JOHN MILL ACKERMAN ROSE
La propuesta de Enrique Peña Nieto de reducir a la mitad la cantidad de diputados plurinominales es un clásico ejemplo del populismo de derecha que tanto daño ha hecho al país desde hace décadas. En lugar de abrazar la pluralidad y la democracia, el candidato busca retornar a la época en que el presidente de la República contaba con una mayoría legislativa predeterminada a su favor y podía simplemente ignorar a la oposición política. Al igual que la propuesta anterior de Peña Nieto de resucitar la cláusula de gobernabilidad a nivel federal y la iniciativa de Manlio Fabio Beltrones para crear un “gobierno de coalición”, esta nueva “reforma política” mira hacia el pasado con nostalgia autoritaria en lugar de hacia el futuro con optimismo reformador.
La representación proporcional tiene la crucial función de asegurar que el Congreso de la Unión represente más fielmente la pluralidad de voces e intereses sociales. Si los únicos diputados fueran los “uninominales”, elegidos en su distrito correspondiente, se excluirían todos los grupos que no alcanzaran la mayoría de votos en un distrito en particular. Los “plurinominales”, elegidos por listas, existen precisamente para complementar el criterio territorial con otros criterios más temáticos, de identidad o ideológicos con el fin de asegurar la participación política de la más amplia diversidad del pueblo mexicano.
La aplicación del principio mayoritario a secas y a rajatabla termina inevitablemente en una dictadura de los más sobre los menos. Pero la democracia no es el gobierno “de las mayorías”, sino “del pueblo”, y para su buen funcionamiento requiere que predominen los principios de inclusión y pluralidad por encima de una supuesta “gobernabilidad” o “unidad” excluyente e intolerante.
Históricamente, la inclusión de los diputados plurinominales también ha sido uno de los factores más importantes para asegurar tanto la estabilidad política como la productividad legislativa. Sin esta válvula de escape hubiera sido mucho más difícil incorporar a la oposición dentro del juego electoral. Asimismo, la pluralidad de voces en la Cámara de Diputados es la principal razón por la cual hemos vivido una verdadera explosión en la aprobación de nuevas reformas constitucionales y legales durante los últimos 15 años.
Es cierto que los partidos políticos hoy sufren de un gran desprestigio. Para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular el PAN recurre al cinismo del fraude, el PRI al autoritarismo del dedazo, y el PRD a la simulación de las encuestas. Mientras, PVEM, Panal, PT y MC se mantienen como pequeñas mafias al servicio de clanes familiares y de amigos donde la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia.
Pero no podemos desechar al niño junto con el agua sucia. En lugar de reducir o eliminar los diputados plurinominales, deberían “abrirse” las listas de candidatos. Es decir, en vez de solamente votar por nuestro diputado de distrito como lo hacemos ahora (y que este voto cuente automáticamente también para la lista de diputados del partido correspondiente), los ciudadanos deberíamos tener también las facultades de realizar un voto “diferenciado” (votar por el diputado territorial “uninominal” de un partido y por la lista “plurinominal” de otro partido, tal y como era antes de la reforma electoral de 1987) y de escoger los nombres dentro de la lista plurinominal correspondiente.
De esta manera se rompería de tajo con la utilización de las listas de plurinominales para pagar favores políticos a amigos y familiares. También se daría un gran paso hacia el combate de la corrupción. Los principales expertos internacionales en la materia han demostrado que precisamente los sistemas políticos que manejan listas plurinominales “cerradas”, como el nuestro, son los más propensos a esta mal.
Habría que seguir una lógica similar con respecto a la “cuota de género”. Esta medida de ninguna manera constituye un “favor” o una “ayuda” para las mujeres, sino que es una medida de justicia básica para asegurar la inclusión de este sector mayoritario de la sociedad. Si bien el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han tenido una actuación valiente y consecuente en el tema, los argumentos que han esgrimido los partidos políticos para intentar burlar este requisito legal son vergonzantes e inaceptables.
La supuesta ausencia de precandidatas, por ejemplo, no es una justificación para la inaplicación de la cuota, sino una razón más para exigir su estricto cumplimiento. El hecho de que las mujeres no se atrevan a registrarse para los procesos internos significa que su exclusión se encuentra tan arraigada que ni siquiera levantan la mano para participar. Con más razón, entonces, habría que obligar a los partidos a abrir espacios para este grupo, que constituye más de la mitad de la población y que, desde luego, cuenta con capacidades equivalentes o superiores a las de los varones.
Por ejemplo, en lugar de permitir a los partidos nombrar discrecional y unilateralmente a las candidatas, se podrían apartar algunos distritos uninominales para que únicamente compitan mujeres. Este tipo de ejercicios, que ya se han propuesto en varios lugares del mundo, aseguraría que llegaran las mujeres más capaces, en lugar de las más “conectadas”.
El hecho de que las diputaciones plurinominales y las cuotas de género muchas veces se llenan con personas que no tienen la necesaria experiencia o capacidad política solamente reconfirma la necesidad de que existan estas medidas compensatorias. La solución no se encuentra en eliminar los mecanismos de inclusión, sino en romper el control caciquil que ejercen los dirigentes partidistas y en expulsar de una vez por todas la nostalgia autoritaria de la clase política.
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