No sorprende que Enrique Peña Nieto no se anime a debatir con sus contrincantes. Es un candidato débil, sin mayor preparación intelectual y con un largo historial negro como gobernador del Estado de México. Los debates adicionales con sus rivales solamente le podrían restar puntos, ya que serían la perfecta oportunidad para que Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador exhibieran los múltiples defectos del candidato que hoy encabeza las encuestas.
Tampoco sorprende que los dueños de los principales medios electrónicos de comunicación no tengan interés en fomentar el intercambio de ideas. La mayoría apoyan a Peña Nieto y no quieren quedar mal con quien ya ven como el próximo presidente de la República. Estos mismos empresarios que desde hace años han vendido y regalado entrevistas y cobertura mediática al hoy exgobernador del Estado de México ahora han encontrado un jugoso nuevo producto para comercializar: el silencio.
Para el PRI, la falta de difusión de los deslices de Peña Nieto y la negativa a organizar debates adicionales no tienen precio. Ello garantiza que su candidato se mantenga protegido en una caja de cristal, lejos de la “prole” y las preguntas incómodas. Igual de valiosa para el viejo partido del Estado es la consistente promoción mediática del desinterés ciudadano en las campañas. Entre más abstencionismo el día de la elección, mayor será la fuerza de los votantes “duros” del PRI.
Hoy somos testigos de una versión más “moderna” de las pasarelas priistas de siempre. Antes, los “precandidatos” primero paseaban por el país, se dejaban tomar fotos y otorgaban entrevistas a los medios de comunicación, pero pocas veces había confrontación o debate entre ellos. Después de un tiempo llegaba el momento del “dedazo” y del “destape” en que “el ganador” se presentaba sonriente ante las cámaras como el “mejor posicionado”. Posteriormente, tal y como lo describiera con tanta claridad don Daniel Cosío Villegas, venían la operación “cicatriz” y la “cargada” alrededor del candidato seleccionado de manera unilateral por el presidente saliente.
Si bien no sorprende que Peña Nieto, Televisa y TV Azteca hayan decidido cancelar nuestro derecho ciudadano a un proceso electoral auténtico basado en el intercambio de ideas, críticas y propuestas, sí llama la atención que los principales conductores de noticieros y mesas de debate acepten esta imposición sin protesta alguna. Hasta la fecha, Carmen Aristegui es la única periodista que ha emplazado directamente a los candidatos presidenciales a un debate público en una fecha y hora específicas. Nadie más, ni siquiera TV UNAM, se ha atrevido a generar un contexto de exigencia hacia los cuatro personajes que buscan la silla presidencial.
La mayoría de los periodistas y comentaristas en radio y televisión presumen defender principios “liberales” y “democráticos”. Sin embargo, su negativa a convocar a debates adicionales entre los candidatos demuestra que hoy, en la hora de la verdad, sus intereses cuentan más que sus convicciones y que el autoritarismo mediático está más vigente que nunca en el país.
Ahora bien, algunos voceros de los medios electrónicos han querido engañar a la ciudadanía con la idea de que supuestamente el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habrían prohibido la organización de debates por los medios de comunicación. Nada más alejado de la realidad. La sentencia SUP-RAP-94/2012 prohíbe al IFE, no a los medios, organizar debates adicionales a los dos incluidos en el artículo 70 del Código Federal de Instituciones e Procedimientos Electorales (Cofipe). Este fallo también condiciona la participación del IFE en ejercicios adicionales al establecimiento de un consenso entre todos los candidatos.
Ambas decisiones del TEPJF efectivamente son sumamente cuestionables y revelan un claro sesgo de las autoridades electorales a favor del PRI. Sin embargo, la sentencia del TEPJF de ninguna manera restringe a los medios para organizar libremente debates adicionales, siempre y cuando no hubiera de por medio la compra o “adquisición” de espacios por algún candidato o partido político. La interpretación errónea y malintencionada de esta sentencia de parte de los medios electrónicos no es más que otro esfuerzo por sabotear la reforma electoral que tanto les ha afectado en el bolsillo.
Estos medios también ya se preparan para cobrar su apoyo a la campaña de Peña Nieto. La primera demanda será, sin duda, una contrarreforma electoral que permita la compra de propaganda por los partidos políticos con recursos del erario. Inmediatamente después buscarán resucitar la Ley Televisa de 2006 para consolidar aún más su predominio sobre las telecomunicaciones durante el proceso de digitalización y refrendo de concesiones.
Se repite entonces el escenario de 2006. Hace seis años se recurría a la calumnia y a la compra ilegal de propaganda por el sector privado con el fin de desbarrancar al candidato puntero. Hoy se vende el silencio y se promueve el desinterés ciudadano con tal de mantener al puntero firmemente en su lugar. La estrategia, sin embargo, es la misma: el abuso del poder con el fin de asegurar la continuidad de la dominación social y la exclusión política.
Que no se llamen al engaño entonces si la indignación ciudadana también resulta igual que hace seis años. Quienes dividen a la sociedad no son los ciudadanos de buena fe que exigen respetar su derecho a la información, sino los periodistas a modo que cancelan la posibilidad de un debate democrático de cara a la sociedad. El silencio, como todo, eventualmente tendrá su fin y llegará la hora de la sociedad.
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