La revista Proceso lo adelantó en su edición de esta semana, bajo el título "El burlador del Ajusco" (pp 40-43). El Instituto Federal Electoral (IFE) alistaba una "sanción histórica" a Televisión Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego que abiertamente desafió a la reforma y al árbitro electoral durante este año.El anteproyecto planteaba una multa por 38 millones contra la televisora del Ajusco, por no haber transmitido mil 892 spots de la autoridad electoral y de los partidos políticos en sus señales de Canal 7 y Canal 13 en los sistemas de televisión restringida, Sky y Cablevisión, ambos propiedad de Televisa, entre el 6 y el 24 de mayo.Sin embargo, el anteproyecto fue modificado sustancialmente. Resultó que no fueron mil 892, sino un total de 5 mil 734 promocionales los que no fueron difundidos entre el 5 de mayo y el 5 de julio.Finalmente la sanción se fijó hoy en 21 millones 920 mil pesos, aun así la más alta aplicada hasta ahora contra un medio de comunicación. Además, el IFE ordenó a la televisora la reposición en tiempos comerciales de los tiempos de spots no transmitidos por 2 mil 867 minutos.La empresa de Salinas Pliego –célebre por sus constantes desafíos a la legalidad bajo una demagogia populista y justiciera– se colocó en franco desafío a la Constitución durante toda la campaña federal, bajo un argumento pueril y tramposo: no es lo mismo Televisión Azteca SA de CV, que TV Azteca SA de CV.Los abogados de la empresa argumentaron que la sanción debía aplicarse contra TV Azteca SA de CV, en virtud que "es la titular de los derechos de autor sobre la programación que transmite" Televisión Azteca. En otras palabras, pretendió reducir a un tema de "derechos de autor" lo que a todas luces fue una violación "reiterada y sistemática" a la ley electoral.La trampa es muy similar a la que aplica Televisa con sus empresas filiales: ellas son las responsables de comercializar y no el consorcio que es el responsable de la concesión entregada por el Estado.Algo parecido ocurrió en el caso de Editorial Televisa SA de CV, editora de TV y Novelas, que facturó la publicidad del Partido Verde Ecologista y luego fue retransmitida en los canales 2, 5 y 9 de Televisa.Esta multa considera como de "gravedad especial" la violación "reiterada" que se observó en las señales de Canal 7 y Canal 13 durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de mayo de este año.La empresa decidió bloquear los anuncios del IFE y de los partidos políticos en la programación de su señal que envía a los sistemas de televisión restringida. Aún queda la pregunta: ¿si bloqueó estas señales, comercializó esos espacios que estaban destinados a los tiempos de Estado?La burla de TV Azteca es absoluta. Desde antes, el IFE ya la había sancionado en tres ocasiones (24 y 29 de marzo y 20 de abril), imponiéndole una multa de 2 millones de pesos en cada una de las resoluciones.La televisora del Ajusco pensó que podía ganar su litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A finales de junio, el máximo tribunal en la materia confirmó las sanciones aplicadas a la empresa.La clara violación a la ley no inhibió a cabilderos y representantes de la empresa que presionaron a consejeros electorales y al secretario general del IFE. Utilizaron los argumentos más pueriles: desde el "linchamiento" mediático hasta una contrademanda.Por lo visto, no lograron echar abajo del todo el proyecto de sanción, aunque sí sentaron otro precedente muy grave de presiones y chantajes.En el proyecto de resolución 308-2009 se detalla que el mayor número de spots no retransmitidos o "bloqueados" en las señales de Sky y Cablevisión fueron los del PAN (mil 390 mensajes), seguidos por 917 del PRD, 800 del PRI, 405 del Partido Verde (a pesar que la hija de Ricardo Salinas Pliego fue inscrita en los primeros lugares de una diputación plurinominal), 295 del Panal, 279 del PT, 257 de Convergencia, 232 del PSD y 26 del PFD, un pequeño partido local del Estado de México. En total fueron 5 mil 734 promocionales.La airada reacción en la pantalla de Televisión Azteca es predecible. La pregunta es si la Secretaría de Gobernación –hasta ahora la responsable de regular los contenidos de los medios electrónicos concesionados– seguirá haciéndose de la vista gorda ante lo que ya constituye un modus operandi de la empresa que fue privatizada en la época de otro Salinas.
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