viernes, 29 de julio de 2011

LOS FUNERALES DEL BENEMÉRITO

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

El Gobierno del Distrito Federal (GDF), a través de la Secretaría de Cultura, ha preparado un recinto donde, este año, se imparten conferencias en conmemoracion de las Leyes de Reforma sobre personajes que descansan en el Museo Panteón de San Fernando (Colonia Guerrero, Metro Hidalgo). Han participado notables historiadores como Antonia Pi Suner, (Jesús Terán), Edith Castellano, (familia Lerdo de Tejada), Carlos Mújica, (funerales de Juárez), y lo harán Erica Pani (Concha Lombardo de Miramón), Patricia Galeana (Una mujer liberal), Luis Arturo Salmerón (Ignacio Zaragoza), Silvestre Villegas (Ignacio Comonfort), Bertha Hernández (Francisco Zarco). El que esto escribe, el 8 de octubre, hará un análisis de la diplomacia de Melchor Ocampo. Las charlas, que han reunido a un numeroso público, se realizan los sábados a las 12:00 AM.
En la magnífica conferencia que impartió Carlos Mújica, ilustrada con litografías del funeral del presidente Juárez, se preguntó el porqué, cada día van disminuyendo los actos cívicos en honor del Benemérito y se dijo que arranca desde el cambio del calendario de clases en México y las vacaciones en julio. La escuelas están cerradas. Mucho más grave es el hecho de que los gobiernos recientes, neoconservadores- revisionistas, hacen todo lo posible tergiversar la obra del prócer de Guelatao y la gesta de la Reforma. Baste señalar los innumerables "porfiristas" de hoy.
Las últimas horas de Juárez son conocidas a través de un opúsculo de su bisnieto, Pablo Prida, "Siguiendo la vida de Juárez" y sus biógrafos -los "Apuntes para mis Hijos" terminan en el año de 1857-. A Juárez le aquejaba una angina de pecho que se agudizó a principios del mes de julio, pero él continuó con su vida normal. El 17 recibió a José María Lafragua, desahogó algunos asuntos de Hacienda, Guerra y Justicia, y por la noche conversó con su cuñado Manuel Dublan, y se abocó a la lectura de Cours D'histoire des législations comparées, de Lerminier. Es posible que haya escrito algunas notas esa noche. A la mañana siguiente llamó a su médico, Ignacio Alvarado, y a su familia, mientras se quejaba de un intenso dolor de pecho. En la noche su situación se agravó y se le inyectó morfina. Presentes, Lafragua y Mejía, y un criado Camilo, y parte de la familia, a las 11.30 de la noche, Juárez falleció en las habitaciones del entresuelo del ala norte, en Palacio Nacional, que era donde vivía. El Ministro de Guerra se dirigió a Lerdo de Tejada, Mejía tuvo que decirle: "ha fallecido ya". En la mañana se llevó el cuerpo a Palacio luego de levantarse el acta de defunción. Lerdo de Tejada debía encargarse del Supremo Poder Ejecutivo, mientras se reunía la Diputación Permanente. La mayor parte de los periódicos decidieron abstenerse de informar mientras Juárez no fuera inhumado. Se organizó para el día 23 el sepelio y los masones del Rito Nacional Mexicano, del que formaba parte Juárez, participaron en los funerales. La esquela familiar contiene una cruz en el centro. Tan pronto se supo la noticia, una gran muchedumbre llegó a Palacio. El cuerpo fue embalsamado y se colocó en el Salón de Embajadores, toda tapizada de negro, con un gran catafalco y sobre él, el cuerpo del presidente vestido de negro, ciñendo la banda tricolor y tendiendo en la diestra el bastón, símbolo de mando. Al fondo, una pintura de Agustín de Iturbide. Los funerales se realizaron el 23 y se celebró una ceremonia en el jardín frente al templo para luego colocarse el féretro en la gaveta número 2 del jardín norte del primer patio del panteón. En gavetas inmediatas estaban los cuerpos de su esposa, Margarita, y sus hijos, José María, Antonio, María Guadalupe, Amada y Francisco. Este fue el último cuerpo que se sepultó en San Fernando. El siguiente año, el presidente Lerdo mandó a erigir un monumento, y el cuerpo se trasladó al sitio actual hasta 1880 en una ceremonia presidida por.... ¡Porfirio Díaz!

LAS ONG Y EL ALMIRANTE

CARMEN ARISTEGUI

El difícil y delicado papel que han puesto a desempeñar a las Fuerzas Armadas de nuestro país en los últimos años ha conllevado un conjunto de afectaciones de diferente índole. Una de las principales, como se sabe, relacionada con los derechos humanos. El creciente número de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas ha hecho que las organizaciones ciudadanas y activistas adquieran un papel fundamental en un contexto como el que hoy se vive. Sus trabajos de investigación y de denuncia resultan indispensables para la sociedad ante fenómenos de desapariciones, torturas y muerte de civiles que se presentan en diferentes partes del país atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas y policiacas en el marco del combate al crimen organizado. La que realizan las ONG es una tarea de vigilancia ciudadana que debe ser apreciada y valorada por la ciudadanía y por las propias instituciones. Significa un esfuerzo de gran valía para intentar contrarrestar los efectos perniciosos de una estrategia gubernamental que ha traído consigo un costo humano de grandes dimensiones en vidas y en afectación de derechos. Por supuesto que miles de muertes, torturas y desapariciones son responsabilidad directa de los criminales que deben ser perseguidos y juzgados por las autoridades. Aquí de lo que se está hablando es de las implicaciones que tiene para el país que un número indeterminado de estos crímenes haya sido cometido por las propias autoridades. Por eso la apuesta por los derechos humanos es crucial para un país como el nuestro. No en vano se aprobó una reforma constitucional, de gran calado, en esta materia. Justo por eso sorprenden e inquietan las declaraciones del secretario de la Marina, acerca de este tipo de organizaciones ciudadanas y la defensoría de derechos humanos. Este martes, durante la ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval y con la presencia de Felipe Calderón, el almirante Francisco Saynez acusó a las ONG de caer en el "juego perverso de los criminales" y las identificó como organizaciones "utilizadas" por los grupos delictivos que pretenden "manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones". Apenas hace unos días se echó a andar una campaña, con el patrocinio de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para invitar a la población mexicana a sumarse a la defensa de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Esta iniciativa tuvo lugar a raíz de las numerosas agresiones y persecución de diversos activistas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales. Es grave que una voz oficial se exprese de la manera en que Saynez lo hizo, pero más grave aún es que lo hace cuando hay un marco de persecución y agresiones como las que se han denunciado en contra de los defensores.
Si las autoridades federales, el almirante Saynez en particular, saben de alguna organización que -presentándose como ciudadana- en realidad colabora y desarrolla sus tareas, de forma deliberada, para favorecer a los criminales y participar de un "juego perverso" para dañar a las instituciones, entonces tendrían que identificar a quién o a quiénes se refieren y describir el tipo de acciones que se realizan para ello porque, entonces, estaríamos frente a una modalidad del propio crimen organizado. Si eso es lo que está en el trasfondo de la declaración, tendría que alertarse a las ONG auténticas, con información específica y no con generalizaciones, y, por supuesto, actuar en consecuencia. Si de lo que se trata es de otra cosa, la exigencia debería ser diferente. Si estamos, como parece, ante una declaración oficial, del más alto nivel, denostando el papel de las organizaciones ciudadanas, colocándolas como entes "utilizables" y alentando la idea de que trabajan, en realidad, para los criminales, es algo que no debe ser tolerado ni por la ciudadanía ni por el mando superior de quien emitió la declaración. Haría bien el secretario en reconsiderar su dicho. Es deseable y exigible una nueva declaración en donde manifieste su respeto por los derechos humanos y por quienes los defienden desde las organizaciones ciudadanas. No es aceptable que desde la voz oficial se pretenda "criminalizar" o poner bajo sospecha el trabajo ciudadano. El secretario dijo, también este martes, en Veracruz: "no se requiere violar la ley para hacerla cumplir". Precisamente de eso se trata, almirante. Esa premisa es, exactamente, la razón de ser de las ONG.



jueves, 28 de julio de 2011

LA RESPONSABILIDAD DE LA CIRT

JOSÉ WOLDENBERG

1. Creo que existe un consenso sobre el papel central que juegan la radio y la televisión en la forja del espacio público. La forma de jerarquizar, modelar, filtrar las noticias tiene un impacto sobresaliente en la apreciación de muchos de nuestros problemas y sus eventuales soluciones. Y en materia de contiendas democráticas, si las diversas campañas son cubiertas de manera profesional, objetiva y equilibrada, mucho se contribuye a la convivencia de la pluralidad. Por el contrario, si su seguimiento es faccioso, parcial, escandaloso, se tiende a deteriorar el clima de la competencia.
2. Durante décadas, los grandes medios de comunicación vivieron subordinados, como otras instituciones y actores, a la voluntad de distintos presidentes. Y sus grados de libertad fueron estrechos.
3. Por fortuna, el avance del pluralismo, el cambio democratizador, el equilibrio entre diversas fuerzas políticas modificó aquella situación. Los medios fueron beneficiarios del tránsito democrático y al mismo tiempo contribuyeron a su desarrollo. Se convirtieron en factor de cambio al asimilar y reproducir la pluralidad de opciones que coexisten en México y también en usufructuarios de las nuevas realidades políticas. Sus márgenes de libertad -en buena hora- se ampliaron. Fue una espiral virtuosa y constructiva. Todos ganamos con ella.
4. No obstante, la reforma de 2007, que prohibió a los partidos comprar espacio en radio y televisión (la taxativa a otros -como es del conocimiento público- ya existía), desató en no pocos concesionarios una resistencia que es fácil de documentar. Fue una reforma que paradójicamente recogía un clamor, reproducido en los propios medios, que llamaba a frenar el encarecimiento de las campañas y la transferencia de recursos públicos hacia las radiodifusoras y televisoras. Se llegó a decir incluso que el nuevo modelo resultaba inviable. Y sin embargo, en las elecciones de 2009 funcionó. Hoy el IFE y la CIRT se congratulan, y con razón, de que los concesionarios lograron un cumplimiento superior al 97 por ciento.
5. Pese a ese éxito, la CIRT ha mantenido una línea de confrontación que poco ayuda a la construcción de la certidumbre que debe presidir a los procesos electorales. El último episodio es un ejemplo elocuente. El Consejo General del IFE aprobó modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión con la legítima y comprensible intención de acortar los plazos entre la entrega de los materiales a las estaciones de radio y televisión y su transmisión. Ese mismo día la CIRT publicó un desplegado cuyo título era: "Reglamento de Radio y TV que hoy pretende aprobar IFE pone en riesgo elección presidencial" y que concluía con la siguiente pregunta: "¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrá la radio y la TV?". ¿Tiene algún sentido productivo el tono apocalíptico de ese texto? ¿No resulta natural el deseo del IFE de hacer más eficientes las campañas y que los afiliados a la CIRT deberían acompañar esa intención? Máxime que cuentan con una vía institucional para impugnar esa disposición y han decidido explotarla. Han recurrido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vale la pena esperar su resolución sin desplantes agitados.
Ojalá los conductos de comunicación entre el IFE y la CIRT se fortalezcan, que las consultas se vuelvan parte de una rutina, que sus opiniones y necesidades puedan ser valoradas. Eso a todos conviene. Pero para ello sería conveniente que la CIRT no deslizara fórmulas insidiosas tratando de erosionar a la autoridad. En una réplica a mi artículo "Televisoras y elecciones" me dice: "Woldenberg parece no estar al tanto de las decisiones que ha tomado el otrora IFE ciudadano". Creo estar al tanto, pero el IFE es desde su creación y hasta la fecha una institución del Estado, un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Y eso lo debería saber y asimilar la Cámara.
6. En ese mismo artículo terminaba haciendo una pregunta: "¿No habrá llegado la hora de que los dueños de las televisoras nos digan si van a cooperar para que el proceso electoral transcurra de buena manera?". Y hoy la reitero.
No se trata solamente de que repitan en forma protocolar el compromiso con la democracia y la ley, que en sí mismo tiene valor, sino de asumir también las normas que puedan estar limitando intereses particulares en aras de un interés superior y de acatar las disposiciones que la autoridad fije. Vuelvo al inicio: los medios tienen una centralidad mayúscula en nuestra vida pública; son las arterias a través de las cuales circula la información, el debate, los prejuicios, las ocurrencias; de su comportamiento depende, en buena medida, la calidad de nuestra convivencia. Por ello su responsabilidad es superior e intransferible. Y deben asumir que sus intereses tienen que anudarse virtuosamente con los del resto de la sociedad, porque no son el único actor en el escenario.

LOS NUEVOS VIRREYES

MIGUEL CARBONELL

La reforma política más importante y más urgente para México no tiene que ver con la reelección legislativa, con la suplencia presidencial, con el referéndum o el plebiscito, ni con las candidaturas ciudadanas. Todo eso es importante y sería muy bueno que estuviera bien regulado por la Constitución mexicana, pero el tema central hoy día para nuestra democracia tiene que ver con los poderes locales y, en concreto, con el poder prácticamente absoluto que tienen los gobernadores de los estados.
Nunca, en toda la historia, las entidades federativas habían recibido tanto dinero como el que han tenido en los últimos años. A través del control que ejercen sobre el voto de los diputados en el Congreso de la Unión, los gobernadores han conseguido presupuestos cada vez más abultados, los cuales han sido gastados, muchas veces, en obras completamente inútiles, destinadas más al lucimiento personal que a servir de modo efectivo a los ciudadanos.
Muchas de esas obras (como sucede por ejemplo en Nuevo León, Oaxaca o Zacatecas) ni siquiera han podido ser utilizadas porque fueron mal construidas o porque no se terminaron a tiempo. El dispendio, la arbitrariedad en el ejercicio del gasto y una más que presumible corrupción es lo que parece ser el común denominador en muchas entidades federativas. Los gobernadores no le rinden cuentas a nadie. Su poder los ha convertido en los nuevos virreyes. Por eso es que la reforma más importante que debemos emprender en la actualidad es la del federalismo mexicano.
Lo sorprendente es que, a pesar de los muchos recursos que han recibido, a algunos gobernadores no les ha alcanzado. Su apetito presupuestal insaciable los ha llevado no solamente a gastar hasta el último centavo que les llega desde la federación, sino también a endeudar a las actuales y a las futuras generaciones.
Cuando Humberto Moreira tomó posesión como gobernador de Coahuila la deuda estatal era de 323 millones de pesos. Al finalizar su mandato era de alrededor de 32 mil millones. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2005 y 2009 el gobierno de Chihuahua elevó su deuda en un 709%, el de Oaxaca en un 668%, el de Tamaulipas en un 427%, el de Chiapas en un 424% y el de Nayarit en un 407%. Los virreyes del siglo XXI han demostrado tener un apetito voraz e incontrolado.
Una reforma del federalismo mexicano debe enfrentar al menos dos temas muy delicados: primero, ¿qué atribuciones o competencias le toca desarrollar a cada uno de los niveles de gobierno? Y segundo, ¿qué tipo de controles y qué esquemas de rendición de cuentas deben existir para los poderes locales? Si no resolvemos estos dos asuntos (entre otros que podrían mencionarse), seguiremos teniendo un acuerdo político disfuncional, cuyos principales perjudicados seremos, como siempre, los ciudadanos.
Como lo ha señalado Carlos Elizondo Mayer-Serra, los gobernadores han pasado de tener una “responsabilidad sin poder” a ejercer un “poder sin responsabilidad”. Pese a todas las tropelías que están a la vista de cualquier ciudadano, hasta el momento no hay un solo ex gobernador que haya sido procesado por malversación de fondos, desvío de recursos u otra responsabilidad derivada del mal ejercicio de su cargo al frente de una entidad. Tal parece que muchos de ellos han sabido utilizar distintas artimañas (incluyendo suculentos sobornos a legisladores de los partidos de oposición) para ver aprobadas sus cuentas públicas y salir libres de todo tipo de imputación oficial.
Por si lo anterior fuera poco, los gobernadores han además perfeccionado el arte de aparecer como no responsables en temas que inquietan sobremanera a los ciudadanos. Es el caso de la inseguridad pública que se vive en buena parte del territorio nacional, la que muchos estiman que es responsabilidad del presidente Calderón, cuando lo cierto es que son los gobiernos locales los que han tenido una actuación desastrosa en esa materia.
Recordemos que el 87% de todos los policías que tenemos en México están bajo las órdenes de los gobernadores o de los presidentes municipales y que el 89% de todos los delitos que se cometen les corresponde investigarlos y juzgarlos a las autoridades locales. Pero en esa materia los gobernadores se limitan a pedir más recursos a la federación y a señalar el deber de ayudarlos que tienen las autoridades federales, cuando lo cierto es que han fallado clamorosamente en depurar sus cuerpos policiacos, capacitar bien a sus elementos y darles el equipo necesario para cumplir eficazmente con su deber. En materia de combate a la inseguridad, la enorme mayoría de los gobiernos locales salen reprobados, pero ningún gobernador ha tenido el decoro de reconocerlo y, en consecuencia, presentar su renuncia.
Y no lo hacen ni es probable que lo hagan porque se sienten y se conducen como si fueran virreyes. Lo peor de todo es que lo seguirán siendo mientras nosotros se los sigamos permitiendo.

MALA ECONOMÍA: ¿ALGUIÉN ES RESPONSABLE?

CIRO MURAYAMA RENDÓN

El bienestar de los mexicanos empeora desde 2006. La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2010, publicada el 15 de julio pasado, revela que el ingreso de los hogares se redujo 6.8% en términos reales entre 2008 y 2010. La encuesta previa, levantada en 2008, señaló también una tendencia negativa, pues el ingreso real de las familias había disminuido 1.6% entre 2006 y 2008. Así, el ingreso y el poder de compra de las familias vienen reduciéndose a cada medición.
Si se deteriora la capacidad de adquirir bienes y servicios básicos como alimentos, vestido, educación y transporte para la amplia mayoría de la población captada en la encuesta —los “ricos ricos” no suelen abrir la puerta al encuestador de INEGI para dar cuenta de sus flujos de ingreso ni de sus compras—, resulta más que evidente el extravío analítico de quienes festinaban una expansión veloz de la clase media. La “creencia” de que mejora la calidad de vida de los mexicanos se desmorona cada que se confronta con la evidencia objetiva de las cifras, en este caso oficiales, que muestran un mar profundo de desigualdad y pobreza como la principal característica de nuestra sociedad.
A estas alturas, sólo una dogmática insensibilidad puede dar lugar a diagnósticos complacientes con la realidad económica y social de México. Uno de los aciertos de la difusión de la ENIGH 2010 es que ha servido, aunque no sabemos por cuánto tiempo, para que en buena parte de la prensa escrita se reconozca que las cosas marchan mal para el sustento las familias mexicanas.
Importa, ahora, cuestionarse acerca de qué explica estos malos resultados. Una opción muy a mano, sobre todo porque transfiere la responsabilidad a otros, consiste en recurrir al factor externo y atribuir todo a la crisis que “vino de fuera”. Sin embargo, esa misma crisis afectó y se enfrentó de forma distinta en el mundo en desarrollo. Baste decir que de acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2007 América Latina crecía en promedio 5.7%, y México iba rezagado al 3.2%; con la crisis en 2009 el PIB de Latinoamérica se contrajo 1.7% pero en México el traspié alcanzó una pérdida de 6.1 puntos del PIB; la recuperación de 2010 para el resto de la región fue de 6.1% y más lenta en nuestro país, de 5.5%. En suma, la crisis internacional no alcanza a explicar por qué la economía mexicana crece menos que sus pares y por qué el bienestar de la población continúa en declive.
Una respuesta menos confortable tiene que ver con revisar el tipo y la calidad de la política económica instrumentada.
Destaca, en primer lugar, la poca pericia de las autoridades económicas para diagnosticar con cierta precisión la marcha de la economía nacional y mundial. Desde 2007 el documento titulado “Criterios generales de política económica”, que presenta año con año la Secretaría de Hacienda, contenía una sobreestimación del crecimiento, pero ello se ahondó en 2008 (Hacienda previó un aumento del PIB de más del doble del alcanzado: 3.5% vs 1.5% real) y llegó a su extremo en 2009: en plena crisis el gobierno estimó un aumento de la actividad de 3% que finalmente se concretó en un descalabro de -6.1% del PIB.
La mala calidad de los diagnósticos se traduce en políticas erróneas. En los “Criterios generales de política económica” a lo largo del sexenio se encuentran ejemplos de cómo, en los hechos, no ha existido una estrategia para favorecer el crecimiento.
Para 2007, en el documento de criterios se expresa que la política de gasto “incluirá un importante programa de austeridad” (p.175), lo que contribuyó a que nuestro crecimiento fuera menor que el del resto de AL.
Para 2009, las autoridades previeron un aumento de la demanda del sector público de 4.6%, representando una contracción frente al 7.5% del ejercicio anterior (p. 53); es decir, con la crisis a cuestas en México se optaba por una política procíclica, lo contrario a lo hecho por los países latinoamericanos que cerraron la década con buenos resultados.
Para 2010, Hacienda perfiló en su documento una reducción del gasto programable como porcentaje del PIB frente a 2009 (p. 100), lo que de nuevo muestra una política contractiva y no en pos del crecimiento.
Otra causa tiene que ver con la política cambiaria, cuyo manejo corresponde al Banco de México. Si en las primeras semanas del sexenio el dólar rondaba los once pesos, para fines de 2010 el dólar no alcanzaba los 13 pesos, lo que indica que, en un escenario generalizado de devaluaciones competitivas propiciadas por la crisis, el peso mexicano se mantuvo sobrevaluado afectando a los productores nacionales.
Las causas del mal desempeño de la economía mexicana son múltiples, pero las autoridades económicas tienen una responsabilidad mayor ineludible. Los malos datos de la ENIGH son elocuente reflejo de la política económica seguida.

CON OTRO OSLO EN LA CABEZA

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Noruega, qué es Noruega. Imágenes de vikingos taciturnos, bebedores compulsivos y noctámbulos depresivos en un invierno que para la lógica latinoamericana no es más que un infierno con la luz apagada y sin calefacción. Para mí, recuerdos inconexos de un viaje a Oslo en 2003 para asistir a la boda de dos buenos amigos. Ella noruega, él galés. Un febrero cuyo principal regalo fueron la experiencia de caminar por un campo emblanquecido por kilómetros de nieve a diez grados bajo cero y la oportunidad de regresarle al primer mundo los adjetivos de exótico y salvaje.
El pellizco cómplice de mi esposa cuando fui incapaz de alejarme de la barra con nuestras dos pintas de cerveza servidas con prontitud y grandes fanfarrias por tres noruegas de ojos grandes y bronceados cachetes salidas de un anuncio de Volvo. El pellizco que yo le di a ella horas antes cuando su intercambio con el rubio vendedor de artesanías había excedido lo que, de acuerdo a mi hipotálamo labrado a la mexicana, constituye un intercambio de sonrisas aceptable para una transacción comercial.
Una boda en donde prácticamente 20 de los 22 invitados leyeron un discurso dirigido a los novios que, en una cabaña ubicada a 40 minutos al norte de la capital, alzaban sus copas en cada turno para agradecer la gentileza e ingenio de cada orador. Una celebración que concluyó sin baile, ni ligas, ni ramos y menos aún sin borrachos inoportunos. Un ambiente de sobriedad causado en gran medida por el Estado noruego que ha decidido hacer del alcohol el depositario de su malicia fiscal.
El seco y fuerte sabor de unos embutidos de carne de alce. Bestia a la que jamás me hubiera imaginado ingerir y cuya existencia para mi cerebro, otra vez ese repujado artesanal mexicano, se concentraba en una serie de dibujos animados en donde un tal Boris y una tal Natasha hacían desvariar a una ardilla y uno de estos especímenes de retorcida cuernudez.
La caminata por el parque de esculturas del artista Gustav Vigeland a temperaturas ingentes para nuestro termómetro chilango. La retirada presurosa a un restaurante de pizzas llamado Peppe’s que hizo valer la pena cada minuto de congelamiento para llegar a él. La mermelada de cereza que Gunhild, nuestra anfitriona en la ciudad y amiga de la familia de la novia, dejara en la mesa todas las mañanas junto a las rebanadas de un pan que a la fecha solemos olfatear en la memoria. La aun sorpresiva combinación de esta dulce mermelada con un tarro de vidrio en cuya apestosa salmuera nadaban vísceras de pescado, trozos inespecíficos de criaturas varias del reino marino, o anexos, y en donde pinchar un ojo girando perezosamente podría haber sido considerado un hecho de fortuna descomunal por los locales.
Un taxista musulmán que amablemente nos llevó del aeropuerto a casa de nuestra anfitriona en un pomposo Mercedes Benz. Su charla en inglés que sugería tiempo en el país y una vida adaptada al trabajo. Nuestra reflexión aquella primera noche sobre la notoria presencia de musulmanes en las calles de Oslo. O por lo menos de hombres y mujeres que en nuestra percepción pertenecían a una calle turca o iraní. La celebración del multiculturalismo a la europea que desnudaba el racismo institucionalizado de nuestro propio país.
Las risas en un pub, años antes, en algún punto de la campiña inglesa de Yorkshire en donde nuestra amiga Eva nos platicaba sobre la existencia de un periódico noruego, del cual era orgullosa suscriptora, titulado ‘lucha de clases’. Su molestia con un sistema educativo que inhibía la competencia entre alumnos y suprimía rigurosamente la distinción de primeros lugares en el aula. Un sistema basado en la equidad por encima de cualquier otro valor educativo. Para bien o para mal, fruto de la socialdemocracia escandinava.
Las primeras noticias de un loco que, viviendo en la fantasía de la superioridad de una raza sobre otras, había decidido hacer el mayor daño posible a quienes vivían los días más intensos que una persona puede vivir. Días de la primera libertad y el autoconocimiento, días de abandono en lo desconocido, días de formación del espíritu, días de recuerdos indelebles para la vida adulta. Días, también, sin retorno para muchos de ellos. Días que perdieron su significado original para quienes estaban allí el pasado 23 de julio y para quienes, como el actual primer ministro noruego, ya antes habían cruzado las aguas hacia un verano en la isla de Utoya. Veo que mis recuerdos de este grandulón escandinavo siguen intactos. Que sea este mi grano de arena para el pueblo noruego en este duro momento: conservar su recuerdo al margen de la sangre y el horror de los últimos días.

UN NUEVO MODELO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado Mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.
Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben:

a) Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución;
b) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y,
d) Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

De esta manera, al crearse el Instituto Federal Electoral, como órgano autónomo constitucional, como resultado de diversas reformas constitucionales, se buscó la credibilidad y transparencia en las elecciones federales.
El Banco de México, el cual se inició como una sociedad anónima, con motivo de la reforma constitucional al artículo 28, párrafos sexto y séptimo, se configuró el Banco Central como institución autónoma, reforzando su función reguladora de la política monetaria procurando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, los cambios, la intermediación, los servicios financieros, así como los sistemas de pagos, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inició sus actividades como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante reforma al artículo 102 de la Constitución Federal, se elevó a rango constitucional, como un organismo auxiliar de la defensa de los derechos humanos que protegiera y defendiera a los ciudadanos en sus libertades y derechos fundamentales, en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los emitidos por el Poder Judicial de la Federación, así como los provenientes de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
De esta manera, al dotar a la Procuraduría General de la República, como órgano autónomo constitucional, se busca la credibilidad y transparencia en el ámbito de la procuración de justicia, lo que sin duda reforzaría su función como un ente del Estado que verdaderamente reguladora de la política criminal que debe asumir México en el combate a la delincuencia, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo social nacional.
El Estado en uso de la libertad soberana que gozan en su régimen de la Constitución Federal, pueden según sus necesidades, crear cuantos órganos autónomos se consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.
En este sentido, toda vez que en nuestro régimen constitucional no existe precepto que autorice la creación de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, se ha permitido su existencia en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, sin que, por otro lado, se advierta que la incorporación de dichos organismos autónomos sea privativa del Órgano Reformador de la Constitución Federal, por lo que puede válidamente concluirse que la federación, al ser libre y soberana, esto es, autónomas en cuanto a su régimen interior, se encuentran facultadas para crear órganos constitucionales independientes de los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con la única limitante de respetar los principios fundamentales de la Constitución Federal.
Bajo ese tenor, el Órgano Reformador de la Constitución puede erigir a la Procuraduría General de la República como un órgano constitucional autónomo de procuración de justicia.
Ahora bien, no obstante haber concluido que se pueden crear órganos constitucionales autónomos, es conveniente analizar si la creación de un órgano autónomo estatal encargado de la procuración de justicia, tiene o no un sustento jurídico, que justifique su creación, pues no debe soslayarse, como se ha plasmado, que la característica principal que distingue a este tipo de organismos radica en atender necesidades o funciones torales del Estado, que no han sido atendidas o bien que no se ha considerado conveniente que las realicen los poderes tradicionales, en aras del bien social.
Para ello, debe recordarse que conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, asimismo, el citado precepto constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.
Así las cosas, si el Estado tiene la obligación de garantizar la persecución de los delitos y la seguridad personal de los ciudadanos, supone el deber a cargo de los poderes públicos federales e, incluso locales de crear las estructuras necesarias para el adecuado, efectivo desarrollo y garantía de la reparación del daño de aquellos que han sufrido el embate de la delincuencia en nuestro país.
De esta manera, en el orden federal resulta necesario, dotar a la Procuraduría General de la República como un órgano de la administración pública federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de la persecución de los delitos y garantizar el derecho a la reparación del daño de aquellos que han resultado ser victima de la delincuencia, frente a entidades y dependencias que forman parte de la administración pública.
Lo anterior, en la medida que en el orden jurídico federal, es necesario para garantizar la efectiva procuración de justicia, la existencia de un organismo autónomo que frente a la administración pública federal y en cuanto a los demás poderes constituidos y organismos constitucionales autónomos, con la creación de órganos establecidos mediante reglamentos o acuerdos de carácter general.
En mi opinión, para evitar que México continúe en un estado de constante impunidad, debe dársele a la Procuraduría General de la República el carácter de un organismo constitucional autónomo, esto es, que sea ajena o desvinculada completamente a los poderes del Estado, pues ello, en principio, fortalecería la credibilidad de esa institución tan desacreditada y, por otro lado, aseguraría su independencia como un verdadero órgano de procuración de justicia, que tanto hace falta, a fin de evitar que sólo sirva a los intereses del grupo de poder en turno.
El Ministerio Público en nuestro país —la sociedad cada vez más lo exige— debe ser un verdadero garante de los gobernados, dedicado a investigar, no con base en la premisa del abuso o simulación de pruebas —como se ha hecho hasta ahora— sino con cimientos científicos, echando mano de todos aquellos avances tecnológicos que son usados en otros países. Que sea una autoridad respetuosa de la ley y de los derechos humanos.
De otro modo, seguiremos viendo las equivocaciones en que incurre el Ministerio Público. Debe evitarse que la Procuraduría General de la República caiga constantemente en el escándalo de doble vertiente; de comedia y tragedia. Evitarlo, estimo, es posible elevándola a nivel de un organismo constitucional autónomo.
Sería algo muy sano y relevante para nuestro sistema de procuración de justicia, una reforma de tan importante institución del Estado, pues en ese sentido constituiría un logro de gran magnitud histórica para el poder legislativo, que sin duda repercutiría en la sociedad.

DESARRAIGAR EL ARRAIGO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

¡Qué bien, el Congreso del Estado de Chiapas ha desarraigado el arraigo! Desde hace mucho tiempo nos venimos oponiendo a él por su evidente anticonstitucionalidad, ya que "nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos", dice el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo que el arraigo lo solicita el Ministerio Público al juez en la etapa de la averiguación del posible delito -delincuencia organizada o no- y antes de que haya juicio. ¡Ojalá el ejemplo histórico de Chiapas cunda en la República entera y tomen debida nota partidos políticos y aspirantes a la Presidencia de la República! La medida impulsada por el gobernador Juan José Sabines Guerrero nos señala qué cambiar urgentemente en México, comenzando con la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública que consagra el arraigo para los sospechosos de delincuencia organizada, lo cual es contra la presunción de inocencia que se mantiene hasta que un juez declare la culpabilidad correspondiente. Cambio que debe ir acompañado por el de la "estrategia" equivocada y en mi concepto fracasada que sigue el gobierno federal en su guerra contra el crimen. El gobernador chiapaneco dijo que los arraigados en su Estado no comparecieron ante un juez sino que eran nada más "presuntos culpables". "Se practicó -sostuvo- el autoritarismo, la represión de gente inocente, de miles de personas, lo que lastima porque estuvieron sufriendo y padeciendo". Qué dirá ahora Alejandro Poiré, quien en sus "monitos" asegura que el gobierno federal no sólo está abierto a seguir escuchando opiniones y críticas sobre su estrategia anticrimen, sino también dispuesto a rectificar errores y buscar nuevas alternativas. ¡Menuda opinión y crítica la de Chiapas! ¡Que se rectifique a nivel federal el error del arraigo y se busquen otras alternativas sin privar inconstitucionalmente de la libertad! El ejemplo es notable pues en el Estado donde un día se levantó el clamor popular como nunca antes, ninguno de los 40 diputados de los siete partidos se opuso a la erradicación del arraigo. Los 118 ayuntamientos dieron su respaldo a la reforma del artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Desde luego se ha reconocido la primacía e inviolabilidad del párrafo segundo del artículo 14, que ya cité, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la privación de la libertad sin previo juicio, coincidiendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consonancia absoluta con el artículo 135 de la misma Constitución Federal.
Ahora bien, esperemos que vengan tiempos mejores para México a partir de las elecciones presidenciales de 2012. El pueblo sabe y le consta que cada tres o seis años se lo consulta -¡es imprescindible!- para luego olvidarlo. Lo grave no obstante es que el pueblo pueda olvidar a sus gobernantes, o aspirantes a gobernar, olvidando también el sentido de la democracia. Por eso hay que oírlo, escucharlo y atender sus demandas, que es lo que han hecho el gobernador Sabines Guerrero y el Congreso de su Estado. ¡En hora buena! Es verdad que el arraigo da resultados en la práctica, o sea, que se puede evitar la fuga de muchos presuntos responsables de la comisión de un delito. ¿Cómo? Reteniéndolos inconstitucionalmente. En consecuencia el dilema es claro, o se logran esos resultados en contra de lo ordenado en la Carta Magna o se acatan enteramente las normas jurídicas de ésta. Al respecto yo creo firmemente que el predomino de la praxis sobre la ley hiere de muerte a la moral pública, aparte de que encierra una gravísima contradicción en el Estado de Derecho. Lo anterior solivianta al cuerpo social y a sus integrantes, delincuentes o no. Y si lo son, su respuesta es despiadadamente violenta como lo ha sido.

miércoles, 27 de julio de 2011

LA REVOLUCIÓN COPERNICANA

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Una de las metáforas más célebres de Kant es la idea de la "Revolución copernicana", expresión usada por el filósofo de Königsberg para indicar un cambio radical de paradigmas conceptuales. Lo que ha ocurrido en los dos últimos meses en nuestro país en relación con la garantía jurídica de los derechos fundamentales, primero con las reformas constitucionales de amparo y de derechos humanos publicadas a principios de junio, y, hace un par de semanas, con las decisiones adoptadas por la Suprema Corte con motivo de los alcances de la sentencia de la Corte Intermericana de Derechos Humanos sobre el “caso Radilla”, constituyen un cambio de paradigmas tan radical que bien puede ser considerado una auténtica revolución copernicana en la materia
Lo anterior no supone, por supuesto, que de la noche a la mañana la situación crítica que viven los derechos humanos se haya resuelto. Desafortunadamente el grado de vulneración y vulnerabilidad de éstos en México sigue siendo alarmante y queda mucho trecho para poder tener un contexto aceptable. Los esfuerzos por venir en ese sentido son mayúsculos. Pero gracias a las decisiones del legislador constitucional primero, y de la SCJN después, el escenario hoy es mucho más propicio que hace apenas unos cuantos meses.
La discusión que a lo largo de dos semanas sostuvo el Pleno de la SCJN sobre las implicaciones y el alcance que tenía para el poder judicial la resolución de la Corte Interamericana sobre el asunto Radilla rebasó por mucho el caso específico y se convirtió en el primer gran precedente de interpretación de la reciente reforma constitucional de derechos humanos por parte de nuestro máximo tribunal. Así, la Corte fue mucho más allá del mero acatamiento y sentó las nuevas bases interpretativas de los derechos humanos para los tribunales a la luz de los nuevos preceptos constitucionales y, en particular, el nuevo artículo primero de la Carta Magna.
No pretendo menospreciar el significado específico de los pronunciamientos de la Corte respecto del futuro desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de Rosendo Radilla y la existencia (hoy negada) del fuero militar (previsto por el aberrante artículo 57 del Código de Justicia Militar) para juzgar a miembros de las fuerzas armadas en casos que supongan la violación de derechos humanos cometidos contra civiles; pero lo verdaderamente histórico de la decisión de la Corte tiene que ver, a mi juicio, con el alcance que debe dársele a las reformas constitucionales y, sobre todo, el papel que los jueces juegan como instancias de garantías de los derechos.
Y es que la SCJN, insisto, yendo mucho más allá del caso concreto, estableció una serie de criterios generales que suponen un parteaguas en tema de la protección de los derechos en nuestro país.
Ante todo, se determinó la obligatoriedad de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano (con lo que zanjó una vergonzosa discusión que todavía se mantenía abierta para muchos), así como el carácter orientador que para el poder judicial tiene la jurisprudencia de ese órgano de justicia internacional cuando México no sea parte de los casos específicos que la produjeron.
Pero además, se determinó que todos los jueces del país, con idendependencia de su materia y de su jurisdicción están obligados a ejercer de oficio (a la luz de la Constitución) un control de convencionalidad de los actos y normas involucrados en los asuntos que conozcan; es decir, vigilar que dichos actos y normas no contravengan los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Así se establece, en los hechos, un control difuso de los derechos a cargo de todos los juzgadores, quienes deberán protegerlos a partir de lo que prevengan tanto la Constitución como los tratados y con la finalidad de no aplicar las normas o actos que los vulneren en los casos concretos que estén conociendo.
Hace algunas semanas, en ese mismo espacio, señalé la auténtica revolución cultural que, en términos jurídicos y jurisdiccionales, suponían los recientes cambios constitucionales en esta materia. Hoy la SCJN, congruente con el significado de las mismos, ha dado un paso importantísimo y ha elevado el listón de exigencia que deben cumplir los jueces, marcando, de manera —esperemos indefectible— la ruta que en nuestro país debe seguir la protección de los derechos.

ENSEÑANZAS DE UN ESCÁNDALO

OLGA PELLICER

El escándalo desatado en Gran Bretaña, al darse a conocer que periodistas pertenecientes al gran imperio de comunicaciones encabezado por el magnate australiano Rupert Murdoch llevaban a cabo acciones muy condenables –como escuchas telefónicas o sobornos a la policía– para obtener información, ha tenido repercusiones enormes. Han salido a la luz algunos de los aspectos más deleznables del periodismo, la política y los negocios. Se han abierto investigaciones de ambos lados del Atlántico para determinar la responsabilidad en que pueden haber incurrido los diversos medios de comunicación pertenecientes a News Corporation, el poderoso conglomerado que incluye desde tabloides como el Sun de Londres hasta el respetable Wall Street Journal de Nueva York y la conocida cadena de noticias Fox.
El escándalo ya provocó el cierre de News of the World, un semanario dominical londinense que tenía 168 años de vida. El semanario estaba destinado, principalmente, al entretenimiento de la clase obrera mediante reportajes sobre personalidades de la realeza o el mundo del espectáculo, con interés especial en detalles de su vida sexual. Para sus propietarios, lo atractivo eran las ganancias que producía, ya que su tiraje se situaba entre dos y cinco millones de ejemplares.
A primera vista, parecería que este escándalo es un motivo más para desconfiar de periodistas y políticos, un dato adicional para alimentar el escepticismo que muchos experimentan ante todo lo relacionado con la vida pública. Sin embargo visto con más cuidado, este episodio contiene enseñanzas provechosas que pueden ayudar a fortalecer la vida democrática, uno de cuyos pilares es el ejercicio del periodismo plural y responsable. El sistema político británico puede salir fortalecido de este asunto, provisto de virtudes que bien vale la pena destacar.
En primer lugar, hay que festejar la mejor tradición de la prensa británica expresada en el excelente trabajo llevado a cabo por el periódico The Guardian. El diario londinense ha hecho honor a su nombre: ha sido el guardián de la moral pública y el periodismo de investigación serio y responsable. Con gran tenacidad, investigó, confirmó y denunció las acciones llevadas a cabo por los periodistas de News of the World. Sistemáticamente publicó información sobre el espionaje telefónico que llevaban a cabo, lo que, finalmente, le permitió poner en evidencia las prácticas corruptas y las ambiciones que inspiraban al mayor grupo de comunicación en el mundo.
En segundo lugar, cabe destacar la actitud responsable de los líderes de los partidos políticos de Gran Bretaña, al haber tomado una posición común en el Parlamento para solicitar que el Comité encargado de cultura y medios de comunicación lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos. De entrada, el asunto perjudica más al Primer Ministro, quien durante su campaña, contrató como su jefe de comunicaciones a un experiodista de News of the World. No obstante, su partido, el partido conservador, no vaciló en unirse a los otros partidos para lograr unanimidad.
En tercer lugar, es significativa la renuncia de los dos altos mandos de Scotland Yard. La carta de renuncia del director, sir Paul Stephenson, es un interesante documento político que refleja, de una parte, la voluntad de exaltar el prestigio de la institución que presidía; de la otra, la convicción de que su salida es indispensable para contribuir al esclarecimiento de los hechos y colocar en mejor posición a Scotland Yard para las tareas que tiene hacia el futuro, en particular mantener el orden durante los juegos olímpicos del próximo año.
Finalmente, cabe señalar la detención rápida de personalidades más directamente vinculadas a las acciones ilegales de News of the World. Al momento de escribir este artículo ya habían sido arrestadas 10 personas. El caso más llamativo es el de la exdirectora editorial del semanario, Rebekah Brooks, por su conocida cercanía con Murdoch y por el reconocimiento que otrora le otorgaban las personalidades más conocidas del mundo empresarial y político.
Lo anterior es significativo para un último punto que quería tratar: la decisión que se advierte ahora para actuar, aun cuando al hacerlo se pongan en peligro las relaciones con las personalidades más poderosas del mundo de las comunicaciones. Uno de los temas que mayormente viene inquietando a académicos y analistas políticos es el peso de los medios de comunicación en el funcionamiento de los sistemas políticos. La necesidad de estar en buenos términos con algunos de ellos, en particular los que pueden manejar el arma del chantaje o los que tienen un peso desmedido sobre la opinión pública, lleva frecuentemente a convertirlos en los hacedores de líderes y de políticas. Los tomadores de decisión no se atreven a enfrentarlos. Así, el miedo a la prensa o la televisión ha condicionado en mucho el comportamiento de numerosos líderes.
De ninguna manera creo que los medios de comunicación se van a debilitar dentro de la vida política británica por el escándalo que se está viviendo. Han sido y seguirán siendo uno de los elementos más vitales de la vida democrática en ese país. Lo que sí va a cambiar –ojalá de forma significativa– es la impunidad de quienes venían utilizando técnicas condenables, el contubernio con la policía, el miedo de los políticos a sus amenazas.
Sería un error pensar que el derrumbe del imperio de Murdoch sólo se refiere a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Sus repercusiones se sienten a través del mundo y sus enseñanzas son útiles para orientar la acción de todos aquellos a quienes preocupa encontrar el equilibrio entre los medios de comunicación y la independencia de los partidos políticos, la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos, la información necesaria y la privacidad. Hay mucho que hacer en México para encontrar ese equilibrio.

martes, 26 de julio de 2011

EL ÁRBITRO Y LAS REGLAS

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

La rudeza de la CIRT contra el IFE ha hecho que se omitan del análisis otros cambios que los consejeros electorales decidieron introducir al Reglamento cuestionado.
Hay una derogación, respecto del Reglamento de 2008, que merece especial atención; me refiero a la norma que especificaba lo siguiente: "Si por cualquier causa un partido político o coalición, sus militantes y precandidatos a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido no realizan actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes genéricos del partido político de que se trate" (párrafo 5 del artículo 13 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión, Acuerdo CG327/2008; Diario Oficial de la Federación 11/08/08).
A pesar de su deficiente redacción, esa norma reglamentaria tenía lógica al guardar congruencia con las normas contenidas en el Cofipe en materia de uso por los partidos políticos de los tiempos en televisión y radio durante las precampañas.
Si un partido decide tener un solo precandidato a un cargo de elección popular, está en su derecho; pero es obvio que entonces no procede que el precandidato único realice actos públicos de precampaña, pues ésta supone, por definición, competencia entre dos o más aspirantes. Es criterio establecido por las autoridades que el precandidato único solo puede realizar reuniones con los militantes de su partido, o con los consejeros o delegados de los respectivos órganos de dirección; ante ellos podrá explicar sus propuestas.
Por tanto, el precandidato único no debe realizar actos de precampaña dirigidos al electorado en general. En pocas palabras: si hay un único precandidato, no puede haber precampaña. No se puede competir con uno mismo, ni con su propia sombra.
Sin explicación alguna, salvo que como tal se admita la invocación a la "técnica legislativa", los consejeros del IFE decidieron borrar del mapa la limitación de que, ante la situación de precandidatos únicos, los partidos tendrían que difundir "propaganda genérica" en TV y radio.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Sala Superior del TEPJF, habían establecido el criterio, en diversas sentencias al respecto, que la existencia de precandidato único impide actos de precampaña por parte del mismo y de su partido o coalición. Cito a ese respecto lo que la Corte aprobó en su sentencia en el caso de la ley electoral de Baja California respecto de precandidatos únicos: "Permitir actos o propaganda en la fase de precampaña, cuando no requieren alcanzar su nominación, sí sería inequitativo para los precandidatos de los demás partidos que sí deben someterse a un proceso democrático de selección interna y obtener el voto necesario para ser postulado candidato; aunado a que ello podría generar una difusión o proyección de su imagen previamente a la fase de campaña, que igualmente genera inequidad en la contienda frente a los demás candidatos que lleguen a postularse". (AI 85/2009, DOF 23/03/2010).
Ante la derogación de la citada norma reglamentaria se abre un amplio espacio de conflicto. Imaginemos que un partido decide tener "candidato de unidad" y que por ausencia de norma reglamentaria éste aparece en TV y radio, en espectaculares en la vía pública, en medios impresos, en todos los demás medios y formas habidas y por haber. Mientras tanto, en otros partidos, sus precandidatos discutirán cómo entrar a los mismos medios, y sus partidos discutirán qué pueden hacer.
Por atender el conflicto entre la CIRT y el IFE perdimos de vista otros problemas que la fiebre reglamentaria puede haber generado.
Los seis consejeros dijeron que todo funcionó bien en 2009, que el cumplimiento de canales y estaciones de TV y radio fue superior al 95%; que podían operar con las normas legales y con los reglamentos aprobados en 2008, por un consejo integrado plenamente. La verdad, no se entiende qué los motivó a emprender la reforma de reglamentos en las condiciones y circunstancias en que el IFE se encuentra desde octubre del año pasado, con su Consejo General incompleto. En una hipótesis plausible, si los tres futuros consejeros coinciden con los que han votado en contra de la reforma a varios reglamentos, harían mayoría.
Pero quizá lo principal es tener presente que el árbitro no juega, arbitra.

DEL SENADO A LA SEDENA

JAVIER CORRAL JURADO

El Presidente de la República ha logrado un acuerdo con el presidente del PRI, Humberto Moreira, para un periodo extraordinario de sesiones a realizarse previsiblemente el 16 de agosto, en la que tanto reforma laboral como de Seguridad Nacional serían las materias a legislar. Moreira ha comprometido la voluntad del PRI, y el presidente Calderón parece hacerlo a nombre del PAN. Sobre ninguno de los temas existe en la Cámara de Diputados dictamen final alguno, por lo que se prevé una presión también extraordinaria sobre los legisladores para la confección de esos acuerdos, o se buscará imponer documentos no elaborados por ellos.
Un periodo extraordinario sólo puede ser convocado cuando existen dictámenes de comisión, porque se parte del supuesto que los legisladores especialistas (en las comisiones de la materia) han concluido la discusión y pueden ir a pleno a exponer razones a favor o en contra de un dictamen.
El PRI ejerció la semana pasada un mayoriteo en la Comisión de Gobernación para evitar una subcomisión redactora del predictamen en la que se pretendía una revisión más precisa y ordenada de esas reformas, para analizar lo presentado en las audiencias y el foro nacional, que se organizaron a manera de consulta pública directa para conocer la opinión de expertos, que resultó muy crítica.
Digo mayoriteo del PRI y no mayoría, porque se trató de un cambio de último minuto en la posición que habían convenido. Sinuosos, dobles en su manejo político —casi como característica intrínseca de su ser priísta—, hicieron requerimientos que retrasaron el trabajo. El día que fueron convocados para votar la subcomisión, la rechazaron, cínicamente en nombre de la prontitud que el pueblo de México exige. Buscan ir directamente al pleno de la Comisión para repetir el ejercicio de su mayoría y sacar el dictamen que han hecho propio.
Don Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob ha admitido la existencia de dos proyectos: “Uno del diputado Alfonso Navarrete Prida que tendría apoyo de San Lázaro pero no del Senado y el otro del diputado Javier Corral, que tiene el apoyo de los senadores, pero no entre los diputados”. El subsecretario dice que el gobierno federal se inclina por el del PRI.
Pero ni el primer proyecto es de Navarrete ni el segundo es mío; el primero fue elaborado por altos mandos del Estado Mayor del Ejército que pretenden sobrepasar los contenidos de la iniciativa que el Presidente de la República presentó, proyecto que el priísta ha hecho suyo; y yo he hecho mía la minuta del Senado que ha logrado un equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Un proyecto es de Sedena, el otro del Senado.
Y sí, son dos proyectos radicalmente diferentes, hay incluso dos lenguajes, uno castrense, el otro jurídico, dos técnicas legislativas, una engorrosa, por no decir tramposa, y la otra llana, clara en definiciones. El que ha hecho suyo don Alfonso Navarrete pretende trasladar, casi textual, definiciones del manual de operaciones del Ejército y entra en un terreno muy subjetivo al tratar de regular una especie de gradualismo que va de las contingencias a las amenazas a la seguridad interior.
Entre ambos proyectos se entraña una decisión de lo más delicada y trascendental para México: un cambio de régimen político, pues el proyecto de Sedena busca subordinar el orden civil al poder militar, mientras que el del Senado mantiene esta relación en los límites de la Constitución, que es reiterar la supremacía del poder político sobre las Fuerzas Armadas, sin dejar de darles un marco legal para su actuación contra el narcotráfico.
A la minuta del Senado le hicimos varios cambios que la colegislasdora ha aceptado, porque a los senadores que diseñaron el dictamen les parece “inadmisible” y hasta “abominable” el proyecto del PRI en San Lázaro y me transmiten que no estarían dispuestos a aprobar lo que ya resistieron con entereza durante un año en su propia discusión.
Entre los cambios formulados, el principal tiene que ver con precisar la jurisdicción militar cuando no tiene relación con la disciplina castrense. El proyecto incorpora que en delitos contra algún civil, los tribunales civiles deben ser los que resuelvan. La reciente resolución de la SCJN sobre esta materia confirmando el criterio, hizo ineludible el ajuste.
Sin renunciar a la convicción sobre la urgencia de esta reforma, planteo que entre el proyecto de la Sedena y el del Senado me inclino por el de la colegisladora, no sólo porque ya está agotada la primera parte del proceso, sino porque en el caso de optarse por el primero se dará pie a un largo litigio sobre su constitucionalidad, amen del riesgo en el que colocaría al sistema de los derechos humanos.

FORTALACER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER

MARÍA DEL CARMEN ALANIS

La participación plena de las mujeres en los asuntos públicos del país es uno de los déficits que subsisten de la agenda de la igualdad de género que fue gestándose en México a partir de los años 70. Si bien los casos de mujeres que toman decisiones han dejado de ser anecdóticos, sería muy difícil encontrar en el país una estructura de importancia o un cuerpo colegiado decisorio donde la proporción de hombres no sea abrumadoramente mayor.
Por citar sólo algunos ejemplos: Poco menos de un tercio de los diputados federales y un cuarto de los locales es mujer; sólo tenemos una gobernadora y menos del 10% de las presidencias municipales recae en una mujer. En el gobierno, en la jurisdicción, en órganos electorales, en las universidades, casi en cualquier espacio público, las mujeres son minoría en la toma de decisiones.
Esta disparidad es una manifestación directa de que en el México democrático y liberal del 2011 existe una cultura que no termina por deshacerse de sus mitos y prejuicios y reconocer que las mujeres son perfectamente capaces de conducir instituciones públicas con eficacia.
Además, este rezago empobrece las decisiones. Cuando los cuerpos decisorios tienen una representación política adecuada, hay más posibilidades de generar políticas públicas incluyentes.
Quizá por esas razones, los 189 países de la ONU acordaron incluir entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio el aumento de la representación política de las mujeres.
A tres años del plazo fijado para cumplir esos objetivos (2015), pareciera que éste será uno de los pocos objetivos no cubiertos satisfactoriamente por nuestro país. En 2011, Latinoamérica alcanzó la proporción de mujeres congresistas más alta en su historia (23%), pero subsiste un enorme rezago en el camino hacia la paridad.
En ese contexto, es relevante un cambio cualitativo que parece gestarse en la antesala de los procesos electorales federal y locales de 2012. Con cada vez mayor nitidez, los partidos, las instituciones electorales y las organizaciones civiles parecen generar las condiciones de posibilidad para construir, detectar e impulsar liderazgos femeninos, lo que podría traducirse en el mediano plazo en una representación más plural.
En ese marco se inscriben, por ejemplo, las clínicas y talleres que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está llevando a cabo con mujeres militantes de los partidos políticos, a efecto de desarrollar habilidades argumentativas y analíticas para la defensa de sus derechos político–electorales.
Forman parte de ese contexto, también, las precisiones que se han construido para dar certeza a la obligación que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales impone a los partidos de dirigir 2% de su financiamiento público ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de mujeres. A falta de una reglamentación precisa, durante años hubo ejemplos de institutos políticos que justificaban el ejercicio de esos recursos con recibos de luz, adquisición de materiales promocionales o inclusive materiales de limpieza.
Al poco tiempo una sentencia del TEPJF (RAP-175/2010) precisó que la finalidad de tal obligación es que los recursos se destinen, exclusiva o principalmente, a actividades que promocionen, capaciten o desarrollen el liderazgo político de las mujeres. En cuanto a sueldos, sólo podrían incorporarse en la justificación aquellos directamente relacionados con esos proyectos.
Más recientemente, el Instituto Federal Electoral organizó un foro con partidos políticos, quienes externaron su voluntad de destinar esos recursos al objetivo de construir liderazgos femeninos. Con esos consensos, bajo el liderazgo de la única mujer del Consejo General del IFE, la consejera Macarita Elizondo, se incorporaron al Reglamento de Fiscalización medidas para evitar el desvío de esos recursos. Previa planeación, los partidos deberán destinar ese gasto a seminarios, congresos y otros conceptos que quedaron descritos en la norma. Se ha dado certeza a la manera en que se fiscalizarán esos recursos.
La voluntad compartida de instituciones y partidos ha dado pie a un avance más que tiene buenas posibilidades de traducirse en mejores posibilidades para avanzar en el fortalecimiento de la participación política de la mujer.

lunes, 25 de julio de 2011

LA REFORMA POLÍTICA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Se equivocan quienes han convertido la llamada reforma política” en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.
Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistente “mandato ciudadano” y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meros levantadedos.
En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: “Amigos legisladores: aprueben las reformas”. “No hay nada más que discutir, hay que votar y punto”, aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.
En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: “No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes”.
La propuesta de candidaturas “independientes” del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a absolutamente nadie. Pero la idea que un “ciudadano” sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sería un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo.
“El que paga manda”, reza el sabio dicho popular, y estos candidatos tendrán que recibir grandes cantidades de dinero para poder desarrollar una campaña viable. Algunos ejemplos recientes incluyen la no-candidatura presidencial del Doctor Simi en 2006 y la candidatura presidencial de Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996.
Las candidaturas no-partidistas a escala municipal o estatal presentarían menos problemas por la cantidad de recursos que se requieren. Pero a escala federal, y sobre todo para una elección presidencial, estas candidaturas darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.
Asimismo, es falso que exista un “mandato ciudadano” para Sicilia en esta materia, dado que la propuesta de candidaturas “independientes” fue explícitamente rechazada por el Pacto de Ciudad Juárez, del pasado 10 de junio. Con mucha razón, los participantes en la mesa 6 del encuentro decidieron dejar fuera estas candidaturas y prefirieron apoyar otras figuras como el plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, así como la democratización de los medios de comunicación, todas excluidas de la “minuta” del Senado.
La propuesta del Senado sobre la relección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser relecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo. Sin embargo, el documento del Senado incluye la relección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.
La relección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi imposible mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser relectos inmediatamente en sus cargos. Súbitamente se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.
Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la reforma política, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas “independientes” y la relección legislativa. Sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.
Aquellos ciudadanos interesados en una verdadera transformación social no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una “reforma política” mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional.

CÓMO SURGEN Y SON RECONOCIDOS LOS DERECHOS HUMANOS

ARNALDO CÓRDOVA

Todos los procesos nacionales modernos de desarrollo democrático y de edificación del Estado de derecho, ha sido reconocido ampliamente, implican, en todos los casos, una limitación constante y creciente del poder del Estado y una extensión concomitante de la libertad y también del poder del ciudadano (que se revela en su participación y en su facultad de decidir en la esfera política, así como en la protección dentro del orden público de sus necesidades e intereses). De hecho, es eso, precisamente, lo que define y da significado al Estado democrático de derecho. El tema de los derechos humanos, en particular, tiene sentido sólo en esa perspectiva.
Cómo surgen esos derechos y cómo y por quién son reconocidos, son cuestiones que resultan esenciales y de gran oportunidad. Fueron preguntas que se hicieron varios especialistas, abogados y funcionarios cuando recientemente fue aprobada la reforma constitucional sobre la materia. La primera entraña un cuestionamiento acerca de la creación o aparición de tales derechos. La segunda implica el hecho de que esos derechos deben ser reconocidos y protegidos. Inmersos, además, como estamos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en un rico y amplísimo sistema internacional de derechos humanos, esas cuestiones vienen a ser de doble naturaleza: nacional e internacional.
Los derechos, en la tradición jurídica y política moderna, sólo pueden tener tres orígenes: uno, Dios que los introdujo en la naturaleza del hombre; dos, la razón que, como facultad unificadora de todos los humanos en sus designios y fines, los formula como elementos infaltables en la definición de la persona humana y, tres, la voluntad de todos los individuos que, a su vez, se personifica en el acuerdo de todos para crear el orden político y jurídico y el Estado que lo debe regir. Una gran parte de los regímenes políticos modernos (incluido el mexicano) se rige por la tercera opción. Las otras son cosa del pasado.
Los derechos humanos, por tanto, son creados por los hombres reunidos políticamente y expresados como derecho y como mandato. En constituciones, como la nuestra, que se rigen por la idea fundadora de la soberanía y el consenso del pueblo, los derechos humanos son una creación del pacto que dio nacimiento al sistema institucional mexicano y a su Estado. ¿Qué tendría entonces que ver aquí el que esos derechos deban ser, además, reconocidos? Es algo tan importante como lo es el tránsito entre el mero planteamiento o formulación de los mismos y su realización concreta en el ámbito de la vida social y política, garantizándolos y protegiéndolos. Para eso sirve el Estado.
La reforma constitucional de la que se habló antes es, para el caso, un acto formal de reconocimiento de los derechos que, en la nueva letra de la Carta Magna, implica también el reconocimiento de los instrumentos jurídicos superiores, en el orden internacional, que son los tratados y convenios en los cuales dichos derechos constan y son reconocidos por la comunidad mundial. Lo primero significa que la defensa y la protección de tales derechos es una obligación ineludible del Estado Mexicano y de sus instituciones. Lo segundo, que esos derechos ya han sido reconocidos y legitimados por el orden jurídico internacional y que sus instituciones de impartición de justicia, como las cortes y los tribunales internacionales, deben velar por su protección e integridad.
Se trata, en nuestro caso, de una innovación histórica. Desde la segunda mitad del siglo XIX arrastramos un sistema de protección de garantías que muy pronto se volvió obsoleto y, en las condiciones de los estados autoritarios porfirista y priísta, nulo en su aplicación, porque eran regímenes a los que lo menos que les interesaba era proteger a sus ciudadanos. Fue entones cuando se repetía sin cesar que la Constitución estaba de simple adorno y no era respetada ni cumplida. Muchas veces se la dio por letra muerta.
Poner a tono nuestro régimen de protección de derechos con las normas internacionales, en la creación de muchas de las cuales participaron y participan nuestros representantes diplomáticos es, a no dudarlo, un logro enorme.
Ahora bien, de lo expuesto podría ponerse en duda que, como en el tradicional derecho natural, en un régimen político enteramente construido por los hombres, vale decir, civil y de derecho, los derechos humanos sean inherentes a la persona humana y que sean, por ello, la base para definirla como tal. De ninguna manera. Sólo el iusnaturalismo clásico estimó que el hombre nace ya con esos derechos. En la perspectiva civilista de creación del orden político, el pacto social que da lugar al Estado, el ser humano es redefinido como portador de esos derechos, pero éstos no son obra de ninguna potencia divina ni de ninguna otra especie, sino creación y definición que el consenso popular lleva a efecto.
Y, ¿por qué el Estado creado por el pacto debe reconocer especialmente esos derechos y estar comprometido con su protección y promoción? Por la sencilla razón de que, una vez creados, tales derechos sólo pueden ser agredidos y violados por el propio Estado y sus instituciones y autoridades. Es un concepto que ha costado mucho elaborar y poner a punto, precisamente, por la fragilidad de la vida humana en sociedad. Aun pensando en una sociedad perfecta, en la que la violencia pudiera ser eliminada por completo, aun así la vida humana seguiría siendo frágil, porque sigue existiendo el único ente capaz de ponerla en peligro, el Estado (incluidos sus funcionarios).
Es verdad que la persona humana es más fácil y más frecuentemente agredida por sus congéneres que por el Estado. De hecho lo es. Pero a nadie le puede venir en mientes que un individuo cualquiera es similar al Estado en su capacidad de agresión y, sobre todo, en la fuerza que ostenta. Desde las Cartas constitucionales de finales del siglo XVIII (en la naciente Norteamérica y la Francia revolucionaria) en quien se pensaba como agresor de los derechos del hombre era, precisamente, en el Estado. Y lo mismo ocurrió con la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948. Es a los estados a los que se dirige y a los que conmina a llevar a cabo una política de respeto y protección de los derechos.
E igual sucede con todos los instrumentos internacionales que han venido creando las sucesivas generaciones de derechos humanos. No constituyen exhortos a los individuos a que respeten a sus semejantes. Son demandas perentorias a los estados y, sobre todo, la fijación puntual de sus obligaciones al respecto. Los derechos humanos (que algunos prefieren llamar derechos “fundamentales”, sin que se haya explicado la preferencia por el término; acaso sea para indicar su rango superior) son derechos que se levantan como un valladar en contra del poder del Estado y de su uso arbitrario e ilegal en perjuicio de los miembros de la sociedad.
Jamás podremos hacer a menos del Estado como organizador de la vida social; pero, si prevalece el respeto y el interés por la persona humana, deberá ser un Estado cada vez más y más reducido en su poder, en su capacidad de agresión y cada vez más comprometido con el bienestar y la felicidad de la persona humana. Y la base ineludible de esa transformación lo serán siempre los derechos humanos que deben seguir desarrollándose y creciendo en calidad y número.

18 DE JUNIO DE 1936

NÉSTOR DE BUEN

Es una fecha histórica para España. Ese día se inició la sublevación que después de una guerra cruenta e injusta provocó la dictadura en el país.
Vivíamos en Madrid, donde mi padre, Demófilo de Buen, connotado jurista, se desempeñaba como presidente de la sala de lo civil en el Tribunal Supremo. En esos días, mi madre y mis hermanos Paz y Jorge gozaban de vacaciones en San Rafael, un pueblecito cercano a Madrid. Odón y yo no fuimos porque los resultados de los exámenes habían sido negativos. A mí, en el Liceo Francés, me habían suspendido (reprobado) en matemáticas y en ciencias. Odón también tenía problemas.
El 19 de julio mi padre nos llevó a conocer el lugar donde se encontraba el Cuartel de la Montaña, centro de la rebelión en Madrid que había fracasado dado el coraje de los obreros que, armados por el presidente del gobierno, José Giral, hicieron frente con éxito al ejército. En un café, al término de nuestra visita, un miliciano bien armado le exigió identificación a mi padre.
Papá se trasladó de inmediato a San Rafael y pudo llevar a Madrid a mi madre y mis hermanos. No tardó esa región en ser ocupada por los fascistas.
Después pasaron muchas cosas personales. A mi padre lo nombraron delegado de España en la Sociedad Internacional del Trabajo y decidió trasladarnos a todos a Barcelona, para de allí viajar él a Ginebra. Le ofrecieron un alto cargo en la OIT, pero papá no lo aceptó porque consideró que su deber era estar en España.
La guerra y sus vaivenes provocaron varios viajes familiares. De Barcelona nos fuimos a Valencia, a donde se había trasladado el gobierno de la República. Permanecimos en la zona, en un hermoso pueblo que se llama Godella, y en un nuevo viaje del gobierno volvimos a Barcelona.
Odón y yo pasamos los exámenes extraordinarios en Valencia. Al llegar a Barcelona, mi padre nos inscribió en diversos institutos para continuar nuestros estudios. Me tocó el Balmes, donde hice segundo de bachillerato.
En 1938, Barcelona se convirtió en objetivo de los franquistas apoyados por los nazis. Los yunkers hitlerianos empezaron a bombardear Barcelona. Confieso que viví una época de terror, sin faltar el hambre, porque la República, salvo de México, no recibía mayor ayuda. Cayeron bombas por todos lados, incluso en el edificio que estaba enfrente de nuestro departamento.
Mi padre decidió trasladarnos a Francia, especialmente a un hermoso pueblo de vacaciones, al otro lado de los Pirineos: Banyuls-sur-mer. Con la derrota de Cataluña mi padre se incorporó a nuestra residencia y de allí viajamos primero a Toulouse y después a París, a donde llegamos el 12 de julio de 1939. Dos días después asistimos, en la Plaza de la Concordia, al desfile de las tropas coloniales francesas, en conmemoración de los ciento cincuenta años de la Revolución francesa.
El primero de septiembre, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania e Italia. Ese invierno no pasó nada e hicimos una vida tranquila con asistencia a liceos que hoy me resultan inolvidables.
El 10 de mayo, Hitler invadió Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Un auténtico día de las Madres. Conquistados los tres países, las tropas alemanas fueron a Dunquerque con la intención de invadir Inglaterra, pero la aviación inglesa no lo permitió. Los alemanes cambiaron de rumbo y se dirigieron a París. Tuvimos que abandonar París por miedo a la segura deportación de mi padre a la España de Franco y nos trasladamos a Burdeos para embarcarnos con destino a República Dominicana. En el barco, el Cuba, viajaban cerca de quinientos españoles que venían de los campos de concentración.
El generalísimo Trujillo no nos permitió desembarcar. Seguimos camino con rumbo incierto, que culminó en Martinica, donde, gracias al general Cárdenas, otro barco, el Saint Domingue, nos trasladó a lo que las cartas de navegación llamaban “Puerto México”, pero que en realidad tenía otro nombre imposible: Coatzacoalcos. Llegamos a México el 26 de julio de 1940, donde nos hicieron una recepción impresionante. Quince días después culminó el viaje un autobús ADO que desde Veracruz nos trasladó al Distrito Federal.
Por unos días permanecimos en el hotel Asturias, en República de El Salvador. Después alquilamos un departamento en las calles de Dinamarca y Marsella. Lo demás fue seguir estudiando en el Instituto Luis Vives y conocer México y muchas cosas más. Ciertamente una historia inolvidable.

ALGO ANDA MAL...MUY MAL

ROLANDO CORDERA CAMPOS

“Algo anda mal cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen” (En prosa poética y generosa, el poeta David Huerta tradujo para mí los versos iniciales de The Deserted Village de Goldsmith, de esta manera: “En prosa informativa, la traducción sería como sigue: ‘Mal le va, víctima de imperiosos [o premiosos] males, a la tierra donde la riqueza se acumula y los hombres decaen.’ Versioncilla en módicos versos españoles (dos alejandrinos, con rima y todo): Mal le va a un país, presa de males imperiosos, con visibles riquezas y habitantes borrosos”.
Así iniciaba Toni Judt lo que sería su conmovedor testamento, convertido por la maestría de su prosa y la profundidad de su reflexión en un manifiesto central para rehabilitar el mundo y salvar a la especie. En Ill Fares the Land (The Penguin Press, NY, 2010), este gran pensador histórico y crítico social nos lega un trazo magistral de lo que puede ser la agenda global para encarar, con algún optimismo razonado, las amenazas con que arrancó el nuevo milenio.
Roto el contrato social que configuró la posguerra y moduló la evolución del planeta hasta entrados los años setenta del siglo XX, la civilización pretendió encontrar un nuevo camino con la erección de un nuevo orden internacional que encauzaría la nueva posguerra, una vez desplomado el comunismo soviético y su “economía mundo”, y habiendo entrado la economía internacional a una engañosa velocidad de crucero con la globalización financiera y la vertiginosa liberalización comercial que la acompañara. Como hoy sabemos, aquella presunción del presidente Bush I ante la victoriosa coalición de la primera guerra del Golfo resultó, en el mejor de los casos, una ilusa hipótesis de trabajo.
Con la Gran Recesión con que se cierra la primera década del tercer milenio, la sociedad mundial en formación vive con crudeza los saldos de la aventura globalista y se ve obligada a rendirse ante la evidencia de que la crisis no quedó atrás, como pretendieron los cancerberos de Wall Street. En todo caso, la caída productiva cambió de piel y ahora se presenta como una abrumadora cascada de endeudamiento público cuya extensión planetaria augura nada menos que, ahora sí, una tormenta perfecta, la madre de todas las crisis sincronizada por un interminable aletargamiento laboral, el ajuste draconiano en la periferia europea y el atolladero suicida en que los ululantes republicanos y su fauna religiosa de acompañamiento han metido a la gran patria de Lincoln y Roosevelt, tal vez a la espera del juicio final y la reconquista de Jerusalén para los fieles.
Nada es cierto en estos días, menos los titulares de la prensa internacional y sus émulos vernáculos que anuncian el nuevo rescate griego y el salvamento del euro. Como tampoco lo será el acuerdo provisional al que deba llegar Obama para dizque salvar a Estados Unidos de un default que nadie puede querer, en primer lugar los acreedores foráneos encabezados por los pujantes mandamases del Reino del Medio.
Lo que sí se impone como si fuera epidemia de influenza, es una dictadura silente y taimada encabezada nada menos que por los rescatados de ayer, convertidos en los secuestradores de hoy. Secuestradores de la soberanía de los países, del pacto social que ha sostenido a los estados desarrollados y de lo que ose moverse fuera del radar del cálculo financiero impuesto como verdad universal por los sacerdotes del dogma liberista o neoliberal.
Sin embargo, consumar la “revolución de los ricos” de que gusta hablar Carlos Tello, implica algo más que la sumisión de gobernantes, exégetas y consejeros a dicho dogma. Declarar finiquitado el Estado de bienestar erigido después de la segunda tragedia bélica equivale a convocar a otra tragedia mayor, ahora con instrumentos aparentemente asépticos y sustentados en una racionalidad presuntuosa, que sólo los necios y los tontos pueden profesar en serio.
Devastar el complejo edificio de protección y entendimiento sociales en el que ha descansado con todos sus asegunes la estabilidad política de Occidente, implica abrir una nueva caja de Pandora de la que sin remedio saltarán los viejos espectros del capitalismo liberal, como la explotación salvaje y el individualismo nihilista y destructor, acompañados por los jinetes del nuevo Apocalipsis ordenados por la catástrofe natural y el cambio climático, el único cambio que no parece admitir posposiciones ni soluciones improvisadas. Es de esto que tratan de hacerse cargo la mentes mejores del mundo avanzado, a las que buscan agregarse las dirigencias del mundo emergente encabezadas por los portentosos continentes civilizatorios de India y China.
En un contexto tan complejo y desafiante como éste, resultan pueriles las pretensiones subideológicas de traer a suelo patrio las majaderas supercherías de la ultraderecha americana, que no sólo quiere acabar con lo que queda del New Deal rooseveltiano sino con todo aquello que pueda parecerse a una política comprensiva y socialmente incluyente. Querer naturalizar ese “estado de naturaleza” que pretenden implantar como paradigma universal los extremistas gringos y sus primos anglos, no sólo puede ser criminal por sus implicaciones sobre la vida social y el orden democrático, sino un error histórico tremendo que dé al traste con lo poco que la humanidad ha conquistado para su autodefensa y el cuidado del entorno.
Querer hacerlo, además, bajo el disfraz de una democracia encadenada por mayorías inventadas que a su vez permitirían una dictadura legal, desde luego anticonstitucional, no puede sino reputarse como un atentado a lo que nos queda de civilidad y posibilidades de salir del hoyo de violencia en que la torpeza (por lo visto infinita) del panismo ahistórico nos ha metido.
Sortear la crisis actual no será posible con bravatas financieras y el aparente optimismo ingenuo de sus oficiantes alojados en Hacienda y Banxico. Pero tampoco avanzaremos mucho si nos empeñamos en postergar sin fecha de término las decisiones primordiales sobre el futuro de nuestras capacidades de autogobierno.
Una convención que ponga al país en el rumbo de un efectivo cambio en la manera de conducir la vida pública, es lo que debería reclamarse a los aprendices de prudente que dicen encabezar los poderes del Estado. Más que de releciones y creación de mayorías espurias, hay que hablar y decidir cuanto antes en el Congreso y fuera de él, sobre un cambio de régimen que abra las puertas de Palacio a la mayoría ciudadana y su diversidad social, hoy aherrojada por una pobreza siniestra que las percepciones de los “spin doctors” totonacas o importados no han podido ni podrán exorcizar.
El reconocimiento de las víctimas que reclaman el poeta Sicilia y sus compañeros de marcha, tiene que extenderse sin demora a quienes mal viven la desigualdad inicua que nos marca y cuyos hijos se ven impelidos a encarar los más crueles dilemas. Vaya que hay marcha por delante… pero sin abandonar la complejidad endiablada del presente. Que no parece dispuesta a darnos respiro.