JAVIER CORRAL JURADO
Ninguna época de la vida pública de México ensalza y pondera la labor de los periodistas como las campañas electorales. Junto a las grandes masas, el discurso político se dirige a los "representantes de los medios".
Los trabajadores de los medios son usados hasta el último propósito del cálculo electoral; también se produce un tiempo de alto riesgo de cooptación entre las necesidades de un oficio mal remunerado, el deterioro ético de una conciencia perdida en su trascendencia social y una materia que se ha empaquetado en la oferta de la publicidad y la propaganda. En México la política usa a la prensa, y hay bastante prensa que se deja usar.
En cambio son pocos los compromisos que se realizan para dotar de mejor estatus laboral, profesional y jurídico a los trabajadores de los medios. Ignorar las agresiones a los periodistas es uno de los signos de este fenómeno.
Diversos organismos tanto nacionales como internacionales han destacado el grado de indefensión de los periodistas: Reporteros sin Fronteras y el Comité de Protección para Periodistas (CPJ) nos han colocado en los primeros lugares en la materia. Tan sólo en diciembre de 2011 la Campaña Emblema de Prensa (CEP) señaló que somos el país más peligroso para ejercer esta labor por segundo año consecutivo. El CPJ ha apuntado que somos el cuarto a nivel mundial y el primero en América Latina.
Tuve la oportunidad de decírselo a los relatores especiales para Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, Frank La Rue y Catalina Botero, cuando visitaron el país: a la libertad de expresión en México la acechan dos grandes amenazas, la concentración de medios electrónicos en unas cuantas manos y las agresiones contra periodistas, sobre todo la impunidad de la mayoría de asesinatos de comunicadores.
Artículo 19 presentó su informe "Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México". Según la organización, en 2011 se registraron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que se encuentran: nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos a trabajadores de medios, dos desapariciones y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, por mencionar algunos casos.
Las entidades con más ataques son: Veracruz (29 agresiones), el Distrito Federal (21 agresiones), Chihuahua (15 agresiones), Coahuila (15 agresiones) y Oaxaca (11 agresiones).
Un aspecto importante que resalta Artículo 19 es que el efecto intimidatorio contra la prensa traspasó la frontera y se extendió fuera del país, particularmente con reporteros que realizan coberturas en México.
Chihuahua representa un dato brutal: es el estado en donde mayor número de agresiones se atribuye a funcionarios públicos con 47 casos; según la información, cuatro de cada cinco agresiones son atribuidas a funcionarios. Por ello no es de extrañar que en mi estado, como en muchas partes de México, gran número de periodistas ha decidido recurrir a la autocensura como protección ante la falta de garantías.
Esta es una mala noticia para la ciudadanía, pues cuando se agrede, se mata o se calla a un reportero se atenta contra el derecho a la libre expresión y el derecho a la información. Cada que un periodista pierde la vida el ciudadano pierde la posibilidad de recibir información.
Las empresas periodísticas han buscado medidas de autoprotección, como la no publicación de información sobre crimen organizado, pero esto ya no es suficiente. De acuerdo al informe mencionado, hemos transitado al escenario de los periodistas rehenes en los que para garantizar su seguridad, así como la de sus instalaciones, tienen que difundir los mensajes que los delincuentes desean transmitir. Ante esta situación, hace unas semanas el Congreso lanzó una señal magnífica que contribuye, sin duda, al blindaje del trabajo periodístico: la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas.
Como es una reforma a la Constitución, ésta debe ser aprobada por al menos 16 legislaturas estatales. El Congreso deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día de entrada en vigor del decreto.
Urge en este sentido que las legislaturas de los estados terminen por saldar la deuda con un sector tan atacado en los últimos años.
La prensa libre es esencial para la libre expresión e igual de importante como actor clave en la protección de los derechos humanos.
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