MIGUEL CARBONELL
En 1998 México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un paso valiente por parte del presidente Ernesto Zedillo, que tuvo que enfrentar resistencias de distintos sectores, entre ellos de los militares.
Lo que se produjo a partir de dicho reconocimiento fue una apertura muy benéfica para que las autoridades mexicanas tuvieran que ajustar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos. Si se produce una violación a los tratados en la materia, el Estado mexicano puede ser desde entonces demandado y eventualmente condenado por la Corte Interamericana.
Con el paso del tiempo, como era de esperarse, México ha recibido varias sentencias condenatorias, casi siempre por violaciones gravísimas que han incluido desapariciones forzadas, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. En su conjunto, las sentencias de la Corte Interamericana contra México conforman un mosaico de la barbarie en la que hemos vivido y seguimos viviendo.
Varias de esas sentencias han ordenado a México que modifique distintas leyes. Es el caso de la legislación sobre el fuero militar. Con excesiva tardanza, el gobierno del Presidente Calderón acaba de enviar una iniciativa al Congreso de la Unión en la que atiende en conjunto las órdenes de la Corte Interamericana. Para tal efecto propone límites al fuero militar, darle facultades a las víctimas para impugnar la competencia de los tribunales castrenses, amplía la definición de lo que se entiende por “desaparición forzada de personas”, precisa el deber de llevar un registro de todas las personas que sean detenidas por militares, etcétera.
De los muchos aspectos que deberán discutir nuestros legisladores (y ojalá que lo hagan pronto, debido a que se trata del cumplimiento de una obligación internacional del Estado mexicano) hay dos que quizá deberían ser cuidadosamente ponderados. La iniciativa del presidente Calderón propone que los tribunales civiles que conozcan de delitos cometidos por militares estén integrados por jueces y magistrados que tengan el título de abogados, pero que además sean militares en retiro o bien que tengan conocimientos de la disciplina militar. Esta propuesta es muy extraña; debe estudiarse con lupa por los legisladores.
El segundo aspecto que llama la atención de la iniciativa presidencial es que propone que, como regla general, todos los militares que estén siendo sometidos a proceso que amerite que se les dicte prisión provisional o que sean condenados a penas de cárcel, sean privados de su libertad en reclusorios militares. De esa forma, los militares se encargarán del cumplimiento de las sentencias respecto a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas. Se contempla como única excepción el encarcelamiento por delitos considerados por la ley como de delincuencia organizada, en cuyo caso se les enviará a prisiones especiales distintas de las militares, creadas para sancionar ese tipo de conductas delictivas.
Bienvenida la iniciativa del Presidente, bienvenido el paso que da el gobierno federal para construir un régimen jurídico más favorable a los derechos humanos. Ojalá que los legisladores aprueben pronto la reforma y logren un texto que no permita la impunidad ni aliente el otorgamiento de un trato privilegiado para quienes violan tales derechos.
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