LA CUMBRE DE CARTAGENA, ALTO AL FRACASO

JAVIER CORRAL JURADO

No puedo dejar de celebrar que la VI Cumbre de las Américas que reunió a 34 Jefes de Estado de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos en Cartagena de Indias, Colombia, haya incluido –a propuesta de varios países– el tema de las drogas dentro de la lista de asuntos que fueron motivo de sus deliberaciones, y de igual importancia que a ese debate concurriera, ni más ni menos, que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Quisiera haber tenido tiempo para seguir más de cerca y puntualmente estas discusiones, pero ofrezco desde ahora estudiar las posiciones en sus versiones estenográficas

La primera Cumbre de las Américas tuvo lugar en 1994 en Miami, Florida, y la pasada en Puerto España, es un mecanismo de diálogo que busca que los países miembros definan conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborde los desafíos urgentes e impulse un cambio positivo. De ahí que sea esperanzador que se coloque por primera vez en un espacio como éste avanzar en el debate que en últimos tiempos se ha centrado en evaluar los resultados de la guerra contra el narcotráfico planteada hace más de 40 años por el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, aquella bajo la que el 17 de junio de 1971 anunció que habría “un ataque a todos los niveles al problema del abuso de drogas en Estados Unidos”, problema que identificó como el “enemigo público número uno” del país.

Esa política que fue planteada como “el consenso punitivo”, en realidad le fue impuesta a la mayoría de los países de América Latina bajo condicionamientos de apoyo y cooperación en otros campos del necesario intercambio internacional. México inició casi a la par de la estrategia norteamericana con la denominada "Operación Condor", y a través del tiempo ha tenido varias etapas y enfoques, pero ha mantenido como eje una política de prohibiciones absolutas sobre el consumo de todos los estupefacientes, y una estrategia de combate territorial utilizando fundamentalmente medidas militares y policiacas que, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, se exponenciaron por diversas razones. Sin duda, los motivos de la actuación frontal del Calderonismo tienen asidero, dado los niveles de corrupción institucional y la infiltración en los cuerpos policiacos a manos del crimen organizado, pero es evidente que el despliegue de las fuerzas armadas fue también concebido como una medida de legitimación del presidente ante el difícil escenario electoral que enfrentó para llegar al poder, ello fue una motivación adicional.

Reconociendo ese esfuerzo y su inevitable método en el marco de una política punitiva global, es fundamental admitir que esa política no ha dado los resultados esperados y que los avances, los logros en detenciones, confiscaciones de bienes, aseguramientos de drogas y armas, son muy inferiores a los costos que ha pagado la América Latina por hacerle el trabajo a los Estados Unidos, y que se resume dramáticamente en el dicho mexicano “Nosotros ponemos los muertos y ellos los consumidores”. Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas, mientras crece el consumo en toda América Latina, especialmente en Brasil y las naciones del Cono Sur. De las más de 700 toneladas de cocaína procesadas en 2010 (350 se produjeron en Colombia y 325 en Perú, según la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito), la mayor parte tiene como destino final Estados Unidos, Europa y los países emergentes, entre ellos China y Rusia, a donde llega tras recorrer una ruta que pasa por Centroamérica y México.

Estoy consciente que en el momento actual que vive la política, y su ciclo estelar que son las campañas electorales, abordar a profundidad, con honestidad y de frente a los actores ciertos temas de la problemática social, como lo es el combate al narcotráfico y sus resultados, conlleva riesgos. El que se magnifique, manipule o de plano se distorsione el sentido con el que se expresa el diagnóstico o con el que uno propone las cosas. Pero hemos de jugar ese riesgo y decir que es hora de poner un alto al fracaso hemisférico en el combate a las drogas, abrir por los menos la discusión sobre ciertas propuestas como es la despenalización de ciertas drogas, a partir de un debate maduro, que raje la leña de una realidad incontrovertible en donde hay más productores, más distribuidores, más consumo, y miles de millones de dólares invertidos y decenas de miles de personas muertas en esta guerra.

El fracaso está a la vista. El año pasado el Secretario General de las Naciones Unidas recibió el primer informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, redactado por 19 líderes políticos, financieros e intelectuales del mundo que se han fijado como objetivo demostrar que la política de drogas es fallida y que es posible elaborar nuevas y más efectivas estrategias para resolver los conflictos generados por estas sustancias.

En este informe se señala que “La guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas se necesitan reformas urgentes en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.”

La Comisión Global de Políticas de Drogas fue instaurada a partir de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, en donde los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo –de Brasil, Colombia y México, respectivamente– reunieron a un grupo de intelectuales latinoamericanos en 2008 para comenzar un diálogo sobre nuevas propuestas para abordar la problemática de las drogas, y en la que participan personajes como Carlos Fuentes; George Papandreou, primer ministro de Grecia; Javier Solana (España), ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común; Kofi Annan (Ghana), ex secretario general de las Naciones Unidas; Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual peruano, entre otros.

Este grupo ha sido hasta ahora el más atrevido en la materia y vale la pena hacer un breve recuento de las principales propuestas que plantean en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:

1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.

2. Evaluar con un enfoque de salud pública haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.

3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

En lo anterior se encuentra el antecedente más importante del debate que se produjo este fin de semana en Cartagena de Indias, aunque son varias las semillas que se han venido lanzando sobre el surco latinoamericano para ver germinar otros frutos. Son voces detonadoras, que han venido encendiendo alertas sobre la necesidad de romper el silencio y abrir el debate para examinar las deficiencias o en su caso aciertos de las estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos.

Están también los pronunciamientos de diversos dirigentes de América Latina como Rafael Correa, de Ecuador; Otto Pérez Molina, de Guatemala; Evo Morales, de Bolivia; Juan Manuel Santos, de Colombia; Laura Chinchilla, de Costa Rica, sobre la urgente necesidad de discutir un tema que ha sido considerado un tabú, pero que requiere plantearse para alcanzar políticas más seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, que es un militar de formación, propone despenalizar las drogas, el mismo que en una entrevista periodística señaló “No vamos en la ruta de que la guerra se esté ganando, al contrario, creo que la guerra se está perdiendo y eso hay que reconocerlo. Debemos tener la valentía y la responsabilidad de reconocer que no hay posibilidades, que mientras haya un mercado del tamaño que representa Estados Unidos para el consumo, ésta guerra va a ser imposible de ganarla”.

A la búsqueda de alternativas planteada por Pérez se ha sumado Juan Manuel Santos y Laura Chinchilla, quien ha señalado “para Costa Rica el camino no es la guerra contra las drogas, porque no tenemos Ejército y no estamos dispuestos a que nos enganchen a ese convoy de destrucción, de militarismo, de gasto exorbitante, que distrae a los Estados de sus esfuerzos para la inversión social”.

Por su parte, Juan Manuel Santos dijo en noviembre pasado que si para erradicar la violencia ligada al tráfico de drogas era necesario hablar de legalización, no estaría en contra. Y este es el inevitable contexto en el que se ha convocado la Cumbre de las Américas.

Ni Gaviria, ni Cardoso, ni Zedillo, ni nadie que plantee la despenalización de algunas drogas desconocen las consecuencias de ese consumo ni dejan de lado un programa que lo evite. Los tres ex presidentes han formulado en un texto común que, “las drogas son un problema de salud pública. Los dependientes de drogas deben ser tratados como enfermos, no como criminales. La criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación.” Y finalizan: “un cambio de paradigma, que articule represión al narcotráfico con prioridad al tratamiento, la rehabilitación y la prevención, es la mejor contribución de América Latina, región que ha sufrido tanto con el problema, a una revisión global de la política sobre drogas.”

Como recordarán los que me hacen el favor de leerme periódicamente en este espacio, en diciembre del año pasado propuse la celebración de una Cumbre Hemisférica para el específico propósito de una revisión integral a la política de lucha antidrogas, lo que ahora mismo se desarrolla en parte, en la que se realizó en Colombia; mantengo mi propuesta, sobre todo porque creo que deben intervenir de manera directa legisladores del continente, e incluso una representación Europea; reiteró que sería ideal que la convocara el Senado mexicano a sus homólogos latinoamericanos, de donde se extraiga un mapa de ruta para nuevas acciones en todos los órdenes, pero de manera particular para una agenda legislativa. Por lo pronto hay que congratularnos que la ostra se esté abriendo, y que pronto encuentre normalidad y madurez democrática esta necesaria discusión.