EJECUCIÓN DE H. LEAL: OTRA TRANSGRESIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Cuando fui titular del Consulado General de México en Houston (1985-1988), el magnífico Consultor Jurídico que entonces tenía la Cancillería, Alberto Székely, había diseñado un programa de apoyo legal a ciudadanos mexicanos a través de cuatro polos en la Unión Americana y varios juristas mexicanos estudiaban en universidades estadounidenses su legislación: Ramón Brito, Miguel Ángel González Félix, Arturo Puente) a fin de defender a nuestros connacionales. En el propio Consulado existía un área de apoyo legal a quienes se encontraban en las cárceles de la jurisdicción de la oficina consular. Periódicamente visite la cárcel de Huntsville, donde había un buen número de mexicanos, entre ellos algunos sentenciados a muerte, con quienes me entrevisté, asistido por el ahora cónsul general , Daniel Hernández Joseph y Ana María Juárez. Así nos sensibilizamos de unos de los temas más crudos y dolorosos de la relación bilateral: el abandono legal en que se encontraban los mexicanos luego de ser aprehendidos por las autoridades, presuntamente por delitos cometidos en ese pais.

En 1963, México, EU y otra centena de países aprobaron la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en cuyo artículo 36 (1) se establece que "se deberá proveer asistencia consular a un extranjero detenido", es decir, que inmediatamente después de su detención, el Gobierno tiene la obligación de notificar a la persona detenida o arrestada, sin demora, de sus derechos consulares. Será en forma directa, o a través del consulado. Esto para que en el proceso, el extranjero tenga todos los derechos, asesoría, información y apoyo que requiera de su Gobierno para defender su causa. México llevó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el caso Avena, solicitando que, dado que EU había arrestado, detenido, procesado, enjuiciado y sentenciado a 51 mexicanos bajo la pena capital, EU había violado obligaciones internacionales en contra de México establecidas en la Convención. Por tanto, México exigía que se le otorgara el derecho a la restitutio in integrum (devolver las cosas al estado en que se encontraban). Pese a que la CIJ concedió a México medidas provisionales que exigían que ningún nacional fuera ejecutado, señaló en la sentencia que EU había incumplido sus compromisos intenacionales. El Gobierno federal reconoció el fallo de la CIJ, mas el Estado de Texas disputó la orden, llevó el asunto a la Corte Suprema, la que anuló la orden del presidente de acatar el fallo y en 2008, ejecutó a Medellín, ciudadano mexicano.

Ahora, y con una culposa indiferencia de varios medios de comunicación mexicanos, ocurre la segunda ejecución que atenta contra la sentencia de la CIJ. No estaba en cuestión en este ultimo fallo de la Corte Suprema si Humberto Leal era o no culpable , sino que el Gobierno de EU respetara la sentencia de la CIJ. La Corte Suprema, por cinco votos contra cuatro, rechazó la solicitud que había presentado la administración Obama para suspender la ejecución mientras el Congreso considerara una reciente propuesta de ley que permitiera nuevas audiencias para esclarecer si los derechos del mexicano habían sido violados.

Sin acompañar la idea de que la ejecución debió haber sido suspendida por los daños que causa a la relación bilateral, creemos que la justicia norteamericana, utilizando subterfugios de dudosa procedencia, ha ignorado sus compromisos internacionales. A la vez, México ha fracasado en su intento de revisión y reconsideración . No es epitafio para lo ocurrido, el comunicado oficial que "reconoce la voluntad del presidente americano", como amicus curiae, sino condenar en la forma más enérgica una ejecución que viola las obligaciones internacionales de todo Estado y una sentencia de la CIJ. Las acciones a posteriori son realmente ridículas.