miércoles, 30 de junio de 2010

VOCACIÓN DEMOCRÁTICA

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El asesinato de Rodolfo Torre, aventajado candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, representa, además del drama personal que supone, la constatación de un urgente replanteamiento del las políticas de seguridad pública, y, a la par, la enésima puesta a prueba de la vocación democrática de la sociedad y de los actores políticos, así como de su compromiso con la legalidad y con los derechos.
Por un lado, demuestra que la lógica unidimensional de combate al crimen organizado, que ha venido inspirado la actuación del gobierno federal, y que neciamente es defendida por éste, está condenada (como desde sus inicios) al fracaso. Es urgente entender que el único modo eficaz de enfrentar a la criminalidad es asumiendo que se trata de un fenómeno multifactorial y que tiene diversas expresiones: criminal —por supuesto—, económica, social, política, cultural y hasta religiosa. Por ello la forma de poder confrontarla con posibilidades de éxito es atacándola en diversos planos y diversificando las estrategias, no viéndola como algo que puede combatirse sólo con la fuerza.
Ayer, en su discurso televisivo, el Presidente hablaba de la necesidad del diálogo y de la unidad para enfrentar el fenómeno criminal. Tiene razón, pero me temo que lo que entiende por unidad es cerrar filas en torno a su fallida estrategia de seguridad pública. Así lo revela la tal vez inconsciente afirmación en su mensaje en el sentido de que: “Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país.”
Cerrar filas entendiendo que el fenómeno criminal es transversal a todas las fuerzas políticas y que su combate requiere de la condena y colaboración de todos los actores políticos y sociales es algo indispensable. Pero que ello tenga que hacerse en torno a una estrategia que apuesta por la fuerza, la militarización y el desprecio a los derechos y a sus instituciones de garantía, como lo evidencia la grosera consideración de “tontos útiles” de la delincuencia con la que el secretario de Gobernación parece confundir la actuación de los ombudsman, es otra cosa. En una democracia el combate al crimen sólo puede fundarse en un compromiso irrestricto e incondicional con el respeto de los derechos.
Por otro lado, como lo recordaba ayer en estas páginas Pedro Salazar, el desafío que hoy lanza a la democracia y a sus instituciones el crimen organizado requiere una respuesta racional y no instintiva que refrende la vocación democrática de nuestra sociedad. No es un problema sólo de las fuerzas políticas, sino también de los ciudadanos que debemos rechazar la lógica y las dinámicas que pretende imponer el crimen. En 1994, cuando la violencia —otro tipo de violencia, pero igualmente disruptiva— se instaló entre nosotros, la respuesta de la sociedad fue acudir masivamente a las urnas. Ese año se dio la mayor participación electoral de nuestra historia democrática: casi el 80% de los ciudadanos votaron y con ello hicieron patente su respaldo a la vía democrática como la ruta pacífica por excelencia para resolver las diferencias políticas.
Hoy el dilema también tiene que asumirse de la misma manera, una participación alta en las próximas elecciones también supone una manera en la que la sociedad puede refrendar su apuesta por la democracia y la mejor manera para demostrarse refractaria a asumir la excepcionalidad como parte de la normalidad.
El asesinato de Rodolfo Torre es un atentado a la convivencia democrática y la respuesta de todos tiene que ser firme y comprometida. Votar no significa avalar una situación en donde la falta de autonomía de muchas autoridades electorales ha sido exhibida, en donde la intervención de los gobernadores —los nuevos señores feudales— ha sido la constante y en donde la pequeñez de las fuerzas políticas ha campeado. Esos son problemas de los que tendremos que encargarnos. Pero votar hoy significa, más que nunca, refrendar nuestra vocación democrática.

CERRAR FILAS

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Ya no es una hipótesis, una especulación a partir de hechos aislados; la emboscada y asesinato del candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre, con otras cuatro víctimas fatales y varios heridos, nos pone frente a una realidad terrible para la democracia y los procesos electorales. El crimen organizado ha pasado a la acción directa, letal, en contra de un candidato a gobernador en plena campaña y a unos cuantos días de la jornada electoral.Antes que señalar culpas o repartir responsabilidades, cabe exigir que la serenidad y el sentido de responsabilidad imperen entre todos los partidos y demás actores políticos. Lo ocurrido ayer en Tamaulipas debe provocar la inmediata reacción de las autoridades federales y estatales a fin de brindar a los candidatos en situación de riesgo -especialmente a los aspirantes a gobernador- la protección que requieran para proteger su integridad física. Es también indispensable que las mismas autoridades brinden a los ciudadanos de los 14 estados que tendrán jornada comicial el próximo domingo la seguridad de que podrán acudir a emitir su voto en paz y tranquilidad.Determinar, en el menor tiempo posible, los responsables materiales e intelectuales del atentando, así como el móvil del crimen, es una obligación que las procuradurías federal y estatal deben cumplir con total transparencia. Si, como todo indica, estamos en presencia de una acción del crimen organizado, la sociedad debe ser informada, con veracidad y objetividad, del resultado de las investigaciones.Es evidente que el clima previo a la jornada electoral del 4 de julio está enrarecido; acciones y declaraciones de partidos y candidatos han contribuido a crispar los ánimos en varios estados, a lo que se suma el efecto provocado por el conocimiento de conversaciones, grabadas de manera ilegal, que muestran el accionar de gobernadores y la subordinación de funcionarios electorales locales del más alto rango.Sin embargo, sería infundado atribuir al enrarecimiento del clima político lo ocurrido en Tamaulipas; se trata de un crimen que, todo indica, es responsabilidad de una organización delictiva cuyas motivaciones están más allá de la competencia electoral o de los conflictos entre partidos políticos. Cabe lanzar la hipótesis de que podemos estar ante una acción del crimen organizado para demostrar su capacidad de atentar contra personajes de la vida nacional, retando de manera abierta al Estado. El asesinato de Rodolfo Torre no debe ser motivo para extremar la confrontación entre partidos y candidatos, menos para buscar ventajas electorales.Toda proporción guardada, desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, no vivíamos una situación de tal gravedad; en aquel entonces, la reacción de los partidos, candidatos presidenciales, Congreso de la Unión y gobierno federal, fue responsable y prudente, lo que permitió culminar la reforma electoral que estaba en curso y aseguró la realización de las elecciones federales de agosto de 1994, las de más alta participación de nuestra historia electoral contemporánea.Viene al caso rememorar aquella tragedia para expresar la esperanza de que, ante el desafío lanzado por los autores del asesinato de Rodolfo Torre, partidos, candidatos, autoridades electorales y gobiernos cierren filas para no solo condenar el crimen, sino también para preservar la civilidad en estos días previos a la jornada comicial, durante la misma y en los días posteriores, tanto en Tamaulipas como en los otros 13 estados inmersos en la parte final de los procesos electorales, y en todo el territorio nacional.Aunque cabe la posibilidad de que el Congreso local suspenda y posponga la jornada comicial en Tamaulipas, tal decisión solamente podría tomarse en el caso extremo de que la información de que dispongan las autoridades federales y locales haga suponer un riesgo inminente para la seguridad de los ciudadanos tamaulipecos que acudan a votar el domingo próximo. No existe previsión legal para una situación de tal tipo, como sí existe para la sustitución del candidato a gobernador del PRI, lo que es previsible ocurrirá en las próximas horas.Es la hora de la responsabilidad, de cerrar filas en defensa de la civilidad y la democracia.

SELECCIONES MUNDIALISTAS: ¿VALOR O PRECIO?

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La revista electrónica especializada en el negocio de futbol, Futebolefinance publicó un estudio con estimaciones del precio que suman los jugadores de cada una de las 32 selecciones nacionales que llegaron al Mundial de Sudáfrica 2010. En total, los precios en el mercado de los jugadores de esos equipos alcanzan la cifra de 5,630 millones de euros, esto es, más de 92 mil millones de pesos, equivalentes a más de cuatro el presupuesto anual de la UNAM. La selección con el conjunto de jugadores más caros es España con una suma de 655 millones de euros. La lista de los 31 equipos restantes, es la siguiente: 2) Brasil, 515 millones de euros; 3) Francia, 450 millones de euros; 4) Inglaterra, 440 millones de euros; 5) Italia, 400 millones de euros; 6) Argentina, 390 millones de euros; 7) Portugal, 340 millones de euros; 8) Alemania, 305 millones de euros; 9) Holanda, 280 millones de euros; 10) Serbia, 185 millones de euros; 11) Costa de Marfil, 180 millones de euros; 12) Uruguay, 145 millones de euros; 13) Camerún, 140 millones de euros; 14) Corea, 115 millones de euros; 15) Ghana, 115 millones de euros; 16) Honduras, 115 millones de euros; 17) Grecia, 100 millones de euros; 18) México, 95 millones de euros; 19) Paraguay, 90 millones de euros; 20) Dinamarca, 85 millones de euros; 21) Chile, 85 millones de euros; 22) Japón, 70 millones de euros; 23) Eslovaquia, 70 millones de euros; 24) Estados Unidos, 55 millones de euros; 25) Argelia, 55 millones de euros; 26) Nigeria, 50 millones de euros; 27) Eslovenia, 45 millones de euros; 28) Suiza, 45 millones de euros; 29) Australia, 40 millones de euros; 30) Sudáfrica, 35 millones de euros; 31) Nueva Zelanda, 15 millones de euros y, 32) Corea del Norte, 15 millones de euros.Dando por bueno el estudio de Futebolefinance que afirma que: “Para llevar a cabo este estudio se evaluaron los derechos económicos de los 25 jugadores utilizados por cada equipo nacional durante la clasificación para la Copa Mundial y los últimos juegos de preparación. El valor de cada uno de los jugadores de cada selección se determinó mediante la consulta de varios funcionarios de la FIFA, organismos y diversos negocios de exploración, ambos con experiencia en la evaluación de los derechos económicos a los jugadores de fútbol”, se pueden hacer las siguientes valoraciones.EN primer lugar, los grupos del mundial más caros, en orden de mayor a menor fueron: H) España, Honduras, Suiza y Chile; G) Brasil, Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal; C) Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovenia; A) Francia, México, Uruguay y Sudáfrica; F) Italia, Paraguay, Nueva Zelanda, Eslovaquia; D) Alemania, Australia, Serbia y Ghana, E) Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún.Asimismo, es evidente que el poderío económico de las ligas locales de futbol no siempre se corresponde con tener jugadores con alto valor. Es el caso de España, Italia e Inglaterra, donde unas ligas que generan grandes volúmenes de ingresos y donde están los clubes más ricos del orbe, dan lugar a selecciones nacionales con futbolistas de altos sueldos y precios de fichaje. En cambio, México contrasta con esos ejemplos: es una de las ligas más importantes del continente americano pero aún no consigue situar a sus propios futbolistas nacionales dentro de las cifras de mayor rango en el mercado internacional de precios. Un ejemplo en otra dirección lo dan selecciones como la de Camerún o Costa de Marfil: son países pobres con ligas profesionales pobres, pero con algunas estrellas que militan en las competencias de clubes de más alta calidad e ingresos, lo que hace que el precio de sus selecciones nacionales se sitúe entre las primeras quince del mundo.Ahora bien, es obvio que jugadores muy caros no necesariamente son garantía para generar un alto valor de juego en el Mundial. Sonoros fracasos en este sentido son las todavía selecciones campeona y subcampeona del mundo: Italia y Francia. La nómina de los italianos es de 400 millones de euros y la de los franceses de 450 millones. Ello no les bastó para superar la primera fase. Si se divide el precio de sus jugadores entre el número de puntos conseguidos en la Copa Mundial Sudáfrica 2010, obtenemos que a Francia su único punto (el empate con Uruguay) le costó la cifra de 450 millones de euros; Italia, por su parte, consiguió cada uno de sus dos puntos por una suma de 200 millones de euros. Contrasta, lo anterior, con la eficiencia de equipos más modestos, que incluso sin calificar, tuvieron un mejor desempeño: a Sudáfrica cada uno de sus cuatro puntos le significó en promedio sólo 8.75 millones de euros. En el grupo de México, además de los anfitriones y los subcampeones, la escuadra de Uruguay, al obtener 7 puntos, tuvo una relación precio-puntaje de 20.7 millones de euros; en cambio, el equipo tricolor logró cuatro puntos que implican un promedio de 23.75 millones de euros.México se enfrenta el domingo a Argentina, una de las escasas selecciones que han conseguido todos los puntos disputados. El cuadro que dirige Maradona vale 390 millones de euros, más de cuatro veces lo que el cuadro mexicano. Las estadísticas y el precio de mercado van en contra de la selección nacional. Así que hay una magnífica oportunidad para demostrar que valor no es lo mismo que precio.

martes, 29 de junio de 2010

TAMAULIPAS: ADVERTENCIA PARA TODOS

PEDRO SALAZAR UGARTE

La violencia es el peor signo del presente mexicano. Amanecemos y dormimos contando los muertos cotidianos. Y ello conlleva malas nuevas para las instituciones, para los gobiernos y para los ciudadanos. Violencia que es la negación de la convivencia democrática y que erosiona los cimientos (ya de por sí frágiles) de una sociedad de derechos. Violencia que, si no se detiene, nos puede arrojar a los brazos de un Estado autoritario de Derecha. Por ello, el asesinato del candidato a la gubernatura de cualquier entidad es, siempre, lamentable en la dimensión humana y preocupante en la dimensión política. Lo que pasó en Tamaulipas, esperemos que lo entiendan los actores políticos, es una advertencia para el Estado y no para éste o aquél gobierno. Por eso se equivocan quienes lucran políticamente con la tragedia: pues están abonando en el terreno de lo que Lorenzo Córdova ha llamado la deconstrucción de las instituciones democráticas. Cuidado.
Algunas voces equivocadamente han especulado en torno a la posibilidad de posponer la jornada electoral en ese estado. Se equivocan por partida doble. Jurídicamente porque, aunque el código electoral de Tamaulipas faculta al Consejo General de la autoridad electoral para “ampliar los plazos fijados (…) a las diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya imposibilidad material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se establecen” (Art. 38), tratándose de la fecha de la jornada electoral, el día de los comicios está determinado por el artículo 116 de la Constitución y, en concreto, por la constitución local y el propio código electoral del Estado (Art. 37). Y, además, porque no hay una imposibilidad material para celebrar las elecciones y el mandato del actual gobernador debe concluir indefectiblemente. Pero, por otra parte, esa posibilidad es políticamente inaceptable porque lo que está en juego es la confirmación de nuestra apuesta como país por la fuerza civilizadora de las rutinas democráticas. Las elecciones no pueden ser recalendarizadas por los vaivenes del clima social y político del momento sino que deben ser una ratificación puntual y periódica de la vocación democrática de los mexicanos. Claudicar en ello sería dar la razón a quienes claman por el Estado fallido o, en paralelo, apuestan por el fracaso de la transición (clamores distintos pero que suelen invocarse acompañados). De nueva cuenta, cuidado.
Lo que procede es que, tal como contempla el artículo 217 del Código Electoral estatal, el PRI designe a un nuevo candidato. Ciertamente en las boletas aparecerá el nombre de Rodolfo Torre como un trágico testimonio de su ausencia injusta, pero lo importante es que, en estos momentos, las instituciones respondan. Por ello, insisto de nueva cuenta, es necesario que los partidos políticos contiendan electoralmente. Ciertamente, dados los requisitos para ser gobernador en el estado y sobre todo los impedimentos para contender por el cargo (artículos 78 y 79 de la Constitución tamaulipeca), al PRI, no le resultará fácil elegir al sustituto (que podría ser el próximo a gobernar) pero en coyunturas como ésta se prueba la solidez de las instituciones que hacen a una democracia posible. Lo único que sabemos es que la candidatura no podrá provenir de ningún servidor público en funciones ya que habrían tenido que separarse de su cargo 90 días antes de la elección. Pero ello no imposibilita la designación de un candidato sustituto.
Cuando suceden eventos lamentables y aciagos como el que vivimos con este asesinato debemos echar mano de la sensatez y la prudencia. No hay nada más peligroso que dejarnos llevar por la estridencia y la especulación. Ya bastante escandalosa es la realidad. De hecho, conviene voltear a nuestro alrededor para aprender de la experiencia de otras democracias. Mientras escribía este texto no podía dejar de pensar en la civilidad demostrada por la sociedad española al responder con votos a la masacre cometida en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004. De alguna manera nosotros diez años antes, en 1994, hicimos lo mismo y, con una jornada electoral ejemplar, acallamos las voces que anunciaban un inminente “choque de trenes” y exorcizamos pulsiones violentas y criminales como las que hoy, de nueva cuenta, nos acechan. Olvidar las lecciones del pasado es un buen comienzo del fracaso. Por tercera y última vez, cuidado.

LA GUERRA CONTRA LAS ARMAS

ALEJANDRO MADRAZO LAJOUS

Hace unos días, este diario reportaba cifras alarmantes sobre el flujo ilícito de armas a nuestro país desde EU. Según la ONU, 20 mil armas ingresan a México anualmente. La nota me evocó una conversación que tuve con Andrés Lajous, mi primo, quien, como parte del “aventón ciudadano”, recorrió la ruta que va desde la frontera con EU en Tijuana hacia el centro del país, atravesando una de las regiones más castigadas por la violencia desatada por la “guerra contra las drogas”. En los miles de kilómetros que recorrieron de norte a sur no se toparon con un solo retén militar o policiaco que inspeccionara a los vehículos. Los retenes estaban en el sentido de la carretera que corre de sur a norte, hacia la frontera norte, ubicados de forma que podían detener autos que transportaran drogas ilícitas hacia EU. Ni un retén dispuesto de forma que pudiese interceptar a los vehículos que introducen armas a México desde la frontera norte y las distribuyen por todo el país. Las armas que ingresan ilícitamente son con las que se emboscan y abaten ciudadanos, policías y soldados mexicanos, armas que se alquilan por día en el DF, armas con las que se ejecuta, un día sí y otro también, a decenas de ciudadanos (esos ciudadanos que el Presidente descarta como “daños colaterales”, cuando no “pandilleros” o “criminales”, declarándolos culpables sin juicio previo y en contra del principio de presunción de inocencia al que le obliga la Constitución). ¿Por qué dejamos pasar estas armas al país mientras nos desgarramos por impedir que las drogas lleguen a EU desde México?
Quiero creer que algún retén en el país estará dispuesto de forma que pueda interceptar el tráfico ilícito de armas desde EU. Sé también que un viaje de aventón por un trayecto específico no es una muestra representativa que nos permita conocer la disposición de los elementos policiacos y militares. Pero la crónica de mi primo ilustra lo absurdo de las políticas desplegadas por el Presidente: en México, el principal problema de salud, lo que causa muertes a diestra y a siniestra, lo que corta vidas y mutila cuerpos, no es el consumo de drogas, es el uso de armas ilícitas. ¿Por qué entonces no declaramos una guerra contra las armas en vez de una guerra contra las drogas? Tenemos recursos insuficientes para resistir la amenaza en que se ha convertido el narco. Usémoslos inteligentemente. Prioricemos. En vez de fiscalizar el flujo de drogas hacia EU, controlemos el flujo de armas desde EU.
La guerra contra las drogas es una cruzada lanzada desde los EU e impuesta al mundo entero que, como las guerras cruzadas medievales, se pelea en territorio ajeno, cobra principalmente vidas ajenas y devasta sociedades ajenas, en nombre de un sistema moral que, lejos de pretender convencer, busca imponerse a sangre y fuego. Nuestro Ejército no merece ser subcontratista del gobierno de EU; no merece exponerse al desprestigio, a la corrupción, al desgaste y a la muerte que implica cumplir una función policiaca para la que no está entrenado y que el texto de la Constitución le prohíbe. Los mexicanos apostamos territorio y cuerpo para evitar que la droga que consume la población estadounidense llegue a sus mercados. En pago, ellos no hacen nada por detener las armas que, desde su territorio, arriban al nuestro para matar a los nuestros.
Son las armas las que matan a los mexicanos, no las drogas. Si no estamos dispuestos a revisar el absurdo régimen prohibicionista que hemos adoptado, entonces revisemos nuestras prioridades en la crisis de seguridad que nos abate. Usemos los recursos para combatir el tráfico ilícito que más nos amenaza: el de las armas. Reubiquemos la mayoría de los retenes de forma que intercepten las armas que hoy fluyen libremente. Pongamos los restantes en las entradas de nuestros centros de población, de forma que los cargamentos de drogas que llegan desde Sudamérica rumbo a EU sigan el camino de la menor resistencia hasta la frontera, minimizando la violencia, muerte y mutilación entre nosotros. Dejemos que las autoridades de EU se ocupen ellas solas de su cruzada, en su territorio y a costa de las vidas de sus ciudadanos, hasta que estén dispuestas a hacer su parte en detener el comercio de armas que tanto les rinde y que tanto nos cuesta.
No propongo un pacto, una tregua o una negociación con los narcos. Propongo un uso inteligente y estratégico de nuestros recursos. Todo gobierno debe de priorizar el uso de sus recursos, pero el nuestro tiene sus prioridades de cabeza. Mantener la política de seguridad actual es una estrategia, en el mejor de los casos, estúpida y servil; en el peor de los casos, es perversa.

ANTE EL TRIBUNAL DE LA OPINIÓN

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Como hongos brotan las grabaciones que evidencian la intromisión de las autoridades de los estados en los procesos electorales. Expresa o tácitamente, todos los actores políticos involucrados en las mismas reconocen su autenticidad. En algunos casos, tratan de contextualizar las conversaciones para explicarlas ante la opinión pública; en otros, ni siquiera se toman esa molestia: simplemente se empeñan en desacreditarlas porque fueron obtenidas ilegalmente.
Ninguna de las comunicaciones divulgadas, hasta el momento, revela hechos, prácticas o complicidades previamente desconocidas; sólo confirman los secretos a voces y evidencian la obsolescencia de la legislación en la materia y la inoperancia de las instituciones.
Las grabaciones muestran cómo se desvían recursos públicos para apoyar a candidatos de partidos políticos; algunos “arreglos” que pueden darse entre gobiernos y concesionarios de medios de comunicación para influir en la política editorial de éstos; la sospechosa cercanía y los tratos secretos de los gobernadores en turno con los presidentes de los consejos de los órganos electorales, y el trato preferencial que reciben los representantes de determinados partidos políticos, entre otras cosas. Algunas de ellas violan flagrantemente la ley y hasta la Constitución; otras, más bien pueden considerarse de mal gusto o sospechosas.
Lo cierto es que ni unas ni otras son perseguidas por las autoridades responsables, y la experiencia previa indica que las denuncias debidamente respaldadas ante las autoridades correspondientes terminarán sin sanción alguna o, en el mejor de los casos, en una sanción mínima. Al menos eso fue lo que sucedió hace seis años, precisamente en las tres entidades donde se han divulgado grabaciones: Sinaloa, Veracruz y Oaxaca; en las tres, el PRI retuvo la gubernatura por un mínimo margen, a pesar de que se mostraron públicamente las irregularidades e ilegalidades que afectaron los respectivos procesos electorales, pero según las autoridades las mismas no tenían un respaldo jurídicamente válido o no eran suficientes para alterar el resultado de la elección.
La ley hace prácticamente imposible para los partidos políticos y los particulares allegarse las pruebas jurídicamente válidas para demostrar las ilegalidades, y las autoridades que tienen a su alcance instrumentos para conseguirlas –especialmente tras las reformas constitucionales de 2007– no lo hacen.
Ante la imposibilidad de transitar por la vía legal, la única opción que tiene la oposición es la denuncia pública: la difusión de las grabaciones que exhiben las ilegalidades, con la esperanza de que el tribunal de la opinión pública sí sancione, en las urnas, a los candidatos del partido gobernante y ejerza suficiente presión para atenuar un poco la parcialidad de las autoridades electorales y el cinismo de los gobernantes.
Pero el cinismo de los gobernantes mexicanos es tal que ni siquiera los perturban la difusión generalizada en los medios masivos de comunicación, las condenas en las redes sociales electrónicas o las manifestaciones públicas de desaprobación. Continúan impasibles su tarea.
Sin embargo, la divulgación de las grabaciones no únicamente muestra las prácticas ya comentadas, sino que también desnuda las limitaciones jurídicas de los gobernantes y la arbitraria y discrecional procuración de justicia que se vive en el país.
En el primero de estos casos, ni por asomo aparece alguna autoridad –de cualquier ámbito, ya que, además de la electoral, son varias las legislaciones violadas– que asuma que las grabaciones sí contienen pistas de posibles actos ilícitos y que, por lo mismo, debe iniciar una investigación. Hoy las autoridades se desentienden de los contenidos de las grabaciones con el argumento de que se obtuvieron ilícitamente.
Ninguna autoridad comparte los criterios que algunos ministros expresaron en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante septiembre de 2006, al discutir por primera ocasión el proyecto de informe del caso de Lydia Cacho. En esa ocasión, el ministro José de Jesús Gudiño señaló respecto al valor de las grabaciones de los diálogos entre Mario Marín y Kamel Nacif:
“…Hay que distinguir dos cosas: el efecto legal y la consecuencia material. Son dos aspectos distintos; desde el punto de vista legal, no tienen valor probatorio (…), y si no tienen valor probatorio, tampoco de ellas puede desprenderse una presunción, porque el precepto que nos acaba de leer don Juan (Díaz Romero) habla de presunciones que se desprenden de hechos probados; si no le estamos dando valor probatorio a la grabación, no puede de ahí desprenderse una presunción, pero sí tiene efectos materiales. ¿Cuál es el efecto material? Que nos da una pista a investigar, nos pone sobre el camino de la investigación (…), pero no confundamos lo que es el efecto legal, la consecuencia jurídica, de lo que es un resultado material; esa grabación indudablemente no tiene efecto jurídico, pero da una pista, nos pone sobre el camino que debemos investigar para corroborar o no, para llegar a una conclusión en un sentido o en otro, pero como resultado de la investigación, no antes.”
Y continuó: “El señor ministro Cossío ayer ponía un ejemplo muy interesante. Imaginen que hay una grabación donde dos personas se ponen de acuerdo para cometer un delito; quien oiga la grabación dice: bueno, esto yo no lo puedo tocar; entonces no puedo investigar esto porque esta grabación es ilícita. No, no podrá presentarla en juicio, pero sí tiene una pista para investigar qué fue lo que realmente sucedió, y eso es lo que falta justamente en esta investigación”.
Eso también falta en todos estos casos, pues las grabaciones sí aportan pistas; aportan pistas de un delito que está por cometerse, pues se concretará entre estos días y el domingo 4 de julio, pero a nadie se le ocurre investigar, las descalifican y desechan en automático. Se materializa el ejemplo de Cossío. A las autoridades les interesa que el proceso transcurra con los menores sobresaltos, no que se apegue a la legalidad.
En el segundo caso, aunque fue fuera de tiempos electorales y por motivaciones muy distintas, el proceso penal que hoy enfrenta Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, por divulgar las grabaciones de diálogos privados del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y la averiguación previa que le integra la Procuraduría General de la República por presuntamente intervenir las comunicaciones privadas, son una muestra de un trato muy desigual a hechos iguales.
Así, la regla parece clara: la persecución o no del emisor depende de su cercanía e identificación con el responsable de procurar la justicia; todo indica que Miguel Ángel Yunes, César Nava y Enrique Cambranis –candidato a gobernador, líder nacional del blanquiazul y dirigente del panismo veracruzano, respectivamente– no tienen nada que temer; y Fidel Herrera fue el único de los involucrados que presentó una denuncia.
El impacto electoral de la divulgación de las grabaciones todavía es incierto. No podrá medirse sino hasta el próximo domingo; pero lo que sí es una realidad, en estos momentos, es que desnudaron la obsolescencia de las leyes y la inoperancia de las instituciones electorales, penales y administrativas. Y, finalmente, ese fue el objetivo en el momento en que se optó por recurrir al tribunal de la opinión pública y no a las instancias legales.

lunes, 28 de junio de 2010

EL CAMINO AL INFIERNO

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Es difícil exagerar la importancia de la decisión que están por tomar los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los presos de Atenco. Este miércoles la Corte no solamente decidirá sobre el destino de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra injustamente encarcelados desde hace cuatro años, sino también definirá el futuro político del país. La decisión de los ministros será incluso más trascendental que los resultados de las 14 elecciones estatales que se celebran el próximo 4 de julio. Con este fallo, la primera sala definirá por muchos años en el futuro la posición del Estado mexicano respecto de la crítica y la movilización social. Lo que está en juego es si se mantiene el enfoque autoritario que se parapeta en la razón de Estado y la supuesta infalibilidad de las instituciones públicas frente a demandas y acciones desmedidas de la sociedad, o si, por el contrario, imperará una lógica democrática de tutelar los derechos de los desprotegidos frente a los abusos de gobernantes y poderes fácticos. ¿A quién protege la justicia mexicana? ¿A los ricos y poderosos o a quienes sufren la injusticia de la pobreza y la marginación cotidianas? ¿El Poder Judicial es lo suficientemente maduro e independiente como para entrar de lleno en la modernidad o se siente todavía inseguro como para necesitar utilizar las prácticas de la complicidad y simulación del pasado? Éstas serán las preguntas centrales que pasado mañana resolverán los ministros Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. Habría que celebrar que en los hechos yace muerta la tesis decimonónica del ministro porfirista Ignacio L. Vallarta en favor de que los jueces se encierran en una torre de marfil para evitar la desnaturalización de la justicia por la política. Desde la reforma judicial de 1994 que introdujo las figuras de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, la Corte se ha erigido en un verdadero tribunal constitucional que constantemente tiene que resolver casos con alta carga política. La reciente disposición de la Corte de ejercer su facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales en casos como la guardería ABC, la represión policiaca en Atenco y las acciones del gobernador Ulises Ruiz también revela que la mayoría de los ministros se niegan a esconder la cabeza frente a los asuntos políticos. La decisión de atraer los casos de los presos de Acteal, de las indígenas Teresa y Alberta, y de los presos de Atenco también son muestra de un sano rencuentro de la Corte con los temas medulares de hoy. Sin embargo, los ministros navegan sin brújula en los nuevos mares de una justicia al servicio de la sociedad y de los principios constitucionales. Ahora que tienen agarrado el toro por los cuernos no saben qué hacer con él. Su indecisión y su displicencia con las formas de interpretación y de actuación del pasado no les permite terminar de ganar la corrida de la modernidad. Ante la debilidad de las herramientas que han desarrollado para enfrentar la nueva coyuntura de la justicia mexicana, los ministros se exponen a hundirse en alta mar. La insatisfactoria y socialmente condenable conclusión de la investigación del caso ABC es apenas el ejemplo más reciente de los tumbos sumamente peligrosos de la Corte hoy en día. Este miércoles, los ministros de la primera sala tendrán una oportunidad de oro para retomar el rumbo. Pero se engañan si creen que será suficiente liberar únicamente los 10 presos que fueron detenidos arbitrariamente por los policías de Enrique Peña Nieto por el solo hecho de encontrarse cerca del conflicto en Atenco los pasados 3 y 4 de mayo de 2006. Ello sería la típica salida fácil de la justicia autoritaria en la que la Corte buscaría quedar bien simultáneamente con Dios y el diablo. En este caso podría cacarear su gran compromiso social al liberar un gran número de presos políticos, y simultáneamente cerrarle el ojo a Peña Nieto y sus huestes al mantener tras las rejas (por 112 y 67 años, respectivamente) a los principales dirigentes del movimiento, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Asimismo, sin duda seguirían en pie las nuevas órdenes de aprensión contra estas mismas figuras y otros dirigentes, como la valiente joven América del Valle. Lo que hace falta no es una decisión salomónica de esta naturaleza, sino una clara muestra pública de la Corte de que en los tiempos actuales de construcción democrática simplemente no se vale la utilización de la ley para reprimir la crítica y la protesta social. La figura de secuestro equiparado, plasmada en el artículo 259 del Código Penal del estado de México, viola garantías constitucionales básicas y no tiene otro fin que controlar y amedrentar a los ciudadanos que participan en movimientos sociales. Asimismo, la decisión de la Procuraduría de Justicia del Estado de México de perseguir este delito en los casos de los dirigentes, así como la aparente fabricación y manipulación de las pruebas que se detecta en los expedientes, responde a evidentes motivos políticos. El ex ministro Genaro Góngora ya ha señalado que la actuación de las autoridades mexiquenses evidencia una clara sed de venganza política contra los pobladores de Atenco. Llama la atención, por ejemplo, que mientras en el caso de Diego Fernández de Cevallos la procuración de justicia del país haya decidido cerrar el caso en aras de proteger la vida del político panista, en el caso actual el Estado ha hecho todo lo posible para encarcelar a dos dirigentes sociales que no hicieron más que utilizar las únicas estrategias disponibles para hacer escuchar su voz haciendo uso de su libertad de expresión y de los derechos de petición y de reunión consagrados en la Constitución. También es obligada la comparación con el también sospechoso e inverosímil caso Paulette que, en contraste con el caso actual, terminó con una negativa a ejercer la acción penal. El riesgo de un retorno al autoritarismo en los próximos años no solamente se encuentra en la arena electoral, sino también en el seno de nuestras instituciones judiciales. Si no expulsamos el demonio hoy que todavía existe una pequeña ventana de oportunidad, todos podríamos terminar en el infierno. Como sabemos, el camino hacia ese lugar está sembrado no solamente de buenas intenciones, sino también de medias tintas en momentos de definición histórica, como el actual.

LAS MARAVILLAS DEL ÁFRICA (II-III)

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Pretoria. África es un continente que tiene numerosas maravillas de la naturaleza, y los pueblos que aquí han vivido, han construido obras de especial interés universal. Por ahora detallaremos algunas.
LAS PIRÁMIDES DE GIZA, cerca de El Cairo. Son éstas una de las siete maravillas del mundo antiguo. Construidas hace más de 4 mil 650 años, servían como tumba a los faraones. La más grande y conocida es la de Keops, que tiene un volumen de 2.6 millones de metros cuadrados y 147.5 metros de altura (hoy no se puede ascender a ninguna de ellas, pero en los 60's sí se permitía, y el que esto escribe ascendió apoyado por un guía hasta la cumbre, donde había una antena de televisión). Se agrega también La Esfinge, que tiene cuerpo de león y cara de ser humano. Son tan bellas de día como de noche cuando se les ilumina. EL SERENGUETI. Es una región del norte de Tanzania en su mayor parte una sabana, por este sitio se da uno de los fenómenos más espectaculares del reino animal, que es la migración anual de más de un millón de "wildebeest" y 200 mil cebras, que ocurre entre octubre y noviembre. Incluye el Parque Nacional de el Serengueti y el Conservatorio de Ngorongoro. En el parque viven más de 200 especies animales, entre las que destacan elefantes, rinocerontes, cebras, búfalos, jirafas e impalas. ZANZÍBAR. Desde el siglo VIII, mercaderes y árabes visitaron esta isla y después lo hizo Vasco da Gama. Es un archipiélago de coral de más de 30 kilómetros, compuesto por varias islas, entre ellas Zanzíbar mismo y Pemba. En 1964, Zanzíbar se unió a Tanganika para formar la República de Tanzania. Allí se cultivan especias como clavo y también cacao, coco y frutas. Es el asentamiento humano más antiguo de los swahili. Se conservan edificios construidos por los pueblos que la ocuparon. Hay más de 50 mezquitas. MADAGASCAR. Es una isla en el sureste de África con una población animal incomparable. Allí se encuentra el lémur y también el más pequeño de los camaleones en el mundo. LAS CATARATAS DE VICTORIA. Se encuentran en el río Zambezi, en la frontera entre Zambia y Zimbabwe. El río se precipita en la caída a razón de mil 100 metros cúbicos por segundo. Se trata de la catarata más grande del mundo, pero no la de mayor volumen, que es Inga y está en El Congo; ni tampoco la más alta, El Salto del Ángel, en Venezuela. EL RÍO NILO. Proviene del centro del África y recorre una distancia de 6 mil 700 kilómetros hasta llegar a su desembocadura en Alejandría. Tiene ríos tributarios de diez países del África y sobre él se construyó la presa Assuan. LAGO VICTORIA. Es un gigantesco lago, más grande que el territorio de Irlanda y sólo le sobrepasa el Lago Superior en Norteamérica. LA GRAN MÉZQUITA DE DJENNE. La ciudad se encuentra en una isla en el centro del Río Niger. Está considerada patrimonio mundial y una de las maravillas de la arquitectura africana y es el edificio más alto del mundo hecho de barro. EL SAHARA. Es el desierto más grande del mundo, con una extensión semejante a Canadá. Hace 10 mil años eran pastos donde vivían animales, pero el cambio climático hizo que disminuyera la lluvia. Se ubica en parte de los territorios de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Mauritania, Mali, Niger, Chad y Sudán. Tiene ríos subterráneos que cuando llegan a la superficie se convierten en oasis. A una parte de él se le denomina El Maghreb. LA MONTAÑA DE LA MESA. En 1503, ascendió el portugués Antonio de Saldanha. Es refugio de ciertos animales, tiene un funicular para llegar a la cúspide de donde se observa la maravillosa Ciudad del Cabo. EL CANAL DE SUÉZ. Es una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX, que une al Mediterráneo con el Mar Rojo. Es posible que Ramsés II haya intentado construir un canal allí, pero fue Fernando de Lesseps quien lo construyó. Ahorra el tránsito entre Europa y Asia en un 56 por ciento. No es el canal más largo del mundo y ahora se encuentra en proceso de profundización para el paso de barcos del más grande calado. Nasser lo expropió. Continuará.

CONSERVADURISMO E INCOMPETENCIA

ARNALDO CÓRDOVA

Siempre ha sorprendido la tendencia profundamente conservadora de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se entiende, jurídica y políticamente, que así sea, porque la misión de la Corte es, ante todo, mantener incólume el ordenamiento jurídico del país. Se entiende, pero no se justifica. De los tres poderes de la Unión, el encargado de salvaguardar el orden constitucional y, desde luego, la justicia para todos, es el Judicial Federal. Que el conservadurismo de la Corte llegue a denegar sistemáticamente la justicia es inaceptable. La mayoría de las veces, hacer justicia implica ir más allá de lo que existe y más allá de lo que merece ser conservado. Si a lo anterior agregamos una persistente muestra de incompetencia y hasta de ignorancia para resolver los problemas de la justicia, la cosa se vuelve atroz. Que en la Corte se haga política y se tomen decisiones políticas no debería extrañarnos. Se trata de un poder político integrante del Estado federal. Que hacer política signifique encubrir designios extraños a la justicia o intereses ajenos al interés público es, simplemente, deleznable. Si al menos se hiciera inteligentemente, pero no es así. Se peca no sólo de numerosas sinrazones, sino de una indecente impericia y de una flagrante ignorancia. En el pasado, como nadie se ocupaba de ese alto tribunal, la cuestión no pasaba a mayores. Ahora es otra cosa. Veamos el contenido del segundo párrafo del artículo 97 que establece que la Corte podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o a algunos jueces o magistrados o comisionados especiales y a petición del Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar que el Consejo de la Judicatura averigüe a jueces o magistrados federales. Qué querrá decir averiguar no es problema. Es investigar y es la palabra que se prefiere hoy en día. El texto original de la Constitución de 1917 introdujo la cuestión, al estipular que los designados serían nombrados para que averiguaran únicamente la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. La imperfección del texto era notoria y lo peor de todo fue que nadie la cuestionó. ¿Para qué se metió en honduras el Constituyente al estatuir semejante institución? Qué se ganaba con ello era claro: preservar las garantías individuales y el voto público o actuar contra delitos. La pregunta era y sigue siendo, ¿para qué? No se puede hacer otra cosa más que suponer. El fin de dicha averiguación no implica, de ningún modo, juzgar, lo que es el resultado de un juicio en forma y aquí no se trata de un juicio, sino, precisamente, de una averiguación. Pero averiguar por averiguar no conduce a nada. Debe haber algún fin, cosa que no se indica en el precepto constitucional, pero debe haberlo, pues, si no, no tiene caso averiguar. Estas cuestiones deberían haberlas discutido los mismos ministros de la Corte a través del tiempo desde 1917, pero nunca lo hicieron. El ministro Arturo Zaldívar, en su dictamen sobre el informe de los hechos del caso ABC, apunta, por primera vez, al objetivo: señalar, no juzgar, responsable o responsables de los hechos que se averiguan. Sí, en efecto, no podría haber otro fin. Qué seguiría después de señalar responsables es otra materia. Los responsables, como ocurre después de un juicio de procedencia o juicio político, en un auténtico Estado de derecho, deberían ser sometidos a juicio. El asunto aquí entraña varios problemas que no han sido precisados en el debate a que ha dado lugar la ponencia de Zaldívar. El mismo ministro ha dado lugar a que se le ataque por los flancos cuando pretende justificar la averiguación como una condena moral y política de los responsables. La Corte, como atinadamente lo señala José Woldenberg, no es ningún tribunal moral y, la verdad sea dicha, su función no tiene nada que ver con la moral como los moralizadores de todas la materias sociales lo vienen pregonando. Sólo que los ministros que se lo reprocharon a Zaldívar lo hicieron sólo por conservadurismo (por el prurito de no entrar en conflicto con los demás poderes de la Unión, se justificaron), sino también por incompetencia. La Corte no puede ser juez y parte, se dijo con ignominiosa ignorancia, sin que ninguno entendiera de verdad de qué se trata. No se trata de ningún juicio, hay que repetirlo una y otra vez. Se trata de una averiguación para señalar o establecer responsables probados de violaciones a las garantías individuales, los que, luego, podrán ser sometidos a juicio. Muchos piensan que se trata de una atribución que no tiene ningún asidero y, además, ningún fin aceptable en derecho. Se equivocan. Al otorgar esa facultad investigadora a la Corte, el Constituyente del 17 no quiso erigir ningún poder extraño al orden constitucional, sino reforzar su poder de control constitucional con una facultad específica que le permitiera investigar y señalar responsables de violaciones graves a las garantías individuales (y, originalmente también, de delitos), sin juzgar ni condenar. Mi referencia anterior al juicio político, por si no se entendió, iba dirigida a encontrar el mejor símil. No se juzga, aunque hay un proceso interno para fijar responsabilidades. Sólo se fijan esas responsabilidades y, después, un juez determinará la penalidad del caso. Una de las muchas necedades que se han dicho en este debate, aparte de atribuir a la Corte la naturaleza de un tribunal moral, es la de negar que la misma sea un poder político y que sus determinaciones sean, como tales, de carácter político. El control de constitucionalidad, que es propio de ella, es una facultad política y no jurídica ni, mucho menos, moral. Implica que la Corte vela porque todos, dentro del orden público, cumplan con lo que señala la Carta Magna y se apeguen en sus funciones y facultades a lo que ella dispone. El investigar o averiguar hechos susceptibles de ser violadores de los derechos humanos por parte de algún funcionario, cualquiera que sea su categoría, es una facultad de control de constitucionalidad. En su determinación sobre el dictamen del ministro Arturo Zaldívar, la Corte abdicó claramente de esa facultad y fue incapaz de dilucidar su propia función como garante de la Constitución y sus leyes. Es un baldón que la exhibe de cuerpo entero. Nunca como ahora se vio a cada uno de sus ministros enseñar el cobre, sus prejuicios, sus intereses y también su ignorancia del derecho. Desde luego que a un cuerpo colegiado como ése no podría entregársele la moralidad del país. No sólo falló como órgano investigador, sino además como órgano de equidad, que es lo menos que podría esperarse de un tribunal del que depende la salvaguardia del estado de derecho entre nosotros.


A mi querido Monsi que sigue entre nosotros.

LA PRENSA ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO

NÉSTOR DE BUEN

Hace poco más de una semana, mi amigo, colega, contrario y otras cosas, Fernando Gómez Mont, regañó a los medios por banalizar tareas de soldados y policías. Quiero suponer que se refería a la crítica constante acerca de que los cuerpos de seguridad y el Ejército no están desempeñando adecuadamente su tarea. El problema es que, lamentablemente, es cierto. Y los medios, que buscan la noticia, no pueden desperdiciar la oportunidad de atribuir a policías y soldados la absoluta falta de seguridad que padece el país, en algunas ocasiones, lamentablemente, imputable en forma directa a ellos mismos. No es posible pasar por alto, por ejemplo, lo absurdo de que un grupo de sicarios se introduzca en un penal para asesinar a un número importante de presos, quiero suponer que por pertenecer a una organización contraria y haber olvidado la ley no escrita de que el problema no es entre ellos, sino con la sociedad o, por decirlo con mayor precisión, con el Estado. Una noticia de esa índole, con todo lo absurdo que significa, no podía ser pasada por alto por la prensa para destacar, con entera facilidad, que las fuerzas de seguridad en nuestro país están desempeñando muy mal su papel. En ello, lamentablemente, también les va la vida, pero por eso mismo la crítica de los medios se sustenta en una razón más que suficiente. Pretender que la prensa, por una razón que consistiría en evitar la difusión de los crímenes para no hacer de ello motivo para opinar negativamente del supuesto cumplimiento de sus deberes por las fuerzas de seguridad, no tiene ninguna lógica. El silencio para sustituir la crítica no puede funcionar en nuestro medio. La comunicación no es sólo un derecho, sino también –y yo diría que mucho más– un deber. Lo cumple el Estado mismo mediante las declaraciones de sus más importantes funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, y no faltan desplegados en la prensa, de gran extensión, en que las autoridades expresan sus preocupaciones. Por ejemplo, el último discurso de Felipe Calderón. Partimos del supuesto, no siempre presente –dicho sea de paso–, de que disfrutamos de la garantía de la libertad de prensa sustentada en el artículo cuarto de la Constitución, cuyo primer párrafo es más que expresivo: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros; provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado. Lamentablemente, los hechos que deben ser materia de comunicación pública no pueden ser sólo objeto de información, sino también de comentarios, críticos o favorables. Los tiempos no están para comentarios favorables. Asistimos al gran fracaso del poder, que tiembla además frente a la perspectiva, cada vez más próxima, de que a partir del 4 de julio el poder del PAN quede disminuido hasta su más mínima expresión. El problema es que la violencia no sólo se preocupa de los contendientes, sino también, y tal vez mucho más, de quienes tienen la mala suerte de encontrarse en el entorno. Y, por otra parte, no se vislumbra una política de ataque frontal a los enemigos, que lo son de todos nosotros y del país en su conjunto. Porque se puede suponer que los narcotraficantes tienen bases desde las que preparan sus actos delictivos, en primer lugar para organizar sus exportaciones de drogas y sus importaciones de armas; en segundo lugar, para acordar sus planes de batalla. Si el Ejército no tiene la capacidad de descubrir esas bases y atacarlas, habrá que pedir auxilio a quienes sepan hacerlo. Si toda la estrategia del Ejército es encontrarse en una carretera con los narcos no vamos a llegar a ninguna parte. Y no menciono a la policía, porque ésta es naturalmente corrupta e incompetente. La Armada, me temo que no juega este juego. En resumen, estamos fregados. Ciertamente estamos perdiendo nuestra guerra. Si a eso le agregamos la crisis económica y las perspectivas más que próximas de que en muy poco tiempo estaremos envueltos en las sospechas fundadas de un fraude electoral, a partir del color que quieran, lo fregado se extiende hasta hacer la vida muy incómoda. Lo peor del caso es que ninguno de los partidos políticos expresa confianza. El PAN ha fracasado rotundamente. El PRI parece renovar su fuerza, pero no sus estrategias tramposas. Los demás sólo juegan acompañados, a veces de maneras absurdas. Las perspectivas no parece que despierten optimismos. Es una lástima. México es un país excepcional. Lo malo somos sus habitantes.

LOS DILEMAS MEXICANOS

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Asisto de prisa a un panel del Primer Seminario Internacional sobre Desarrollo Local Sustentable de la UAM Azcapotzalco, invitado por la maestra Gretchen González Parodi. En el panel, coordinado por el amigo René Coulomb, dos de los excelentes trabajos presentados, debidos a los doctores Abelardo Ávila y Pablo Yanez, me confirman en la visión preanalítica que quería exponer: no estamos ya ante un panorama donde lo que se requiere es de pasos adicionales en el camino adoptado para el desarrollo y la calidad de vida de los mexicanos, sino ante la imperiosa necesidad de cambiar de rumbo, de reformar las reformas y de adoptar como divisa central de la nueva República que ésta es la hora de la igualdad, como lo propusiera la Cepal en Brasilia hace unas semanas. La epidemia de obesidad y diabetes carcome el cuerpo mexicano y la pérdida precoz de capacidades que implica la desnutrición infantil quema por adelantado el bono demográfico (Ávila). La desigualdad y la pobreza, junto al precario acceso a los derechos fundamentales, cuando no su ausencia, en la entidad que goza del más alto índice de desarrollo humano, como es nuestra capital (Yanez), constituyen un estado de necesidad aguda y extensa que desemboca en un panorama de casi absoluta desprotección del conjunto de la sociedad. La inseguridad física, jurídica y social que define el drama del México actual delinea un cuadrante y un laberinto donde la soledad se despliega en un deterioro sistemático, imparable, de la cohesión nacional que nos queda. De aquí que no puedan verse sino como pueriles las iniciativas del gobierno y los grupos enfeudados para despertar el ingenio de los mexicanos mediante ofertas pírricas y lastimosas. Haya o no terminado la crisis global, estemos o no en recuperación franca, los dilemas de México son otros y se definen por los saldos que, en todo caso, la recesión amplificó e hizo evidentes. Nos caracterizaban desde antes y es crucial hacernos cargo de ellos con claridad y coraje. El panorama es ominoso porque la vida cotidiana está marcada por la experiencia o la conjetura de la fragilidad humana, que dejó de ser experiencia límite y personal para volverse tragedia continua de comunidades y regiones ricas y pobres. Es en la inseguridad y la desprotección colectivas donde se juega el destino y la calidad de nuestra democracia. Volver a creer en unos mercados incapaces de regularse a sí mismos, pensar que el camino andado de dependencia férrea de las exportaciones a Estados Unidos es la mejor autopista posible, aferrarse a la mala idea de que la democracia y sus instituciones primordiales se construyen sólo con votos (y su compraventa), es abrir una caja de Pandora que no necesita de crisis económicas para desplegarse. A flor de tierra actúan hoy los aprendices de brujo que se nutren del encono y la ignorancia y apelan a la fuerza como única salida para el México atribulado. Lo peor es que este aprendizaje hace tiempo que dejó los reductos del México bronco de don Jesús Reyes Heroles para instalarse en los corredores de palacio y los mentideros de la Alta Finanza. Salir al paso de esta nefasta ecuación que se conforma todos los días es vital. Las seguridades de ocasión, como esa del aumento de la reserva, o los placebos fiscales como el de la tenencia, no sirven ya ni como placebo. Se preguntaba Elenita el domingo: “¿qué vamos a hacer sin Monsi?” De lo único que debíamos estar convencidos es de que la memoria, hoy aplastada por el dolor de su pérdida, y la tristeza, alojada inclemente en nuestro futuro, deben volverse, y pronto, una renovada consigna por la lucidez y una exigencia firme a dirigentes y organizaciones de hacer de estos días de guardar el prólogo de una verdadera renovación republicana. La ciudadanía que tanto buscó nuestro amigo tiene que hacerse al andar, sobre la marcha, con un gradualismo acelerado que evada la violencia y ponga en su lugar la estolidez de los que mandan y detentan un poder que no merecen, no han ganado. Este es mi primer in memoriam. Ya haremos más en compañía de muchos.

PATRIOTISMO 1.0

DENISE DRESSER GUERRA

"El patriotismo es el último refugio de un bribón", escribió Samuel Johnson. Pues en México, en estos días, suele ser el primer lugar en el cual muchos actores prominentes buscan resguardo. Buscan refugio. Buscan protección. Llaman a la sociedad a cerrar filas detrás de instituciones o causas del Estado cuyo desempeño ha generado cuestionamientos crecientes, como las guarderías subrogadas del IMSS, el Ejército, o la guerra contra el narcotráfico librada por Felipe Calderón. Para la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, para Fernando Gómez Mont y para el propio Presidente, ser patriota hoy entraña "hablar bien de México". Ser patriota ahora significa ser porrista incondicional, en todo momento y en todo lugar. Ser patriota implica envolverse en la bandera nacional, aunque debajo de ella ocurra lo indefendible.
Porque el tipo de patriotismo enarbolado por los defensores de la situación actual es un impulso contraproducente y peligroso. Constituye un llamado a la conformidad en un país que ya no puede darse el lujo de permanecer tal y como está. Constituye un llamado al silencio que ofusca y tapa aquello que debería ser la preocupación de todos los que se ocupan de vivir en México. La injusticia, la impunidad y la incompetencia institucional pueden continuar cuando las personas dejan de hablar. Cuando dejan de disentir. Cuando quienes revelan lo que para tantos es evidente -el incendio en la Guardería ABC fue producto de omisiones que involucran a los altos mandos del IMSS y el Ejército lamentablemente incurre el violaciones recurrentes a los derechos humanos- son catalogados como "tontos útiles". Cuando se vuelven objeto del ostracismo o la condena, como le está ocurriendo ahora al ministro Arturo Zaldívar por haberse atrevido a llamar a las cosas por su nombre y asignar responsabilidades que en una democracia funcional, nadie hubiera osado rehuir.
En México, los que disienten se vuelven objeto de burla, de sorna, de descalificación. El aparato del Estado se encarga de pintarlos como individuos protagónicos. "Progresistas" con una agenda propia que corre en contra del bienestar de la colectividad. Los conformistas emergen entonces como héroes verdaderos que defienden la reputación del IMSS, el honor del Ejército, la valentía del Presidente, la ley, los intereses de la sociedad. Pero en un sentido importante, lo contrario se acerca más a la verdad. Como lo argumenta el célebre académico constitucionalista Cass Sunstein en Why Societies Need Dissent, quienes disienten suelen beneficiar a los demás, mientras los conformistas se benefician a sí mismos y a su grupo. Tal y como la Suprema Corte benefició a la élite política al negar un precedente de responsabilidad ante errores cometidos. Como Fernando Gómez Mont benefició a su jefe al negar que el Ejército -que tanto necesita- hubiera matado a los niños Brayan y Martín en fuego cruzado. Y mientras tanto, quienes disienten corren el riesgo de perder su trabajo, enfrentar el ostracismo, ser vistos como traidores a su clase o al consenso que ha permitido a los altos funcionarios del Estado mexicano operar en la más absoluta impunidad.
Si a quienes disienten -como el ministro Arturo Zaldívar o Raúl Plascencia, presidente de la CNDH- se les diera la razón, alguien tendría que renunciar, alguien tendría que ser enjuiciado, alguien tendría que asumir los costos. Alguien tendría que pagar las consecuencias por los 49 niños de la Guardería ABC o por los dos pequeños que murieron en la carretera debido al fuego cruzado o por los estudiantes del Tec de Monterrey cuyo caso aún no ha sido cabalmente explicado. Pero la conformidad "patriótica" sustenta una ortodoxia de protección que hace imposible mejorar a México. Impide que información relevante sea tomada en cuenta, como el hecho de que Juan Molinar renovó el contrato de subrogación de la Guardería ABC, pese al reporte que denunciaba serias fallas de seguridad. Impide que la Suprema Corte reconozca errores o que el Ejército los evite.
En México el disenso necesario incomoda; es visto como peligroso, desestabilizador, anti-patriótico. Produce tensión entre los jueces, miedo en la burocracia, ansiedad en la cabeza de Gómez Mont. La conformidad en la Suprema Corte y en la Secretaría de Gobernación suele ser mucho más redituable que la actitud contraria. Conlleva ascensos y aceptación, longevidad y muy buena remuneración. Resulta bastante más lucrativo aceptar la encomienda del Ejecutivo que cuestionarla. Resulta menos políticamente condenable "defender a las instituciones" que reconocer cuando fallan. Pero el patriotismo mal entendido -tan en boga en estos tiempos- lleva a la aceptación de hechos que son moralmente inaceptables. Conduce a la resignación ante eventos donde la injusticia es obvia. Produce, paradójicamente, el descrédito institucional que tantos quieren evitar. Porque como lo escribió Twain, el patriotismo moderno, el único patriotismo verdadero es la lealtad a la nación todo el tiempo, y la lealtad al gobierno sólo cuando se la merece.

FRAUDE A LA DEMOCRACIA

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA

El pasado miércoles 23 tuve la oportunidad de acudir al foro “Propuestas ciudadanas en el marco del proceso electoral en Veracruz 2010”, organizado por la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Recive), en Xalapa. Las conclusiones no pudieron ser más contundentes. Lo que se vive en esa entidad (y otras en proceso electoral), es un fraude a la democracia por parte de gobiernos, autoridades electorales y partidos políticos. El pacto social fundado en la democracia se encuentra en crisis. El proceso electoral en esa entidad se desarrolla bajo la compra y coacción del voto, uso ilegal de recursos públicos en las campañas; uso perverso de la pobreza; contexto de campañas negativas que superan el lodazal y evidencian ausencia de propuestas, entre otros vicios. De hecho, se reportó que el gobernador opera, ilegalmente, como jefe de campaña, lo que pone en riesgo la gobernabilidad del estado. Para explicar parte de este fenómeno, Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana, refirió que entre 2004 y 2010 Veracruz duplicó en términos reales su presupuesto y no hay fiscalización ni rendición de cuentas eficientes, lo que ha llevado al descaro absoluto. La “plenitud del pinche poder” feudal. Las organizaciones señalaron que en este contexto la autoridad electoral, el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), no cumple con los principios de legalidad, equidad, transparencia e imparcialidad mínimas requeridas para la generación de certeza. De hecho, es una instancia fuertemente cuestionada por muy diversos actores; su consejera presidenta quedó también involucrada en los radio-escándalos. El tétrico círculo lo cierra el uso clientelar de recursos por parte de los distintos partidos políticos. Francisco Canseco sintetizó así “dime quién gobierna y te diré qué programa usa electoralmente”. Lo alarmante es que estamos volviendo a ver esas prácticas de los 80 o anteriores contra las que tanto se luchó. Se respira un ambiente de tensión en peligroso aumento y de impunidad en lo que a delitos electorales se refiere. Flota la idea, casi certeza, de que pase lo que pase, el resultado de las elecciones se resolverá en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. PARÉNTESIS: Alianza Cívica abrió el portal www.cuidemoselvoto.org para recibir denuncias de irregularidades en los procesos electorales estatales. También se puede denunciar por teléfono celular, enviando mensajes, fotos o videos, al número 88200 o mediante Twitter en el tag #cuidemosel voto

MONSIVÁIS, EL ICONOCLASTA

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Conocí a Carlos en sus días preparatorianos. Era la encarnación viva de san Ildefonso; con su laicismo feroz, su veta popular y su avidez por la lectura, apenas velada por el retraimiento personal. Fue el más joven de los colaboradores de Medio Siglo y se convirtió después en el eje crítico y el claro contrapunto de la segunda época de la revista. Siempre testigo y siempre subversivo. Ver a Carlos como continuador de nuestra generación sería una falacia. Los pocos años que lo separaban de nosotros fueron los del nacimiento de la “inteligencia encabronada”. A pesar de la adhesión compartida a la “filosofía del relajo”, nuestro pensamiento correspondía al último aliento de la modernidad; el suyo se adentra en la posmodernidad. Lleva a cada puerto —hasta el siglo XXI— la revuelta moral del 68. Instala la marginalidad en el centro de la cultura nacional. Desde el pesimismo vital de Ixca Cienfuegos, termina ejerciendo el poder en la república de las letras. Asume su pertenencia a una minoría religiosa, sexual, intelectual, como afirmaciones demoledoras del unanimismo oficialista y contribuye a la creación de un nuevo universo cultural que las comprende pero no las desarma. La sátira es el enemigo implacable del mito. A partir de Sócrates, invita al encuentro de una verdad diferente, edificada sobre parcialidades inconexas, que no sirva de máscara al poder ni de escudo a la mediocridad. Monsiváis fue un iconoclasta: “destructor deliberado de las imágenes dentro de una cultura, que rechaza la autoridad de maestros, normas, monumentos y modelos”. Todo demoledor es sembrador de nuevos mitos, comenzando por el propio. La contracultura, desde tiempos antiguos, no es sino la circulación de corrientes ocultas por los ríos principales. La exaltación de sensibilidades subyacentes que nos permiten convertir a Pedro Infante en heredero de Benito Juárez. Esa mezcla de cultura erudita con enciclopedismo amoroso de los símbolos mínimos. Igual rockero, que coleccionista, vagabundo o crítico literario. En la acepción francesa Monsiváis sería un moralista. No porque preconizara el bien o la virtud, sino porque exploraba en las complejidades de la conducta humana con ánimo de ejemplaridad. También porque edificó una visión de su tiempo —más por la narrativa que por la teoría— y se sumergió en el espacio privilegiado de los procesos civilizatorios, donde la igualdad y la libertad son posibles al precio de la rebeldía y la comunicación verdadera: la vida urbana en las entrañas múltiples del Distrito Federal. La tolerancia no es valor absoluto. Es condición de la diversidad y reconocimiento del prójimo, pero incluye la intolerancia contra la estupidez. Pacifista como era, Carlos llegó a decir que la incompetencia podía causar mayores estragos que la violencia. Fue implacable con la solemnidad, fatuidad y vaciedad de los políticos del viejo régimen. Fue definitorio en la exhibición de la frivolidad y avaricia de quienes traicionaron, desde la derecha, la transición democrática. A la pregunta ¿dónde está la izquierda? podríamos responder con la vida y obra de Carlos Monsiváis: sus componentes de utopía, acidez crítica e imprecisión estratégica. No fue un intelectual comprometido en el sentido de realismo socialista o del catecismo civil, pero mantuvo un compromiso esencial con las causas libertarias. Adversario del establishment, vituperó las jerarquías oligárquicas y partidarias. Fue, ante todo, movimientista de vanguardia. Se adelantó con la pluma al empeño social para evitar que en México gobernase “la primera generación de norteamericanos nacidos en México”. Como decía André Malraux, todo intelectual patriota sufre una ambivalencia con el poder. Desprecia tanto la pequeñez que es capaz de sumarse a la grandeza. Retengo la lealtad inconmovible de Carlos con el movimiento fracasado de 1968 y el esfuerzo inconcluso de 2006. Va a faltarnos, sobre todo en el esfuerzo que viene por un cambio radical del país y la posible refundación de la República

DISCUTIR EL ANTEPASADO

RICARDO BECERRA LAGUNA

El 5 de junio, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (grupo de profesores, periodistas, funcionarios públicos, políticos activos —y ya no tanto— que por su propio pie y desde hace 20 años se reúnen para discutir la economía, la política, la cultura…) presentamos el documento “Equidad social y parlamentarismo” (www.ietd.org.mx). La intención es hacer cuentas con nuestras propias ideas y con las “ideas-ambiente” que han dominado el debate público en los últimos años pues a nuestro modo de ver, las cosas están deliberadamente alrevesadas. Reformas estructurales en México ha habido muchísimas a lo largo de los últimos 30 años; son de distinto calado pero persiguen la misma vocación: liberalizar, treparnos a la globalización, desregular, contener la acción del Estado. Y todas comparten, además, la peculiar característica de ignorar la equidad social, o más bien, de prometerla para después. Decimos que ha llegado la hora de evaluar esa experiencia de 30 años (toda una generación después del sexenio de López Portillo) y mirar el paisaje de exclusión social que el nuevo modelo no pudo corregir y que incluso, agudizó. Y si queremos hacer más eficiente y abierta la economía, debemos generar una estructura de seguridad que mitigue los efectos que provocan los jalones económicos y financieros de la globalización. Sin esa red de protección (que incluye seguro de desempleo e inclusión a un sistema de salud vigoroso), las “reformas estructurales” están condenadas a ser una reiteración del libreto excluyente del último cuarto de siglo. Y para crear la nueva estructura de derechos sociales —sin condiciones ni padrones, sin clientelas ni favores corporados— es necesario encarar el cambio estructural por excelencia, pospuesto igual por populistas que por neoliberales, desde hace 52 años: la reforma fiscal, recaudatoria y redistributiva, amplia y sin excepciones. El documento hilvana una segunda idea: nos guste o no, la pluralidad es el hecho decisivo de la política mexicana. Desde 1997 la realidad electoral confirma el rostro heterogéneo, diverso y desigual de México. De cara a los comicios del año 2012 podemos prever que el país volverá a expresar su adhesión a tres grandes corrientes políticas y una variedad de formaciones disímbolas. De esa suerte, el escenario más probable es que han confirmado las cinco elecciones federales precedentes: un Presidente que emana del tercio mayor de votantes frente a un Congreso integrado por una mayoría opositora. ¿Y qué vamos a hacer? Podemos repetir el libreto de los últimos tres lustros; podemos ensayar alternativas mayoritarias, dispositivos ingeniosos y más o menos autoritarios, para otorgarle al Presidente una mayoría que el electorado no le dio. Pero también podemos —según nuestro documento— diseñar un nuevo régimen político que se ajuste a la realidad sin asfixiarla: parlamentarismo, un tipo de arreglo constitucional que necesita de las coaliciones para poder gobernar: un acuerdo público entre partidos; un programa de gobierno común y un gabinete de compromiso que emerja del Congreso. Dicho en una nuez, eso es lo que sostenemos en “Equidad social y parlamentarismo”. En nuestra propuesta no hay una idealización a la época del frenético intervencionismo estatal. Si se fijan bien, es al revés: hay una crítica dura al patrimonialismo y al clientelismo de “aquellos años”, posteriores al 68, que quiso pagar con gasto desmedido la factura política de la matanza en Tlatelolco. No obstante lo que estamos obligados a reconocer, es que luego de una generación de mexicanos, el modelo sustituto no puede rendir buenas cuentas. No es la evidencia de un año, o de un sexenio, ni siquiera de un partido en el gobierno: son los datos de toda una generación. A todo esto, en su columna de Milenio del lunes 14, Luis González de Alba discute con el IETD, pero no en torno a estas ideas, sino más a modo, suponiendo que decimos lo que no decimos, como si nuestro planteamiento fuera una añoranza del antepasado populista. No lo es: en lugar de clientelas, hablamos de derechos universales; en lugar de privilegios corporativos, hablamos de reforma fiscal amplia y sin excepciones; en lugar de regalar la mayoría al “señor Presidente” hablamos de política de coalición, y en lugar de autoritarismo y monolitismo hablamos de pluralismo y parlamentarismo. Es un debate que urge porque después del 2012, México puede seguir dando vueltas en las trampas de un presidencialismo que no tiene el instrumental para gestionar la pluralidad del país. Hay que centrar el debate donde debe estar: ¿Cuáles son las consecuencias de un cuarto de siglo de reformas estructurales malhadadas y de 15 años de vida democrática en presidencialismo y partida en tres? Ésos son los procesos que han configurado nuestra época. Es un debate obligado, sin volver a perdernos en las querellas del remoto antepasado.

LOS RECLAMOS

OLGA PELLICER

En los últimos tiempos, reclamar se ha convertido en elemento central de la política de México hacia Estados Unidos; esto es particularmente notorio en el discurso presidencial. La participación del presidente Felipe Calderón en el Congreso estadunidense será recordada por sus duros señalamientos en contra de los contenidos xenófobos de la Ley Arizona y la falta de apoyo para contener el tráfico de armas hacia México. Más recientemente, el documento La lucha por la seguridad pública, firmado por el presidente y publicado a dos páginas en los principales diarios del país el domingo 13 de junio, pone el acento sobre la responsabilidad de Estados Unidos en los difíciles problemas de seguridad y violencia que vive el país. Algunos ejemplos: “El origen de nuestro problema de violencia –comienza el citado documento– radica en primer término en el hecho de que México está situado al lado del país que tiene el mayor consumo de drogas a nivel mundial. Es como si tuviésemos al lado a un vecino que es el mayor adicto del mundo”. Ese empeño en señalar la culpa del vecino se reitera más adelante, al hacer referencia a la estrategia de control territorial utilizada por los narcotraficantes. Un factor que ha favorecido esa estrategia, se afirma, “ha sido la facilidad de tener armamento cada vez más letal. Una de las principales razones de este problema ha sido el descuido de las autoridades estadunidenses de contener este proceso que ha llegado a permitir la venta de casi cualquier arma en Estados Unidos (…) El crecimiento de la violencia en México comienza coincidentemente con la derogación de la ley que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos”. Sin duda hay motivos justificados para hacer reclamos, y es imposible cualquier análisis sobre narcotráfico que no incorpore el tema de la demanda y compra de armas en Estados Unidos. Sin embargo, tales señalamientos y los ánimos nacionalistas que levantan tienen efectos indeseables, entre otros, por tres motivos: dejan en segundo término las situaciones internas que constituyen las verdaderas causas del problema; oscurecen el hecho de que la cooperación con los estadunidenses en materia de seguridad es cada día más fuerte; finalmente, tienen el efecto de acrecentar los sentimientos negativos hacia México que, cada vez con mayor intensidad, recorren a numerosos grupos sociales en Estados Unidos. Una lectura más detallada del mencionado documento permite tomar conciencia de la extrema vulnerabilidad de una lucha que se libra al mismo tiempo que se intenta, sin garantía de éxito, reorganizar diversos aspectos de los sistemas de seguridad e impartición de justicia en México. El documento habla de las acciones para reorganizar, rehabilitar, entrenar y eliminar la corrupción de la Policía Federal; reconoce que “la impunidad crónica en México tiene que ver con las enormes posibilidades de corrupción de ministerios públicos y jueces”; toma en cuenta el hecho de que nuestro “sistema judicial no cumple con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, ni permite castigar eficazmente a los delincuentes”; señala que se inicia apenas una base de datos de información delictiva compartida por las autoridades federales, estatales y municipales. En suma, la batalla se desarrolla sin que las fuerzas del Estado dispongan de las capacidades operativas y tecnológicas para tener éxito. Los esfuerzos para otorgarles dichas capacidades se hacen, pero hay un camino muy largo por recorrer antes de asegurar buenos resultados. Las debilidades institucionales de México para la “guerra” que conduce el presidente hacen muy necesaria la cooperación con Estados Unidos. Es irremediablemente una cooperación en la que estamos en situación de desventaja. La superioridad de los sistemas estadunidenses de información, entrenamiento de fuerzas del orden, planeación estratégica, equipos, sistema judicial, sistema carcelario, etcétera, nos hablan de una cooperación asimétrica, en la que estrategias y líneas de acción serán impuestas por ellos, o al menos será difícil evitar que así sea. Llama entonces la atención que la sección relativa a cooperación internacional, en el multicitado documento, sea reducida y muy engañosa. Allí parece que lo importante es reiterar “los principios de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado”. Por lo demás, sólo se habla de las extradiciones y no se mencionan los importantes acuerdos para acciones entre México y Estados Unidos que se están aplicando, como la instalación de una oficina bilateral en la que de manera conjunta mexicanos y estadunidenses decidirán la implementación de la Iniciativa Mérida. Finalmente, cabe referirse al efecto que la retórica de los reclamos tiene sobre los sentimientos hacia México en Estados Unidos. Una lectura rápida de los medios de comunicación en aquel país, desde los reportajes casi cotidianos de la prensa hasta twitter y facebook, nos habla de sentimientos crecientemente hostiles hacia los mexicanos. Basta ver las encuestas sobre quienes están de acuerdo con la Ley Arizona y el número de estados en los que se pretende aprobar una legislación semejante. Ese ambiente de hostilidad está presente no sólo hacia los trabajadores indocumentados, sino hacia el país en su conjunto, cuya imagen se identifica cada vez más con la violencia, la corrupción y la inoperancia de sus sistemas de justicia. Imaginar que “hablando fuerte” en el Congreso o denunciando la responsabilidad de las adicciones en Estados Unidos se modificarán tales sentimientos es una apreciación muy equivocada. El objetivo no es corresponsabilizar, lo cual está muy superado en el discurso; el objetivo es ofrecer motivos para que se tenga más respeto por México, para que el país ofrezca al exterior resultados que vayan más allá de los reclamos.

MONSIVÁIS EN LA MEMORIA

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Detesto el género periodístico que en la pretensión de evocar a un personaje echa por delante la primera persona: “Conocí a Fulano….”, como si ese dato fuera relevante. Detesto ese género pero hoy, excepcionalmente, voy a practicarlo. Y repetiré el ejercicio la próxima semana. Vi por primera vez a Carlos Monsiváis en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional en 1960 o 1961. Formaba parte de una breve brigada informativa que acudía a solicitar apoyo a los ferrocarrileros y maestros en huelga. Sobresalía en el grupo, por su estatura, Martín Reyes Vayssade que, a diferencia de Monsiváis, recorrería en su vida estaciones variadas como ser vocero de la firma Ingenieros Civiles Asociados o subsecretario de Cultura en la SEP. Supe que Monsiváis era Monsiváis porque eran ya conocidas sus colaboraciones en publicaciones de la UNAM y en México en la cultura, el suplemento que dirigía Fernando Benítez en el diario Novedades, que estaba a disposición de los estudiantes en la Biblioteca Central. Lo supe también quizá porque entre los estudiantes de izquierda en esa escuela, que eran los más, Monsiváis era motivo de discordia. Sabría después que la causa era su expulsión o su renuncia al Partido Comunista, en una de tantas purgas con que se depuraba. Algunos lo veían con recelo y otros con simpatía, según su propia posición frente al PC, que estaba aún lejos de su apertura. En las primeras redacciones que habité –la revista Mañana y el semanario Crucero– se hablaba de Monsiváis con curiosidad, respeto y aun admiración. Compré en 1966 o 67 su Autobiografía precoz, publicada por Emmanuel Carballo en Empresas Editoriales, que también dio a la estampa las breves vidas de Vicente Leñero, Gustavo Sáinz, Juan García Ponce y Raúl Navarrete, que murió pronto. A partir de aquella lectura su presencia me pareció próxima, pero no fue sino hasta 1968 cuando cruzamos algunas frases en la redacción de Excélsior, antes o después de que conversara con el director Julio Scherer sobre la publicación de desplegados de la Asamblea de Intelectuales y Artistas que él promovía. Poco después, en 1969 o 1970, se incorporó a las páginas editoriales de ese diario. Nos vimos a partir de entonces con regularidad, aunque no tanta como estaba previsto. Tenía su lugar en el espacio principal de la página siete, los sábados, de modo que debía entregar los viernes a la hora del crepúsculo. Rara vez cumplía el horario. Se retrasaba a sabiendas que la entrega tardía no iba a impedir la aceptación de su texto. Era en extremo autocrítico, no inseguro sino exigente consigo mismo. Más de una vez luchamos físicamente por la posesión del original que ya me había entregado y se arrepentía de haberlo hecho porque no le satisfacía. Otras veces parecía mentir, pues anunciaba que estaba ya en el Metro y que en veinte minutos tendríamos su texto. Y podría ser que no llegara, no por irresponsabilidad sino porque en el vagón cavilaba sobre la calidad de su escritura y prefería el silencio que una comunicación a su juicio maltrecha. Venía a veces, convocado ex profeso o no, al mediodía, y salíamos a comer él, Miguel López Azuara, tan responsable como yo mismo del manejo de las páginas editoriales y en cuya personalidad rivalizaban la inteligencia y la simpatía, y el que escribe. A veces nos acompañaban otros colaboradores de la sección, todos los cuales, aun Ricardo Garibay que poseía un ego robusto, invariablemente daban –dábamos– un lugar eminente a Carlos, que hablaba más que comía dada su parquedad gastronómica. Mientras los comensales hacían lo propio, él se daba vuelo al desplegar sus mordacidades y sarcasmos que no impedían la generación de ideas brillantes en que su mente era pródiga. Un día Carlos y yo aceptamos cenar en la Fonda del Refugio con Fausto Zapata, encargado de la información en la presidencia de Echeverría. Trataba de modificar o atemperar el criterio con que expresábamos opiniones en nuestros artículos. No lo consiguió ni siquiera cuando, buscando encontrar un flanco débil, convocaba a Carlos, y de paso a otros, a la sala de exhibición que la Presidencia tenía cerca de Los Pinos (en un recinto llamado según creo La Tapatía). Allí vimos películas como el Caso Mattei. Pero ni así mudaba sus pareceres Monsiváis. Años después se quejaría falsamente al lamentar que alguien le hubiera hecho fama de incorruptible, porque nadie se atrevía a corromperlo. Los años de nuestros encuentros en Excélsior coincidieron con los iniciales del Ateneo de Angangueo, una tertulia periodística organizada por Iván Restrepo, Manuel Buendía y Monsiváis, que se reunía los miércoles en la casa del primero, en la calle de Amatlán, en la ahora atestada colonia Condesa. También allí era eminente su presencia, no obstante que alternaba con personas como el propio Buendía, Francisco Martínez de la Vega, Alejandro Gómez Arias. Acudían, sin necesidad de ser invitadas –o sea que eran miembros de número– Margo Su, que hacía de anfitriona, y Elena Poniatowska. Una vez estuvo presente Ángeles Mastretta, que comenzaba su relación con Héctor Aguilar Camín, convidado a algunas de las reuniones y que nos invitó a la fiesta inaugural de Nexos, en el rancho Los Barandales de la familia Moreno Toscano. En esa revista mensual el sitial reservado a Monsiváis correspondía a su creciente autoridad. En mayo de 1975 Jean Meyer organizó en la Universidad de Perpignan, su tierra natal, un seminario sobre México, con invitados procedentes del DF y mexicanos radicados en Francia, así como especialistas franceses. Salvo la puesta en escena de Nostalgia de la Muerte, de Villaurrutia, por Marta Verduzco, recuerdo más los viajes con Monsiváis que las ponencias de aquella reunión académica. Marta Isabel, la madre de mis hijos (que obviamente lo son también suyos) y yo nos encontramos en la estación de Austerlitz con Enrique Florescano y Alejandra Moreno (a quienes yo apenas conocía) que gozaban de la compañía de Monsiváis. La disfrutamos todos durante ocho horas, y al cabo de la reunión, el privilegio fue sólo para Marta Isabel y yo. No sé si coincidimos o Monsiváis como hoja al viento, como persona libre que era, encontró interesante nuestro propósito, el hecho es que resolvió viajar, como nosotros teníamos planeado, a Barcelona. México y España no tenían relaciones diplomáticas entonces, y se requería visa para entrar en el país aún dominado por Franco. Los tres la recabamos en el consulado español en Perpignan y a bordo de un pequeño autobús cruzamos los Pirineos. En la frontera subió a bordo un guardia civil a quien no costó trabajo identificar a los mexicanos sospechosos que intentaban ingresar a España por la puerta de atrás. A Marta Isabel la dejaron en paz pero señalándonos con el dedo (usted… y usted) los guardias nos hicieron bajar a Monsiváis y a mí, únicamente entre todo el pasaje. Revisaron nuestras maletas en busca de bombas quizá o al menos de nitroglicerina para fabricarlas o, de perdida, de propaganda subversiva. En el regazo de Marta Isabel había quedado el programa común de los partidos socialista y comunista franceses (que tendría éxito seis años después, al ser elegido Miterrand), de manera que no tuvimos más problema que el susto que nos hizo padecer la corporación policiaca del franquismo.

jueves, 24 de junio de 2010

CADA QUIEN SU MONSIVÁIS

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

Como ha quedado claro en los últimos días, cada quien tiene a su Carlos Monsiváis. Y no podía ser de otra manera. Frente a la extrema especialización, Monsiváis fue un hombre de infinidad de pasiones; frente a la solemnidad hueca y reiterativa, se convirtió en una voz crítica y juguetona. Los muchos Monsiváis pueden ser conjugados por cada quien casi al gusto.
Porque Carlos Monsiváis fue (por lo menos):
Cronista con inéditos registros entre nosotros. Un estilo que expresaba una nueva sensibilidad, más abierta, irónica, corrosiva. Su forma única de contar -deslumbrante, abigarrada, sugerente, provocadora- se convirtió en un talante imitado por muchos y en un referente obligado.
Vocación permanente por inyectarle a la política los insustituibles insumos de la cultura, sin los cuales tendía a secarse, a languidecer como una actividad carente de horizonte y sentido.
Puente entre la cultura popular y las expresiones más sofisticadas del quehacer humano. De Raphael a Salvador Novo, de María Félix a Jorge Cuesta, del burlesque a los expresionistas alemanes, de Juan Gabriel a Pasolini, en todo encontraba motivo para el asombro, la reflexión y el cotorreo.
Hombre de izquierda, de los primeros críticos del "socialismo realmente existente" incluyendo al autoritarismo cubano. Su pulsión libertaria, garantista se diría hoy, justiciera, lo convirtió en un adelantado de lo que puede llegar a ser una izquierda democrática.
Puerta de entrada a autores, tratamientos, obras y enfoques. Su conocimiento oceánico lo convertía en una fuente inagotable de sugerencias de libros, películas, exposiciones, conciertos, que no se podían dejar de leer, ver y oír.
Disposición universalista -capaz de asimilar y recrear las más diversas influencias- sin despegar las suelas del terruño. Publicó Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina (2000) y unos años después Pedro Infante. Las leyes del querer (2008). Escribió decenas de páginas sobre el cine de Hollywood o la "Nueva ola" francesa y no dejó escapar a Julio César Chávez o a Gloria Trevi.
Escritor profesional que se nutría por supuesto de la tradición literaria, pero también de lo que sucedía en la calle; que no despreciaba los insumos cinematográficos o musicales o científicos, pero tampoco los provenientes de las huelgas, marchas, peregrinaciones, reventones que le dan su coloración y significado a las vidas. Era un hombre ilustrado capaz de asimilar y procesar (casi) todo.
Voz que entendía y defendía los derechos de las minorías: religiosas, sexuales, políticas. No era posible una convivencia medianamente decente sin el respeto irrestricto a los derechos de los otros.
Enjambre de relaciones. Sus puentes de comunicación con los disparejos mundos que componen al país le ofrecían una visión panorámica y detallada del zozobrante fluir de una sociedad contrahecha y más que desigual.
Narrador sin fronteras. Lo mismo de un concierto de rock, de una marcha política, de las aventuras y desventuras en el Metro o en la Basílica de Guadalupe. Ante sus escritos sobre tantos temas aparentemente insípidos, uno podría pensar como aquel personaje de Enrique Vila-Matas: "el mundo es muy aburrido... lo que sucede en él carece de interés si no lo cuenta un buen escritor". (Dublinesca. P. 102.) Y Monsiváis claro que lo era.
Recopilador infatigable de tonterías de todo tipo. Su gustada sección "Por mi madre bohemios" funcionó como un espejo eficiente de las sandeces que día a día alegran y ensombrecen nuestra existencia. El humor se convirtió en su escudo ante las inclemencias de la vida social, su sarcasmo fue un afinado mecanismo de protección.
Militante antiautoritario. Contra el autoritarismo patriarcal, feminista; contra el autoritarismo religioso, tolerante, pluralista; contra el autoritarismo sexual, abierto a las múltiples condiciones humanas; contra el autoritarismo político, democrático.
Erudito gozoso del cine, un archivo de anécdotas y chismes, de valoraciones y capacidades analíticas, de nombres y fechas, de repartos y canciones.
Heterodoxo, porque su fuerza, conocimientos, imaginación y humor, le impedían quedar encarcelado en alguna escuela.
Conciencia ética capaz de irritarse ante las más diversas injusticias que a diario inundan la "vida nacional". Por desgracia nunca le faltaron causas que era menester defender.
Enciclopedista moderno, exceptuando los deportes.
Coleccionista meticuloso, obsesivo.
Lector voraz, difícil de sorprender.
No creo que fuera un optimista. No vislumbraba un mundo mejor. Estaba demasiado bien informado. Muchas "cosas" no tenían remedio. Pero lo movía el afán de comprensión, un gusto por recrear e inventar el mundo con la palabra, la curiosidad ilimitada. Recuerdo a mi abuelo decir: "Vale la pena vivir aunque sólo sea por curiosidad".
Monsiváis ya no está. Su obra se queda entre nosotros.

MONSIVÁIS

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Los japoneses, como una buena parte de los pueblos del Oriente Lejano, miden el tiempo a través de una rara combinación de hechos históricos y sucesos astronómicos; para los occidentales, que nos movemos en el tiempo medido por el movimiento de los astros, por las eternas repeticiones del cosmos, los hechos son marcas que suceden en ese devenir; en cambio, para el pensamiento oriental, los actos de los hombres, en particular de los grandes hombres, influyen y dialogan con los fenómenos estelares de tal manera que a las cronologías imponen el nombre de las dinastías o de los monarcas. Así, la era Meiji, con su propia cuenta de los años, así también la era Showa correspondiente a la Segunda Guerra Mundial y a la actual, gobernada por Akihito que, al momento de su muerte será llamado Heisei, conforme a la era con la que se identifica. Con nuestras sociedades suceden cosas parecidas, si bien en nuestra cosmogonía el universo se mueve fuera de nosotros, aunque seamos parte de él, la sociedad, la historia y con ellas la política se mueven sólo porque los seres humanos le damos movimiento creando la cultura que es sinónimo de ejercicio de la libertad, de la expresión y del pensamiento. Por eso decimos el tiempo de los muralistas, la época dorada del cine, el tiempo de Fernández de Lizardi. Hace apenas unas horas, terminó el tiempo de Carlos Monsiváis. Al partir Monsiváis se cierra todo un tiempo en nuestra cultura, el del hombre de opinión, constructor de ciudadanía, cercano al hombre de cada día y de todo momento; el tiempo de la crónica que más que eso era crítica del momento. Independiente, siempre en debate con el poder, era una voz escuchada a causa de su propia legitimidad; irreverente e iconoclasta, sabía del respeto, pero también cómo emplearlo; dotado de una pluma liviana y al mismo tiempo de gran hondura, encontraba causas profundas en las más superficiales señales de nuestra realidad. Con Monsiváis, los mexicanos aprendimos a leernos en el papel y en la realidad. El terremoto de 85 sería sólo una amarga experiencia si Monsiváis no hubiera hecho de él una cruda experiencia cultural. En una palabra, guía y conciencia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Soberbio actor de sí mismo, supo encarnar en sí mismo los valores que consideraba más importantes: respeto por la inteligencia de cuya ausencia y de cuya pretendida exhibición se burlaba, amor por nuestra cultura que encontraba donde otros no veían nada o sólo veían la áspera realidad cotidiana, independencia intelectual que le sirvió para ser el aval de las causas que saltaron de la marginalidad al debate abierto. El tiempo de Monsiváis ha terminado. Gracias a ese hombre singular, muchos mexicanos le perdimos el miedo a la rigidez formal de la cultura. Bueno y comprometido, quiso que cada letra y cada palabra de su bien trabada literatura fuera una aportación para que los mexicanos pudiéramos, algún día, vivir mejor, con mayor paz con nosotros mismos, pero sobre todo más libres.