PEDRO SALAZAR UGARTE
Un grupo de activistas presiona al Congreso durante meses para que apruebe la reforma política. Su baraja de peticiones es amplia y controvertida: desde candidaturas independientes hasta reelección legislativa. Twitteros, abogadas, estudiantes, profesionistas se organizan para promover ideas, acudir a los recintos legislativos, debatir en los medios de comunicación, presionar a diputados, dirigentes, jueces, consejeros y demás autoridades que, en sus nichos, pudieran adoptar decisiones favorables a su agenda. Poco a poco, aunque exhaustos e insatisfechos, van logrando resultados.
Durante décadas un conjunto de mujeres organizadas impulsa una agenda progresista a la que se suman académicos, políticos y líderes sociales. Su misión principal es lograr la despenalización del aborto; su preocupación amplia son los derechos sexuales y reproductivos de todos. La gesta es larga y sinuosa, pero, por lo pronto, en el DF da resultados. Se precisaron manifestaciones, artículos, desplegados, gestión política y acción jurídica ante legisladores y jueces para que las cosas se movieran. GIRE y sus cómplices están de aniversario y, a pesar del PAN y de Beatriz Paredes, la lucha sigue en pie.
La dirigencia del SNTE ha fermentado un contubernio con los gobiernos en turno en agravio de la sociedad mexicana. Desde hace algún tiempo, esa componenda impresentable es vigilada por la oposición activa de una red de ciudadanos indignados. En estos días se está librando otra batalla en ese frente: el sindicato pretende evadir las evaluaciones y el gobierno hace mutis al respecto, pero desde la sociedad se promueve un desplegado que impide evadir el tema. No conocemos el desenlace, pero es probable que la evaluación se imponga.
Los medios de comunicación, amañados con actores políticos, han cercado al interés general con su interés particulares. Son la punta de lanza de la reacción. Desde la sociedad se resiste: se redactan iniciativas, se desenmascara a los legisladores, se litiga ante la Corte, se vigila al Tribunal Electoral. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y sus aliados son el David que enfrenta a ese poderoso Goliat. La lucha es desigual, pero por fortuna no hay esponja ni toalla en el cuadrilátero.
Cansados de presenciar la danza de las sillas en cada elección, ciudadanas de Nuevo León acuden a los juzgados para impedir el salto de los llamados políticos chapulines. Contra todo pronóstico, echando mano de argumentos jurídicos y de alegatos políticos, logran poner en jaque las candidaturas de Fernando Larrazabal y de Ivonne Álvarez. Nunca los quisieron como presidentes municipales, pero menos los quieren como legisladores. Con un valor cívico admirable y tesis discutibles pero legales, están dando su batalla.
Cohesionados por las gestas cívicas que dieron forma a la agenda de la transparencia y del derecho de acceso a la información, un grupo de ciudadanos y de académicos crean una Red por la Rendición de Cuentas que agrupa a personas e instituciones. De manera desinteresada y convencida organizan foros redactan documentos, interpelan a los políticos, convocan a la sociedad. Combaten la corrupción y la impunidad exigiendo cuentas a quienes deben rendirlas.
Hermanados por el dolor de perder a sus seres queridos o de padecer los estragos de otras formas de violencia, empresarios, poetas, activistas, universitarios y ciudadanos adoptan la causa de la seguridad. Reuniones, marchas, debates, desplegados —no siempre compatibles, pero sí sintonizados— expresan el hartazgo y la preocupación de una sociedad lastimada.
Son siete postales de una sociedad civil que existe y que cuenta. Movimientos con agendas diferenciadas que, más allá de las adhesiones o reservas que provoquen, merecen reconocimiento. Al marcarle el paso al Estado, a los actores poderosos y a la política institucional, esos ciudadanos son el cimiento de la consolidación democrática.
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