ISSA LUNA PLA
Las promesas de los candidatos a la presidencia para combatir la corrupción están vacías. Hay que tener muy poco sentido común para pensar que la corrupción en México se resuelve limpiando oficinas y poniendo comisiones ciudadanas. Cuidado con los candidatos que usan la retórica de la corrupción como estrategia de campaña electoral!
La corrupción es un fenómeno sumamente complejo; tanto, que ha ocupado la vida entera de personas para estudiarla y una larga historia de gobiernos corruptos para entenderla. Es un problema que subió a la agenda internacional en las últimas 3 décadas como burbuja en el agua y se instaló como tema central para promover la paz, el desarrollo humano y los derechos humanos de los países.
No hay respuestas fáciles para resolver la corrupción. De hecho, aunque un gobierno cuente con programas de anticorrupción, incorpore testigos sociales, y se ponga indicadores de buen gobierno, no necesariamente logra combatir la corrupción. Desafortunadamente, las metas para combatir de fondo a la corrupción no han aparecido hasta ahora en la agenda pública ni política.
Recientemente revisé el estudio del historiador Francis Fukuyama sobre la conformación de los Estados en el mundo y me parece que su trabajo aporta elementos serios para entender la corrupción. Su enfoque sugiere que los gobiernos con un Estado de Derecho débil y con niveles de desigualdad económica altos crean el marco propicio para la corrupción. Pero son más elementos los que se suman a estas causas.
México adoptó el sistema patrimonialista español, en el que los privados captaron las rentas generadas por el Estado y se constituyeron en una élite económica con poderes sobre las decisiones del Estado. Este gobierno rentista se conformó por una burocracia que obvió la distinción entre lo público y lo privado y que adoptó la corrupción como su modus operandi. Por eso tenemos gobiernos que no rinden cuentas.
Nuestro problema actual no solamente es que las elites con mayores recursos son favorecidas por las rentas, pero también por tener beneficios y exenciones de impuestos. Es raro que ningún candidato haya ofrecido una propuesta seria para aumentar los impuestos a los más ricos y revertir el sistema de beneficios. Tampoco han desarrollado propuestas para combatir la informalidad en la que vive cerca del 50% de la población ocupada. Nada se ha oído de la creación de un sistema eficaz de la redistribución de la riqueza.
Sin embargo, esto fomenta el esquema de desigualdad entre la población y veremos que esto tiene mucho que ver con la estructura de la corrupción.
En los últimos años nos ha quedado claro que el Estado de Derecho en México no se hace respetar y las estructuras jurídicas solamente protegen a una élite, que son los empresarios grandes o los grupos de interés, como los sindicatos. Los niveles de impunidad son los peores que nos ha tocado presenciar.
Y ya va siendo hora de que reconozcamos que no solamente el gobierno que no rinde cuentas y con una burocracia rentista es lo único que culpar. Si hiciéramos en Mexico un estudio como el de la Universidad de Berkley donde concluye que la sociedad con mayores recursos económicos es la que más incumple la ley, seguramente encontraremos similitudes.
Tenemos una sociedad que se acostumbró a vivir con un sistema no democrático y a beneficiarse de la corrupción institucional. Otra sociedad que ha vivido tradicionalmente marginada y sin incentivos para cumplir la ley; y otra sociedad muy minoritaria que busca cambios y está dispuesta a participar en la democracia responsablemente.
A los candidatos presidenciales no se les puede pedir que cambie a la sociedad, pero sí que cambie sus relaciones con ella y que la conduzca hacia un punto de mayor igualdad. Mientras siga existiendo la desigualdad económica radical y la aplicación discriminatoria de la ley, tendremos niveles altos de corrupción para rato. Por eso, el problema de la corrupción y de la rendición de cuentas no se resuelven solamente con reformas institucionales en la materia; porque son efectos y no causas.
Hay que exigir a los que aspiran a gobernar el país sus proyectos para atacar estos dos problemas de raíz: ¿qué soluciones proponen para combatir la desigualdad económica? ¿cómo van a reducir los niveles de impunidad? ¿cómo reformarán el sistema de justicia para aplicar la ley por igual a todos los mexicanos? ¿qué políticas redistributivas adoptarán? Si no tenemos candidatos dispuestos a debatir estos problemas, entonces no tenemos candidatos que “combatirán la corrupción”.
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