependería de sus actos y separó su figura pública de una actividad que le interesaba poco: gobernar. La campaña electoral siguió a lo largo de su sexenio. Siempre campechano, se sirvió sin remilgos de la propaganda y delegó en su vocero la difícil tarea de sortear contradicciones.En mayor o menor medida, siempre hay un divorcio entre el juicio a la realidad que gestiona el Presidente y el juicio a su investidura. Las estadísticas surgieron como un recurso de la modernidad para convertir la vida secreta de un país en tendencias explícitas y rebanadas de pay de distintos tamaños. Sin embargo, no es fácil saber si el encuestado responde lo que sabe, lo que supone o lo que desea.En México cualquier sondeo de opinión revela que la situación está canija. En una situación de desamparo se refuerza la importancia de la chiripa, la lotería, el milagro. Es lo que las estadísticas miden sin saberlo.

15 AÑOS SIN COLOSIO

FRANCISCO MARTÍN MORENO

Las valientes y certeras palabras de Luis Donaldo deben ser analizadas no sólo con la perspectiva de 15 años de su asesinato, sino a la luz de los festejos del Bicentenario del estallido de la Independencia y del inicio del Movimiento Armado de 1910.
El México que veía Luis Donaldo Colosio quedó consignado en su discurso pronunciado en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994. En aquella ocasión el ex candidato presidencial, quien sería brutalmente asesinado 17 días después, expresó: “Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de la justicia, de dignidad y de progreso… Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen… Un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan… Un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo y que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación ni de preparación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción… Un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen… Un México de empresarios de la pequeña y mediana empresa desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades… Un México de profesionistas que no encuentran empleos... Un México de maestras y maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos… Yo veo un México con hambre y con sed de justicia… Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla… Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan… Un México convencido de que esta es la hora de la respuesta, un México que exige soluciones…
“¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad!”
Las valientes y certeras palabras de Luis Donaldo, sin embargo, deben ser analizadas no sólo con la perspectiva de 15 años de su asesinato, sino a la luz de los festejos del Bicentenario del estallido de la Independencia y del inicio del Movimiento Armado de 1910. ¿Los mexicanos tenemos algo que festejar en dicho sentido o tal vez deberíamos ser mucho más modestos y utilizar el término conmemorar, tal vez el vocablo apropiado? ¿Qué vamos a festejar..?
Ya en septiembre de 1821, hace casi 200 años, exigían justicia, dignidad y progreso, miles de comunidades indígenas. Los campesinos carecían de respuestas que sin duda se merecían. Existían trabajadores que no encontraban los empleos y los salarios que demandaban. Era evidente la existencia de un México de mujeres que no contaban con las oportunidades que merecían. Desde hace dos siglos ya estaba ahí, a la vista de quien quisiera verlo, un México con hambre y con sed de justicia, así como un México de gente agraviada por las distorsiones que imponían a la ley quienes deberían servirla. ¡Horror! ¿Qué hemos hecho con nuestro país..? ¡Claro que las mujeres y los hombres ya desde hace dos centurias se mostraron afligidos por el abuso y por la arrogancia de las autoridades! ¡Claro que los ciudadanos vivían angustiados por la falta de seguridad, frustrados por los servicios públicos y desesperados por los incumplimientos de los gobiernos!
La comparación viene al caso después de tratar de demostrar la escasa capacidad de transformación de nuestro país, con lo cual se distingue como una sociedad mayoritariamente conservadora y reaccionaria. Resulta prácticamente imposible cambiar la legislación laboral, la fiscal, la petrolera, la eléctrica, la educativa, así como ejecutar a fondo una auténtica reforma del Estado. Sin embargo, para los mexicanos, sociedad y gobierno, no existen las culpas absolutas, permanecemos inmóviles. Todo tiempo pasado fue mejor. Nos convertimos en el país de lo irreversible e irreversiblemente nos estamos hundiendo, día con día, de tal manera que México, un país vivo y juvenil, está dejando de ser un país viable.
¿Por qué razón un país que requiere de manera perentoria la práctica de cambios revolucionarios no los ejecuta? ¿Por qué la escasa o nula capacidad de transformación, más aún ante una problemática tan severa?
Luis Donaldo Colosio advertía la presencia de un México empantanado que contaba con enormes recursos para ser rescatado. Las herramientas para lograrlo están ahí, de la misma manera en que se identifica la imposibilidad de utilizarlas en beneficio de todos nosotros.
Siempre existirá un pretexto para evitar la transformación. Han existido afortunados intentos para lograrlo. Sólo que hoy en día, requerimos mecanismos ágiles, de audacia, de temperamento emprendedor, de coraje, de visión de futuro, de romper con patrones conservadores, de superar la postración retardataria, de modificar velozmente la realidad imperante, de alterar las condiciones reinantes, de luchar ferozmente en contra de la adversidad, de sumar esfuerzos, de tomarnos de la mano, de dar un rudo golpe de timón en el puente de mando para dirigirnos hacia otros horizontes. ¿Por qué no alteramos la ruta de colisión?
fmartinmoreno@yahoo.com
Nos convertimos en el país de lo irreversible e irreversiblemente nos estamos hundiendo, día con día, de tal manera que México, un país vivo y juvenil, está dejando de ser un país viable.

MEMORIA Y DEMOCRACIA

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Ayer se presentó en el Archivo General de la Nación el conjunto de testimonios escritos y gráficos que dan cuenta de mi paso por la actividad pública. El fondo lleva mi nombre y queda enmarcado dentro del Programa de archivos contemporáneos de México, cuyo propósito es “incorporar acervos que permitan a los investigadores tener acceso a documentos de la vida política y social del país”.
El proyecto comenzó con la incorporación de la memoria fotográfica de la revista Tiempo y los 3 millones de fichas que Jaime González Graf elaboró para el Instituto de Estudios Políticos. La ceremonia fue un llamado abierto para que otras personalidades e instituciones contribuyan a poblar con testimonios plurales la futura sede del archivo.
Se acogió además la decisión de trasladar los documentos de Adolfo Aguilar Zinzer, hasta ahora depositados en El Colegio de México. Su clasificación y estudio permitirá, entre otros fines, la edición de una obra incluyente sobre nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
A ese propósito están hace tiempo preparados los textos relativos al periodo en que me correspondió (1980-1981), y la Cancillería se ha allegado los del pasaje de Luis Padilla Nervo (1946). Si no se vencen a tiempo las resistencias oficiales, originadas en el temor comparativo con el presente, habrá de ser empresa enteramente académica. Ese programa podría ser el eje de discusiones articuladas sobre el México actual. Un seminario permanente en torno al entramado cultural, político, económico y social que da cuenta del presente. Una ocasión para reunir las voces de los actores relevantes, generar aportaciones a nuestra historia oral y nutrir tanto la discusión política como la toma de grandes decisiones nacionales.
Estos empeños son coincidentes con los cánones de la transparencia, tanto en su sentido ético como en sus implicaciones prácticas. Se inscribe en la necesidad de fomentar una cultura ciudadana y de exigir responsabilidad cabal de sus actos a los detentadores de poderes públicos. Estoy convencido de que sin conciencia compartida no hay nación y sin memoria no hay democracia.
En palabras de Maurice Duverger: “Un obstáculo infranqueable para los investigadores son las cajas fuertes de los políticos”. Los de México no fueron proclives a ofrecernos revelaciones escritas ni biografías verosímiles. Hay excepciones notables de luchadores de oposición y altos funcionarios. Abundan libelos justificativos y pendencieros de actuales militantes; pocos son esclarecedores y de los secretos de Estado no existe rastro.
Los testimonios documentales de las tareas públicas no han corrido mejor suerte. La mayor parte, dispersos o desaparecidos; otros en domicilios privados o fundaciones, expuestos al olvido, la rapiña y la incuria. Los de mandatarios mayores, inhumados en extravagantes mausoleos, repletos de obsequios, diplomas, retratos y libros encuadernados, donde los documentos no aparecen.
El camino elegido por el archivo es promisorio: contribuir a la nacionalización del saber o, al menos, a la preservación y socialización de objetos de conocimiento irremplazables. Aligerar a los descendientes de una carga de manutención delicada y restringida consulta y fortalecer la dimensión educativa de las instituciones encargadas de custodiar nuestro patrimonio.
Estimo un singular honor ser el primer mexicano vivo cuyos testimonios han sido acogidos por el archivo. Jamás tuve afición por el coleccionismo, pero una formación rigurosa me indujo al trato cuidadoso con los objetos y respetuoso con aquellos producto del quehacer y del espíritu humano. A partir de mis primeras encomiendas como funcionario el gusto por preservar documentos se volvió responsabilidad en el ejercicio del cargo.
El acervo se multiplicó a la medida de puestos y encomiendas progresivamente relevantes o complejas. En las tareas diplomáticas es más preciso, por su propia naturaleza; en las funciones partidarias más difícil, ya que fue menester remontar la cultura del sigilo. La documentación parlamentaria resulta abrumadora, por el caudal de intervenciones a que me obligó una feroz oposición.
Los interesados hallarán fragmentos numerosos de arquitecturas inconclusas y algunos de faenas consumadas. Planes e iniciativas al lado de pesquisas intelectuales, debates políticos e informes de ejercicios cumplidos. No encontrarán “bazar de asombros” ni piedra de escándalos, pero tal vez sí una alacena de sueños. Ahí yacen trozos de vida disecados que cuentan una terca esperanza; piezas sueltas de un edificio por levantar y vislumbres entretejidos de nuestro proyecto esencial: la instauración de una nueva República.

15 AÑOS: VIOLENCIA Y POLÍTICA

JOSÉ WOLDENBERG

1994 es recordado como un año en el que la violencia política reapareció con toda su crudeza. El levantamiento armado del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio cimbraron al país, y cada uno en su dimensión generó incertidumbres de muy diverso tipo.Pese a que la izquierda mexicana ya había vivido un proceso intensivo de aprendizaje y reapropiación de los valores y principios democráticos, el levantamiento del EZLN puso a circular, aunque no por mucho tiempo, la expectativa de un cambio político radical a través del expediente de la violencia. Cierto que la base indígena del neozapatismo, un programa genérico de reivindicaciones sociales y el "carisma" del subcomandante Marcos multiplicaron las adhesiones hacia esa causa, pero el imán más poderoso, el que sedujo la imaginación de no pocos, fue la apuesta por las armas. El ensueño de una auténtica revolución, que para serlo requiere destruir el Estado y construir otro desde los escombros del viejo régimen, encendió el entusiasmo y las ilusiones.El asesinato de Lomas Taurinas, por su parte, dislocó de manera abrupta el proceso de sucesión presidencial. Quien estaba destinado a ocupar la Presidencia de la República fue intempestivamente asesinado y en los círculos gubernamentales y en la calle, en las cámaras empresariales y los sindicatos, en los partidos y los medios, se abrieron una serie de interrogantes ya que la certeza se había evaporado en un santiamén. Desde el homicidio del ya electo Álvaro Obregón ningún Presidente o candidato seguro a serlo había sido asesinado. La violencia criminal sacudió a la sociedad, hizo reaparecer los fantasmas de los ajusticiamientos, trajo al presente los recuerdos de los años veinte.No extraña entonces que a través de artículos, ensayos, notas, comentarios permanezcan en nuestra memoria colectiva esos eventos traumáticos. Y no han sido pocos los que en los días que corren, con razón, los han rescatado y vuelto a leer. Son episodios de nuestra historia reciente que dejaron una oscura huella y volver a reflexionar sobre los mismos resulta inescapable.No obstante, la respuesta política a esos acontecimientos parece no valorarse de igual forma. Ésta, por supuesto, no tiene la espectacularidad ni el dramatismo de la muerte, no sacude las conciencias con el mismo vigor, no atrae los reflectores de los medios con parecida intensidad, y por ello, parece diluirse de forma más rápida y contundente. Y esa desmemoria impide valorar no sólo lo que la buena política puede ofrecer en momentos difíciles, sino lo que la política democrática significa como antítesis de la violencia.Recordemos algunas de las operaciones políticas que los partidos y el gobierno de manera conjunta fueron capaces de forjar no sólo para hacerle frente al espectro materializado de la violencia sino para pavimentar el proceso electoral que ya se encontraba en curso y que requería de una serie de reforzamientos para desembocar en buen puerto: 1) Los "acuerdos y compromisos" que firmaron ocho de los nueve candidatos a la Presidencia de la República como "contribución al proceso de paz y a la solución de los problemas que hoy se plantea la conciencia del país en el marco del proceso electoral federal en curso" (sólo la candidata del PPS no firmó); 2) La reforma constitucional aprobada por todos los partidos que modificó la conformación del Consejo General del IFE y reforzó la autonomía del instituto; 3) Las modificaciones legales que cristalizaron la "ciudadanización" del IFE, la multiplicación de las facultades de los observadores electorales, la aceptación de los "visitantes extranjeros", el establecimiento de topes a los gastos de campaña, 4) Los acuerdos políticos que llevaron a la remoción de decenas de funcionarios del IFE, al acceso permanente de los partidos a la base de datos e imágenes del padrón electoral, a la implementación de una auditoría externa a ese mismo instrumento, al nombramiento de un fiscal especial en materia comicial, a las boletas foliadas y a la tinta indeleble, a reglas mejor decantadas para la doble insaculación de los funcionarios de casilla, a la reducción de las casillas especiales, al incremento de los tiempos de radio y televisión para los partidos, al primer debate televisivo entre los candidatos presidenciales, a la transmisión directa por televisión de los actos de cierre de campaña, a la suspensión 20 días antes de los comicios de la propaganda gubernamental, y otras.Se trató de iniciativas políticas que en el momento sirvieron para distender, para "normalizar" el proceso electoral y para reforzar la vía de la convivencia y competencia abierta, libre, tolerante. No irradiaban espectacularidad, no reclamaban sangre, eran política pura y dura.Muchos de los acuerdos de 1994 se convirtieron en disposiciones legales en 1996. Pero en conjunto mostraron las potencialidades que tiene la política democrática, y en momentos de emergencia dieron cuenta de que la diversidad política e ideológica y el gobierno podían construir un piso común para su coexistencia sin deponer convicciones y diferencias. Fueron jornadas teñidas por la voluntad y acicateadas por la necesidad de dar pasos firmes en la edificación de un entramado normativo e institucional capaz de recrear la diversidad que es la marca del país. En una palabra inyectaron aire fresco en momentos ominosos.Y si deseamos educar y educarnos en los principios de la civilidad democrática vale la pena recordarlos, porque gracias a ellos nuestra convivencia es hoy mejor. Porque en una palabra, la política democrática es siempre superior a la violencia. Hoy la política construye. La violencia no.

BUENA VISITA, MALAS RAZONES

LORENZO MEYER

Hace mucho que no nos visita un presidente norteamericano fuera de serie. Lástima que hoy las razones y condiciones no sean las mejoresObama entre nosotrosEl inesperado anuncio de que el nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, ocupado como está en resolver la enorme crisis de su economía, se dará tiempo para visitar nuestro país el mes próximo debería ser, en principio, una buena noticia, por la alta calidad del personaje y de su proyecto de gobierno. Sin embargo, el motivo de fondo de esa cortesía no es otro que tratar de hacer frente a los efectos de la mala calidad del actual tiempo mexicano.La economía mexicana no sólo está en una situación tan problemática como la norteamericana -desde 1983 su crecimiento real promedio es cercano a cero-, sino que la fuerza del crimen organizado mexicano ha crecido de tal manera que ha sobresaltado a las autoridades norteamericanas, pues la inseguridad en México es percibida en Estados Unidos como un problema que afecta su propia seguridad. Es por eso que la visita de Obama y sus colaboradores -la secretaria de Estado, la secretaria de Seguridad Interna, el procurador general- tiene poco que ver con cortesías y mucho con alarma.El origenLas visitas de presidentes norteamericanos a México se iniciaron con la muy breve de William Howard Taft a Porfirio Díaz en Ciudad Juárez en 1909. Poco sabemos de la parte medular de la reunión de esos mandatarios pero todo indica que la forma fue la sustancia pues no había entonces grandes problemas entre los dos países. Pasarían 34 años antes de la siguiente visita que hasta ahora ha sido la mejor por la calidad del visitante y del ambiente político en que tuvo lugar.La reunión Manuel Ávila Camacho-Franklin Roosevelt en abril de 1943, en Monterrey, se dio cuando el mundo estaba inmerso en el gran drama de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, la política de "Buena Vecindad" enunciada por Roosevelt para América Latina llevaba ya 10 años y había dado frutos muy positivos, especialmente el compromiso de Washington de guiarse por el "principio de no intervención" en su relación con Latinoamérica. Este principio, centro de la política exterior de México, fue puesto a prueba con éxito cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó los intereses petroleros norteamericanos en 1938. Por otra parte, los dos planes sexenales que habían dado sentido a la acción del gobierno mexicano a partir de 1934 habían sido equiparados por los propios funcionarios norteamericanos al "Nuevo Trato" de Roosevelt, con lo cual los proyectos nacionales de México y Estados Unidos parecieron convergir como nunca antes o después.Para 1943 México y Estados Unidos, por primera y única vez, habían forjado una asociación formal y efectiva de carácter económico, militar, laboral e ideológico contra un enemigo común -la Alemania nacional-socialista y sus aliados- y México esperaba que esa alianza se mantuviera cuando volviera la paz. Y es que México asumió que la visita de Roosevelt había puesto el sello de una "relación especial" entre los vecinos y que se mantendría en el futuro. Ese optimismo mexicano no sobreviviría a la muerte de Roosevelt.La rutinaA partir de la visita de Harry S. Truman a Miguel Alemán en la Ciudad de México en 1947, las visitas mutuas de los presidentes mexicano y norteamericano se convirtieron en rutina. En más de una ocasión, ese encuentro se regateó para presionar a México, como fue el caso de un Ike Eisenhower, molesto con un Ruiz Cortines que por un tiempo osó mostrarse partidario de limitar la inversión externa y renuente a dar su apoyo a la política norteamericana en contra de los gobiernos reformistas de Guatemala que, a ojos de Washington, eran inaceptablemente izquierdistas (véase sobre el tema el memorándum de Holland a Srio. de Estado, del 4 de enero de 1955).Posiblemente la única visita de un mandatario norteamericano que despertó genuino interés entre el público mexicano fue la de John F. Kennedy y su esposa en 1962; y esa fascinación se debió más al atractivo mediático de la pareja y a su catolicismo que a razones políticas de fondo.ObamaEl presidente norteamericano que nos visitará el mes entrante es ya un personaje fuera de serie y que debería ser objeto de un genuino recibimiento popular, aunque está por verse si el humor del público y las autoridades mexicanas lo propician.Obama simboliza, en primer lugar, una gran victoria sobre la cultura racista que históricamente ha dominado a Estados Unidos y que ha tenido efectos muy negativos no sólo para los afroamericanos sino también para los mexicanos y mexicano-americanos en Estados Unidos. Políticamente, el actual Presidente de ese país es portador de valores políticos que se echan de menos en México. Su campaña primero y sus acciones después enfatizan su voluntad de sustituir al Estado neoliberal por uno que asuma como responsabilidad directa e irrenunciable el dar forma a una estructura social menos inequitativa, que provea de asistencia médica a todos los ciudadanos, que imparta una educación pública de calidad y que defienda con efectividad el medio ambiente.En la práctica, Obama parece dispuesto a ir con todo el poder del Estado para intervenir y reformar una economía que está en crisis por haber dejado durante decenios las grandes decisiones a la supuesta "mano invisible del mercado" pero que, en realidad, fue la excusa de la clase política para facilitar la acumulación desaforada e irresponsable de ganancias privadas en pocas manos y a costa del interés de la mayoría.El presidente Obama es portador del espíritu que animó hace más de 70 años a Franklin D. Roosevelt y a su "Nuevo Trato para el Pueblo Norteamericano". Sin embargo, Obama no viene a subrayar una hipotética identificación de su política de cambio con la dominante en nuestro país. El mandatario norteamericano no tuvo dificultad en encontrar coincidencias de visión política con el presidente Lula de Brasil, pero no tiene posibilidades de hacer lo mismo con el de México. En el contexto norteamericano, Obama se sitúa en el centro izquierda en tanto que Felipe Calderón -quien durante la campaña electoral en Estados Unidos mostró su preferencia por el adversario de Obama, John McCain- está perfectamente ubicado en la derecha del espectro político. En fin, que los valores, proyectos y estilos de ambos son diferentes, casi antitéticos.Obama viene a México impulsado por la conciencia de que Estados Unidos no puede soslayar por más tiempo que el país vecino del sur está sometido a los efectos de una crisis múltiple -económica, social y de seguridad- que pone en peligro su estabilidad. Y en Washington se sabe que esa estabilidad es parte de la propia seguridad norteamericana. Apoyar a México en contra del crimen organizado es, por tanto, actuar también en defensa del interés norteamericano. Además y finalmente, si las instituciones mexicanas de seguridad y procuración de justicia están hoy en una situación tan comprometida, se debe en buena medida a que el crimen organizado al sur del Bravo obtiene sus recursos económicos principalmente de sus transacciones en el enorme mercado de drogas que se ha desarrollado al norte de ese río y que se abastece de armas en las armerías que operan casi sin control en el lado norteamericano de la frontera. Si hay un área en donde Estados Unidos es corresponsable directo de los problemas mexicanos es en el área del narcotráfico y hace ya tiempo que se requería ahí de una acción conjunta y efectiva.La cuadratura del círculoHoy pareciera que es real la voluntad de los funcionarios norteamericanos de atacar a los cárteles mexicanos que ya tienen bases en 230 ciudades norteamericanas -hace tres años eran apenas 100-, al menos eso se puede inferir del comunicado emitido por la Casa Blanca el día 24 tras una comparecencia ante la prensa de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, y de dos funcionarios del Departamento de Estado y la Procuraduría General. El documento propone una política que incluya todos los elementos del complejo problema del narcotráfico: intercepción, lavado de dinero, tráfico de armas, consumo. Sin embargo, si tras 100 años de lucha internacional contra las drogas no se ha logrado erradicar el mal, ¿podrán México y Estados Unidos encontrar ahora la solución? Probablemente no. En el mejor de los casos, quizá logren frenar la expansión del crimen organizado mexicano, pero mientras no den solución al consumo no habrá respuesta efectiva.En fin, esperemos que en el futuro y en condiciones más propicias podamos recibir al presidente Obama y abordar con él ya no una crisis de seguridad sino su gran proyecto para dar forma a un nuevo tipo de sociedades nacionales más equitativas y a relaciones internacionales más justas.